QUE DEVUELVAN LA PLATA

La Cámara de Diputados restituyó la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE le cobra a sus usuarios y transfiere mensualmente a municipios y comunas. Este tributo fue derogado en diciembre de 2006, pero se siguió cobrando igual, a pesar de carecer de respaldo legal. Recientemente, la Fundación Derecho Social reclamó la devolución de 70 millones de pesos retenidos de manera ilegal a los clientes de la distribuidora eléctrica santafesina.

En la última sesión de la Cámara de Diputados – luego del cuarto intermedio acordado tras el maratónico debate por la fallida reforma tributaria – se aprobó de manera definitiva la modificación del artículo 2º de la Ley Nº 12.700 que restituye la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE abona mensualmente a los municipios y comunas de la provincia.

Este tributo equivale al 6% de la facturación bruta de la EPE y es pagado por todos los usuarios de la empresa. Aparece discriminado en la facturación y esta vigente desde el año 1975. Por este concepto en el año 2008 se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas de la provincia, y para el caso de la ciudad de Santa Fe, significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal del presente ejercicio. Desde la perspectiva de un cliente de la distribuidora eléctrica santafesina, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.

Lo curioso es que por un inexplicable olvido parlamentario, la ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006, y a pesar de carecer de respaldo legal, la alícuota del 6% se siguió aplicando igual. Esta situación se prolongó durante los últimos 21 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999.

Cuando 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la EPE, diputados y senadores se olvidaron de incluir en el proyecto la restitución de este canon que data de los tiempos del siempre mentado Carlos Silvestre Begnis.

Recién este año, la Cámara de Diputados comenzó a corregir la desprolijidad, dándole media sanción a una iniciativa presentada por los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, que proponía la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada en diciembre de 2006. El proyecto pasó el filtro Cámara de Senadores y la semana pasada se convirtió en ley.

El problema que no puede ser pasado por alto, es que durante los últimos 21 meses los usuarios de la EPE sufrieron el descuento de un canon que no tenía sustento legal, por un monto cercano a los 70 millones de pesos.

Por este motivo, la Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe, presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta por el uso del espacio aéreo, exigiendo que lo recaudado por ese concepto sea reintegrado a los usuarios.

“La EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11.727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal. Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente”, sostiene en la presentación del 13 de agosto pasado, el abogado Domingo Rondina, presidente de la FDS.

“Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso”, advierte el escrito que aún aguarda respuesta.

UN OLVIDO QUE VALE MILLONES

Desde el año 1975 los municipios y comunas de Santa Fe reciben el 6% de la facturación bruta de la EPE por el uso del espacio aéreo. Este monto es pagado por los usuarios y aparece discriminado en la facturación. La ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006. Pese a carecer de respaldo legal la alícuota se siguió aplicando. El gobierno busca restituir la vigencia de este tributo que en 2008 recaudará 36 millones de pesos. ¿Podrán los usuarios exigir la devolución de este dinero cobrado sin autorización?

Si usted busca el comprobante del último pagó que le hizo a la Empresa Provincial de Energía, encontrará que en el recuadro correspondiente al “Detalle de Facturación” aparece discriminado un rubro que se denomina “Ley Nº 7797 (6,00 % del Básico)”, correspondiente al canon que los municipios y comunas de la provincia reciben de la distribuidora eléctrica por el uso del espacio aéreo.

Este componente de la tarifa de la EPE fue instaurado en 1975, a partir de la Ley Nº 7.797, que en su artículo primero establece que se “abonará a aquellas Municipalidades y Comunas donde preste servicios por concesión de los mismos, el 6% (seis por ciento) de lo que se recaude por entradas brutas por venta de energía eléctrica”, excluyendo del cálculo al alumbrado público y los consumos de los organismos del estado.

De acuerdo al Presupuesto 2008 de la EPE, por este concepto se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas durante el presente ejercicio, que para el caso de la ciudad de Santa Fe significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal. Visto desde la perspectiva de un usuario, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.

El detalle que ha pasado desapercibido, es que la ley que autoriza el cobro de este componente de la tarifa eléctrica fue derogada en diciembre de 2006. Desde esa fecha a la actualidad, los usuarios de la EPE siguen pagando un adicional del 6% sobre el consumo básico que carece de respaldo legal.

