domingo, septiembre 30

MANO DURA

¿Por qué hay delincuencia? ¿A dónde iremos a parar? La maldad avanza en medio de la prosperidad. La única salida: la mano dura. El análisis no es de hoy, pero se parece mucho.

No estaba Juan Faustino Ruiz en 1871 para dar sus explicaciones, pero el diario El Pueblo estaba alarmado ese año porque en esta capital el crimen, estaba a la orden del día.

La preocupación era porque en la campaña “los malvados” hacían poco caso de la autoridad e invadían el hogar doméstico “a cara descubierta”. Pero lo más terrible era que “en la ciudad sucede lo mismo creciendo de punto la desvergüenza y el pillaje”.

“¿A dónde iremos a parar si así marchamos?”, se preguntaba.

Realizaba este análisis El Pueblo: “Sabemos que la autoridad se apodera de los criminales, que los encierra sus cárceles, que los jueces juzgan; pero el mal no se detiene, el crimen se adelanta cada vez más altanero y feroz, no hay escarmiento, no hay corrección, no hay nada, mejor dicho”.

Hay que aclarar que se trataba de un diario oficial, por lo que el razonamiento no difiere mucho de los que se realizan hoy por parte de medios y periodistas oficiales: la culpa es de la maldad, no de la situación social. Esto decía El Pueblo: “Los criminales se aumentan en vez de disminuirse y sin embargo las luces de la civilización nos cercan por todas partes – Nuestros gobiernos se esfuerzan por abrir un camino llano a la industria, al comercio, al movimiento rápido de las poblaciones mercantiles que nos rodean y sin embargo el puñal, la licencia, la depravación más criminal tiene amontonando escombros que nos cierran el paso haciéndonos entrever para más tarde un caos de perturbación y desorden”.

¿Y las soluciones? No se hagan ilusiones; ya en 1871 pululaban las voces pidiendo mano dura: “Si la autoridad no corrige, si no escarmienta al delincuente aplicándole severas penas, pronto caerá por tierra su prestigio. Debilitada su fuerza moral crecerá el número de los malvados y con ellos el desorden, el vicio y la depravación. Se podrá vivir de este modo? Imposible –donde no hay corrección y escarmiento para el delincuente no hay seguridad de la vida”.

viernes, septiembre 21

DE LA ESTRATOSFERA AL TREN BALA

A mediados de julio, el entonces candidato a gobernador Rafael Bielsa le hizo creer a algunos que el tren de alta velocidad pasaría por la ciudad de Santa Fe. Todo quedó descartado. Escuche un homenaje a la promesa del ex canciller, ex diputado porteño y ex candidato santafesino que realizó Fuera de Foco en aquella oportunidad

Poco tiempo después de las elecciones primarias, el candidato Rafael Bielsa confesó que el presidente Néstor Kirchner le había asegurado que el “tren bala” pasaría por Santa Fe. Fueron pocos los que lo tomaron en serio y muchos más los que se preguntaron con qué necesidad no sólo la ciudad, sino también el país necesitaría ese tipo de transporte.

Pero pasaron las elecciones. Bielsa está virtualmente desparecido y en esta ocasión, casi desapercibida, pasa la información de que fue descartada esa posibilidad.

Así lo publicó TEP esta semana: por orden de Julio De Vido, Alstom, Isolux, Iesca y EMAPA recorrieron la provincia en helicóptero y descartaron la posibilidad de que una traza vinculara a Rosario con Santa Fe. A la hora de hacer números los contadores que elaboran el estudio de costo sostuvieron que esta iniciativa era inviable.

Ni más ni menos que promesas de campaña.

DIALOGUITOS IMPERDIBLES

Agustín Daniel Bassó se sentó a las 18.10 en el salón de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina. Enfrentó durante dos horas los cuestionamientos de los legisladores del Frente Progresista. La entrevista fue un trámite sencillo para el avezado vocal de la Cámara de Apelación Penal. Rechazó los cuestionamientos por su edad; aseguró que es un defensor de la reforma judicial; fustigó a varios jueces y al renunciante Rodolfo Vigo; dio su versión de la cena donde se cantó “Resistiré”. Sobre el proceso de selección de magistrados, dijo que en Santa Fe, “no se designa a los más brillantes, pero se designan a los menos peores”. Para el final se reservó un sarcasmo brutal dirigido a la diputada Alicia Gutiérrez. “Aunque sea me gustaría que me den el Falcon verde para salir a secuestrar gente, porque con mi auto no voy a salir, porque ya han dicho que integraba los grupos de tareas. Yo creo que se están confundiendo de persona”, remató, en respuesta a las declaraciones de la legisladora del ARI.
Leer entrevista completa: DivShare File - Basso.pdf

Agustín Daniel Bassó ingresó a las 18.10 en el salón de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina. Tras las presentaciones de rigor, el presidente del cuerpo le preguntó si había alguna documentación que agregar a su legajo personal. “En absoluto”, respondió el aspirante a la Procuración General de la Corte. Paso seguido, el diputado Mario Esquivel quiso saber si se encontraba inhibido, embargado, concursado o tiene alguna persona jurídica en situación de concurso. “No, de ninguna manera”.

Superadas estas primeras formalidades, Agustín Basso tuvo que definir la función del juez dentro del estado de derecho. “Siempre la actividad de un magistrado debe estar orientada, guiada, por el respeto irresoluto a la Constitución de la Nación, a los actos que han sido incorporados en el año 1994 con rango constitucional y a la Constitución de su provincia”, para lo cual no alcanzaría con el título de abogado, sino que también se necesita “recorrer la Universidad, que no es la que nos da el título, sino que hay que tener contacto con la realidad de la sociedad”, dijo, todavía serio.

La entrevista verdadera comenzó con las preguntas de los legisladores del Frente Progresista. Estaban presentes los diputados Alfredo Cecchi (PS), Gabriel Real (PDP), Daniela Qüesta (UCR), Aldo Strada (ARI) y el senador Carlos Fascendini . Por el oficialismo firmaron el acta, los diputados, Mario Esquivel, Danilo Kilibarda, Mario Lacava y Dario Scataglini, acompañados por los senadores Joaquín Gramajo y Armando Traferri.

El primero en abrir el juego fue el socialista Alfredo Cecchi, preguntando sobre el inicio de los trámites jubilatorios del aspirante. “Tengo iniciado el trámite jubilatorio y tengo la jubilación ordinaria otorgada de acuerdo a la ley 6.915. De acuerdo a la nueva ley de jubilación vigente en la Provincia podíamos optar en el momento de la sanción de la ley, hice la opción y queda supeditada la concesión del beneficio, en definitiva, a que yo ponga fecha de cese”, dijo Bassó.

Cecchi quiso saber si compartía el criterio sustentado en su momento por la Provincia, en el caso del juez Casiano Iribarne, cuando se intento hacer valer el artículo 88 de la Constitución Provincial, que establece el cese de la inamovilidad de los magistrados a los 65 años.

“No comparto en absoluto, porque entiendo que por encima de las motivaciones de las Constituciones de las Provincias está la adecuación de estas Constituciones a la Carta Magna de la Nación, que establece edades totalmente distintas, a la nuestra de Santa Fe y de otras provincias, y hasta la última modificación no ha sido jurada por los miembros de la Corte de la Nación, que establece el plazo de 75 años, porque dicen que únicamente debe prevalecer el texto anterior, de que mientras dure su buen comportamiento tiene que seguir en funciones”, sostuvo Bassó.

- ¿O sea que no es una cuestión de concepto, el concepto lo comparte, lo que no comparte es el límite de la edad?, requirió Cecchi.
- No comparto en absoluto que tengan que decir que una persona tiene que cesar en sus funciones por una cuestión de la edad, en tanto y en cuanto demuestre que puede seguir estando en funciones; porque no solamente las personas jóvenes pueden dar fruto de un buen desempeño, no hay que desaprovechar lo que es el conocimiento de la gente que tiene años en el trajín judicial.
- Si en el futuro un eventual Poder Ejecutivo decidiera hacer uso de las facultades que le otorga la Constitución y dar la inamovilidad a su cargo, ¿usted defendería sus derechos?
- Voy a defender el derecho a la carrera judicial y voy a defender el derecho que creo que puedo ocupar un cargo, porque cuando yo cumplí 65 años nadie se acordó de
que la Constitución decía una cosa, que cesaba la inamovilidad; yo seguí en funciones y nadie se acordó, como nadie se acuerda de todos los jueces que tienen más de 65 años, tienen 70 y 75 años y están en sus funciones y nunca nadie nos ha solicitado absolutamente que dejemos nuestros cargos por esas circunstancias.
- ¿O sea que de producirse, usted le iniciaría un juicio a la Provincia?
- No sé si sería necesario.
- Pero si un gobierno ejerce las facultades constitucionales de cesar su inamovilidad por haber pasado el límite de edad, ¿usted cómo lo defendería?
- Ya vería cómo sería la cuestión que planteara la Provincia y de qué forma me lo va a plantear; no todo se arregla en un juicio.
- Está bien.
- ¿Usted quiere saber si yo voy a litigar contra la Provincia?
- No, quería saber cómo iba a defender sus derechos.
- Cuando sea necesario que litigue, voy a litigar, sea por cualquier motivo que tenga que ver con la independencia de un juez, por la intangibilidad, por la inamovilidad, por lo que fuera necesario.

Reforma penal

“¿Qué opinión le merece el actual proceso de transformación iniciado en el
Fuero Penal?”, continuó preguntando el legislador socialista. “He formado parte del proceso de transformación y he sido el coordinador de las 11 comisiones del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Provincial. He actuado permanentemente con los representantes del Colegio de Magistrados que trabajaron en el proyecto del Código Procesal Penal, y hemos bregado por la oralidad en la Provincia de Santa Fe durante muchos años, hemos bregado para que se modifique el Código Procesal Penal. La oposición ha dicho que yo me opuse al Código de la Bicameral, pero no es una oposición a la oralidad, es una oposición al contenido del Código de la Bicameral del año 1992”.

“¿En qué sentido?”, insistió el diputado socialista. “En el sentido de que establecía circunstancias de que desaparecían las Cámaras de Apelaciones que están dentro de la Constitución Nacional y establecía una Cámara de Casación Penal, que ha sido el fracaso de todos los procedimientos penales en el país (…) Nunca nos hemos opuesto a la oralidad, ni nos vamos a oponer a que se cumpla con la Constitución para que tengamos juicios por jurado”, amplió Bassó.

