martes, diciembre 26

POCHETINO: “LE TRANSMITÍ AL JUEZ EL APOYO DEL GOBERNADOR”

El secretario de estado de Derechos Humanos estuvo en Venado Tuerto para entrevistarse con la familia de Hector Bustos. Domingo Pochetino reveló que Asuntos Internos allanó la Comisaria 2° de la localidad en busca del militante desaparecido. El funcionario también se reunió con el juez que investiga el caso.

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El secretario de estado de Derechos Humanos, Domingo Pochetino, viajó a Venado Tuerto para entrevistarse con la familia de Hector Bustos e interiorizarse sobre su estado de salud, luego que este fuera hallado en las cercanías de San Gregorio, tras permanecer 13 días desaparecido. Consultado por Fuera de Foco, el funcionario reveló que tomaron conocimiento del caso a través de una llamada telefónica efectuada por la madre del joven militante social secuestrado. “El lunes 18 recibimos una denuncia telefónica de la madre de Bustos diciendo que lo tenían en la Comisaria 2° de Venado Tuerto. Hicimos un procedimiento muy exhaustivo con Asuntos Internos pero no encontramos nada”, aseguró Pochetino.

Para el secretario de Derechos Humanos “el caso es grave desde el punto de vista de los daños que le han hecho a Bustos”, aunque desestimó las acusaciones lanzadas por la madre del militante social contra el intendente Roberto Scott y la policía local. “Hay que tener mucho cuidado y dejar que el juez investigue. No tenemos elementos concretos para sostener esas sospechas. Los datos que tenga la familia se tienen que aportar a la causa”, reclamó.

En su viaje a la ciudad del sur provincial, Pochetinó también se entrevistó con el juez Hugo Perassi, que investiga el caso de Bustos. “Yo le pedí al juez que no escatime esfuerzos en la investigación y le transmití que contaba con todo el apoyo del Gobernador para hacer su tarea. Es decisión del gobierno provincial darle todas las garantías”, remarcó el funcionario.

En igual sentido se manifestaron integrantes de la Corte Suprema provincial que se comunicaron telefonicamente con el magistrado de Venado Tuerto.

Sobre las criticas de Nelida Caresi – madre de Bustos – al trabajo del juez Perassi, el secretario de Derechos Humanos adelantó que la familia de la víctima podría presentar una recusación.

SECUESTRADO Y TORTURADO EN VENADO TUERTO

El militante social de Venado Tuerto desaparecido hace 13 días fue hallado con evidentes signos tortura. Héctor Darío Bustos se encuentra internado con un cuadro de deshidratación, golpes, cortaduras, quemaduras en los genitales y una cruz esvástica marcada en el pecho. Su madre acusa a la policía local y al intendente Roberto Scott. Había formulado denuncias por violaciones a los derechos humanos en el sur provincial durante la pasada dictadura militar.

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La madre de Héctor Darío Bustos, el militante social de Venado Tuerto que se encontraba desaparecido desde el 13 de diciembre pasado, formuló duras acusaciones contra la policía de la zona y el intendente de la localidad Roberto Scott. En díalogo con el programa Fuera de Foco, Nelida Caseri aseguró que su hijo fue víctima de un operativo de inteligencia y que sus captores le advirtieron: “Cada vez que te mires en el espejo, zurdito de mierda, te vas a acordar de nosotros”.

“Mi hijo fue víctima durante siete días de un operativo por parte de la policía de la Comisaria 2°, un operativo de inteligencia sobre su domicilio. El había radicado una denuncia en la CONADEP para iniciar una investigación de las responsabilidades de un señor de apellido Vidal, que estaría con el intendente Scott y el secretario de gobierno Freyre. Este señor, según la denuncia de mi hijo, fue intendente de Villa Cañas durante el Proceso Militar”. Bustos también habría denunciado que en la comisaria de Santa Isabel “se torturaban personas que han sido desaparecidas”.

Para Nelida Caseri es muy sospecho que “desaparecido mi hijo, aparece su auto en Santa Isabel y no lo encuentra la policía despues de tres días de pedida su ubicación, por lo tanto creo que era un mensaje”.

Bustos fue encontrado este martes a la madrugada, en cercanías de la localidad de San Gregorio, luego de estar desaparecido durante 13 días. El hombre de 35 años fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, con un cuadro de deshidratación, golpes, cortaduras, signos de tortura y una cruz esvástica marcada en su pecho.

El caso se mantuvo todo este tiempo bajo un estricto hermetismo y solo había trascendido que el vehículo en que se trasladaba apareció abandonado en el acceso a la localidad de Santa Isabel, al costado de la Ruta provincial 90. Su ex esposa hizo la denuncia policial y desde el primer momento sostuvo que se trataba de un secuestro con moviles políticos.

Héctor Darío Bustos y su familia son oriundos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. El joven se radicó hace varios años en Venado Tuerto y junto a su esposa tenía una activa participación en una agrupación ligada a hijos de militantes desaparecidos.

“El es miembro de la red Identidad por la Memoria y está trabajando con Estela Carlotto. Habían trabajado en la instalación en la sala del Concejo Deliberante de los cuadros de los desaparecidos”, dijo su madre.

- ¿Estaba ligado con alguna corriente interna del justicialismo?

- No, no. Si bien había estado trabajando y había tratado de buscar un espacio, cuando fue descubriendo la relación con el pasado de toda este gente fue abandonando ese espacio. El dice un mes antes que Scott, Vidal y Freyre lo habían amenazado y que están las denuncias en la fiscalía.

Los datos que ahora revela Nelida Caseri apuntan a Roberto Scott, intendente de Venado Tuerto; José Freyre, secretario coordinador del gabinete municipal; y Juan Vidal; secretario de Gobierno del municipio.

Torturado

Respecto al estado de salud de su hijo, la señora Caseri hizo una escalofriante descripción de sus padecimientos que remiten a los tiempos de la dictadura militar : “Psiquiatricamente está muy mal. Fisicamente, dicen que esta compensado. El padecía una desihidratación muy fuerte, tenía lesiones en la zona genital donde fue quemado, retención de orina, le fueron ingresando un palo vía anal, el cual luego de extraerlo se lo hacían chupar. Siempre repitiendo: zurdito de mierda vas a aprender, vas a dejar de hacer denuncias”.

Agregó que tiene cortes en el rostro y que sus captores le decián: “Cada vez que te mires en el espejo zurdito de mierda te vas a acordar de nosotros”. También dijo que lo golpearon con un palo de goma y que lo mantenían encapuchado y vendado; y que “dejaron un mensaje en el pecho de mi hijo, le grabaron una cruz svástica a fuego”.

Respecto al momento del secuestro, Nelida Caseri explicó: “Lo que refiere mi hijo es que decían por telefono: operativo cumplido, resultado positivo, lo chupamos. Reitero, operativo positivo, resultado cumplido, lo chupamos. Queriendo decir que en ese operativo estaba involucrada alguna fuerza de seguridad”.

- ¿Logró trasmitir alguna referencia sobre donde estuvo detenido?

- Si, no muy lejos del lugar donde lo soltaron. Muy poco tiempo transcurrió desde donde lo sacaron hasta que lo soltaron. Es una zona despoblada. Lo único que pudo ver cuando le sacaron la capucha y lo vendaron es que era una casa muy vieja con una ventanita chica con rejas, que podría ser, porque no, algún lugar que se hubiera utilizado en el pasado para desaparecer gente.

Finalmente, la madre de Bustos se mostró muy disconforme con la actuación del juez de instrucción Penal de Venado Tuerto, Hugo Perassi, quien según sus dichos, desestimó la hipótesis del secuestro.