Esta situación se prolongó durante los últimos 20 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999. El 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la distribuidora eléctrica santafesina. La iniciativa fue impulsada por el diputado reutemista Danilo Kilibarda, que para desgracia de municipios, comunas y usuarios, se olvidó de incluir en el proyecto la restitución de la vigencia de la Ley Nº 7.797 aprobada en los tiempos de Carlos Silvestre Begnis.

Recién la semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de ley que intenta corregir esta desprolijidad que le costó millones de pesos a los usuarios santafesinos. Con la firma de los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, se aprobó la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada por descuido en diciembre de 2006. Ahora resta la aprobación de la Cámara de Senadores para restituir la legalidad del adicional del 6%. Mientras esto sucede conviene detenerse en otro sector de la factura de la EPE.

En el recuadro denominado “Información Complementaria” se puede leer: "Usted tiene

derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240”, más conocida como ley de Defensa del Consumidor. En la sesión del último jueves, ningún diputado precisó, si el cobro del 6% se debe seguir efectuando o si los montos abonados por los usuarios desde diciembre de 2006 a la fecha pueden ser reclamados.

LOS PROYECTOS DEL MUDO

A lo largo de las sesiones legislativas del año 2007 el senador nacional Carlos Reutemann pronunció solo dos palabras. Ninguno de los proyectos presentados por el representante de los santafesinos fue debatido en el recinto. Te contamos de qué se tratan. No vale reírse.

Un estudio de la revista El Parlamentario contabilizó la cantidad de palabras pronunciadas durante las sesiones del Senado de la Nación en el año legislativo 2007. Entre los más locuaces estuvo el senador socialista Rubén Giustiniani que utilizó 24.938 vocablos a lo largo del año. En el extremo opuesto de la tabla se ubicó la representante justicialista Roxana Latorre que abrió la boca para pronunciar 47 palabras. El caso de Carlos Reutemann es más sorprendente, apenas participó en los debates para decir “Afirmativo” en dos oportunidades.

Al tope de este curioso ranking de parlanchines y mudos aparece el senador radical Gerardo Morales, con 42.205 palabras en su haber, seguido de cerca por Jorge Capitanich con 36.486 palabras pronunciadas. Para consuelo del justicialismo santafesino hubo cinco senadores que no emitieron palabra alguna a lo largo del año, y otros nueve, igual que Carlos Reutemann, solo hablaron en dos ocasiones

El año pasado el ex gobernador santafesino tampoco habló demasiado. Solo pidió la palabra en una oportunidad para referirse al conflicto con Uruguay en su condición de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta única intervención le alcanzó para figurar en el puesto 50° del ranking de palabras de la revista El Parlamentario.

Pero tratándose de un ex gobernador que ostenta el privilegio de ser considerado el “máximo elector” dentro de la interna partidaria, el caso de Carlos Reutemann, merece un abordaje más profundo.

Quienes conocen de cerca la actividad parlamentaria saben que los discursos legislativos están motivados por factores, tales como: situaciones políticas coyunturales, fundamentación del voto, toma de posición en los debates, argumentación de proyectos propios, o simplemente necesidad de figuración. Las dos palabras pronunciadas a lo largo de 2007 indicarían que el senador por Santa Fe solo tuvo necesidad de expresarse cuando las votaciones en el recinto fueron de carácter nominal, en el resto de las ocasiones su voluntad pudo manifestarse con el brazo levantando o un movimiento de cabeza.

Descartadas las motivaciones políticas o personales a la hora de hacer uso de la palabra es necesario preguntarse: ¿Que pasó con sus proyectos?

Según el sitio en Internet del Senado de la Nación Argentina (www.senado.gov.ar) el senador Carlos Reutemann presentó a lo largo de 2007 más de cien iniciativas legislativas. La mayoría corresponde a Proyectos de Declaración (97) en donde el legislador manifiesta su beneplácito, agradecimiento, reconocimiento o felicitaciones, a personajes o actividades de distinto tipo.

Solo por mencionar algunos ejemplos, Carlos Reutemann se acordó del aniversario de numerosos establecimientos escolares e instituciones de la provincia. También felicitó a los periodistas y medios de comunicación que recibieron nominaciones o premios durante el 2007. Declaró su satisfacción por el 400º aniversario de la llegada de los Jesuitas a la provincia. Apoyó la realización de dos seminarios sobre derechos humanos. Condenó la agresión sufrida por Alicia Kirchner en Rió Gallegos. Agradeció las gestiones del Rey de España en el conflicto con Uruguay. Y felicitó a dos investigadoras rosarinas por sus logros en el área de la…Psicolinguística.