La conversación siguió hacia una Acordada firmada por la Cámara Penal santafesina el 21 de junio de 1993, donde se establece la inconstitucional de una futura Cámara de Casación
Penal. “En ningún momento dijimos que nos oponíamos nosotros a que funcionara la oralidad dentro del proceso penal”, insistió Bassó.

Más adelante, el diputado Aldo Strada retomó la discusión sobre la oposición de los magistrados a la implementación del juicio oral. “Siempre se dijo que fundamentalmente era la familia judicial, el sector de los magistrados, quienes se oponían fervientemente a la reforma. ¿A usted le consta que hubo oposición?”, preguntó el hombre del ARI. “En absoluto”, respondió Bassó.

- Entonces, si no hubo oposición, ¿por qué cree que no se sancionó antes ni se modificó antes? ¿Quiénes eran los que se oponían? ¿No sabe quiénes eran los que sen oponían?
- No sé quiénes se oponían, pregunten ustedes...
- ¿Usted nunca escuchó que alguien se oponía, que ninguno de los jueces se opuso a modificar el sistema judicial del Código Procesal Penal de la Provincia? ¿Eso ocurrió mágicamente?
- Mire, le voy a explicar algo. Después que se desechó el proyecto de la bicameral, hubo otros proyectos, ¿sabe de quiénes?, de los presidentes de las Cámaras de Apelaciones, que son jueces. Entonces, si nos estábamos oponiendo los jueces a ese sistema, no sé por qué los presidentes de las Cámaras de Apelaciones trabajaron un año en hacer otro proyecto; y pregunte cuál fue el destino.

La impugnación de Piñero y Gauna

“La semana pasada, una abogada del fuero local, interviniente en una causa del asesinato de un policía, que aparentemente tendría connotaciones con el narcotráfico, lo acusó de mora judicial porque había demorado su voto entre diciembre y octubre, cuando, según ella, tendría entre 10 y 30 días para hacerlo salir o no”, continuó Cecchi.

“Yo voté en segundo término en ese expediente. Desde el día que me pasaron el expediente a fallo, me vinieron a apurar; esa es la independencia que tienen los jueces”, arrancó el magistrado. “Lo que llama poderosamente la atención es que esta sentencia salió en octubre del año pasado; y desde octubre del año pasado hasta ahora la doctora Piñero nunca tuvo que quejarse, nunca acudió a los medios para quejarse de aquella demora. Actúan de esta forma ante la nominación del suscripto al cargo. Entonces, también tenía plazos para quejarse, plazos para denunciarme, y no lo hizo”, se defendió Bassó.

El diputado socialista también trajo a colación otra denuncia presentada por el ciudadano Orlando Gauna, donde se acusa a Bassó de mora y animosidad hacia el denunciante en una causa por robo tramitada en 1984. “Estos hechos que se señalan en forma puntual pueden ser inmediatamente corroborados por esa Comisión de Acuerdos, lo que demostraría que el Dr. Bassó juró fidelidad al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional desempeñándose como juez de Crimen. Por oscuros motivos, que sospecho pero que no puedo probar, alojó al dicente en su condición de procesado junto con penados y luego prolongó ilegalmente su detención. Hechos que en su momento no fueron denunciados por falta de medios materiales”, dice la parte final del escrito ingresado por Orlando Gauna.

“Este señor se olvida que el estado de derecho tiene que seguir funcionando. En los gobiernos de facto no hay Legislatura pero la Justicia tiene que seguir funcionando porque si no, sería el caos. Todos juramos por lo que se nos pone adelante”, arrancó Bassó, justificando su actuación durante la dictadura militar.

“Este señor se olvida de muchas cosas”, continuó el aspirante, repasando luego los principales pasos de este proceso penal que culminó con la condena de Gauna por el delito de robo calificado. “Acá está el informe del secretario privado. No sé cuál es su queja… ¿la queja es que juré por el Estatuto de la Revolución?”, preguntó retórico el magistrado. “Estatuto de Reorganización Nacional”, corrigió el secretario de la comisión.

Buenos modales

Otro caso que puso en discusión Alfredo Cecchi fue el de un ciudadano francés, propietario de un coto de caza en San Javier, detenido por contrabando de armas. “Uno de los cargos que se le hace tiene que ver con el trato con los jueces de primera instancia, que los hace sentir -no sé si es el término correcto- apretados o perseguidos”, planteó el diputado.

“Yo no intervine en ese caso, en absoluto, intervino la Sala Primera. Lo que sí le voy a contestar, es que a mí me pagan para que trabaje en el Poder Judicial y no para que tenga amigos. Debo ser el vocal de Cámara que más nulidades ha decretado por la sentencia de los jueces de Primera Instancia. No tengo ningún problema en declarar nulidades, no tengo ningún problema en imponerles las costas a los jueces; el hecho de que yo sea presidente del Colegio de Magistrados no me impide, en absoluto, tener que hacerlo, y he pedido el jury a dos jueces.

- ¿Recuerda a qué jueces?
- Al doctor González, que ya se jubiló, juez Correccional. En dos oportunidades el Procurador le aplicó una sanción porque cuando le dije qué es lo que pasaba, me dijo: mirá, si le pido el jury, tengo que laburar en el jury. Entonces, ya con una sanción es suficiente.
- ¿Fue el Procurador Bof?
- Sí, no tengo ningún drama en decirlo porque lo he dicho públicamente. Yo no tengo problemas con los jueces, tampoco me importa que mis pares me critiquen por las decisiones que tomo jurisdiccionalmente. El doctor Kilibarda conoce que he declarado nulidades porque no entiendo lo que escriben los jueces de Primera Instancia, usted lo sabe perfectamente. He declarado nulidades porque no comprendo qué es lo que quieren decir y cuál es el desarrollo intelectual para hacer una sentencia; durante muchos años he votado solo por la nulidad, mis colegas no me han acompañado; ahora me acompañan, cambió la integración de la Sala”.

“Los jueces tienen que aprender a trabajar, nosotros tenemos que dar respuestas a la sociedad y la sociedad se queja, muchas veces con justa razón”, remató Bassó.

La última cena

Para el final de su intervención, el diputado socialista reservó sus dudas sobre la cena organizada por el Colegio de Magistrados en la ciudad de Rosario. Cecchi había denunciado que los jueces se burlaron de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de septiembre, cuando entonaron a viva voz la canción “Resitiré”. Para el magistrado la interpretación de los hechos es totalmente diferente. Según Bassó, si hubo jueces molestos en dicha reunión, fue porque no estaban conformes con las “chicas que había para sacar a bailar”.

- Yo tengo una última pregunta, señor presidente. Me preocupa, si realmente fuera así y por toda la connotación que tiene -y supongo que usted se debe haber sentido halagado- que el viernes pasado, una fiesta del Consejo de la Magistratura en Rosario, terminó siendo una especie de apoyo a su promoción, a su persona.
- ¿Por qué apoyo? Yo hice un discurso institucional porque soy el presidente del Colegio de Magistrados, y me aplaudieron.
- Y terminó con un número artístico donde se entonó la canción “Resistiré”. Los dan como presentes a varios jueces de Rosario y de Santa Fe, inclusive al ministro Rosúa.
- Sí, estaba el ministro Rosúa.
- ¿Y terminó así?
- No terminó así, empezó así. En el medio de la cena actuó una señorita que cantó algunas canciones. Usted menciona “Resistiré”, ¿por qué, tiene alguna connotación conmigo?
- Bueno, había gente presente que, aparentemente, desconocía cuál era...
- Entiendo que el anteaño pasado -es un año cada uno que hacemos la fiesta institucional, un año en Rosario y un año en Santa Fe- cantaron una canción del hijo de Lolita Torres, Diego Torres; cantaron esa canción y distribuyen la letra para que la gente la cante. Ahora si usted me pregunta por “Resistiré”, no tengo la menor idea, no lo organicé yo. No sé cuál es su pregunta, si usted cree que “Resistiré” es una cuestión mía, de resistir no sé qué cosa.
- Me da la sensación de que es una expresión institucional grave que se da en este contexto.
- Le deben haber informado mal, porque esto no tiene ninguna connotación institucional. Si acostumbran ellos a poner una canción que les guste, no sé; el año pasado fue la de Diego Torres, cuál era el significado, han puesto una canción que les ha gustado; yo no sé qué es lo que dice la canción.
- ¿Usted notó que hubiera jueces molestos por lo que pasó?
- No, en absoluto, pero puede haber jueces molestos siempre, porque no les gusta la comida, porque no les gusta la música, porque no le gusta el show o porque no les gustan las chicas que había para sacar a bailar.

No hay jueces brillantes

Sobre el final de la entrevista le llegó el turno al diputado Aldo Strada. El representante del ARI quiso saber la opinión del camarista sobre el sistema de selección que se estaba empleando en su caso, a partir de la polémica desatada cuando se compara el método santafesino con el sistema implementado a nivel nacional por el Decreto Nº 222.

“Yo creo que no todo tiene que ser copiado. El decreto 222 del presidente de la Nación puede ser una instancia que no sabemos si realmente es buena o es mala, porque yo no tengo ninguna noticia sobre cuál fue el resultado de las impugnaciones que fueron hechas para los candidatos que designó el presidente Kirchner”, apuntó suspicaz el magistrado.

- ¿Conceptualmente está de acuerdo con que sea un proceso más público, con posibilidades de mayor participación?, insistió Strada.
- Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con esto...
- ¿Modificaría el sistema actual de la Provincia?
- Esa no es una cuestión en la que yo pueda tener ingerencia. Eventualmente, si yo fuera gobernador a lo mejor buscaría algún sistema, pero no sé qué puede pensar el doctor Binner sobre esto; vamos a esperar...

Pero lo más jugoso fue su opinión sobre el funcionamiento del actual sistema de selección de magistrados en Santa Fe. “Creo que el sistema implementado en el Consejo de la Magistratura es el mejor, porque se terminó con el “dedo”. Ahora se designan, posiblemente no los mejores, porque se presenta poca gente en los concursos. Antes, cuando no se rendía oposición, nosotros luchamos durante mucho tiempo para que el Consejo de la Magistratura sea reglamentado y tengamos oposición y dos instancias más, la de antecedentes y la entrevista personal, y se reglamentó. Antes se presentaban 20 personas para cada cargo que se llamaba a concurso y ahora se presentan 5 ó 6, y hay algunas veces que ni siquiera se logran los 4 para que se pueda concursar y hay que volver a llamar a concurso. Entonces, posiblemente no se designe a los más brillantes, pero se designan a los menos peores, porque tienen que rendir y la oposición no siempre es gratificante”, dijo muy suelto Bassó.

