UN PASO ADELANTE Y MEDIO PARA ATRÁS

El Concejo Municipal se apresta a debatir el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública enviado por el intendente Mario Barletta. Para ello es necesario el dictamen favorable de las comisiones de Cultura y Gobierno. La propuesta se ajusta a los requerimientos de numerosas organizaciones sociales que bregaron los últimos años por el reconocimiento de este derecho. Pero es necesario advertir que se introduce una cláusula restrictiva para los pedidos de información que involucren al cuerpo legislativo local.

Los concejales del Frente Progresista se manifiestan optimistas y aseguran que es inminente la aprobación de la ordenanza que consagre el acceso a la información pública en la ciudad de Santa Fe. El mensaje del intendente Mario Barletta tiene reservado tratamiento preferencial para la sesión de esta semana, aunque, para ser debatido en el recinto requiere el dictamen previo de las comisiones de Cultura y Gobierno. De todos modos, el consenso existente entre las distintas bancadas, indica que la iniciativa saldrá aprobada más temprano que tarde.

De concretarse esta decisión se estaría dando un paso importante hacia el mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia. Es importante destacar que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y que su vigencia potencia las posibilidades de intervención ciudadana en el control de los actos de gobierno.

El alcance social de este derecho fue puesto en evidencia en los últimos años por el Foro de Comunicación Santafesino, que junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil santafesina, impulsó ante autoridades locales y provinciales la sanción de normas que aseguren el acceso a la información pública sin restricciones.

Fue así como el 7 de junio de 2006, en ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, FOCOS presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza sobre Libre Acceso a la Información Pública, que fue debatido con integrantes de todos los bloques legislativos y recibió despacho favorable de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar bloqueado por falta de decisión política del justicialismo.

Ahora se debe reconocer que el proyecto impulsado por el intendente Mario Barletta recoge la mayoría de las recomendaciones planteadas en su momento por las organizaciones de la sociedad civil santafesina.

Sin embargo, es necesario advertir que el texto que impulsa el nuevo oficialismo contiene algunas cláusulas que pueden entorpecer el acceso a la información pública.

Por un lado, el artículo 1º del proyecto sostiene que el “objeto” de la ordenanza es establecer “el marco general” para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dejando para una posterior reglamentación la manera de ponerlo en práctica. Si bien la iniciativa plantea un plazo máximo de 90 días para esto, sería mucho más eficaz y transparente que la nueva ordenanza sea operativa desde el momento de su sanción, más allá de los ajustes instrumentales que el Intendente pueda resolver a medida que se va aplicando.

Por otro lado, aparece como un dato preocupante, las restricciones que pueden surgir a los pedidos de información pública referidos al Concejo Municipal. En efecto, el artículo 14º del proyecto oficial indica que el cuerpo legislativo podrá reglamentar “cuestiones no contempladas” en la ordenanza votada, cuando esta posibilidad solo debería quedar limitada al establecimiento de los responsables y las dependencias encargadas de responder los requerimientos informativos.

Pero más preocupante resulta, el segundo párrafo del citado artículo, donde se establece que: “Cuando la información solicitada competa al Honorable Concejo Municipal en su conjunto, se le dará el trámite parlamentario que corresponda”. Es decir, el pedido ingresa por Mesa de Entradas, es tratado como Peticiones Particulares en el recinto, luego se los envía a las comisiones, y si obtiene despacho favorable, finalmente es aprobado.

En otras palabras, pueden responder cuando quieran o directamente no responder.

De esta manera los pedidos de información al Concejo Municipal quedan sujetos a un procedimiento especial y restrictivo, diferente al que regiría para las otras dependencias de la administración municipal.

Veamos algunos ejemplos. Si un ciudadano le pide al intendente la nómina de sus asesores, el gasto en movilidad de sus secretarios o las ausencias de los funcionarios a las reuniones de gabinete, Mario Barletta tendría un plazo de 15 días hábiles, con la posibilidad de otros 15 días de prórroga, para responder. Si la misma solicitud de información fuera presentada al Concejo Municipal, el artículo 14º de la ordenanza que están por aprobar los autoriza a responder en el plazo que quieran, e incluso no responder, si el trámite demora más de un año y pierde estado legislativo.

Como se puede apreciar queda mucho camino por recorrer para desmontar los hábitos de la cultura del secreto y el ocultamiento, y producir verdaderos cambios en la relación del gobierno local con la sociedad.