¿QUIEN LE COBRA LA MULTA AL PRESIDENTE?

Néstor Kirchner, Jorge Obeid y Rafael Bielsa se mostraran en el palco de Sauce Viejo violando las restricciones de la Ley 12.080 de Campañas Electorales. Hace pocos días el gobernador difundió un comunicado recordando la prohibición de inaugurar obras o efectuar anuncios que promuevan la captación de votos hacia un candidato. La sanción para los funcionarios infractores es una multa de $ 10.000.

Las noticias publicadas en los medios nacionales y provinciales no dejan lugar a dudas: El presidente Néstor Kirchner llega a Santa Fe para concretar una batería de anuncios y apuntalar a los candidatos oficialistas para la elección general del próximo 2 de septiembre. La concreción de este viaje relámpago fue confirmada por el propio gobernador Jorge Obeid, quien además precisó, que el primer mandatario se trasladará al parque industrial de Sauce Viejo para anunciar por segunda vez la construcción de la central termoeléctrica de 280 megavatios.

El primer lanzamiento de este proyecto fue realizado el pasado 18 de julio en la Casa Rosada, hacia donde fueron convocados de urgencia los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, cuando arreciaban las críticas por la crisis de abastecimiento de energía eléctrica. En aquella ocasión, el Ministro de Infraestructura y Planificación Federal Julio De Vido, prometió la instalación de otras seis turbinas en Ensenada, Campana, Necochea y Córdoba capital. Ahora son las necesidades electorales del justicialismo santafesino las que provocan la reiteración del anuncio.

Según explicaron los voceros del gobierno santafesino, el Presidente de la Nación vendrá acompañado del Ministro de Salud Gines Gonzáles García y de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. También serán de la partida el gobernador Jorge Obeid y su delfín porteño Rafael Bielsa. Un capítulo aparte lo escribirán las barras del intendente de Santa Fe, Ezequiel Martín Balbarrey, cuando se encuentren en los playones del aeropuerto con los grupos movilizados por su contrincante, Oscar “Cachi” Martínez. Ambos candidatos apuestan a realizar una contundente demostración de fe kirchnerista con la intención de mejorar sus posibilidades en los comicios del domingo.

Pero el detalle que los candidatos y funcionarios oficialistas pasaron por alto, es que la Ley 12.080 de Campañas Electorales, prohíbe este tipo de actos a tan pocos días de las elecciones. Incluso, el gobernador Jorge Obeid distribuyó recientemente una circular donde le recomendaba a su gabinete tener presente estas restricciones.

Según el comunicado difundido por la Subsecretaria de Información Pública de la Provincia el pasado 16 de agosto, el gobernador Jorge Obeid, “rubricó esta tarde una circular dirigida a sus ministros, secretarios de Estado y organismos descentralizados en la cual se recuerda la vigencia de la Ley 12.080, cuya copia adjuntó y recomendó de manera especial el estricto cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 6º, resaltando la prohibición establecida en el párrafo 3º" del mismo.

Allí se establece: “Queda prohibido durante quince (15) días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos”.

Para los funcionarios públicos que autoricen o consientan la publicidad de actos de gobierno en violación a lo dispuesto en esta norma, la Ley 12.080 prevé la aplicación de multas de hasta $10.000, según lo disponga la autoridad de aplicación, que en este caso es el Tribunal Electoral de la Provincia.

Resulta muy contradictorio que el gobierno pregone el cumplimiento de la Ley de Campañas Electorales y al mismo tiempo sea su más visible infractor. Sin embargo, viendo la situación en el contexto del proceso electoral, nada de esto puede sorprender. Desde la derogación del sistema de lemas, el Partido Justicialista ha interpretado de forma parcial las disposiciones de la Ley 12.080, siempre siguiendo la protección de sus intereses. Por ejemplo: en las últimas dos elecciones el Tribunal Electoral Provincial omitió exigirles a las listas la presentación de una rendición de cuentas con los ingresos y gastos proselitistas. Esta flexibilización de los requisitos para la recaudación y uso de dinero por parte de los candidatos, es funcional con la imposibilidad que tuvo Rafael Bielsa para explicar el origen de los fondos de su campaña electoral.

Si no se puede explicar, mejor no preguntar, dicen por los despachos del Tribunal Electoral.