Pero el camarista no se contuvo con sus apreciaciones sobre los colegas del fuero y apuntó sus dardos al renunciante ministro de la Corte Rodolfo Vigo. “El que quiera ser académico, va a tener que priorizar su trabajo en el Poder Judicial. El que quiera ser académico, que se quede en la universidad”, disparó el posible jefe de fiscales de la provincia, adelantando un criterio para el futuro sistema penal santafesino.

“Antes se podía ser titular de una sola cátedra, pero ahora hay jueces que dan clases en Reconquista, Resistencia, Posadas, Misiones, Barcelona y no sé dónde más”, intervino Danilo Kilibarda. “Usted me ha escuchado criticar al doctor Vigo…”, buscó cómplice Bassó. “No”, dijo secó el diputado justicialista, previendo la estocada. “No, pero si yo se lo he dicho a él, que ha priorizado el academicismo a su trabajo en el Poder Judicial; no lo conocíamos en el Tribunal...”, remató.

El Falcon Verde

El domingo pasado, la diputada Alicia Gutiérrez publicó una nota de opinión, donde cuestionaba el pasado de Agustín Bassó como juez de la dictadura militar y advertía sobre posibles vínculos del camarista santafesino con sectores de la derecha peronista en la década del ´70.

El tema fue abordado por Aldo Strada, cuando quiso saber si el aspirante a la Procuración General de la Corte tenía algún tipo de vínculo con el destituido juez Víctor Brusa. “Sí, lo conozco”, respondió Bassó

- ¿Es amigo del doctor Víctor Brusa?, avanzó el legislador
- No soy amigo del doctor Brusa. Y lo último, aunque sea me gustaría que me den el Falcon verde para salir a secuestrar gente, porque con mi auto no voy a salir, porque ya han dicho que integraba los grupos de tareas. Yo creo que se están confundiendo de persona...
- ¿Era otro Bassó?, quiso saber Mario Esquivel .
- Creo que se están confundiendo de persona. Ya se confundieron en el año 1991 y me pusieron en una lista de los candidatos a diputados en un hotel, y esto y lo otro. No era yo. Es un primo hermano, que tuvo militancia en la Juventud Peronista y en Montoneros; pero no soy yo. Se equivocan, por eso voy a reclamar el Falcon verde para salir en el grupo de tareas...

Ninguno de los presentes reaccionó ante semejante sarcasmo. Agustín Bassó se levantó tranquilo de la sala de reuniones y salió por la puerta trasera de la Legislatura para eludir el encuentro con los periodistas.

DESTACADAS ONGs CRITICAN EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE JUECES SANTAFESINO

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, reunidas en el foro "Una Corte para la Democracia", cuestionaron el trámite de designación de Daniel Erbetta y Agustín Bassó para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia provincial y la Procuración General. Aseguran que el apresuramiento y la falta de participación ciudadana le quitan transparencia al proceso de selección de dos funcionarios de alta relevancia institucional.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, solicitaron a la Asamblea Legislativa santafesina la adopción de un procedimiento que permita a la ciudadanía conocer los antecedentes de los candidatos, y establezca un plazo para presentar observaciones, impugnaciones o apoyos. Asimismo, consideran que debe realizarse una audiencia pública, donde la ciudadanía y los legisladores puedan realizar preguntas acerca de las posiciones jurídicas y de los principios que regirán la futura actuación funcional de los candidatos. Solicitaron también que el acuerdo no se otorgue de modo tácito, y que se utilice la votación nominal.

Asimismo, estas organizaciones de la sociedad civil, consideraron que el Gobernador de la Provincia debe sancionar un decreto que autolimite sus facultades, y permita la participación ciudadana en una instancia previa a la legislativa.

El planteo se encuentra desarrollado en un documento enviado el 18 de septiembre pasado al presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, Mario Esquivel; al Gobernador de la Provincia, Jorge Obeid; a la presidenta de la Asamblea Legislativa, María Eugenia Bielsa; y al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Carlos Barrera.

Las organizaciones firmantes – comprometidas en la democratización de la administración de justicia tanto en el ámbito nacional como provincial – manifiestan su “preocupación por el modo en que se ha decidido avanzar en la integración del Superior Tribunal de justicia de la provincia y del Ministerio Público Fiscal, en un contexto de transición electoral y sin la adecuada transparencia y participación de la sociedad civil”.

Consideran que “resulta institucionalmente inconveniente impulsar este tipo de designaciones en un marco social de cuestionamiento por la falta de transparencia y publicidad del trámite. La legitimidad del sistema judicial se podrá construir sólo mediante prácticas orientadas en el sentido contrario, vinculadas con la apertura de los debates y la ausencia de apuros injustificados. En este contexto, permitir la participación ciudadana ayudará a despejar los reparos que se puedan presentar acerca de la idoneidad de los candidatos o la motivación de la medida”.

Para estas organizaciones “la publicidad de las decisiones y la participación ciudadana son elementos centrales en un gobierno democrático. La promoción de estos valores en el mecanismo de selección de jueces y magistrados del Ministerio Público puede contribuir eficazmente a la legitimación del Poder Judicial, lo que otorgará mayor confianza a la ciudadanía sobre el sistema de administración de justicia”.

Por ello, advierten, que “el gobernador de la provincia ha desperdiciado una oportunidad para democratizar este procedimiento al impulsar del modo en que lo hizo las candidaturas propuestas. Creemos que hubiera sido una muy buena medida la adopción de alguna norma similar al Decreto 222/03 de autolimitación, que dictó el presidente de la Nación. Esa norma fijó los criterios que deben ser tenidos en cuenta al momento de seleccionar jueces para el máximo tribunal del país, obliga a la presentación por parte de los candidatos de una serie de declaraciones juradas tanto patrimoniales como profesionales (para impedir futuros conflictos de intereses), y establece un plazo de 15 días durante el cual las asociaciones profesionales o sindicales, las organizaciones de la sociedad civil, y la ciudadanía en general, pueden presentar opiniones fundadas acerca de la idoneidad de los candidatos. Recién luego del análisis de estas opiniones, el presidente decide si envía o no el pliego al Senado”.
Pero frente a los hechos consumados, las organizaciones firmantes creen “imprescindible que la Asamblea Legislativa instrumente un procedimiento que permita a la sociedad, sea quien fuere el candidato propuesto, conocer en profundidad sus antecedentes, discutir acerca de sus criterios y posiciones jurídicas y brindar la oportunidad de participar del debate acerca de la conveniencia de su designación”.

Al mismo tiempo, consideran que “resulta sumamente inconveniente la posibilidad de otorgar un acuerdo tácito, previsto en el artículo 54 inciso 5 de la Constitución provincial, y en especial para el caso de los magistrados de la Corte Suprema. La Legislatura es el órgano deliberativo por excelencia en un sistema democrático, y por ello debe debatir y argumentar antes de tomar alguna decisión. Y esta deliberación debe ser pública. El silencio como modo tácito de adoptar una resolución resulta inaceptable justamente por la ausencia de argumentos. En una democracia representativa la ciudadanía debe poder conocer quiénes son los autores de las decisiones y las razones por las que las adoptan. Por lo tanto, resulta inconveniente que el Reglamento de la Asamblea Legislativa prevea que la Comisión de Acuerdos actúe en forma reservada, porque la ciudadanía se vería imposibilitada de observar los debates que preceden a la aprobación de los pliegos. Las sesiones de la Comisión deben ser públicas, como así también los argumentos que se utilicen, para despejar toda sospecha de acuerdos tomados tras bambalinas o por malas razones”.

Por último, las entidades que integran el foro "Una Corte para la Democracia" sugieren que la Asamblea Legislativa de Santa Fe adoptar una serie de medidas, previo al análisis de los pliegos propuestos:
1) Que la totalidad del procedimiento mediante el cual se tome la decisión de dar o no los acuerdos correspondientes, tanto en la Comisión Bicameral de Acuerdos como en el pleno de la Asamblea Legislativa, sea de carácter público.
2) Que se permita a la ciudadanía presentar ante la Comisión de Acuerdos observaciones, objeciones o adhesiones a la candidatura propuesta y que ellas sean tomadas como antecedente de la decisión que adopte el cuerpo, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad establecidos en el Decreto Nacional 222/03, especialmente en lo relativo al compromiso de los candidatos con la vigencia de los derechos humanos. Para ello deberían darse a publicidad, previamente, sus antecedentes profesionales, fiscales y una declaración jurada patrimonial de los candidatos. Asimismo, la Comisión de Acuerdos debería garantizar la publicidad de estos antecedentes, que deberían estar disponibles para que cualquier ciudadano de la provincia pueda conocerlos fácilmente.
3) Que se permita a la ciudadanía, en el marco de una audiencia pública, realizar preguntas a los candidatos acerca de los criterios y posiciones jurídicas o de actuación profesional.
4) Que el acuerdo o el rechazo de los pliegos sea brindado de modo expreso. Para el caso que el plazo establecido por el artículo 54 inciso 5 resulte exiguo, la Asamblea Legislativa podría expedirse y aprobar de modo expreso una prórroga.
5) Que se respete el reglamento de la Asamblea Legislativa que exige que la votación en el plenario sea nominal, permitiendo saber a la ciudadanía la posición de cada legislador respecto del candidato propuesto.
6) Que estas propuestas se traduzcan en una modificación del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, a fin de que este procedimiento se aplique a toda designación futura.
Firman el documento con estas recomendaciones, Roberto Saba (ADC), Gastón Chillier (CELS), Silvina Ramírez (INECIP), Daniel Sabsay (FARN), Horacio Bersten (Unión Usuarios y Consumidores), y Laura Alonso (Poder Ciudadano).

jueves, septiembre 20

POR LA PUERTA TRASERA

La Asamblea Legislativa convocada aprobar los pliegos de Daniel Erbetta y Agustín Bassó fue postergada por una semana. El miércoles próximo la comisión de Acuerdos escuchará al penalista rosarino propuesto para la Corte Suprema de Justicia. La entrevista con el aspirante a Procurador General se empantanó por la falta de documentación y las dudas planteadas por numerosas impugnaciones. Los socialistas calificaron como una provocación la fiesta anual de los magistrados donde vivaron la canción "Resistiré". La actual mayoría justicialista se mantiene firme en la decisión de cubrir las recientes vacantes generadas en la cúspide del poder judicial santafesino.

La Asamblea Legislativa convocada para este jueves, con el objetivo de aprobar los pliegos de Daniel Erbetta y Agustín, será postergada por una semana a raíz de las dudas que surgieron luego de la entrevista que el aspirante a la Procuración General mantuvo con los legisladores de la Comisión de Acuerdos. La salida encontrada por el justicialismo para explicar la dilación del trámite, es aprovechar el ofrecimiento del aspirante a la Corte Suprema de Justicia de presentarse en la Legislatura para defender su postulación.