El senador santafesino también presentó algunos Proyectos de Comunicación (5), entre los cuales podemos mencionar: prioridad a los frigoríficos de capitales nacionales en la distribución de la cuota Milton; pedido de informes sobre comisiones aplicadas en tarjetas crédito o débito; emergencia agropecuaria para los departamentos Vera y 9 de Julio; asistencia para comunas y municipios inundados; y solicitud para que se profundicen las campañas de prevención contra el SIDA.

Pero Carlos Reutemann también se hizo tiempo para elaborar algunos Proyectos de Ley (6) que constituyen una muestra interesante de sus prioridades legislativas. En uno de ellos evidencia que mantiene intactos sus reflejos políticos. El 29 de marzo de 2007 propuso declarar zona de desastre y emergencia a los sectores de la provincia afectados por la lluvia y el granizo. Superada esta instancia, el 20 de abril de 2007 impulsó la creación de juzgados y vocalías de cámara federales para Rosario y Santa Fe. Finalmente, el 6 de septiembre de 2007, el senador nacional sintió la necesidad de regular el ejercicio de la profesión de los graduados en museología en la República Argentina.

MUDOS Y PARLANCHINES

Rubén Giustiniani está en el top five: dijo casi 25 mil palabras en las sesiones del Senado en el año legislativo 2007. El justicialismo brilló por su ausencia: Roxana Iratí Latorre abrió la boca para pronunciar 47 palabras y quedó al fondo de tabla, en el puesto 60. Carlos Alberto Reutemann apenas participó en el Senado de la Nación para decir “Afirmativo” en dos oportunidades. La performance de los representantes de los ciudadanos santafesinos en la cámara alta. Fuente: El Parlamentario.

Suma de palabras

Este año se invirtieron los tantos. Así como en 2006, el senador que más habló en el recinto fue el chaqueño Jorge Capitanich y el segundo Gerardo Morales, en 2007 el orden se dio vuelta. Así es que el senador radical jujeño resultó ser el que más habló a lo largo de 2007 en el Senado, aunque con la mitad de palabras que el año pasado.

Lo cual no es un dato menor. Hablamos de la cantidad de palabras emitidas en uno y otro año, detalle que no hace más que graficar nuevamente que 2007 fue sustancialmente menos productivo que 2006 en materia de sesiones. Así resulta que el senador Morales fue quien más habló a lo largo del año, con 42.205 palabras emitidas, mientras que el año pasado él mismo había expresado 96.941 palabras.

El más hablador de 2006 había sido el hoy gobernador del Chaco, con 98.702 palabras. Esto es: casi una vez y media más de palabras que quien más habló en la última medición.

Otro detalle no menor es la cantidad de senadores que no hablaron en 2006: sólo dos. El último año, en cambio, fueron más del doble: cinco senadores no emitieron palabra alguna a lo largo del año.

Comencemos por la parte positiva, la que hace referencia a quienes más han hablado a lo largo del año. La medición, efectuada una vez más por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa, marca los mismos nombres, con ciertas lógicas y explicables alteraciones. Figuran al tope más o menos los mismos de siempre, como bien se advierte a partir de la dupla que encabeza la tabla.

El tercer lugar corresponde esta vez al presidente del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, quien el año anterior había figurado sexto. No es novedad que siempre los titulares de bloques aparezcan en los lugares de vanguardia, y más aún los de las bancadas oficialistas, y esta vez el rionegrino habló más que el socialista Rubén Giustiniani y el radical Ernesto Sanz, quienes lo habían relegado en 2006.

Pero también habló más que quien el año anterior figuró en tercer lugar: nada menos que la hoy presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La ex senadora merece un párrafo aparte. Siempre verborrágica en el recinto, en 2007 sus ausencias fueron más notorias que lo habitual desde que los Kirchner son gobierno y eso se advirtió en su participación en los debates.

Tampoco asistió tanto en 2006, pero sus exposiciones entonces fueron notoriamente extensas, al punto tal de exceder en ocasiones el máximo reglamentario, como cuando defendió la modificación del Consejo de la Magistratura con transmisión en directo del canal oficial. Eso le valió entonces el tercer lugar en el ranking de participación en el recinto, con 85.681 palabras emitidas, que contrastan claramente con las 3.467 expresadas a lo largo del año pasado, que la relegan a un lejano vigésimo quinto lugar.

