INFORME DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y JUSTICIA

Actuaciones realizadas en el ámbito de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Santa Fe a partir de la inundación 2007. Abuso sexual en un centro de evacuados. Criticas a la ley de emergencia y facultades extraordinarias. Intervención ante desalojo de escuelas. Reuniones con funcionarios del Ministerio de educación y la Secretaría de Derechos Humanos.

Situación de abuso sexual en un Centro de Evacuados:

El Comité de Solidaridad intervino frente a la situación de abuso sexual sufrida por una niña de 7 años que estaba evacuada junto a su familia en el Predio Ferial Municipal. Teniendo en cuenta principalmente el pedido de su mamá de que no se los abandonara, se resolvió que esa familia sea trasladada a un lugar más cercano a su domicilio y en condiciones más dignas. Oportunamente se informó a Asistencia a la Víctima para que reciban asistencia psicológica y al Juez correspondiente para que interviniera sobre lo ocurrido.

Críticas y aportes al Proyecto de Ley de Facultades Extraordinarias:

Ante el anuncio del miércoles 4 de abril de la convocatoria del gobernador Jorge Obeid a sesión extraordinaria en ambas Cámaras de la Legislatura provincial, para tratar el mensaje Nº 3286 sobre Facultades Extraordinarias el jueves santo, el Comité de Solidaridad y Justicia realizó con inmediatez un examen crítico a dicho Proyecto de Ley que se viabilizó a través de los diputados del bloque del ARI; quienes elevaron la propuesta al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de adjuntarlo a los manuscritos taquigráficos de la sesión. Es importante agregar que durante la jornada numerosos integrantes del Comité de Solidaridad y Justicia presenciaron desde la barra de la Cámara de Diputados todo el debate.

En un párrafo de las tantas críticas del Comité de Solidaridad y Justicia se destaca que dicha ley “extiende la delegación de facultades a los intendentes, presidentes comunales y presidentes de reparticiones ministeriales. El cheque no sólo queda en blanco sobre el objeto de su utilización sino también sobre el responsable de cobrarlo. Por esta norma, se premia a los fracasados en la gestión de los últimos cuatro años, dándoles plenos poderes para disponer de $620.000.000”

“Esa ley resulta absolutamente inconstitucional porque viola las garantías básicas del derecho propiedad de los habitantes de Santa Fe (artículo 17 de la Constitución Nacional). Pretende introducir las confiscaciones que hace más de 160 años eran prohibidas en la Argentina. Se dice que quedan sujetos a expropiaciones todos los inmuebles de 12 departamentos de la provincia. (…) ese artículo afectaría la nulidad insalvable a la ley y habilitaría una industria del juicio cuyos costos estarían a cargo de la ciudadanía”, según se argumentó desde el documento del Comité de Solidaridad y Justicia.

Pedido de audiencia al Comité de Crisis:

Se realizó un pedido de audiencia por nota al Comité de Crisis el día 5 de abril que se entregó en Casa de Gobierno sobre el cual no se notificaron respuestas formales hasta la fecha.

Intervención frente a desalojos en escuelas que funcionaron como Centros de Evacuados:

Se intervino en diferentes Centros de Evacuados como Comité de Solidaridad y Justicia con el propósito de detener los desalojos forzados que se estaban realizando. Puntualmente, uno de los lugares en los que se trabajó fue en el Centro de Evacuados del Colegio Nuestra Señora del Huerto, logrando re localizar a los afectados en otros Centros, respetando así la decisión de las familias allí alojadas, de permanecer unidas por el lazo que habían establecido durante los días de la inundación.

Pedido de protección inmediata en los Tribunales santafesinos:

El Comité de Solidaridad y Justicia evaluó pertinente presentar el sábado 7 de abril en el Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad de Santa Fe, un pedido de intervención urgente en los términos de la Ley 10.000 de protección de intereses difusos, para impedir el inminente desalojo de las personas refugiadas en establecimientos educativos públicos y privados.