“Mire, el juez manejó la causa con la hipotesis de averiguación de paradero cuando nosotros soteníamos que había sido levantado y estaba secuestrado. Por lo tanto, el juez investigaba nuestras llamadas telefónicas a distintos organismos de derechos humanos. El juez decía que (Bustos) había abandonado su hogar por una denuncia y que estaba esperando que volviera su esposa para matarla. Que todo era un simulacro. Eso le permitía investigarnos a nosotros”, concluyó.

lunes, diciembre 25

MEJOR NO ME AVALES


Luis Sáenz Peña, al ser candidato a la presidencia, recibió incontables avales de santafesinos. Igual que cualquier candidato de hoy. Sólo que tanto en aquellos días de 1892, don Luis habrá dicho la misma frase que debe estar repitiendo hoy don Rafael: Mejor no me avales.
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Roque Sáenz Peña, así se lo hizo saber su padre, tendría tiempo para ocupar un lugar preeminente en la política argentina. A mediados de 1891 su candidatura a la presidencia fue proclamada en la ciudad de La Plata por el sector más “moderno”, dentro de lo que cabía al patriciado argentino. Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre no lo permitieron entonces: propusieron a don Luis Sáenz Peña como candidato a presidente y a Roque no le quedó otra que bajarse: no podía enfrentar a su padre.

En 1892, en Santa Fe se juntaban firmas y adhesiones para hacérselas llegar a don Luis.

Al recibir las adhesiones que le acercara el gobierno santafesino, Sáenz Peña, por supuesto, agradeció.

El diario El Independiente de esta ciudad, tras una investigación, descubrió que entre esas adhesiones estaban las firmas de presidiarios y otros “indeseables”.

“Ha causado sensación en la Capital Federal, donde no se esperaba tanto cinismo de esta gente (se refiere al ex gobernador Gálvez y su círculo), porque no la conocen de todo lo que es capaz. Toda la prensa independiente condena esta mistificación grosera, de que es indigna el ilustre anciano que ha sido insultada con semejante adhesión”.

“Presidiarios, mercenarios, vagos, etc., etc., han sido llamados por Sáenz Peña ‘representantes de la opinión sana y hornada del país’”, amonesta El Independiente.

“Aceptar elementos de esta baja ralea –como representantes de la opinión sana y honrada del país- importa encharcarse en el oprobio y en la vergüenza, desmintiendo su tradición de moralidad política y severidad republicana.”, remata.

Después del nuevo escandalete de Raúl Martínez, el otro preso ejemplar, don Luis, al igual que don Rafael habrán dicho hasta el hartazgo: “Mejor, no me avales”.

viernes, diciembre 22

ES JUSTO...PERO MARCHE PRESO

Clínicas y sanatorios de todo el país acordaron un aumento salarial para los trabajadores de la sanidad. Los empresarios de Santa Fe dicen que no lo pueden pagar. Reclaman de las obras sociales un incremento de aranceles y ventajas impositivas del gobierno nacional. Carlos Abraham aseguró que pedirán un ajuste del convenio con el IAPOS.
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Luego de varios meses de negociación se firmó anoche en el Ministerio de Trabajo un acuerdo salarial entre la cámara que agrupa a las Clínicas y Sanatorios de todo el país y la Federación de Trabajadores de la Sanidad. Voceros sindicales le dijeron a Fuera de Foco que lograron un incremento del 19% y el págo de una suma fija de 300 pesos.

El acuerdo tendrá vigencia a partir de enero y será de cumplimiento obligatorio en todo el país para clínicas, sanatorios, instituciones psiquiátricas y geriátricos..

Cuando todavia no se conocía el acuerdo, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, Carlos Abraham, dijo que apoya al reclamo de los trabajadores de la sanidad pero advirtió que no están en condiciones de afrontar el aumento salarial.

“Estas negociaciones se están llevando a cabo desde mitad de año en adelante. El sector laboral viene muy postergado, entendemos nosotros, y no ha conseguido una recomposición de sus ingresos”, dijo el empresario a Fuera de Foco.

“Como empresarios del sector privado de la salud dijimos que estabamos de acuerdo con la justicia del reclamo”, agregó Abraham. Pero luego advirtió: “Si el aumento salarial se homologa y queda vigente, más allá de su justicia, porque estoy de acuerdo con el planteo de ATSA, te puedo decir que las empresas de salud no lo pueden solventar”.

Según el titular de Clínicas y Sanatorios las empresas del sector “venimos muy postergados, no tenemos subsidios ni ventajas impositivas y solo tenemos promesas del gobierno nacional de buscar mecanismos para que el sector sea financiable y pueda subsistir, pero no se ha cumplido ninguna”.

Por ello, el camino que imagina el empresario es iniciar una renegociación de los aranceles que paga el IAPOS para compensar el aumento salarial. “Nosotros como ingreso fundamental tenemos la obra social provincial y nadie las nombra en estos reclamos. Yo no escucho que las obras sociales de todas las provincias vayan a mejorar sus aranceles”, dijo Abraham.

- ¿Se debería rediscutir el acuerdo con el IAPOS si sale el aumento?

- Para empezar, porque es el principal comprador de servicios.

- ¿Esto lo conoce Piaggio?

- Entiendo que si. El director del IAPOS es presidente de COSPRA (Confederación de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina). Todo el año han trabajado en conjunto con la licenciada Ocaña del Pami analizando la situación y deben estar al tanto.

- ¿Pero han trasladado un pedido concreto al IAPOS?

- No, a la fecha no. Estamos funcionando bien, tranquilos. El IAPOS cumple nosotros atendemos, pero inmediatamente que esto surja lo haremos. A los cinco minutos le transmitiremos que habiendo una mejora salarial necesitamos más ingresos.

De todos modos, el empresario reconoce que “es muy dificil conseguir el aumento de los aranceles”, razón por la cual, reivindica “las medidas que formaron parte del acuerdo que se firmó el año pasado en el Ministerio de Trabajo que el gobierno nacional se comprometió ha implementar”.

Entre las propuestas acordadas el año pasado que aguardan una respuesta del Ministerio de Economía se encuentra la autorización para paga aportes patronales con el IVA que el sector acumula. “Es plata que está pagada y pedimos usarla para aportes previsionales –explica Abraham - por las características de funcionamiento de nuestra actividad, las ventas que hacemos están exentas, por lo cual, todo lo que compramos (insumos, medicamentos, etc.) es consumidor final y entonces acumulamos IVA que no podemos usar. A diferencia de otros sectores que si lo pueden usar y algunos hasta se lo devuelven”.

Lo cierto es que a partir de ahora se abre un escenario de conflicto en Santa Fe. Por un lado, los trabajadores de la sanidad exigirán el cumplimiento del acuerdo. Por el otro, los empresarios del sector buscarán compensar la suba salarial reclamando un incremento de los aranceles que pagan las obras sociales. En el caso del IAPOS la situación se puede volver complicada debido a los graves problemas de financiamiento que atraviesa la obra social provincial.

martes, diciembre 19

ENRIQUE ALVAREZ SIGUE EN LA SIDE

El arquitecto de la represión de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe continúa prestando servicios en la SIDE del presidente Nestor Kirchner. Lo aseguró la abogada Lucila Puyol de la agrupación HIJOS. El primer mandatario nacional se había comprometido a investigar la situación del ex hombre fuerte del último gobierno de Carlos Reutemann. Familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos reclamaron en varias oportunidades a las autoridades nacionales que Enrique Alvarez sea separado del organismo de inteligencia que integra desde 1978.
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En febrero de 2004, el presidente Nestor Kirchner recibió en la Casa Rosada a los familiares de las víctimas de la represión de diciembre de 2001. En aquella oportunidad anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para indemnizar las treinta y tres muertes y los centenares de heridos por los golpes y las balas policiales en las distintas provincias. Con esta iniciativa, el Estado argentino asumía su responsabilidad directa por el luctuoso saldo que dejó el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa.

"Tendemos una mano para tratar de reparar, aunque sea en términos pecuniarios, los lamentables actos de un gobierno que fue constitucional", dijo el presidente, en Salón Blanco de la Casa Rosada, repleto de familiares de las víctimas y miembros de organismos de derechos humanos. "Intentaron acallar las justas protestas con los peores métodos", agregó.

Tras el anunció, Kirchner dialogó cara a cara con los familiares de las víctimas llegados desde distintos lugares del país. Allí se cruzó con la delegación santafesina que le entregó un informe elaborado por la comisión investigadora no gubernamental, donde se denunciaban las graves fallas cometidas durante la investigación policial y judicial de las muertas ocurridas en la provincia.