En el ínterin, los legisladores socialistas, radicales y del ARI, esperan recibir importante documentación solicitada a la Corte provincial que servirá para analizar las numerosas objeciones presentadas contra el camarista Agustín Bassó.

Si bien el actual presidente del Colegio de Magistrados estuvo respondiendo por espacio de dos horas las preguntas de los legisladores, a la salida del encuentro los voceros parlamentarios transmitieron un balance diametralmente opuesto sobre el resultado del encuentro. Para el justicialismo el dialogo fue satisfactorio y la postulación quedaba ratificada, mientras que para el Frente Progresista el pliego debía ser retirado. En tanto, para los periodistas presentes fue imposible dialogar con Agustín Bassó, ya que, finalizada la reunión fue sacado de manera subrepticia por personal del Senado hacia la calle, utilizando la puerta trasera que da a calle 3 de Febrero.

Cabe recordar que a diferencia de Daniel Erbetta la postulación de Agustín Basso recibió impugnaciones de distinta índole. El socialista Raúl Lamberto cuestionó su edad para asumir el cargo, Aldo Strada apuntó a su postura personal frente a la reforma del sistema penal, Alicia Gutiérrez señaló supuestos vínculos con la derecha justicialista durante la década de los ´70 y cuestionó su designación como juez durante la dictadura, mientras que una abogada del fuero local atacó su trabajo como integrante de la Cámara de Apelación Penal.

Sin embargo, el clima del encuentro se encontraba enrarecido por las repercusiones generadas luego de la cena anual del Colegio de Magistrados. Según dijo el diputado Alfredo Cecchi (PS) "esa fiesta donde participaron cerca de 30 jueces de Santa Fe inesperadamente terminó siendo una fiesta de adhesión a la nominación de Bassó como procurador general de la corte". Denunciando que "la fiesta se coronó con un número artístico, cantando la canción «Resistiré», cuya letra estaba debajo de platos de quienes participaban en la cena. Por supuesto, no todos adhirieron pero el hecho de que algunos se hayan sumado, que haya estado Bassó y también el ministro de Gobierno es una serie de condimentos graves. Uno se pregunta con toda honestidad, ¿resistiré a qué? ¿Al mandato de las urnas del 2 de septiembre? ¿A que no se aplique el decreto por el cual se modifica el sistema de selección del máximo tribunal de Justicia de la provincia?", disparó el legislador por Radio 2 de Rosario.

En paralelo, el diputado Aldo Strada, ya había comenzado a calentar el ambiente, señalando que “la designación de Basso creo que pone en peligro la reforma” del sistema penal provincial. En diálogo con Fuera de Foco el legislador del ARI reveló que existe “una acordada que el (Basso) firma en junio de 1993, donde expresa su rotunda oposición a la modificación del código procesal penal, o sea, por estas actitudes durante muchísimos años tuvimos un sistema judicial obsoleto, que denegaba justicia y que tuvo los problemas que todavía sigue teniendo”.

Para este legislador, “las dudas se acrecientan porque se esta nombrando a un funcionario que no tiene muchos méritos, si el Dr. Basso se opuso fervientemente a la modificación del código procesal penal, ¿Qué es lo que va a hacer cuando quede a la cabeza del ministerio público fiscal?”, preguntó Aldo Strada.

“Creo que la designación de Basso pone en peligro la reforma”, remató el diputado del ARI.

“Es un hombre de bien”

Para el senador justicialista Armando Traferri la entrevista de Agustín Basso con la Comisión de Acuerdos fue altamente satisfactoria. Respecto al tema de la edad, el representante de San Lorenzo dijo que el postulante “contestó como corresponde, ya que la Carta Magna le permite hasta los 75 años, así que no es un impedimento de ninguna manera”.

Respecto a la futura reforma del sistema penal, Traferri explicó que “se hicieron preguntas sobre cual es su línea de pensamiento y el Dr. Basso con una sinceridad absoluta, marcó su posición respecta al funcionamiento de algunos juzgados y respecto al funcionamiento del Servicio Penitenciario, por ejemplo. No tuvo ningún impedimento ni especulación para decir cual es su posición al respecto”, señaló.

Cuando se le preguntó sobre la controvertida cena de los magistrados, Traferri relativizó la importancia del incidente denunciado por Cecchi. “Es un poco cómica la pregunta que surgió, con todo respeto al legislador que la hizo, sobre si en la cena del Colegio de Abogados una de las canciones que se cantaron es “Resistiré”. Yo le preguntaba si no se cantó “Volveré”, creo que no podemos hacer referencia a una canción que está dentro del repertorio del artista que participo y no dentro del protocolo que organiza la asociación de abogados en cada una de sus fiestas anuales”

“Lo que entendí es que Basso no tiene ninguna explicación que dar por el repertorio que tenga una artista que es parte de un evento de la asociación de abogados”, dijo el senador, dando por cerrada la discusión.

Como conclusión, para el vocero de la bancada justicialista, no cabe ninguna duda que Agustín Basso “es una persona idónea y creo que lo ha demostrado, y si hablamos de buena fe, lo deben aceptar los legisladores de la oposición porque respondió a todas y cada una de las preguntas y no hubo objeciones hacia las respuestas, por lo cual, mi conclusión es que evacuó todas las dudas que tenía la oposición y en más de una dio las respuestas acertadas”.

“Es un atentado a las instituciones”

Para los legisladores del Frente Progresista el balance de la reunión fue totalmente diferente. “Seguimos cuestionando el procedimiento y seguimos cuestionando una serie de aspectos que nos indican que no es la persona más indicada para ocupar la futura procuraduría general de la Corte”, dijo Alfredo Cecchi.

“La comisión ha pasado a cuarto intermedio y en principio habría acuerdo en postergar una semana el tratamiento del pliego del Dr. Basso, habida cuenta de lo que ha producida la reunión con el, sobre todo por las impugnaciones que tienen la suficiente entidad, seriedad y fundamentación como para que nos aboquemos al estudio de las mismas”, adelantó el diputado socialista.

Cecchi explicó que el aspirante a Procurador General de la Corte fue interrogado sobre su postura frente a la reforma penal. “El niega que haya habido una oposición sistemática a la introducción de la oralidad en materia penal y que su oposición se centró en la composición de las cámaras de casación, agregando que en la materia, como sucede frecuentemente en derecho, podría haber dos bibliotecas”.

En relación al tema de la controvertida cena del Colegio de Magistrados, Alfredo Cecchi explicó que Agustín Basso sostuvo que se trató de una cena habitual de la entidad que preside, donde siempre participan miembros del poder político. “Nos dijo que el no veía nada cuestionable en esa manifestación. Nosotros creemos todo lo contrario. Se produce esto el viernes de la semana pasada en medio de un proceso de debate público sobre su nominación como procurador general de la Corte y nos parece hasta de mal gusto la canción que eligieron los integrantes de este festejo. Y esto se ve ratificado por las denuncias que hemos recibido de jueces que se sintieron molestos y violentados por el fin de esta fiesta de los magistrados”, insistió Cecchi.

El diputado fue más allá y dijo que se trata una reunión “impropia” para un colegio de magistrados. “No se que festejan en Rosario con la presencia de un ministro de Gobierno, donde terminan entonando todos “Resistiré” como una especie de desafío a la voluntad popular expresada el 2 de septiembre, que no solamente votó nombres y apellidos sino que voto un proceso de cambio institucional realmente importante y trascendente. No sabemos si quieren resistirse a implementar en la provincia un mecanismo claro para nombrar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto nos parece realmente improcedente y son cosas que tienen la suficiente entidad para que nos aboquemos a un estudio profundo y adoptemos posiciones políticas”, concluyó el legislador.

¿Lo toman a esto como una provocación?, preguntó un periodista.

“Me parece que es un atentado a las instituciones”, remató Cecchi. “Se lo preguntamos porque quisimos transmitir la preocupación de muchos jueces que se sintieron molestos y violentados por lo sucedido y porque creemos que es una agresión a las instituciones de la provincia”.

No fue para Binner

Avisada del impacto político que estaba generando la cena del último viernes en el restaurante Marinas, la vicepresidente del Colegio de Magistrados, María del Carmen Alvarez, camarista de la ciudad de Rosario, se hizo cargo de haber elegido dentro del repertorio de una artista contratada la canción “Resistiré” y aseguró que no fue por la llegada de Hermes Binner al poder.

“Me sorprendió la trascendencia que se le dio a algo que fue inocentemente programado”, afirmó Álvarez en diálogo con Radio 2, y explicó que la reunión fue la cena que anualmente se realiza, una vez en Santa Fe y otra en Rosario y a la que siempre asisten jueces, abogados y también funcionarios del Ejecutivo provincial como el ministro de Gobierno.

Sobre la canción Resistiré, dijo: “Yo la propuse entre el listado de la artista. Este fue un año duro, con amenazas a jueces como las que recibió Liliana Giorgetti, hay un solo juez de Menores para cuatro juzgados, y otras dificultades. Y esta me pareció una canción energética, de fuerza, no para un gobierno que viene y ojala, como dice el eslogan, los cambios se produzcan”.

lunes, septiembre 17

¿SERÁ MUCHO PEDIR?

¿Será mucho pedir que el gobernador Jorge Obeid siga el ejemplo de algunos dignos antecesores? El abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Derecho Social, Dr. Domingo Rondina, reflexiona en torno a esa pregunta.

I) Cuando Juan era sin tierra

Las repúblicas nacen cuando se debilitan las monarquías. Recordemos que los monarcas eran todopoderosos, su voluntad era la ley, y no tenían por qué renunciar ni a un ápice de su poder. Instituidos por dios, no necesitaban congraciarse con nadie.

Las constituciones modernas surgen por primera vez en la antigua Bretaña, cuando el Rey Juan sin Tierra, aquel legendario enemigo de Robin Hood, necesitaba conseguir aval de los ricos de de su pueblo para usurpar el trono de Ricardo Corazón de León.

Los poderosos burgueses de entonces le ofrecen su sostén a cambio de que dicte un decreto (una ‘carta’) en el cual se auto-limitara. Fue la famosa ‘Carta del Rey Juan’, la primera ‘Carta Magna’.

Allí el Rey renuncia a ejercer ciertas atribuciones (creación de impuestos, reclutamiento de tropas, invasión de la privacidad de los hogares, imposición de penas graves) y acepta que realizará algunos procedimientos previos a estas decisiones tendientes a consultar a sus súbditos más calificados.