Es que Cristina apenas habló en tres ocasiones a lo largo de un año en el que lógicamente estuvo abocada a otro menester superior, como fue prepararse para la primera magistratura a la que finalmente accedió a través de las urnas. Habló la entonces primera dama una vez en las extraordinarias de febrero, otra antes del receso electoral y por última vez en ocasión de su despedida, cuando ya electa Presidenta reivindicó al Congreso de la Nación y a la cantidad de miembros que esa institución aportó a diversos ejecutivos, elegidos a través de las urnas.

El socialista Rubén Giustiniani, que este año tendrá más compañía en el bloque de la Coalición Cívica que encabezará, hizo uso habitual de su individualidad legislativa, encaramándose en el cuarto lugar de los que más hablaron (el año anterior había quedado quinto). Menos de mil palabras detrás estuvo el mendocino Ernesto Sanz, quien como se ve sigue formando una buena dupla legislativa junto a Gerardo Morales, con quienes suman una cantidad de tiempo de exposición comparable al que desde el oficialismo muestran Pichetto y Capitanich. O mostraban, ya que Capitanich se despidió ya del Parlamento para incursionar en tareas ejecutivas en su provincia.

Tiene la palabra…

Por obvias razones, un papel central asiste a quienes conducen los debates. Por reglamento, esa tarea le corresponde centralmente al vicepresidente de la Nación. Daniel Scioli cumplió con creces esa tarea a lo largo de sus cuatro años de mandato, donde no descuidó ese papel de mandamás en el recinto. Pero en 2007 se dedicó a la campaña electoral y, si bien estuvo en todas las sesiones, su participación fue menor, creciendo la participación en esa tarea del presidente provisional, José Pampuro.

Aquí se nota también la menor cantidad de sesiones que hubo en 2007 con relación a 2006 y esa participación más menguada del ex vicepresidente de la Nación a la que hacíamos referencia. Este año Daniel Scioli emitió 16.972 palabras, que contrastan claramente con las 53.237 de 2006.

Más central fue el papel de José Pampuro, quien emitió 18.641 palabras, mientras que el año anterior, con mucha menos participación porcentual, había expresado poco más: 22.145.

Pero este año de renovación de mandatos y autoridades se dio la despedida del mencionado Scioli y el desembarco en el Senado de su nuevo presidente, Julio Cobos. Al mendocino le tocó conducir poca cantidad de sesiones, las de diciembre, que le alcanzaron para emitir 5.621 palabras.

Los que menos

Sólo dos senadores no habían participado oralmente de las sesiones de 2006, en tanto que este año -como todo con relación al período anterior- la cifra se duplicó. Y un poco más.

Cinco senadores no abrieron la boca en todo el año, según puede constatarse en las versiones taquigráficas tomadas de las sesiones. El nombre más llamativo, por obvias razones, es el del ex presidente Carlos Menem, pero también se agregan el tucumano Ricardo Bussi, el catamarqueño Oscar Castillo, el neuquino Sergio Gallia y el santiagueño Mario Mera.

No debe ser casual que de estos cinco, dos no tuvieran posibilidad de reelección y ya no estén en sus bancas. Seguramente por ello Gallia y Mera andarían en otros menesteres a lo largo del año.

Más o menos igual que Bussi, quien si bien tenía mandato hasta 2009 renunció antes para acceder a una banca como legislador provincial en Tucumán.

Pero hay que hacer también referencia a otros legisladores que si bien no figuran en cero, tampoco hablaron demasiado. O mejor dicho, apenas se limitaron a decir una o dos palabras. Es el caso de la radical correntina María Dora Sánchez, quien apenas dijo “afirmativo” en una de las sesiones, lo que le alcanzó a no figurar en cero. Y otro más conocido, como el del senador Carlos Alberto Reutemann, quien en su caso también sólo dijo “afirmativo”, pero en dos ocasiones. Exactamente igual que la sanjuanina Marina Riofrío.

Así las cosas, mientras cinco senadores no hablaron durante el año, con menos de diez palabras figuran otros cuatro legisladores.

Quienes conocen al ex gobernador santafesino no pueden sorprenderse de su falta de locuacidad en el recinto. El año anterior, si bien, tampoco habló demasiado, figuró en el 50° lugar. Sólo habló entonces en una oportunidad, en su condición de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, para referirse al conflicto con Uruguay. Ese tema este año no figuró en la agenda del Senado.