El Presidente también recibió un pedido concreto: que se separe de la SIDE al licenciado Enrique Alvarez, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad durante la última gobernación de Carlos Reutemann y condujo en forma personal el operativo represivo en Rosario. Kirchner escuchó el reclamo y derivó el tema al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien ese mismo día se comprometió a estudiar el caso y tener pronto una respuesta.

A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario de la brutal represión desatada por el gobierno provincial en Rosario y Santa Fe, con un saldo de ocho muertos y centenares de heridos, la abogada Lucila Puyol de la agrupación HIJOS, confirma que ninguna de las promesas presidenciales se cumplió.

- ¿Enrique Alvarez está integrando la SIDE en la actualidad?. Preguntaron los periodistas del programa Fuera de Foco.

- A nivel nacional, si. Esa es la información que nosotros tenemos.

- Pero en su momento, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se comprometió a investigar la situación y en caso de comprobarse que formara parte de la SIDE separarlo del lugar.

- Si, había prometido eso, pero no. Hasta el momento, y es lo último que nosotros sabemos y hemos trabajado con los organismos de derechos humanos de Buenos Aires, no fue apartado.

Puyól también recordó que la ley de indemnización nunca fue aprobada. “La única que se fijó fue en la causa penal de los tribunales provinciales, pero no hubo el reconocimiento del estado nacional como el presidente lo había prometido”, dijo la integrante de HIJOS.

Un reclamo con historia

En los últimos años, los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental reiteraron en varias oportunidades a las autoridades del gobierno nacional que el agente Enrique Alvarez sea separado de la las filas de la SIDE. Una de los reclamos más vehementes se produjo el 20 de junio de 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner visitó la ciudad de Rosario para celebrar el Día de la Bandera.

Allí el presidente recibió una carta con tres peticiones principales: la apertura de los archivos de la SIDE para facilitar la investigación de las muertes, el apartamiento de esa dependencia de Enrique Alvarez, ex subsecretario de Seguridad de Santa Fe durante la represión de diciembre de 2001, y el pedido para que se abstenga de compartir actos con el ex gobernador Carlos Reutemann.

La nota recordaba que “hace ya más de un año, el 13 de febrero de 2004, nosotros, los familiares de las nueve víctimas fatales de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe, fuimos recibidos por ud. en el salón blanco de la Casa Rosada en el marco del anuncio oficial del proyecto de ley que contempla la reparación económica a los familiares de las víctimas y a los heridos del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001”.

El escrito continúa señalando que “en forma personal hicimos llegar a sus oídos cada uno de nuestros reclamos y dejamos en sus manos el informe elaborado por la comisión investigadora no gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 en esta provincia, en el cuál, se denuncian graves fallas cometidas de manera deliberada por funcionarios policiales, judiciales y políticos de Santa Fe a la hora de llevar adelante la recolección de pruebas y la investigación”.

Respecto a la situación del ex funcionario de Carlos Reutemann, los integrantes de la comisión le reiteraron al presidente el pedido para que se desvincule de los servicios de Inteligencia del Estado a Enrique Alvarez. “El ex funcionario pertenece a la SIDE desde la última dictadura militar (1976), y es uno de los responsables de la represión. Usted escuchó el planteo y nos aconsejó seguir el tema a través de la Secretaría General de Presidencia. El mismo pedido hicimos para otros responsables del esquema represivo de la gestión de Carlos Reutemann: Eduardo Piaggio, quien fue el segundo de Álvarez y actualmente sigue en funciones en la Escuela Superior de Inteligencia de la SIDE y los Jefes policiales responsables directos de la represión de diciembre del 2001 que siguen cumpliendo funciones en el Ministerio del Interior de la Nación”.

También recuerdan el compromiso asumido de no participar en actos donde asista Carlos Reutemann. “Los Familiares, amigos y compañeros de las víctimas, no sólo hemos tenido que soportar estos tres años y medio de absoluta impunidad, sino también, la humillación de verlo a usted, Señor Presidente, en Actos, Viajes, Campañas Publicitarias con el responsable mayor de los asesinatos de diciembre: Carlos Alberto Reutemann, sentimiento compartido con nuestros hermanos víctimas de la Inundación en la Ciudad de Santa Fe”.

La carta finaliza con un contundente reproche: “Al día de la fecha, Sr. Presidente, ninguno de los compromisos por Ud. asumidos fue llevado adelante. Previo al encuentro que mantuvimos con Ud. Sr. Presidente en febrero de 2004, fue presentado el informe de la comisión investigadora no gubernamental en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde, en diciembre de 2003 y desde la fecha hemos promovido y participado de entrevistas y reuniones con todos los funcionarios que directa o indirectamente tengan relación con esta situación”.

jueves, diciembre 14

“AUMENTÓ EL DRAMA DE LA POBREZA Y EL DRAMA DE LA DROGA”

Lo aseguró Ana María Elvira titular del Juzgado de Menores N° 1 de Santa Fe. La funcionaria judicial analizó la situación de los chicos detenidos por la Policía en nuestra ciudad. Aclaró que la falta de control no es un delito. Y sostuvo que los casos de reincidencia obedecen a la falta de recursos y programas específicos de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal.
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La publicación de una estadística policial sobre la cantidad de niños y adolescentes detenidos en nuestra ciudad disparó una nueva polémica sobre la situación de la infancia y las políticas gubernamentales. Según consigna el Diario UNO en su edición de ayer, entre enero y noviembre de 2006 la Policía detuvo a 4.277 menores con edades que oscilan de los seis a los 17 años. La estadística elaborada por la División Análisis Criminal de la URI, también señala, que el 73% de los casos corresponde a las situaciones definidas como “falta de control”, mientras que el resto de las detenciones (1.123) se originaron por la comisión de algún delito.

Sobre este último grupo el trabajo precisa que 525 casos corresponden a delitos graves, tales como homicidios (donde pueden ser autores, partícipes o encubridores), asaltos a mano armada y lesiones graves y gravísimas. Mientras que los otros 598 casos corresponden a delitos de carácter menor, como hurto, daño y lesiones leves.

Otro dato que generó preocupación, fue que el 15% de los adolescentes involucrados en algún delito (167), había participado anteriormente en otro hecho delictivo y podía ser considerado reincidente.

Consultada sobre esta información, titular del Juzgado de Menores N° 1 de Santa Fe, Ana María Elvira, aclaró en primer término: “La falta de control no es un delito. Es una realidad de nuestra ciudad derivada de la pobreza, donde no tienen porque intervenir los juzgados de menores”.

La magistrada le dijo al programa Fuera de Foco, que muchas veces la Policía llama informando que se encuentran chicos vagando en la madrugada. “Yo les pregunto que delito cometieron, y me dicen: no ninguno, pero andan por la calles, sueltos. Yo les digo, entonces, que esos chicos en falta de control no están cometiendo delito, es un problema de pobreza y tiene que intervenir la Subsecretaría del Menor, que con la Ley 26.061 tiene que trabajar con la familia y solucionar el gran drama que tienen los barrios y todos esos chicos que duermen en las plazas y andan por la madrugada”.

Frente a esta situación, la jueza de Menores reclamó que la sociedad “se ponga las pilas” frente a una drama que cotidianamente repercute en el juzgado, advirtiendo que las respuestas que se dan desde el estado son insuficientes. Conviene recordar, que las dos juezas de Menores de Santa Fe, presentaron a sus superiores un duro informe sobre las políticas de infancia que lleva adelante el gobierno provincial.

- ¿Ha cambiado algo desde que elevaron su reclamo a la Cámara de Apelaciones?

- Si, aumentó mucho más el drama de la pobreza y el drama de la droga.

Sin escuela y con drogas

Corroborando en parte la estadística policial, la magistrada aseguró: “Hemos notado un incremento de los chicos no imputables. De toda esa cantidad de chiquitos de 11, 12 o 13 años, que deambulan, donde la Policía ni siquiera busca a los padres porque no vienen. Hay un resquebrajamiento total de la familia”, lamentó.

Pero más allá de los números, lo que preocupa a esta jueza sobre los niños y adolescentes que cometen delitos, es que “en casi todos los casos hay un problema de no contención y de drogas”, agravado por el hecho que “ninguno va a la escuela o fue expulsado”.