Nadie negaba entonces que si el Rey quería, usaba su poder. Pero fue el Rey, para congraciarse con aquellos que lo apoyaban, quien voluntariamente renuncia a su omnipotencia.

Así surgen las constituciones, como límites al poder siempre voraz del Estado.

II) Cuando el Brigadier López fue el Gobernador López

Más cerca en el tiempo y en el espacio, el caudillo Estanislao López, tenía como todos sus pares, un poder también omnímodo sobre sus paisanos santafesinos.

Sin embargo, este Brigadier de tuétano republicano, dictó la Constitución de 1819, donde se limitó también a sí mismo, impuso procedimientos previos a la adopción de ciertas decisiones, y mecanismos de primitiva participación comunitaria.

Y cuando ningún caudillo federal se daba reglamentos ni límites, Santa Fe empezó a ser Cuna de Constituciones.

Y el Brigadier, dio testimonio de su fe republicana, renunciando a sus atributos monárquicos, ejerciendo como Gobernador López.

III) ¿Será mucho pedir que Obeid renuncie a aquello que puede hacer?

El Presidente de la Nación, según nuestra Carta Magna, puede proponer por sí solo los candidatos a ministros de la Corte, para que el Senado los apruebe o rechace.

Cuando el presidente Kirchner empezó su gobierno, dictó el decreto 222/2003 donde se autolimitó, creando todo un procedimiento que apunta al control ciudadano sobre los candidatos, a la discusión de las figuras que van a ocupar puestos de tanta relevancia.

Y luego, por decreto 588/2003, se autolimitó para la designación de todos los demás cargos más importantes del Poder Judicial.

¿Estaba obligado el Presidente a hacer esto? No.

El presidente, en un gesto que lo honra, renunció a aquello que podía hacer, en beneficio de principios más importantes: la salud de la República, la democratización de las instituciones, la independencia de la justicia y la calidad de sus miembros.

Y ahora, cuando creíamos que la calidad institucional era un derrotero definitivo, en Santa Fe encontramos a un gobernador saliente, que tiene que pasar el mando a un signo político distinto, pero que quiere aprovechar sus últimos meses para designar jueces por su sola voluntad.

¿Está impedido de hacerlo? No

Pero Obeid, si quiere ser recordado como un buen gobernante, no tiene que hacer todo lo que puede ‘total-la-ley-no-me-lo-impide’.

Lo mismo hemos visto con los senadores provinciales esta semana, aumentándose las cifras que utilizan para subsidios. Tanto los subsidios entregados por legisladores, como su aprobación al final de un mandato, son prácticas antirrepublicanas, que no están prohibidas.

Es su responsabilidad como dirigente popular dar buenos ejemplos, optar entre distintas alternativas por las mejores, renunciar a hacer aquello que puede hacer si es mejor otra conducta posible.

Por eso Obeid debería retirar los pliegos enviados. O la Asamblea Legislativa debería no aprobarlos.

Porque nada le impide hacerlo, pero evidentemente no es oportuno que lo haga, y no es correcto que se sigan designando tan importantes cargos sin un procedimiento más participativo.

También las personas comunes podemos hacer muchas cosas que no están prohibidas, pero nosotros sentimos vergüenza de hacer algunas de ellas.

¿Será mucho pedir que nuestros gobernantes den muestras de mesura, o por lo menos de vergüenza? Algunos, no perdemos las esperanzas.

Dr. Domingo Rondina

Abogado constitucionalista

Presidente Fundación Derecho Social (FDS)

viernes, septiembre 14

“NO ES FACIL VOLVER A LA CARCEL”

La fuga de un interno de la Unidad Penal Nº 9 ubicada en Recreo reactivó el debate contra las salidas transitorias de los presos. Quienes propugnan el endurecimiento del régimen carcelario encontraron la excusa perfecta. Sin embargo, la realidad penitenciaria santafesina dista mucho de la imagen de relajamiento que construye un sector de la prensa local. Solo el 17% de los presos obtuvo alguna vez un permiso de salidas transitorias. La opinión de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

La fuga de un interno de la Unidad Penal Nº 9 ubicada en Recreo provocó una reacción en cadena en los medios de comunicación de la ciudad. Una sensación de exaltada preocupación puede escucharse en la radio y leerse en los diarios. “Dejaron salir de la cárcel a otro preso y no volvió”, tituló el vespertino en su edición digital. Desde la emisora universitaria un periodista se preguntó, porque un condenado sale bajo palabra de honor, cuando en la vida civil trámites menos importantes se realizan dejando algún valor en garantía. Llevando al extremo estas líneas argumentales, un vecino desprevenido podría pensar que las cárceles santafesinas se parecen a un jardín de infantes.

Dos casos generaron esta situación. A finales de agosto, César Domingo Ciro, obtuvo un permiso para salir de la cárcel de Las Flores durante el fin de semana, pero no regresó. Cumplía una condena de 8 años por homicidio y obtuvo el derecho a una salida transitoria bajo “palabra de honor''.

En aquella ocasión, el inefable Jefe de la Unidad Regional I, Juan Faustino Ruiz, se mostró contrariado, manifestando que “la vez que agarramos a alguno, sale bajo palabra de honor y no vuelve''. Su prédica contra la libertad condicional continuó algunos días después, cuando divulgó versiones inexactas, sobre la situación judicial del sospechoso del crimen de Jonatan Mansilla, que instalaron la creencia de que el asesino de este niño gozaba de libertad por la benevolencia de un magistrado.

Ahora vuelve la preocupación con la fuga de Alberto Jesús Pampiglioni. El hombre estaba preso en la nueva cárcel de Recreo y el último viernes salió con un permiso de 72 horas y no regresó. Estaba condenado como partícipe principal de robo agravado y homicidio hasta el año 2012.

El énfasis informativo se concentra en dos aspectos: se produjeron dos casos similares entre presos que salen “bajo palabra de honor”. Pero que tan representativos son estos casos de la realidad que se vive en las cárceles santafesinas. Estas dos fugas, ¿justifican los reclamos que se escuchan contra el cumplimiento progresivo de las condenas?

Para Lilian Echegoy, militante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la regla en el sistema penal santafesino es la negativa sistemática a los permisos especiales. “Las demandas que nosotros recibimos es por la falta de cumplimiento de la ley de progresividad de la pena, que es la 24.660 que ni siquiera está reglamentada en la provincia de Santa Fe. Esto es necesario que se haga para que los jueces de Ejecución Penal tengan un elemento concreto a la hora de otorgar los permisos, libertades condicionales y demás, que por otra no son beneficios sino derechos”, afirmó a Fuera de Foco.

Esta apreciación puede corroborarse a partir de los datos publicados por el “Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena” (http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/). Sobre una población carcelaria de 2.217 internos en el año 2005, solo el 17% había alcanzado el beneficio de las salidas transitorias, pese a que el 77% no había cometido ninguna infracción disciplinaria y el 47% había recibido una calificación de “conducta ejemplar”. En el año de la masacre de Coronda apenas 9 presos intentaron una fuga o evasión.

Por ello, Echegoy relativiza la representatividad de los casos que se debaten en la ciudad de Santa Fe. “Siempre se conoce lo malo, pero en la Unidad 3 de Rosario hay más de 300 internos, pero los fines de semana solo quedan unos 100, porque casi todos salen y vuelven el domingo”.

Con la experiencia ganada luego de varios años de trabajo con los presos, la militante afirmó que “no es fácil volver a la cárcel”, debido a que existe una historia que no se puede soslayar. “Durante muchos años en las cárceles de la provincia de Santa Fe murieron muchos internos. En el curso de 10 años nosotros tenemos estadísticas de más de 100 internos muertos, esto es como una pena de muerte informal. Es muy difícil la convivencia, es muy difícil el trabajo de los equipos profesionales, algunos lo hacen bien, otros muy mal y otros no trabajan”.

En este sentido, Echegoy apuntó a las fallas sistemáticas en el sistema de egreso. “Cuando los internos salen por libertad condicional las casas de egresos no funcionan como corresponde y no brindan ningún tipo de ayuda o apoyo. El Patronato de Liberados no está cumpliendo con su función”, apuntó.

En el actual estado de situación “podrían ser más” los presos que no regresan luego de una salida transitoria. “Pero existe la voluntad de muchos internos que han generado espacios interesantes de educación o trabajo, que no son noticia ni se conocen y fueron hechos por su propia voluntad”, agregó Echegoy.

La militante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario destacó la creación de espacios de trabajo y talleres por parte de los internos y de otras instituciones que comenzaron a entrar en las cárceles. “Esto genera una apertura que implica un intercambio muy interesante. Esto es lo que disminuye la violencia, no el encierro permanente, no la falta de respeto a los derechos y las libertades, que además están concedidos por ley”.

Finalmente, Echegoy remarcó: “Tener buena conducta dentro de una cárcel no es fácil. Muchas veces significa agachar la cabeza muchas veces, aguantar injusticias, callarse ante el maltrato a un compañero, es moldeándose para el encierro y no para la calle”.

jueves, septiembre 13

CAMPO MINADO EN EL IAPOS

La Asociación Sindical del Personal del IAPOS advirtió sobre el estado calamitoso en que se encuentra la obra social provincial. El cobro del “plus médico” se ha generalizado y la situación financiera es deficitaria. El gobierno otorgó un refuerzo presupuestario de 22 millones de pesos como consecuencia del “blanqueo” salarial.

Los dirigentes de la Asociación Sindical del Personal del IAPOS (ASPI) difundirán en los próximos días un severo diagnostico sobre la situación de la obra social provincial. El objetivo es alertar a las futuras autoridades de gobierno sobre las consecuencias de las políticas implementadas por el actual director del organismo. Como se recordará, la ASPI ha denunciado en reiteradas ocasiones distintos aspectos de la gestión de Eduardo Piaggio. “Esta todo igual, quizás peor, porque la conducción del IAPOS después del revés electoral va menos que antes a trabajar. Esto agrava el descontrol, porque ahora están firmando toda la documentación que tenían retenida y estamos abarrotados de trámites”, dijo Sandra Palomeque al programa Fuera de Foco.

La dirigente gremial destacó que el cobro del “plus médico” se ha generalizado con la anuencia de las actuales autoridades. “La gente sigue buscando su reintegro. Nosotros anunciamos el 30 de agosto que habíamos llegado a los 2.200 reclamos y ahora ya debemos estar arriba de las 2.600 presentaciones, con dos meses de atraso para el pago del reintegro”, agregó.