Dejó de aparecer entre los que no hablaban durante el año el pampeano ex gobernador Rubén Marín, quien figuró en cero en 2006. Quizá para evitar de entrada esa figuración negativa, pidió la palabra en la primera sesión de 2007, celebrada en el mes de febrero, y volvió a hacerlo antes de finalizar el año. Otro que quedó en cero el año anterior, el misionero Luis Viana, en 2007 habló bastante, ubicándose en el 32° lugar.

No figura en la lista por haber estado todo 2007 licenciada, hasta que a fin de año renunció para seguir al frente del Ministerio de Desarrollo Social, es la santacruceña Alicia Kirchner.

Los nuevos

Este año de renovación parlamentaria asumieron los representantes de ocho provincias cuyos mandatos de senadores vencieron el 10 de diciembre. Pero como consecuencia de la cantidad de senadores que asumieron como gobernadores, o en otros cargos, los nuevos habitantes de la Cámara alta sumaron 27 miembros.

Y estos nuevos senadores tuvieron oportunidad de hacerse notar, ya que participaron de las varias sesiones programadas para el mes de diciembre, una de ellas incluso entre las fiestas, para modificar el huso horario.

Hablaron todos, al menos para jurar en el cargo. En ese caso siete senadores nuevos limitaron su participación al clásico “sí juro” -Fabio Biancalani, Mario Colazo, Judit Forstmann, Ada Iturrez de Cappellini, Roy Nikisch, Nanci Parrilli y Carlos Salazar-.

Hubo tres que incrementaron su participación en una palabra, como es el caso de María Bongiorno, Eric Calcagno y Arturo Vera, que al juramento agregaron en otros pasajes un simple “afirmativo” -o “positivo”, en el caso de Vera-. Pero tampoco merecen demasiado análisis ni mucho menos crítica alguna, habida cuenta de que los nuevos sólo participaron de tres sesiones.

Sí vale para destacar el caso de quienes más han hablado en su breve período legislativo, lo que hace prever un fuerte protagonismo para el año en curso. El fueguino José Carlos Martínez es quien más ha participado -y bastante- en todas esas sesiones, y figura al tope de los nuevos con una cantidad de palabras que lo hubieran ubicado en el vigésimo octavo lugar de quienes fueron senadores a lo largo de todo el año. Detrás aparece el filósofo Samuel Cabanchik. Ambos miembros de la nueva bancada de la Coalición Cívica.

Esta medición no busca constituir un juicio de valor sobre la calidad del trabajo de los distintos senadores. Sí vale como índice de participación en el recinto, lo cual no es poco. Tampoco se está mensurando obviamente la calidad de los discursos. El análisis es sólo cuantitativo, de más está decirlo.

Pero vale como dato y seguimiento de lo que dicen nuestros representantes. El aporte de ese trabajo es ese.

Cuánto se habló

En 2007 433.886 palabras

En 2006 1.016.789 palabras

Sin contabilizar lo hablado por el secretario administrativo de la Cámara alta, en 2007 se habló un 134,34% menos que lo que se hizo a lo largo del año anterior. Es que a lo largo del último año se expresaron 433.886 palabras, contra las 1.016.789 del año anterior, que incluyeron el informe del jefe de Gabinete, que en 2007 no asistió al Senado.