“No saben leer ni escribir. Les hago leer una palabra o que pongan su nombre y no saben escribir ni el apellido”, aseguró.

El otro problema es la desorientación o incapacidad de las familias para enfrentar un caso de drogas en sus hijos. “Vienen llorando, deambulando de distintos lados, es gente pobre”.

Según dijo la jueza: “Si el chico no se quiere curar no se puede hacer nada. Hay que dejar que los padres se arreglen como puedan. El que tiene obra social puede conseguir alguna internación en alguna clínica especializada. El resto, con 14 años, ni siquiera las instituciones que trabajan con drogas los toman porque son muy chiquitos”.

Este dramático panorama se combina con la falta de política del gobierno provincial, contra el cual la jueza Ana María Elvira, cargó duramente: “Nosotros podemos dictar muy lindas sentencias, pero quien tiene que aplicarlas es el poder administrador a traves de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. Tienen una cantidad valiosísima de técnicos pero no tienen los recursos que necesita para poder llevar adelante mejor su tarea”.

En particular apuntó a la falta de proyectos específicos orientados a tratar los problemas que surgen a diario en los juzgados. “Un programa para drogas: no hay. Un centro de día para trabajar con los chicos: no hay. Un lugar para trabajar la libertad asistida: no hay. Los técnicos hacen lo que pueden, pero no alcanza. Hace tres años que dijeron que iban a tener un lugar para trabajar la libertad asistida. Todavía lo estamos esperando”, disparó.

Sobre los casos de reincidencia, la jueza de Menores N°1 de Santa Fe, descargó la responsabilidad en Sergio Druetta, hasta hace unos días responsable de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. “Nosotros cumplimos con la ley. Cuando un chico egresa con una libertad asistida y vuelve a caer es porque está en la droga y no hay tratamiento. Algunos van a la Casa del Sol pero las madres me dicen que cumplen la jornada y a la noche están “dados vuelta” y vuelven a robar”.

La magistrada explicó que de acuerdo a la legislación vigente la internación de un chico debe ser en un lugar adecuado por el menor tiempo posible. “Y usted sabe muy bien, que esos lugares existen nada más que para los delitos muy graves, como el Pabellón Juvenil destinado a los chicos que cometieron homicidios o violaciones. Los otros dos lugares que tenemos son a puertas abiertas y son de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. Más tardan en llegar que ya se fugaron. Cuando vuelven a caer ya tienen otro delito. Y yo no puedo traer los chicos a mi casa”.

“Esto lo sabe todo el mundo. Yo le vivía pidiendo al profesor Druetta una entrevista cuando estaba de director. Lo mande a llamar un montón de veces para hablar estos temas y nunca vino”, dijo la jueza.

Finalmente, Ana María Elvira contestó la crítica lanzada por el presidente de la Corte de Justicia Rafael Gutierrez, quien aseguró que los juzgados de menores tienen alguna responsabilidad en los casos de reincidencia. “Yo elevo los informes a la Cámara y supongo que después llegan a la Corte”, concluyó.

miércoles, diciembre 13

EL CASO "NORITA" - O EMPEZAR A MIRARSE EL OMBLIGO

Durante varios días, la edición radial de Fuera de Foco, debatió acerca de lo que los medios de comunicación hicieron con Nora Dalmaso, una mujer asesinada que apenas muy pocas veces fue tratada como lo único seguro que es después de los ríos de tinta que se invirtieron en ella: la víctima de un crimen. Por suerte, hay quienes disponen del tiempo y la claridad necesaria para poner las cosas en su lugar. (Alguien en Santa Fe, ¿se atrevería a mirarse el ombligo?). Fuente: Diario sobre diarios.
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La “hipoxifilia” difundida por los medios y desmentida por la Justicia
Río Cuarto: la construcción de un “juego sexual”como causa de muerte que no se pudo comprobar

Un relevamiento de los seis primeros días de la cobertura del crimen de Nora Dalmasso permite observar la construcción mediática en torno al “juego sexual”. Como fueron los diarios instalando día a día la hipótesis de la “hipoxifilia”. Qué dicen los periodistas que cubrieron y editaron el caso en Clarín y La Nación. Todas las opiniones que los medios publicaron sobre sus propias coberturas. La vida privada de las personas y el manejo de las fuentes. Por qué se publican conjeturas como si fueran conclusiones. La autoevaluación de algunos diarios.
El lunes 27 de noviembre la noticia de un crimen sacudió a la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La empresaria Nora Dalmasso había sido asesinada en su casa del barrio “Villa Golf” mientras su marido, el traumatólogo Marcelo Macarrón se encontraba jugando al golf en Punta del Este. Algunas circunstancias que rodearon el caso, hicieron que se convirtiera en una serie informativa que ya lleva 15 días en las páginas policiales de los diarios. La cobertura del caso realizada por los matutinos (a la que también se plegó la radio y la TV) incluyó una gran cantidad de detalles vinculados al sexo. La profusión de datos en ese sentido, hizo que algunos de esos mismos medios se cuestionaran o se autoevaluaran en sus propias páginas, en una actitud inusual. Diario sobre Diarios realizó un relevamiento de los diarios Clarín y La Nación, durante los primeros seis días de cobertura del crimen (del 28 de noviembre al 3 de diciembre). El objetivo fue tratar de exponer algunas construcciones mediáticas que fueron hechas en las primeras horas posteriores al hecho en base a fuentes ligadas a la investigación, que brindaron información en forma “off the record” sobre detalles de la intimidad de Dalmasso. Se tomaron esos dos matutinos por ser los de mayor venta en el país y porque a la vez, son los que más capacidad tienen para “armar agenda” e instalar temas, que luego son “levantados” por los medios electrónicos, muchas veces de manera acrítica. Para acotar el eje del relevamiento y para facilitar la comprensión sobre cómo las construcciones mediáticas pueden estar total o parcialmente divorciadas de los hechos, se tomó el caso del “juego sexual” llamado “hipoxifilia” que consiste en provocar una leve asfixia durante el coito para, supuestamente, sentir mayor placer en el momento del orgasmo. La posibilidad de que Dalmasso haya muerto en medio de ese “juego sexual” fue difundida con amplios detalles por los medios.

Primer día: Lucas Guagnini en Clarín habla de “juego sexual”
El martes 28, al otro día del crimen, Clarín editó un título menor en su portada: “Crimen, pasión y misterio en un country cordobés”. En la bajada señaló: “Estrangularon con el cinturón de su bata de seda a una mujer de 51 años. La hallaron semidesnuda. Su esposo, conocido médico, estaba jugando al golf en Punta del Este. Se piensa en motivos pasionales”. Como se ve, en el texto de tapa, Clarín no adjudica ninguno de esos datos a ninguna fuente, lo que puede hacer suponer al lector que se trata de hechos fehacientes y comprobados. La Nación no llevó el tema en la tapa de esa edición.
En ese primer día de cobertura, la crónica publicada en la página 40 de Clarín se tituló “Crimen en un country: estrangulan a una mujer con la cinta de su bata”. En la bajada afirmó que “El cuerpo estaba semidesnudo en la cama de la hija de la víctima. Según las pericias, tuvo sexo consentido antes de morir. El marido estaba en Punta del Este jugando al golf. La casa no fue robada”. La nota fue ilustrada con dos fotos, una de una ambulancia retirando el cuerpo de Dalmasso de la casa y otra de la víctima con el epígrafe “Nora Dalmasso tenía 51 años y dos hijos. Era empresaria”.
La crónica la firmó Guillermo Calvar, de la corresponsalía de Córdoba. Allí, entre otras cosas, señaló que “tras el hallazgo del cuerpo, primero se pensó que podría tratarse de un suicidio o de un homicidio en ocasión de robo. Pero rápidamente las pistas apuntaron a un crimen pasional”. Párrafos adelante consignó que “una fuente calificada de la investigación, le dijo a Clarín que la mujer habría tenido relaciones sexuales consentidas y que no había signos de violencia en la habitación ni de defensa en su cuerpo”.
Acompañando esa crónica Clarín publicó una breve columna “Punto de vista” firmada por Lucas Guagnini en la que habló por primera vez de “juego sexual”. El diario se convirtió así el primer medio en difundir esa hipótesis a la que luego se le sumó La Nación y que, después de ser instalada durante varios días, sería relativizada por una pericia.
Esto escribió Guagnini: “Todo apunta a un crimen pasional, pero en voz baja los investigadores dejan correr una pregunta inquietante: ‘¿Y si fue un accidente?’. La hipótesis se refiere a un juego sexual extremo, en el que a la persona le gusta ser asfixiada mientras mantiene relaciones, para luego sentir ‘el placer’ del oxígeno que vuelve al cuerpo cuando le liberan las vías respiratorias. No se trata de una especulación baladí: no hubo pelea. La cinta de la bata estaba anudada prolijamente alrededor del cuello; no había signos de ataduras en las manos, ni piel de un posible atacante bajo las uñas. La víctima llegó al momento y lugar de su muerte por propia voluntad”.
Guagnini al jerarquizar esa versión en su columna le da entidad a la confidencia de su fuente. Además agrega elementos de verosimilitud como la frase “¿Y si fue un accidente?” adjudicada a “los investigadores”, o la oración: “No se trata de una especulación baladí”. Las pericias posteriores, si bien no desmintieron que haya existido ese “juego sexual”, sí desestimaron que eso fuera la causa de la muerte de Dalmasso.