Respecto al tema presupuestario, Palomeque señaló: “Las finanzas del IAPOS están al rojo. Se comprometió parte del presupuesto 2007 para afrontar gastos del 2006”.

Otro tema que preocupa a los trabajadores de la obra social provincial es el caos administrativo. “Quizás lo más recuperable sea la situación financiera, porque en la medida que siga el blanqueo ingresa más dinero a la obra social, pero en paralelo los prestadores piden aumentos. A nosotros nos parece que la próxima gestión tendrá que ser más estricta y más transparente, para los afiliados y para los prestadores”, dijo Palomeque.

Según la dirigente, “Hermes Binner sabe en que condiciones está el IAPOS. No queremos que el que asuma el 10 de diciembre diga que no sabía. Las primeras medidas tienen que apuntar al saneamiento, el plus y los copago no se tienen que pagar, alguien tiene que hacer respetar los contratos, y sino hay que barajar y dar de nuevo, nosotros se lo pedimos a esta conducción y se lo vamos a pedir a la que entre”, advirtió.

Por ello, Palomeque fue contundente al momento de describir el cuadro de situación que encontrará el futuro director de la obra social provincial. “El campo está minado desde el momento que el IAPOS es deficitario. La conducción política actual le ha hecho un guiñe a los prestadores para que cobren el plus. Incluso el Defensor del Pueblo dictó hace pocos días una resolución muy dura contra Piaggio diciendo que los afiliados no tienen que pagar. Los edificios donde trabajamos están maltrechos. Nos están liquidando mal el sueldo, no se respetan las leyes y se produjeron nombramientos ilegales. En todos los sentidos el IAPOS está muy mal y de esa manera lo van a recibir las próximas autoridades”, concluyó.

A todo esto, se conoció en las últimas horas el Decreto Nº 1954, firmado el pasado 30 de agosto, por el cual se le asigna al IAPOS un refuerzo presupuestario de $ 21.986.200, producto de la mayor recaudación originada por la aplicación de las políticas de “blanqueo” e incrementos salariales para los empleados del estado provincial.

LA SANTAFESINIDAD AL PALO

Cientos de horas de archivo periodístico santafesino se destruyeron. Se pierde gran parte de la “primera versión de la historia”. Pero no es una actitud nueva. Lo pasado, en Santa Fe, está pisado…

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A nadie le importa hoy, quizás, que cientos de horas de periodismo local hayan ido a parar a la basura.

A muy pocos les interesó tampoco hace 100 o 200 años. Y, a no equivocarse, tampoco le importa a muchos hoy.

Es que, ¿a quién le importa la “santafesinidad”?

Resulta que un mal burócrata decidió que las vivencias, testimonios, documentos, en fin, de varios años de vida política, social y cultural de Santa Fe eran basura. Merecían el destino de un contenedor.

Dentro de algunas décadas, a alguien le interesará saber por qué somos como somos. Y no tendrá parte de esta “primera versión de la historia”. Porque el periodismo también hace parte del trabajo del historiador. Construye el presente y al hacerlo deja huellas para interpretar el pasado, y por tanto, reinventar el futuro. No será posible en Santa Fe y su televisión durante varios años.

¿Nueva o vieja actitud?

¿A quién le importa, en realidad, la “santafesinidad”?

Me apasiono con lo que se decía y escribía hace más de un siglo; estoy segura de que nos atraviesa la misma violencia discursiva que chorreaba en las páginas de nuestras primeras décadas de santafesinos. Eso nos constituyó. Aquellas familias dominaron nuestro pasado y forjaron para mal, para bien, lo que hoy somos. Y el periodismo fue el portavoz de las disputas del poder, y en pocas ocasiones, del resto de los sectores sociales. Nada nuevo bajo el sol, pero hay que decirlo con todas las letras: No nacimos de un repollo; ni los santafesinos, ni los periodistas, lo puedo asegurar.

Hace no muchos años, cualquier curioso que quería enterarse de alguna de estas cosas corría el riesgo de que un pedazo de papel se le deshiciera en las manos. Hoy muchos diarios del siglo XIX y parte del XX están microfilmados, por suerte. Pero cientos de hojas que produjeron ciudadanos santafesinos (sí, santafesinos) no pueden consultarse: se perdieron, se quemaron, tal vez se tiraron a la basura y también fueron adquiridas a particulares por la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Obvio, no hay copia de ellos en Santa Fe, pese a los recursos tecnológicos disponibles hoy.

Sin embargo, una legislatura hizo el intento de salvar nuestro patrimonio documental. Se dictó la ley 5516/61; en su artículo 15º dice: “Los propietarios, editores, empresarios o agentes de los periódicos, diarios y revistas, que se publiquen, o circulen en la Provincia, harán llegar al Archivo General dos ejemplares de cada número, suplemento o separata que apareciere. La inobservancia de esta disposición constituirá ocultamiento”. No existía aún la televisión local, pero podría extenderse la aplicación de la ley. Y de todos modos, jamás se cumplió. ¿O alguien cree que existe una colección de El Litoral además de la que posee el propio diario? Recuerdo que hace un tiempo, con una inocencia total, le pregunté a una empleada de la hemeroteca sobre este artículo. Me miró horrorizada: “¿a dónde los vamos a poner?”, me respondió.

¿A quién le importa la “santafesinidad”?

No es necesario irse muy lejos.

Tengo a la vista varios recortes periodísticos del diario La Provincia, de mayo de 1998: se habían tirado a la basura, frente a la Universidad Nacional del Litoral, documentos del desaparecido Instituto de Cinematografía que fundara Fernando Birri. Antes, se había arrojado hacia el mismo lugar el archivo de la película “Tire Dié”. Y además, unas dos mil fichas de estudiantes que pasaron por sus facultades desde fines de los 60 hasta 1976. El revuelo que armó en ese momento la entonces promesa del periodismo santafesino Pablo Benito, provocaron la recuperación de los documentos, la disculpa del entonces rector Hugo Storero y su puesta en custodia en ADUL.

¿A quién le importa, en realidad, la “santafesinidad”?

Si hasta el Gen Argentino, con lo discutible que puede ser como método para buscar una identidad nacional, provoca apenas una hilarante encuesta en una “sesuda” búsqueda de la “santafesinidad” que ni siquiera se atreve a bucear profundo, en nuestras raíces, en los que nos hicieron, para bien o para mal, santafesinos. ¿Quiénes nos definen? ¿Un grupo musical o un grupo cómico? ¿Un sacerdote o un político? ¿Un boxeador asesino o un corredor de autos inundador? Claro que preguntarse quiénes nos definen o quiénes forjaron nuestra identidad no podrían ser ni Nicasio Oroño ni Simón de Iriondo, por elegir a dos contemporáneos sobre los que sería interesantísimo entablar un debate en serio. Pero sería demasiado trabajo ponerse a pensar que el primero fue mucho más que una calle que corre en diagonal, de suroeste a noreste, y que el segundo hizo más que ser otra calle que va de sur a norte. ¿A quién podría importarle cómo forjaron nuestra identidad? “La gente quiere otra cosa”, estúpida.

“No vale la pena investigar un poco para ver si la verdad de la sociedad establecida debe seguir repitiéndose; investigar es dudar y eso es para ratas de biblioteca o para tímidos espirituales pero no para gente de éxito, para triunfadores rápidos” (Osvaldo Bayer: Severino Di Giovanni, El idealista de la violencia).

Está claro, ya no es necesario buscar más. La “santafesinidad” está definida. Y está al palo.

TELEVISIÓN A LA BASURA

Directivos de Multicanal arrojaron a un contenedor un importante archivo de imágenes de la televisión local. La decisión fue tomada en el marco de las refacciones que se vienen ejecutando en el edificio de calle San Luís y Santiago del Estero. La empresa del grupo Clarín se encuentra embarcada en un proceso de fusión con Cablevisión. De esta manera surgirá un nuevo operador que tendrá una posición dominante en el sector de la televisión por cable.

Las cajas se fueron llenando con cientos de videocasetes a lo largo de 15 años. En ellas quedaron guardadas las imágenes de numerosos programas de televisión que se emitieron desde los estudios originarios de Cablevideo ubicados en la intersección de calle San Luís y Santiago del Estero. Este importante archivo de imágenes de la ciudad logró sobrevivir múltiples avatares. Hubo cambios empresarios, conflictos laborales, remodelaciones e incontables transformaciones en la empresa fundada por Ángel Malvicino. Nadie sabe con certeza cuantas horas de programación se acumularon en esas cintas. Cuantas historias, cuantas personajes, cuantos testimonios de una Santa Fe que también se fue transformando.

Nadie lo podrá saber.

La semana pasada un directivo de Multicanal resolvió que esas cajas estorbaban y ordenó que las tiraran a la basura. En pocos minutos una impresionante cantidad de videocasetes de variados formatos fue arrojada a un contenedor contratado por la empresa que lleva adelante los trabajos de refacción en el edificio de San Luís y Santiago del Estero.

Algunas voces advirtieron sobre el perjuicio que acarrearía esta irracional decisión, pero nada se pudo hacer. En pocos minutos una porción importante de la producción televisiva local desapareció por orden de un burócrata privado.

El desprecio por el trabajo de técnicos, periodistas y productores santafesinos anticipa tiempos difíciles para la televisión local. El 28 de septiembre del año pasado Multicanal y CableVisión anunciaron su integración para conformar la primera red nacional de video y banda ancha. La operación fue descripta como una de las más importantes realizadas en el sector de las comunicaciones con el objetivo de “competir en el mercado global de distribución y producción de contenidos televisivos”.

A través de un complejo mecanismo de canjes de activos y participaciones societarias, el Grupo Clarín y el fondo de inversión norteamericano Fintech Advisory, asumieron el control de CableVisión y Multicanal. Con esta operación, el nuevo operador logra una participación del 67 por ciento del mercado de televisión por cable de la Argentina, alcanzando una clara posición dominante dentro del sector.

En el caso de Santa Fe, el proceso de fusión comenzó con el desmantelamiento de los estudios que CableVisión posee en Urquiza al 2800, para trasladarlos en el corto plazo, al edificio de San Luís y Santiago del Estero. La movida ha creado incertidumbre entre los trabajadores de ambas empresas y presagia crecientes dificultades para la producción de contenidos locales de televisión.

miércoles, septiembre 12

LA CORTE VISITA LA CÁRCEL

Los presos se quejan de la lentitud de la justicia, y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, decide visitar a los reclusos y amonestar a los jueces que no retardan sus sentencias. Santa Fe año verde…

Las constantes quejas por la lentitud de la justicia, tienen larga historia en la ciudad. En 1915, tras una acordada del entonces Superior Tribunal de Justicia, su presidente, vocales y el fiscal se trasladaron a la cárcel pública, junto a los señores jueces de instrucción, los en lo civil de la primera, segunda y tercera nominación, los señores agentes fiscales y los defensores de pobres e incapaces.