El detalle

Senador

1°) Morales, Gerardo 42.205 palabras

2°) Capitanich, Jorge 36.486 palabras

3°) Pichetto, Miguel Angel 35.934 palabras

4°) Giustiniani, Rubén 24.938 palabras

5°) Sanz, Ernesto 22.150 palabras

6°) Pampuro, José 18.641 palabras

7°) Martínez, Alfredo 18.433 palabras

8°) Escudero, Sonia 16.581 palabras

9°) Negre de Alonso, Liliana 13.890 palabras

10°) Rodríguez Saá, Adolfo 13.880 palabras

11°) Rossi, Carlos 11.371 palabras

12°) Fernández, Nicolás 11.200 palabras

13°) López Arias, Marcelo 11.126 palabras

14°) Petcoff Naidenoff, Luis 9.607 palabras

15°) Ibarra, Vilma 8.752 palabras

16°) Guinle, Marcelo 8.717 palabras

17°) Ríos, Roberto 8.152 palabras

18°) Terragno, Rodolfo 7.263 palabras

19°) Perceval, María Cristina 6.990 palabras

20°) Gómez Diez, Ricardo 6.450 palabras

21°) Urquía, Roberto 5.564 palabras

22°) Jaque, Celso 5.039 palabras

23°) Gallego, Silvia 4.704 palabras

24°) Zavalía, José Luis 3.775 palabras

25°) Fernández de Kirchner, Cristina 3.467 palabras

26°) Salvatori, Pedro 3.254 palabras

27°) Massoni, Norberto 3.175 palabras

28°) Jenefes, Guillermo 3.106 palabras

29°) Gioja, César 2.790 palabras

30°) Mastandrea, Alicia 2.600 palabras

31°) Basualdo, Roberto 2.489 palabras

32°) Viana, Luis 2.268 palabras

33°) Giri, Haydé 2.107 palabras

34°) Capos, Liliana 1.720 palabras

35°) Sapag, Luz 1.507 palabras

36°) Colombo, María Teresita 1.501 palabras

37°) Isidori, Amanda 1.461 palabras

38°) Vigo, Elida 1.381 palabras

39°) Bortolozzi, Adriana 1.345 palabras

40°) González de Duhalde, Hilda 1.041 palabras

41°) Marino, Juan Carlos 1.037 palabras

42°) Pérsico, Daniel 1.009 palabras

43°) Closs, Maurice 1.002 palabras

44°) Quintela, Teresita 984 palabras

45°) Marín, Rubén 919 palabras

46°) Leguizamón, María Laura 772 palabras

47°) Giusti, Silvia 746 palabras

48°) Martínez Pass de Cresto, Laura 660 palabras

49°) Caparrós, Mabel 566 palabras

50°) Miranda, Julio 474 palabras

51°) Curletti, Mirian 384 palabras

52°) Bar, Graciela 381 palabras

53°) Viudes, Isabel 345 palabras

54°) Saadi, Ramón 337 palabras

55°) Fellner, Liliana 331 palabras

56°) Castro, María 315 palabras

57°) Abrameto, Jacobo 210 palabras

58°) Mayans, José 185 palabras

59°) Pinchetti de Sierra Morales, Delia 159 palabras

60°) Latorre, Roxana 47 palabras

61°) Daniele, Mario 41 palabras

62°) Taffarell, Ricardo 32 palabras

63°) Maza, Ada 7 palabras

64°) Reutemann, Carlos 2 palabras

65°) Riofrío, Marina 2 palabras

66°) Sánchez, María 1 palabras

67°) Ricardo Bussi 0 palabras

Oscar Castillo 0 palabras

Sergio Gallia 0 palabras

Carlos Menem 0 palabras

Mario Mera 0 palabras

Los nuevos senadores

1°) Martínez, José Carlos 2.846 palabras

2°) Cabanchik, Samuel Manuel 2.047 palabras

3°) Fuentes, Marcelo 1.505 palabras

4°) Lores, Horacio 1.467 palabras

5°) Filmus, Daniel 1.425 palabras

6°) Estenssoro, María Eugenia 1.076 palabras

7°) Verani, Pablo 1.037 palabras

8°) Pérez Alsina, Juan Agustín 1.018 palabras

9°) Díaz, María Rosa 249 palabras

10°) Rached, Emilio 181 palabras

11°) Troadello, Mónica 127 palabras

12°) Romero, Juan Carlos 124 palabras

13°) Osuna, Blanca 82 palabras

14°) Corradi de Beltrán, Ana María 45 palabras

15°) Torres, Eduardo Enrique 14 palabras

16°) Corregido, Elena Mercedes 10 palabras

17°) Guastavino, Pedro 9 palabras

18°) Bongiorno, María José 3 palabras

Calcagno, Eric 3 palabras

Vera, Arturo 3 palabras

21°) Biancalani, Fabio Darío 2 palabras

Colazo, Mario 2 palabras

Forstmann, Selva Judit 2 palabras

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa 2 palabras

Nikisch, Roy 2 palabras

Parrilli, Nanci 2 palabras

Salazar, Carlos 2 palabras

Los presidentes

Scioli, Daniel 16.972 palabras

Cobos, Julio 5.621 palabras

UN PASO ADELANTE Y MEDIO PARA ATRÁS

El Concejo Municipal se apresta a debatir el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública enviado por el intendente Mario Barletta. Para ello es necesario el dictamen favorable de las comisiones de Cultura y Gobierno. La propuesta se ajusta a los requerimientos de numerosas organizaciones sociales que bregaron los últimos años por el reconocimiento de este derecho. Pero es necesario advertir que se introduce una cláusula restrictiva para los pedidos de información que involucren al cuerpo legislativo local.