La Nación no menciona el “juego sexual”
Ese mismo día, La Nación sólo publica una breve nota en Información General, firmada por su corresponsal en Córdoba Juan Carlos Vaca y titulada “Misteriosa muerte en un country”. Allí, entre otras cosas, señaló que “los investigadores sospechan que están en presencia de un crimen pasional” y que Dalmasso “estaba semidesnuda. Murió ahorcada con el cinto de una bata que tenía alrededor de su cuello, dando dos vueltas y ajustada con tres nudos. Trascendió que los forenses tendrían algún indicio de que la mujer intentó sacarse la prenda que la asfixiaba”.

Segundo día: La Nación titula con el “juego sexual” y ambos hablan de “hipoxifilia”
El miércoles 29, segundo día de cobertura, Clarín mantuvo un título en su portada sobre el caso: “Crimen del country: la hipótesis pasional en primer plano”. En la bajada sostuvo: “En la casa de la mujer asesinada encontraron dinero, joyas y hasta un Rolex de oro sin tocar. Investigan la pista de un hombre de pelo negro”. La Nación siguió sin llevar el tema en su portada.
Luego de que Clarín hablara el martes 28 en la columna de Guagnini de un “juego sexual” entre la víctima y su asesino, el miércoles 29 La Nación dimensionó ese dato difundido por las fuentes ligadas a la investigación y decidió titular su nota interior “Investigan un juego sexual en el crimen del country”. En la bajada afirmó que “descubrieron semen en el cadáver”.
La crónica, firmada de nuevo por el corresponsal Juan Carlos Vaca, señaló que “la bella empresaria de Río Cuarto, Nora Dalmasso, de 51 años, habría mantenido relaciones sexuales consentidas poco antes de morir asesinada en un chalet de un country de esa ciudad, por lo que la mira investigativa está puesta en lo que podrían revelar las pruebas de ADN que se le practicarán a la muestras de semen halladas en el cuerpo”.
Añadió que “el resultado podría conducir a quién estuvo con ella en la madrugada del sábado, cuando murió asfixiada por el cinto de una bata de seda, que tenía enrollada en el cuello. Fuentes de la pesquisa confiaron que en esa última relación se habría practicado la hipoxifilia, un peligroso juego sexual, que consiste en buscar la excitación al asfixiarse en el momento de alcanzar el orgasmo”.
Clarín, en tanto, tituló su nota interior “Muerte en el country: crece la hipótesis del crimen pasional”. Allí, Marta Platía, también de la corresponsalía de Córdoba señaló que “fuentes judiciales a las que Clarín consultó, deslizaron que ‘quedó claro que ella había mantenido relaciones sexuales antes o durante el momento de su muerte’. En esos círculos, se empezó a hablar de hipoxifilia: refiere a una práctica sexual en la que uno de los miembros de la pareja es estrangulado suavemente por el otro para llegar al orgasmo. Dicen que esa ‘técnica’ (cuya línea entre la pequeña muerte que implica un orgasmo y la muerte real), es muy leve y difusa”.
En otro párrafo añadió, aunque con verbo en potencial, que “la autopsia, que los fiscales ya tienen en sus manos, les habría dado la razón. La mujer habría muerto al alcanzar el clímax sexual”.
Como se puede observar, en ambos diarios cuando se refieren al “juego sexual” o “hipoxifilia” se basan en fuentes a las que no identifican.

Tercer día: Los dos diarios insisten con el “juego sexual” o “juego erótico”
El jueves 30 se volvió a repetir el esquema anterior: Clarín volvió a editar un título en tapa, mientras que La Nación, siguió llevándolo en su interior. En esta oportunidad, el matutino de la viuda de Noble presentó con foto a Rafael Magnasco, abogado de Río Cuarto “en el centro de las sospechas”.
La crónica de ese día la firmó Gustavo Molina, también de la corresponsalía de Córdoba. Luego de contar las supuestas vinculaciones del abogado cordobés con la víctima, insistió en un párrafo que “la misma noche del domingo, horas después de que la atractiva mujer de 51 años fuera encontrada en el cuarto de su hija con el cinturón de su bata de seda anudado en el cuello, la gente de Río Cuarto ya se hablaba de Magnasco. Las versiones decían que la mujer había muerto durante un juego sexual con un amante. Y lo mencionaban a Magnasco en ese rol”.
En La Nación, el corresponsal Juan Carlos Vaca también centró su nota en la figura del abogado Magnasco. Y en un párrafo recordó que Dalmasso “estaba desnuda sobre una cama, con el cinto de una bata de baño alrededor de su cuello, lo que le produjo la asfixia mortal. Se comprobó que había estado manteniendo una relación sexual. No está determinado si fue consentida o producto de una agresión. Una posibilidad es que haya estado participando de un peligroso juego erótico”.
A esta altura de la cobertura, los diarios consignaron que a la víctima, sus amigos y conocidos la llamaban “Norita”.

Cuarto día: La Nación se lo pregunta, Clarín lo afirma
El viernes 1º de diciembre cambian los criterios. Ahora es La Nación quien decide llevar el tema en su portada, con el título “En el lugar de la muerte” bajo una foto de Macarrón, marido de Dalmasso en la casa donde se halló el cadáver. Clarín en cambio sacó el tema de sus títulos de portada y sólo le concedió una llamada en el “friso” superior de la primera plana.
Un detalle: La Nación deja de hablar del “country” Villa Golf y lo denomina “barrio”. Clarín lo sigue llamando “country”.
En La Nación, Juan Carlos Vaca se preguntó en el primer párrafo de la nota si Dalmasso había muerto “¿víctima de un ataque sexual? ¿O mortal desenlace de un juego erótico peligroso, pero consentido?”. En Clarín, en cambio, desde la columna “Punto de vista”, Eduardo Parise, afirma que la muerte se debió a la hipoxifilia: “Un primer atajo para romper el misterio que estos casos generan son las pruebas científicas, pero existe la posibilidad de que sea difícil llegar a un sospechoso contra quien comparar los restos de semen hallados en el cadáver. Más aún cuando la muerte sucedió en el curso de un juego erótico, según la hipótesis más sólida”, aseguró.

Quinto día: La Nación deja de hablar de “juego sexual”
El sábado 2, el asesinato de Dalmasso fue el segundo título de tapa de Clarín: “Crimen del country: 4 hombres en la mira”. La Nación decidió, en tanto, que el tema vuelva a las páginas de información general, sin menciones en la portada.En Clarín, Gustavo Molina afirmó en un párrafo de la nota: “En medio de esta relación sexual, con juegos eróticos que incluían un suave ahorcamiento la mujer murió. Esta práctica se denomina hipoxifilia”.
En La Nación, en tanto, Orlando Andrada, de la corresponsalía de Córdoba, dejó de mencionar, por primera vez, el “juego sexual”. Señaló que “según fuentes policiales, los peritos habrían comprobado en el cuello de la víctima las marcas de los dedos de un presunto asesino”.