No puedo evitar la tentación de imaginar a nuestra Corte actual (con o sin Daniel Erbetta) caminando por los mugrientos pasillos de cualquiera de las cárceles provinciales. Y no puedo. Es un esfuerzo de imaginación demasiado grande.

Pero en aquel tiempo, ya en la cárcel, se llamó a los presos y se les informó a cada uno de ellos sobre el estado de sus causas y también se los interrogó acerca del tratamiento que se les daba.

“La mayoría de los recluidos expresó al tribunal su queja por insuficiencia y mala calidad del racionamiento como así mismo de la distribución que de él se hacía, expresando también que los cocineros les vendía a los que podían adquirirla, carne sacada del mismo racionamiento”, es la denuncia que trajeron consigo los magistrados.

Además, se comprobó que había muchas quejas por parte de los procesados, contra el juez del crimen de esta circunscripción porque se expedía “con retardo pronunciado en las causas que se tramitan ante él, siendo muchos expedientes que se encuentran a fallo desde hace más de un año, sin que pueda servir de excusa el recargo en el despacho”, señalaba la resolución de la Corte.

Tomado en cuenta todo esto, el Superior Tribunal acordó señalarle al Poder Ejecutivo las quejas recibidas de carácter administrativo para que tomara las medidas que correspondieran y apercibir seriamente al juez del crimen “recomendándole preste más atención en el cumplimiento de sus deberes”. Además, se le dio a este juez un mes de plazo para que dictara fallo en nueve juicios que estaban durmiendo desde 1913.

¡Impresionante despliegue por “sólo” dos años de retraso!

jueves, septiembre 6

ATAQUE A PERIODISTA DE VERA

Militantes del Frente para la Victoria agredieron con golpes de puño al periodista Hugo Walter de FM Libertad. Hace pocos días el local de esta emisora fue dañado por el estallido de un artefacto explosivo. El hecho es una alarmante demostración del clima de intolerancia política que se vive en esta ciudad del norte provincial.

El periodista de la ciudad de Vera, Hugo Walter, fue agredido a golpes de puño por tres militantes del Frente para la Victoria. El hecho se produjo este miércoles al mediodía frente a las oficinas del Registro de la Propiedad en esta ciudad del norte santafesino.

Según relató Walter a Fuera de Foco, luego de terminar su programa en FM Libertad se dirigió hasta el Registro de la Propiedad para dialogar con su titular. Cuando salia de esta dependencia con la intención de abordar un remis para dirigirse a su casa, una persona le cortó el paso mientras otras dos lo sujetaban por la espalda y sin mediar palabra le propinaron dos puñetazos en el rostro causándole una herida en el labio. Frente a la agresión algunas de las personas presentes se interpusieron y llamaron a la policía local.

Al momento de presentar la correspondiente denuncia en la comisaría, el conductor del programa “Las voces, todas”, identificó a sus agresores como militantes del Frente para la Victoria de la ciudad de Vera, que en las pasadas elecciones apoyaron la candidatura a intendente de Héctor Tregnaghi.

Para el periodista, “este ataque es una represalia por una información que difundimos en el programa sobre un juicio que OSPRERA (obra social de los trabajadores rurales) entabló contra el frigorífico de Tregnaghi por retención de aportes patronales”.

“Cuando revelamos este juicio y hablamos al aire con el abogado de la obra social comenzaron las amenazas telefónicas y por mensajes de texto. Pero lo más grave fue el atentado contra la radio el sábado pasado. Rompieron todos los vidrios con una bomba casera”, prosiguió Walter.

En las elecciones del 2 de septiembre, el actual intendente de Vera, Raúl Seco Encina derrotó al candidato del Frente para la Victoria, Héctor Tregnaghi, por una diferencia de 210 votos. Ambos contendientes cruzaron denuncias y agravios a lo largo de toda la campaña electoral, creando un clima de intolerancia política y beligerancia, que se mantiene latente luego de los comicios.

PUBLICIDAD OFICIAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Corte Suprema condenó hoy a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó al gobierno a que presente un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio. El fallo es un importante precedente para una discusión impostergable en todas las provincias.

Lea el fallo completo

En un fallo que sienta importantes estándares para la protección de la libertad de expresión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó hoy a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó al gobierno a que presente en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un “amicus curiae” en respaldo del amparo presentado ante la Corte Suprema (se trata de una presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial por parte de terceros ajenos a esa disputa, que intervienen en temas de reconocido interés público) y también es co-peticionaria en el caso que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, la entidad celebra la sentencia, e insta a trabajar en pos de leyes que reduzcan la discrecionalidad y otorguen transparencia y control al manejo de los fondos públicos en materia de pauta estatal.

Antecedentes

El gobierno de Neuquén retiró la publicidad del diario Río Negro en el año 2002, luego de la cobertura de una denuncia de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos y al gobernador Jorge Sobisch. El voto de la mayoría de los jueces de la Corte, integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, sostiene que el comportamiento del gobierno provincial “configura un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa”.

En este sentido, el fallo remarca que el Gobierno “debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que lleguen indirectamente a ese resultado”. Para acreditar este hecho, sostienen los jueces, no es necesario que exista “la asfixia económica o el quiebre del diario”.

Los jueces que integraron la mayoría del tribunal tuvieron por acreditado que el Gobierno de Neuquén redujo sustancialmente y luego suprimió la publicidad en el diario Río Negro, como consecuencia de la cobertura crítica; y la volvió a otorgar después de promovida la demanda.

Siguiendo los lineamientos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los jueces asumen que “no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial”, pero sí existe un derecho “contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”.

Esto significa que el Estado podría optar por “dar o no publicidad”. Pero de hacerlo, continúa el fallo, debe cumplir con dos criterios constitucionales. En primer lugar, “no puede manipular la publicidad, dándola o retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”. De acuerdo a la Relatoría los criterios deben ser “neutros en relación con los puntos de vista del medio”. En segundo lugar, el Estado no puede valerse de la pauta “como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”.

Finalmente, el fallo considera que el Gobierno incurrió en un “ejercicio irrazonable” de facultades discrecionales ya que el gobierno neuquino no acreditó una causa justificada para la interrupción de la publicidad. Los jueces de la mayoría afirman que en casos como éste, donde está en juego la afectación de derechos fundamentales, es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen su decisión de negarla.
Los jueces Enrique Petracchi, Carmen Argibay (en una decisión conjunta) y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia por el rechazo de la demanda.

Hacia una necesaria regulación legal de la publicidad

El fallo condena a la provincia de Neuquén a que en el futuro asigne la publicidad de un modo compatible con la libertad de expresión, y le dio un plazo de 30 días para que presente un esquema de distribución de publicidad que esté conforme con los principios expuestos en el fallo.

En su voto individual, que coincide con el de la mayoría en la parte resolutiva, el juez Fayt destacó que el accionar del gobierno neuquino fue posible por la “inexistencia de normas que establezcan criterios de selección”.

A través de un comunicado, la ADC considera que establecer leyes que regulen la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos. Establecer esas reglas no es una tarea sencilla, pero ellas deben estar regidas por principios tales como la transparencia, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad de controlar a quienes toman la decisión de colocar la publicidad que se compra con dinero público.

Una discusión seria sobre el manejo de la pauta estatal –que esperamos este fallo fortalezca- estaría en sintonía con lo que sucede en distintos países del mundo, donde se ha tomado conciencia del grave problema que puede representar la asignación o el retiro arbitrario de publicidad oficial para la libertad de expresión.

Vale la pena agregar que las presiones ejercidas mediante la distribución de la publicidad oficial no sólo afectan el derecho a la libertad de expresión de los medios que resultan “castigados” por su línea editorial. También tienen fuertes efectos inhibitorios que impactan directamente sobre la calidad del debate público y vulneran el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos. Estos efectos inhibitorios son especialmente fuertes en países como el nuestro, donde muchos medios de comunicación dependen en gran medida de la publicidad oficial para su supervivencia financiera.

RADIODIFUSIÓN: “LA LEY FUE TANTAS VECES EMPARCHADA POR LA DEMOCRACIA QUE YA NO ES DE LA DICTADURA”

Para el interventor del COMFER – Julio Bárbaro – el reemplazo de la ley de radiodifusión no soluciona nada. Opina que algunos de sus aspectos más nocivos fueron introducidos en los 90.

Publicado en www.eter.com.ar

Julio Bárbaro, interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), está convencido de que la modificación de la Ley Federal de Radiodifusión (22.285), decretada durante la última dictadura militar, no es determinante para democratizar el mundo de la radio y la televisión argentinas.

"Depositamos en la ley la utopía que no somos capaces de forjar en la realidad", señaló a Radioeter en una entrevista realizada para la transmisión especial de 5 horas por el 87º aniversario de la radio en el país.

Bárbaro consideró que "en algún momento, lentamente, el Estado tiene que entrar a decomisar y decomisar" para excluir del dial a las radios sin licencia. "La sociedad tiene derecho a escuchar bien", argumenta.

En tren de balance, resalta como logro de su gestión la entrega de 3.200 licencias a radiodifusores de pequeñas localidades del interior. Lo que sigue son los pasajes más destacados de esa charla.

La consumación de un proyecto

"Piden una ley nueva, pero, si vos les preguntás qué le pondrían a la nueva ley, no saben. Pero quieren una nueva ley. El otro día, le dije a un grupo de periodistas: 'Denme puntos que incorporarían a la ley'. Se hizo un silencio sepulcral porque no había tantos puntos. La ley vieja ha sido tantas veces emparchada por la democracia que ya no es de la dictadura. Porque vos la emparchaste, la acomodaste".

"Todos dicen que la ley vigente tiene su origen en la dictadura, como la aviación en España tiene su origen en el franquismo", compara. Y destaca que algunos de los aspectos más nocivos de la norma vigente no estaban presentes en la redacción original sino que fueron introducidos en la década del 90. "La separación entre la telefonía y la radio se da en la época de la dictadura", ejemplifica, en referencia a la prohibición de que las grandes empresas de telecomunicaciones puedan operar servicios de radiodifusión.