Los concejales del Frente Progresista se manifiestan optimistas y aseguran que es inminente la aprobación de la ordenanza que consagre el acceso a la información pública en la ciudad de Santa Fe. El mensaje del intendente Mario Barletta tiene reservado tratamiento preferencial para la sesión de esta semana, aunque, para ser debatido en el recinto requiere el dictamen previo de las comisiones de Cultura y Gobierno. De todos modos, el consenso existente entre las distintas bancadas, indica que la iniciativa saldrá aprobada más temprano que tarde.

De concretarse esta decisión se estaría dando un paso importante hacia el mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia. Es importante destacar que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y que su vigencia potencia las posibilidades de intervención ciudadana en el control de los actos de gobierno.

El alcance social de este derecho fue puesto en evidencia en los últimos años por el Foro de Comunicación Santafesino, que junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil santafesina, impulsó ante autoridades locales y provinciales la sanción de normas que aseguren el acceso a la información pública sin restricciones.

Fue así como el 7 de junio de 2006, en ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, FOCOS presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza sobre Libre Acceso a la Información Pública, que fue debatido con integrantes de todos los bloques legislativos y recibió despacho favorable de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar bloqueado por falta de decisión política del justicialismo.

Ahora se debe reconocer que el proyecto impulsado por el intendente Mario Barletta recoge la mayoría de las recomendaciones planteadas en su momento por las organizaciones de la sociedad civil santafesina.

Sin embargo, es necesario advertir que el texto que impulsa el nuevo oficialismo contiene algunas cláusulas que pueden entorpecer el acceso a la información pública.

Por un lado, el artículo 1º del proyecto sostiene que el “objeto” de la ordenanza es establecer “el marco general” para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dejando para una posterior reglamentación la manera de ponerlo en práctica. Si bien la iniciativa plantea un plazo máximo de 90 días para esto, sería mucho más eficaz y transparente que la nueva ordenanza sea operativa desde el momento de su sanción, más allá de los ajustes instrumentales que el Intendente pueda resolver a medida que se va aplicando.

Por otro lado, aparece como un dato preocupante, las restricciones que pueden surgir a los pedidos de información pública referidos al Concejo Municipal. En efecto, el artículo 14º del proyecto oficial indica que el cuerpo legislativo podrá reglamentar “cuestiones no contempladas” en la ordenanza votada, cuando esta posibilidad solo debería quedar limitada al establecimiento de los responsables y las dependencias encargadas de responder los requerimientos informativos.

Pero más preocupante resulta, el segundo párrafo del citado artículo, donde se establece que: “Cuando la información solicitada competa al Honorable Concejo Municipal en su conjunto, se le dará el trámite parlamentario que corresponda”. Es decir, el pedido ingresa por Mesa de Entradas, es tratado como Peticiones Particulares en el recinto, luego se los envía a las comisiones, y si obtiene despacho favorable, finalmente es aprobado.

En otras palabras, pueden responder cuando quieran o directamente no responder.

De esta manera los pedidos de información al Concejo Municipal quedan sujetos a un procedimiento especial y restrictivo, diferente al que regiría para las otras dependencias de la administración municipal.

Veamos algunos ejemplos. Si un ciudadano le pide al intendente la nómina de sus asesores, el gasto en movilidad de sus secretarios o las ausencias de los funcionarios a las reuniones de gabinete, Mario Barletta tendría un plazo de 15 días hábiles, con la posibilidad de otros 15 días de prórroga, para responder. Si la misma solicitud de información fuera presentada al Concejo Municipal, el artículo 14º de la ordenanza que están por aprobar los autoriza a responder en el plazo que quieran, e incluso no responder, si el trámite demora más de un año y pierde estado legislativo.

Como se puede apreciar queda mucho camino por recorrer para desmontar los hábitos de la cultura del secreto y el ocultamiento, y producir verdaderos cambios en la relación del gobierno local con la sociedad.

EL PROYECTO TRAMPOSO DE LOS SENADORES JUSCIALISTAS

El proyecto de Acceso a la Información Pública votado la semana pasada genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de una ley sobre la materia. El texto elaborado por Gramajo & Cia. incorpora cláusulas que restringen el derecho a buscar y recibir datos en poder del estado.