Sexto día: La Nación descarta el “juego sexual” y Clarín lo relativiza
El domingo 3, ninguno de los dos matutinos decidió editar un título de tapa con el crimen de Río Cuarto.
En La Nación, la nota firmada por Orlando Andrada siguió sin volver a mencionar la pista del “juego sexual”. Además, aseguró que “fuentes del caso están convencidos de que se trató de un homicidio doloso y no de un accidente” y añadió que “en fuentes judiciales se descartó la primera hipótesis de que Dalmasso había muerto durante un juego sexual consentido con un amante (hipoxifilia) que implica provocar falta de oxígeno para incrementar el placer durante el orgasmo”.
Clarín le dio un amplio despliegue al tema en dos páginas. La crónica central fue sin firma (aunque al pie consignó “informe: agencia Córdoba”. En el texto, el diario toma distancia de la hipótesis del “juego sexual”, por primera vez, desde que lo publicara en su primer día de cobertura. En el segundo párrafo aseguró: “El final llegó de la mano de uno o dos amantes, según la investigación preliminar. Pero lo que en un primer momento parecía el resultado accidental de un juego sexual, ahora podría abrirse a un asesinato cometido con intención, de acuerdo a la autopsia”.
En otro párrafo, insistió con la pista de la hipoxifilia, aunque relativizándola: “Nora murió asfixiada. Le anudaron el cordón de su bata de seda al cuello, en un posible jugueteo erótico. Pero hubo más. ‘Yo no descarto la muerte accidental en un momento de pasión amorosa, pero creo que cuando le presionaron el cuello, eso se transformó en mucho más que un juego’, dijo a Clarín el fiscal Javier Di Santo, quien sospecha de un homicidio intencional”.
En la columna “Punto de vista”, Ricardo Canaletti, especuló: “Tal vez ella haya muerto mientras practicaba un juego erótico. Tal vez el estrangulamiento fue intencional. O tal vez hayan ocurrido las dos cosas”.
Clarín ilustró la nota con una importante infografía en donde amplió la zona del cuello del cadáver para mostrar los nudos realizados por el homicida. Y agregó otro elemento polémico: consignó que en la mesa de luz de la habitación había un pote de vaselina. Algo que en la nota interpretó como un dato que “permitiría descartar que haya sido forzada a algo” luego de especular con “relaciones sexuales mantenidas entre más de dos y en todas sus formas posibles”.

Las pericias niegan el “juego sexual” como causa de muerte
De lo publicado durante el período relevado, el “juego sexual” fue el único hecho sobre el que se expidió una pericia judicial en el sentido opuesto a lo que habían publicado los diarios.
El miércoles 6 de diciembre ambos matutinos llevaron en sus portadas los resultados de las pericias realizadas por los forenses. Estas notas están fuera del período relevado, pero aportan el elemento judicial que echó por tierra la hipótesis del “juego sexual” que los medios fueron “construyendo” en los primeros seis días.
En La Nación, Ramiro Sagasti, enviado especial a Río Cuarto, lo expresó de manera contundente: “Lo confirmaron ayer los peritos forenses: Nora Raquel Dalmasso, de 51 años, fue estrangulada. Es decir, la madrugada del sábado 25 del mes pasado, la mujer no murió durante un juego sexual extremo con un amante en su casa del exclusivo country Villa Golf, de esta ciudad, como se había dicho, sino que alguien le rodeó el cuello con el cinturón de una bata, lo anudó, repitió la maniobra y presionó con las manos hasta asfixiarla”.
Clarín en su portada aseguró que “según las pericias, Nora Dalmasso no se resistió mientras las estrangulaban. Pero quedó descartada una muerte accidental durante un juego sexual”. En la nota interior, firmada por Liliana Caruso y Gustavo Molina, señaló que “Nora Dalmasso no se resistió mientras fue estrangulada por un asesino que la miraba a la cara luego de una relación sexual violenta consentida. Fue ahorcada con las manos (tenía marcas en ambos lados del cuello) y con ayuda de un lazo de toalla de una bata. El cinto le daba dos vueltas al cuello y tenía un doble nudo fijo a la derecha, a la manera de un collar”.
Añadió que los médicos dijeron que “no fue un accidente. Hubo una clara intención homicida”. Unos párrafos más adelante afirmó: “Desde que se conoció la muerte de esta bella empresaria de Río Cuarto, se especuló que la muerte se podría haber producido por un juego erótico que consiste en producir una leve asfixia para tener un orgasmo más intenso. Ahora los forenses descartaron que haya habido una muerte accidental durante el juego, aunque no descartan que ‘lo que empezó como un juego, con un lazo alrededor del cuello, haya terminado en asesinato’, dijo a Clarín una fuente allegada a la investigación judicial”.
Clarín fue el diario que primero habló de una muerte accidental en el marco de un “juego sexual” trasladando impresiones de los investigadores en “off”. La Nación fue el primero que tituló una nota haciendo hincapié en la “hipoxifilia”. Ambos diarios recordaron a lo largo de los primeros días de la cobertura del caso, que un “juego erótico” fallido podría haber sido la causa de la muerte. Con las pericias en la mano, que afirmaron lo contrario, ninguno de los dos matutinos consideró pertinente una autocrítica o un sinceramiento de las causas de la difusión de esa información. Está claro que cuando se conocieron las pericias que descartaron la muerte por juego sexual, los diarios ya habían publicado que Nora Dalmasso era madre de dos hijos menores de edad.

Qué dicen los periodistas
Para comprender el tema también desde el costado puramente periodístico también se dialogó con periodistas y editores de ambos diarios (dos de Clarín y dos de La Nación), de las secciones “policiales” que escribieron o editaron notas sobre el tema. Por distintos motivos, los profesionales consultados solicitaron mantener en reserva sus nombres.
A pesar de que pidieron hablar en “off”, los periodistas accedieron a reflexionar sobre sus propias coberturas y las de los competidores. También es importante destacar que los consultados admitieron que pudo haber en la cobertura alguna filtración interesada de las fuentes y todos dijeron ser plenamente concientes que el límite entre dar la información de la manera más completa posible y la intromisión en la vida privada, “es muy delgado” y que por eso “tratamos de ser muy cuidadosos con los datos”. Algunos de los periodistas manifestaron que las coberturas del caso fueron tema de conversación en reuniones de editores y con otros colegas de otras secciones. Otros se mostraron molestos por algunas críticas de los propios medios a la difusión de los temas sexuales. Algo también para aplaudir: ninguno de los cuatro periodistas recurrió al clásico y en algunos casos falaz argumento del frenesí de los cierres y la falta de tiempo para chequear la información.
“En este caso, hay un interés que trasciende el mero hecho policial. No fue una persona asesinada luego de un robo. El hecho está rodeado de determinadas circunstancias que hacen que todo tenga una lectura policial y otra vinculada a temas sexuales o a la vida de la alta sociedad”, señaló uno de los periodistas. “En Clarín intentamos siempre contar todas las historias completas, dando la mayor cantidad de información posible. Siempre hay datos de las víctimas de los delitos y, cuando pueden tener que ver con el móvil del crimen lo publicamos”, añadió.
Para los periodistas de Clarín, “en este caso se sospecha que a Dalmasso la mató uno de sus amantes. Y en ese contexto lo que pasó antes de la muerte tiene importancia, porque puede estar relacionado con el móvil del crimen”.
En ambos matutinos aseguran que “todo lo que publicamos lo tenemos chequeado tanto en fuentes policiales como judiciales”, aunque admitieron que esas son las dos únicas fuentes que tienen acceso a información de la pesquisa. “Los amigos de la víctima son los que tiran más rumores imposibles de comprobar”, señaló uno de los periodistas. Un editor de La Nación asegura que entre los dos diarios no hay espacio para la sorpresa: “El que le da la información a Clarín es el mismo que el que nos la da a nosotros”.
En Clarín descartan que haya habido excesiva cantidad de detalles sexuales en la cobertura. “Se podría alegar que hubo ‘regodeo’ con lo sexual, si nosotros hubiésemos publicado, por ejemplo, lo que decían los mensajes de texto que Nora se mandaba con su amante. Esa información la tenemos, pero sí nos parece demasiado fuerte como para publicarla. Ahora, decir que hubo intercambio de mensajes eróticos, no es cuestionable”.
Sobre la pista del “juego sexual”, en Clarín aseguran que el dato lo pasó “una fuente con acceso directo al expediente y confiable para nosotros”. Y agregan: “pero nosotros lo publicamos en los textos, no hicimos un título con eso como hizo La Nación”. En el diario de los Saguier se atajan: “Nosotros no titulamos que había muerto por el juego sexual, sí que lo estaban investigando” y agregan “los que nos dan clases de ética periodística, Clarín y Página/12, son los que primero lanzaron todas las versiones infundadas”. La referencia a las “clases de ética” es por notas críticas a las coberturas publicadas en esos diarios y que más abajo se desarrollan.
Al tomar un poco de distancia de los detalles del caso, los periodistas dicen que “nosotros vamos publicando lo que consta en el expediente. Lo que ocurre es que muchas veces los expedientes van cambiando, van descartando pistas y buscando otras nuevas. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿No publicar nada hasta que haya condena firme?”.
En ambos matutinos aseguran que ponen especial cuidado en las fuentes que consultan en estos casos. “Las fuentes políticas intentan manipular al periodista dándole mucha información y haciéndole declaraciones. En cambio las fuentes policiales se manejan al revés: no hacen declaraciones y dan la información con cuentagotas. Por eso cuando uno obtiene un dato de una fuente policial, tiene más tendencia a confiar en la información brindada”, dijo uno de los consultados. Aunque advirtió que “es cierto que también las fuentes a veces intentan ocultar sus falencias a la hora de encontrar culpables, entonces dan información para dar la impresión de que se está trabajando”.Otro de los consultados insiste en que en este caso los detalles sexuales, “son parte del contexto ineludible para informar sobre el hecho. Cuando nosotros publicamos algo de ese tipo no es porque somos morbosos, es porque sabemos que el móvil o el culpable pueden estar en esa dirección”.