"Hicieron una ley atroz, como todo lo que hizo la dictadura, pero casi no tan atroz como lo que hicieron Menem y Cavallo. El nivel de delincuencia de Menem y Cavallo debe estar a la par. Le hicieron modificaciones más capitalistas. Por ejemplo, esa ley no permitía que los extranjeros compren radios argentinas. Menem y Cavallo hicieron un acuerdo con Estados Unidos en el que, para más datos, los Estados Unidos podían comprar radios acá y nosotros no allá (como si tuviéramos plata para comprarlas). Es como si vos hubieras hecho un acuerdo con Cassius Clay en donde él te pudiera pegar y vos no a él."

En este sentido, Bárbaro considera que la mayor obsolescencia de la ley no está en su origen dictatorial sino en el desfase tecnológico que se produjo entre su dictado y la actualidad. "A veces la tecnología altera las normas -señala- y esa ley esta hecha antes del cable, antes de que alguien se imaginara que existiera el cable. Está hecha para que haya una sola televisión por lugar, no dos, para no destruir el mercado; con una idea de que había un canal de televisión en cada lado y cuatro en Capital Federal; donde la televisión no tenía una vigencia como la que hoy tiene. Es como si se hubiera hecho una ley para el teléfono antes de que nadie hubiera visto un celular".

Sin embargo, no cree que en el contexto actual se vaya a sancionar una nueva ley en el corto plazo. "Las leyes son a veces gestoras de un proyecto o la consumación del mismo -sostiene-. Yo creo que en este caso va a ser la consumación. He ido a Diputados y al Senado y no he encontrado diferencias profundas con los socialistas, con el ARI, con los conservadores, en cuanto a la concepción. Un grupo grande, Clarín, no es Berlusconi, no es un monopolio. Tiene un canal, pero los otros están en otras manos. No es lo que es Carlos Slim [multimillonario mexicano, considerado el hombre más rico del mundo; es dueño, entre otras empresas, de la gigante de las telecomunicaciones Telmex]. Tenemos diversidad absoluta de opiniones. Tenemos un pluralismo y una libertad total. No hay quejas. Yo voy recorriendo el país y te puedo asegurar que no hay broncas grandes en este caso. Casi no hay broncas."

"Más democracia que esa no hay"

En agosto de 2005, el Congreso modificó el restrictivo artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que inhabilitaba a las sociedades sin fines de lucro a tener una radio o un canal de televisión. La medida puso fin a un largo cuarto de siglo en el que estuvieron excluidas miles de cooperativas, asociaciones civiles y religiosas, sindicatos, etcétera.

"Eso fue importante -opina Julio Bárbaro- porque ahora las radios comunitarias existen y existen otros sistemas de radio que no son comerciales. Pero lo más importante para mí, para lo que no tuve que modificar ninguna ley, fue decirle a todos los argentinos que donde hay espectro hay derecho. Quiero decir, donde no hay conflicto, cantidades de emisoras una arriba de otra, yo le doy la radio. Se presentaron 3.250 oferentes y les entregamos a 3.200 personas su derecho a una FM chica en el interior: Chaco, Catamarca, La Rioja... Donde no están las ciudades y no hay concentración, yo te autorizo. ¿Qué gasto tiene? Mil pesos en diez cuotas de cien pesos. Me parece que más democracia que esa no hay."

"Yo he hecho todo por la radio chica. Yo legalicé 3.200. Batí el record absoluto. Nadie puede decir que llegó al 10 por ciento", destaca. En este marco, no obstante, considera que "hay una cuestión esencial: aceptar que el espectro es limitado".

El funcionario apela a una anécdota: "En Resistencia me volvió loco un pibe que quería una radio. Yo le contesté: 'Flaco, entendé una cosa: no todos tienen derecho a tener radios; no hay posibilidad'. Si vos me decís 'yo quiero tener un helicóptero' - '¡Qué lindo! ¿Y? Yo quiero ir a la luna'. Me parece que hay una idea de madurez de la sociedad de decir 'el espectro es limitado'. Yo les he dicho esto un montón de veces: si los ilegales de todas las provincias se ponen de acuerdo y, en un lugar en donde entran nueve radios, los eligen ellos, yo, Estado, no elijo ninguno. Dejo que lo elijan ellos. Esa es mi demostración de la libertad de prensa. Ahora, veinte no. Hay nueve lugares."

Bárbaro asegura que el mismo planteo les hizo a las AM que transmiten sin licencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según determinaron los organismos técnicos, allí entrarían apenas once de ellas. "Bueno, elijan a los once y póngalos", relata el titular del Comfer que les ofreció. "Pero hay 103 -completa- ¿Con las demás qué hacés? Hay una realidad que es clara: en algún momento, lentamente, el Estado tiene que entrar a decomisar y decomisar. Si no, decomisa la justicia. La sociedad tiene derecho a escuchar bien, más derecho del que tiene un tipo de poner una radio arriba de otra."

"Vos tenés una radio legal y te tapa el ilegal. Te tapa el pastor, te tapa el bailantero, te tapa el ilegal y el ilegal te dice que es revolucionario. Porque todo lo ilegal es revolucionario, tiene una justificación", dispara.

La vocación, el Nobel e internet

"No hay tantas radios como vocaciones porque no hay tantos premios Nobel como novelas que se escriben. ¿Qué le vas a hacer?", compara. "En ningún país se le ocurre a nadie que cada vocación es una radio. Lo que se hace es tener grandes radios donde se meten veinte vocaciones, pero no una vocación por radio. Eso es resultado, sin duda, de que la ley menemista se hizo para que arriba lo concentraran y abajo lo idearan. Entre el gran imperio del supermercado y el cartonero no había nadie. Para Menem y Cavallo eso es lo ideal, esa es la sociedad de ellos desde que están tratando de imponerse en el sur de América latina."

Por ello, según el interventor, la radio web va a ser lo que permita a todo el que quiera instalar su propia radio. "La idea de que todos tienen derecho a tener una radio -señala- ahora internet la va a permitir. Pero que vayan a internet, en el espectro no pueden".

Para Bárbaro, hay además dos argumentos económicos que hacen que el Estado no pueda otorgar licencias a grupos con poco caudal económico. Por un lado, advierte que la torta publicitaria es limitada. Por el otro, que el costo de mantenimiento no está al alcance de cualquiera. "Sostener una radio no es para todos", resume, y ejemplifica: "Salvo las dos o tres radios grandes, el resto del mercado son radios que se pagaron siete millones de dólares y no se pueden vender ni en tres, se terminan vendiendo en dos. Gente del nivel de Tinelli adquiere una radio y le es difícil sostenerla, pierde plata. Si el gobierno hubiera decidido reformular la distribución de licencias, hubiera sido un intento de exagerado costo político y de muy pequeño logro concreto", concluye.

Entrevista: Lucas Vadura
Redacción: Lucas Petersen
Desgrabación: Laura Macchi

lunes, septiembre 3

HISTÓRICOS TIEMPOS DE CAMBIO

Es histórico: Santa Fe le da al país la primera experiencia socialista al mando de una provincia. Somos pioneros, una vez más. A través de las urnas, el radicalismo llegó a la gobernación por primera vez en esta provincia. Tiempos de cambio con historia, justificaciones y pedidos de tribunales para juzgar al pueblo que “había votado mal”.

El año 2007 quedará en la historia. Veremos después si lo que sigue al 2 de setiembre también queda en la historia, y en todo caso, si es con signo positivo o negativo.

Lo cierto es que esta provincia le brinda al país la primera gobernación comandada por un socialista. Y en esto de primeras experiencias inéditas, Santa Fe es pionera.

Corrían los difíciles años del post Centenario. El presidente Roque Sáenz Peña sancionaba la ley que intentaba acallar las intentonas revolucionarias del radicalismo, en el que Santa Fe había tenido gran protagonismo.

La mística del Partido Radical construida trabajosamente tras 20 años de debate, denuncias, revoluciones y abstenciones estaba en su punto justo para ser puesta a prueba. En 1912, rencillas en el partido gobernante arrastraban a la destitución al “patricio” Ignacio Crespo, quien, traumáticamente y después de una intervención nacional, daba paso a un representante de la “nueva Argentina”: el radical Manuel Menchaca.

Se convertía Santa Fe en el banco de pruebas de las promesas presidenciales de finalizar con la corrupción electoral. Es un error muy común entre los aficionados a la historia sindicar a estos comicios como los primeros realizados bajo el imperio de la Ley Sáenz Peña. Sin embargo, sólo una de ellas, la relativa al padrón, rigió estas elecciones santafesinas (*). De todos modos, la provincia ya tenía una ley que hacía del voto una cuestión individual y secreta.

Está dicho: 1912 fue un año histórico.

Además del radicalismo, otros dos partidos disputaban la gobernación, la Coalición y el Partido Constitucional. Ambos, eran los representantes típicos de la aristocracia que había gobernado la provincia desde siempre, con rasgos más o menos “evolucionistas” (evolución versus revolución era la batalla discursiva de entonces en los órganos periodísticos de cada uno de los sectores).

Cuando la fórmula radical Manuel Menchaca-Ricardo Caballero ganó la gobernación de Santa Fe, “ardió Troya” para el diario más conservador de nuestra ciudad, Nueva Época. El periódico apoyaba al Partido Constitucional, si se quiere un poco más “evolucionista” que la Coalición.

Pero el pueblo no le dio ningún voto en el Colegio Electoral. Aún nadie se atrevió, con la victoria del socialismo, a recriminar a los votantes su elección. Pero es notable cómo Nueva Época increpa al pueblo la decisión de llevar al radicalismo al poder. Dice textualmente: “¿Cuál es la psicología de los pueblos que así abandonan a los hombres que representando una tendencia de opinión se han solidarizado con sus ideales y los han hecho prácticos y abonan con su vida pública la seguridad de sus compromisos? ¿Cuál es la conciencia colectiva de los pueblos, cuál la orientación que sigue en sus decisiones, qué concepto de sus conveniencias tienen adquirido?”

“El cuerpo electoral olvidó por esas eternas veleidades que sufren las muchedumbres sus fallos caprichosos a los hombres que encarnan su espíritu y sus aspiraciones. Los olvidó con notoria ingratitud”.

La recriminación a ese pueblo que dio la espalda a los supuestos progresos y a la supuesta abnegación de los patricios santafesinos termina así: “Si esta es la justicia del pueblo, convengamos en que si existieran tribunales de apelación para ir contra tales fallos, nunca como en el caso presente podría iniciarse con abundante prueba la demanda”.

(*)Cecchini de Dallo, Ana María. Santa Fe. La elección provincial de 1912. Su importancia como coyuntura política. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Nº 57, 1987-1991. Santa Fe.