Esta acción de protección se interpone contra los actos, decisiones y/u omisiones del Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y/o los titulares de escuelas privadas de la Provincia de Santa Fe y/o quien resulte en última instancia funcionalmente responsable, en virtud de los cuales se haya impulsado la salida de las personas que se encuentran alojadas en establecimientos de escuelas públicas o privadas de la Provincia de Santa Fe y/u otros edificios bajo jurisdicción provincial, por haber sufrido las consecuencias de la última catástrofe hídrica padecida en la región.

En horas de la tarde de ese mismo día el Juez Claudio Bermúdez comunicó el visto positivo al pedido realizado por el Comité y se expidió de la siguiente manera: Asimismo en relación a la cautelar pretendida de mantener la situación existente respecto de las personas que se encuentran evacuadas en los establecimientos escolares, en los mismos hasta que por si mismas y en plenas garantías de libertad decidan trasladarse a otros lugares que respondan satisfactoriamente a sus necesidades más básicas y urgentes, se ha ordenado lo siguiente que se esté a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 10.000 modif. por la ley 12.015, el que establece lo siguiente: “Recibido el pedido de informe, la autoridad administrativa mantendrá la situación existente en ese momento o, en su caso, suspenderá los efectos del acto impugnado, salvo que la suspensión provoque un daño sustancial a un cometido público o sea susceptible de generar un perjuicio mayor que el derivado de la no suspensión lo que comunicara al Juez de la causa”. (Extraído de la disposición legal emitida por el Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación el 7 de abril de 2007).

Insistencia para tener una audiencia en Casa de Gobierno:

Durante la misma mañana del sábado, el Comité decidió insistir personalmente con el pedido de audiencia al Comité de Crisis y se dirigió a Casa de Gobierno, donde luego de un tiempo de espera fue recibido por dos telefonistas y voluntarias que argumentaban que en la sede principal de gobierno provincial no se encontraba ningún funcionario responsable y que ellas mismas estaban buscando desesperadamente alimentos para varios centros de evacuados sin obtener respuesta alguna por parte de sus superiores.

Reunión con responsables de la Regional IV de Educación:

El Comité de Solidaridad y Justicia recibió un llamado desde la Regional IV de Educación para tener una reunión a las 14 de ese mismo sábado. Allí concurrieron integrantes del Comité de Solidaridad y Justicia junto con miembros de AMSAFE provincial y La Capital a quienes se convocó desde el Comité de Solidaridad y Justicia. Las autoridades de la Regional IV explicaron que las clases no iban a comenzar mientras hubiera evacuados en las escuelas y docentes afectados por la inundación. Argumentaron además que desde allí “no se dio ninguna orden de limpiar las escuelas para comenzar con la ‘normalidad’ en la ciudad”. Insistieron además en que todo era un caos, y para ellos también porque eran víctimas de órdenes cruzadas sobre qué hacer y qué no.

La reunión que no fue en la Secretaría de Derechos Humanos:

Durante esa misma jornada, pero a las 17, representantes del Comité de Solidaridad y Justicia se acercaron a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos porque los habían citado. Cuando llegaron al lugar las personas allí presentes, funcionarios municipales de la Secretaría de Promoción Comunitaria, Secretaría de Asuntos Hídricos, Secretaría de Gobierno de la Municipalidad junto con representantes de la Dirección provincial de Salud Mental, dijeron “no reconocerse como miembros del Comité de Crisis”. Por lo tanto el intento de reunión fracasó y se dispersó rápidamente.

A último momento se presentó el Dr. Benaglia, en representación de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria de la Provincia, quien informó que la reunión era entre el Comité de Solidaridad y Justicia y los funcionarios municipales porque a partir del día lunes 9 de abril los Centros de Evacuados quedaban a cargo de la Municipalidad de Santa Fe. Pero lamentablemente, los funcionarios ya se habían retirado del lugar.

Gabriela Bruno y Mariana Rabaini

(Comisión de Comunicación del Comité de Solidaridad y Justicia)