La prensa escribe sobre sí misma
No es habitual leer en los diarios notas críticas sobre las coberturas de los hechos que esos mismos diarios publicaron. En este caso ocurrió. Al menos hasta ayer, los diarios Clarín, Página/12 y el dominical Perfil se refirieron a las aristas polémicas que arrojó el seguimiento mediático de los hechos. En algunos casos las críticas apuntaron a la TV, en otros a algunas características del hecho (como que la protagonista era una mujer o que era empresaria) y otras fueron reflexiones sobre el “deber ser” que los periodistas que siguen el caso sienten que no tienen ningún sustento en la realidad. “Esas críticas suelen ser realizadas con posterioridad a los hechos. Y ya sabemos que con el diario del lunes, todos nos ganamos el PRODE”, se defienden.
Intromisión en la vida privada de la familia de la víctima, información no chequeada, amarillismo, condena mediática sin posibilidad de defensa, culpabilización de la víctima, sanciones moralizantes y fascinación por los detalles escabrosos, fueron sólo algunos de los conceptos que algunos diarios destacaron como la parte más oscura de la cobertura del crimen.

Wiñazki, en Clarín, picó en punta
Clarín tomó la delantera de la observación de las coberturas. El viernes 8 de diciembre, en la sección “Medios”, Miguel Wiñazki publicó una nota titulada “El crimen de Río Cuarto pone bajo la lupa el rol de la prensa” con la volanta “Un nuevo debate sobre los límites entre lo íntimo y lo público”.
Allí, Wiñazki se preguntó por su tesis de la “noticia deseada”, desarrollo que en 2004 publicó en formato de libro. Escribió: “¿El periodismo prefirió sumergirse en una trivialidad perversa y abrumadora? ¿O son las audiencias —la gente— quienes no consideran triviales sino cruciales a las historias de la vida privada, cuando están atravesadas por la violencia y por cuestiones tan sensibles para cualquiera como la infidelidad, el engaño y la muerte?”.
Wiñazki consultó a la especialista en comunicación, Adriana Amado Suárez, quien le dijo que “se escucha a periodistas decir que la cobertura de los sucesos de Río Cuarto toma estos visos amarillistas porque es algo que la gente pide. Sin embargo, justamente la responsabilidad social que medios y periodistas tienen sobre la información exige que éstos tomen decisiones más allá de lo que los otros actores les demandan”. También consultó a la académica Stella Martini, quien señaló: “En algunos países el adulterio femenino se castiga aún hoy con la lapidación. En el nuestro también. El amarillismo propio de la noticia policial suele encontrar su límite en el respeto debido a la víctima y al pudor del público. Pero las crónicas sobre la muerte de Nora Dalmasso cruzaron el borde de lo que se puede decir para exponer a la mujer infiel a los fuegos de la mirada pública. Condenada sin posibilidad de ejercer su defensa, la víctima muere una y otra vez obscenamente frente a nuestros ojos”.
El párrafo más punzante de la nota de Wiñazki -y quizá con una conclusión apresurada-, aseguró que “el primer plano mediático fue copado por la exhibición apabullante, y de pronto inferida y no chequeada, de la vida privada y sexual de los involucrados en el hecho. ¿Por qué?”.

Se suma Página/12
Página/12, por su parte le dedicó la tapa del domingo 10 de diciembre al análisis del caso. La tituló “Argentina voyeur” y en la bajada de la portada señaló: “El crimen de Río Cuarto desató la voracidad mediática, basada en la culpabilización de la víctima y centrada en los detalles de su vida sexual más que en el asesinato. La oferta comunicacional se entronca con la explosión de fantasías que el caso despierta en buena parte de la población. Las claves de una historia que cruza los prejuicios morales y clasistas con la trama de un thriller erótico”.
La nota central la firmó el periodista Cristian Alarcón quien enumeró: “La voracidad por el lado sexual del crimen, la construcción de relatos basados en los viejos escándalos mediáticos sobre prácticas sexuales ‘raras’, una víctima culpabilizada por violar las normas del patriarcado, un marido victimizado desde su posición de perdonador de pecados femeninos reservados a los hombres, una mujer que se mimetizó con la promiscuidad masculina en su búsqueda de satisfacción donjuanesca, un supuesto implícito de que las clases altas se colocan por encima de la moral promedio, la actitud lúdica del público que juega a armar hipótesis para el guión para un thriller erótico” y dijo que esos fueron algunos de los ejes que “surgen en cuatro entrevistas con intelectuales que siguieron desde las páginas rojas el caso que concentra la atención del morbo popular y masivo”.
Alarcón entrevistó a Silvia Delfino, “del Area Queer de la Universidad de Buenos Aires” quien opinó que “los medios arman una escena de escándalo sobre los materiales que ellos mismos han producido en los últimos 25 años sobre la sexualidad pública y privada, que ha exhibido no como experiencias sino como espectáculo”. También consultó a la “psicóloga y sexóloga” Claudia Groisman, quien consideró que “los medios están más interesados en los detalles de su vida sexual que en los asesinos, y por eso la muerte intencional de una persona pasa a segundo plano”. Delfino agregó: “Los medios arman una escena de base melodramática que en vez de mencionar la investigación respecto al asesinato, empiezan a discutir y hasta a inventar situaciones respecto de las prácticas sexuales de quienes estaban en la escena. Al punto de que incorporan todas aquellas figuras que en los últimos años, sobre todo durante el menemismo, fueron parte del escándalo que los medios producían sobre prácticas sexuales. Sólo como un ejemplo, las prácticas swinger resultan más una preocupación de los medios que de los públicos, porque desde todo punto de vista es un tema viejo”. También entrevistó a la escritora Elsa Drucarof y a la psicoanalista Irene Meler.
En esa misma edición de Página/12, la editora de espectáculos del diario Sandra Russo publicó una nota titulada “Norita”. Allí afirmó que crimen de Río Cuarto arrojó “pocos ejemplos más claros y contundentes de la sanción disciplinadora de la opinión pública que cumplen los medios de comunicación, y de cómo cierto morbo indispensable para hacer periodismo es completamente funcional al disciplinamiento social en materias privadísimas”.
También opinó sobre el tratamiento mediático del crimen el columnista político Mario Wainfeld. Aseguró que “una pregunta remanida pero ineludible, reeditada por la cobertura del asesinato de Nora Dalmasso, es qué hacen los medios con el público”. Consideró que “la pesquisa se encarniza con los detalles privados y relega, casi al tono de la nota color, al crimen. De un modo apenas disimulado todo se desliza de lo esencial a lo subalterno, inclusive la condena social que tiende a recaer más sobre la víctima que sobre la ignota figura del homicida. En un asesinato no develado, en plena etapa del sumario, las hipótesis más imaginativas o descabelladas se publicitan con megáfono. Los medios multiplican ese desenfreno, dando por hechos lo que son conjeturas, transformando en relato lo que son puntas para acopiar pistas”.Afirmó también que “editar es jerarquizar, privilegiar, ostentar lo importante, minimizar lo subalterno, evitar lo deleznable. Si está en juego un homicidio, que se entrevera con la esfera particular, lo esencial es la privación de la vida, un crimen capital. Las peripecias privadas son secundarias y así deben ser tratadas. Lo impone el decoro y, ya que estamos, el artículo 19 de la Constitución que reserva ‘a Dios’ ‘las acciones privadas de los hombres’ y las declara ‘exentas de la autoridad de los magistrados’. Que deberían ser exentas consonantemente del ágora, o del ágora mediática, que es lo que hay”.