Después de cuatro años de dilaciones la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a un proyecto la ley de acceso a la información elaborado por el bloque del Partido Justicialista. Esta iniciativa no garantiza el acceso universal a los datos en poder de los tres Poderes del Estado, e incorpora cláusulas y expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.

La decisión tomada por la bancada mayoritaria de la cámara alta de la provincia genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la Ley de Acceso a la Información Pública que la sociedad reclama. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción - la de los senadores justicialistas y la de todos bloques de diputados – inspirados en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia y dotar de transparencia a la gestión pública.

Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción.

Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, se hizo público el rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas, advirtiendo sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el texto aprobado.

Con el afán de mantener protegidas algunas zonas oscuras de la administración justicialista de los últimos años, los senadores oficialistas fueron perfeccionando el dispositivo del secreto. El primer avance fue la pretensión de incorporar la cláusula del “interés legítimo”, según la cual, cualquier ciudadano antes de pedir el acceso a una determinada información debía demostrar que tenía derecho a ese conocimiento. De esta manera, los funcionarios de turno tenían la posibilidad de “filtrar” los requerimientos de información y resolver cuales contestaban y cuales no. Lo perverso de este dispositivo era que a través de una “ley de acceso a la información pública” se terminaba limitando “el acceso” al ejercicio de este derecho.

Ahora, el intento de limitación cambia de objetivo. Ya no se trata de limitar las posibilidades de peticionar exigiendo como paso previo demostrar interés legítimo, sino que se intenta achicar el universo de datos o información disponible para el conocimiento público. Para ello, el nuevo proyecto aprobado por los senadores justicialistas incorpora tres trampas que se activarán en la hipotética reglamentación de esta ley.

En primer lugar, se define como información pública la “acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general”, introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que habilita una peligrosa limitación (Artículo 1º). Surge con claridad, que los funcionarios tendrán la posibilidad de definir que información o datos son de “interés general” y pueden ser conocidos por el público.

Esta distinción entre interés general e interés particular se viene aplicando hace 17 años para la edición del Boletín Oficial de la Provincia, con resultados poco alentadores en materia de transparencia y publicidad de los actos de gobierno. En efecto, según el Decreto 3321, firmado por Carlos Reutemann el 19 de noviembre de 1993, solo es obligatorio publicar en el B.O. “los actos administrativos de alcance general y contenido normativo”, cuyos destinatarios sean una “pluralidad indeterminada de personas físicas o jurídicas”.

Como resultado de la aplicación de este criterio, actualmente se publica menos del 10% de los decretos que firma el gobernador, tanto en la versión impresa como digital del Boletín Oficial de la Provincia. El resto de las decisiones administrativas queda protegida por este secreto de facto.
El segundo paso para limitar el universo de información susceptible de ser conocida por el público, se establece en el Artículo 7º, donde se dispone que todos los órganos y entes alcanzados por la ley “deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información”. Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto que restringe la solicitud de información “a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda”. De esta manera solo se podría conocer la información incorporado al listado o índice elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la obligación de informar.

Si los dispositivos anteriores no alcanzan para desalentar a los curiosos, el proyecto de los senadores justicialistas incorpora un remedio mucho más drástico.

Entre las excepciones que los funcionarios pueden invocar para rechazar una petición, figura: cuando “sea necesario establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto, resolución o acordada”.

En el proyecto votado por la Cámara de Diputados la “reserva o confidencialidad” debe estar impuesta previamente a la solicitud de información para que pueda ser invocada como una excepción a la obligación de informar. Por el contrario, el proyecto de los senadores justicialistas habilita que la “reserva o confidencialidad” sea impuesta en todo momento, incluso después de una solicitud de información. Y para lograr esto, introducen en la legislación santafesina de un procedimiento que permite guardar bajo secreto cualquier tipo de información por un lapso de treinta años. (Artículo 15)

Frente a esta posibilidad, que solo estuvo vigente durante los gobiernos militares, el reproche por la fijación de aranceles (aunque mínimos); la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; o el estiramiento de los plazos para responder una solicitud, aparecen como un detalle menor.

Lo que va quedando claro, es que los senadores justicialistas pretender perpetuar la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años. Frente a este panorama se presenta como deseable que el futuro gobierno de Hermes Binner garantice el acceso a la información pública, al menos en el ámbito del ejecutivo provincial, mediante un decreto de similares características al firmado por el Néstor Kirchner para el poder ejecutivo nacional.