En Perfil, Nelson Castro también opina
Nelson Castro, encargado de responder las cartas de lectores en el dominical Perfil, también opinó sobre el tema. Dijo que “desde el primer momento, quienes están a cargo de la investigación del caso dejaron filtrar a la prensa datos muy concretos de dicho proceso. Ahí aparece entonces el hecho del ‘sexo consentido’ inmediatamente anterior a la muerte de la Sra. de Macarrón”. Agregó que “es imposible que los medios puedan ignorar esto. Es más, fuentes judiciales y algunos colegas de policiales me han dicho que, a veces, esto forma parte de una estrategia de los investigadores para inducir la ruptura de pactos de silencio por parte de los que puedan saber cosas que ayuden al esclarecimiento del caso”.
Finalizó diciendo que “hay necesidad de un manejo responsable de nosotros, los periodistas, de casos como éstos en los que, muchas veces, la realidad supera a la ficción. Y la realidad nos dice que aquí hay una persona muerta que es la víctima y no el victimario, y un asesino que anda suelto, y que lo esencial es el esclarecimiento del hecho y la identificación del homicida. En el medio está un círculo social de alto nivel atravesado por las contradicciones y las miserias de la condición humana y una familia destruida que merece nuestro respeto”.

En Clarín, Julio Blanck, vuelve a mirar la cobertura
Por último, el martes 12 de diciembre en Clarín, el editor Julio Blanck se refirió, desde la nota en página 2 llamada “Del editor al lector”, a otros aspectos de la cobertura del caso. Recordó el viejo dicho periodístico “que la realidad no te arruine una buena nota” y señaló que “en la edición de Clarín de hoy publicamos dos títulos que fueron ‘arruinados’ por la realidad”. Uno de ellos fue sobre el crimen de Río Cuarto. Dijo Blanck que “en el crimen de Nora Dalmasso, ayer la investigación tropezó. Los exámenes de ADN no pudieron establecer la identidad genética del semen hallado en la mujer asesinada en Río Cuarto. No se conoce aún esa huella indiscutible de quien tuvo sexo con ella la última noche. Harán otras pruebas y aún pueden conseguir ese dato clave. Pero la noticia esperada, el supuesto ‘ADN del asesino’, fue desbaratada por los hechos”.

A modo de conclusión
Los periodistas que cubrieron o editaron el crimen de Río Cuarto, aseguran que toda la información volcada en las páginas fue chequeada previamente, en contraposición a lo que opinó Wiñazki. También consideran que sería imposible escribir sobre un caso policial o judicial si se tienen que atener a lo que queda fehacientemente comprobado en el expediente. Una duda que queda es si en relación al “juego sexual” se podría haber esperado a la pericia.
Los profesionales que siguieron el caso admiten que pueden haber sido inducido por sus fuentes para enviar mensajes al posible homicida. “Es posible que la policía filtre información falsa para que el asesino ‘baje la guardia’ y lo puedan atrapar. Pero para nosotros eso es imposible de comprobar en el momento en que ocurre”.
Sobre las críticas hacia el “regodeo” con los detalles sexuales o al supuesto “clasismo” que muestra la cobertura, los periodistas consideran que son visiones “respetables, pero que a la hora de recabar y difundir información no se suelen tener en cuenta”. Sí, en cambio, aseguran que se cuidan los detalles lo más posible. “Publicamos información de la vida de la víctima, sólo cuando eso puede tener que ver con el móvil del crimen”, afirman.
De todas formas, el periodismo dio un pequeño paso adelante al abrir sus páginas a críticas, análisis y autoevaluaciones de sus coberturas. Sería deseable que esta práctica se extendiera a la hora de evaluar otras construcciones mediáticas con otras implicancias más allá de un homicidio.
Que no termine siendo un juego. Como el “juego sexual”.

Fuente: Diario sobre Diarios - Zona Dura. 12 de diciembre de 2006

martes, diciembre 12

DENUNCIAN A BALBARREY POR DISCRIMINACIÓN

La Fundación Argentina para las Personas con Discapacidad remitió una nota a María José Lubertino denunciando que el intendente frena la aplicación de diversas normas relacionadas con la calidad de vida de personas discapacitadas. Introducen la figura de abandono comunitario, reclusorio y segregacional.
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El licenciado Miguel Paulón, presidente de la Fundación Argentina para las Personas con Discapacidad, remitió el último 4 de diciembre una nota a la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en la que denuncian al intendente de Santa Fe por abandono comunitario.

Según Paulón, esto es lo que se deduce desde que duermen en el escritorio de Ezequiel Martín Balbarrey varias ordenanzas que permitirían mejorar la calidad de vida de más de 800 familias santafesinas.

Se trata, en primer término, de la ordenanza 11.283 que exime del pago de la tasa municipal de inmuebles a 832 familias con escasos recursos.

Por otra parte, señala el escrito, “muchas personas discapacitadas que han solicitado nuestra intermediación, aún continúan esperando desde marzo del año 2004, que se reglamente desde el mismo Ejecutivo Municipal la ordenanza Nro. 11120 sancionada en el año 2004, y la Nro 11.227 relacionadas ambas con el inmediato otorgamiento de pases libres para utilizar el transporte urbano”.

Además, se reclama la instalación de semáforos sonoros, dispuesta por las resoluciones 5.924, 7.299 y 11.313, y la continuación de los estudios de factibilidad para los mismos sean emplazados, al menos en las principales avenidas troncales. “Los expedientes formados inicialmente hoy se hallan archivados por falta de presupuesto (exptes. 26.706-r-04 / 23.727-r-02 / resoluciones nros. 9591/03 /10.622/04). El gasto de publicidad para el presente ejercicio según fuentes periodísticas ha superado ampliamente el mero importe reducido que conduce hacia su real aplicación”, afirma la nota.

Por esto, la Fundación Argentina para las Personas con Discapacidad denuncia no sólo la “inoperancia” puesta de manifiesto en la “falta de interés” del Ejecutivo Municipal, sino también el “abandono comunitario, reclusorio y segregacional, puesto que lo requerido parecería tomarse como una simple dadiva o actitud caritativa que venimos requiriendo con carácter opcional. Nos encontramos ante un claro ejemplo de discriminación social y por ello también denunciamos se arbitren los medios necesarios tendientes a su urgente implementación, reglamentando de manera inmediata y adecuada las normas aquí especificadas”.
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lunes, diciembre 11

BUENOS NEGOCIOS TELEVISIVOS

Aquella resolución que preveía multas para los canales de televisión que no respetaran los horarios de emisión, ya fue dejada de lado. La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas argumentó en su descargo "la imprevisibilidad propia del negocio televisivo". Y a Julio Bárbaro le pareció suficiente. En silencio, la resolución fue suspendida hasta fin de año, mientras se estudia de qué manera no se arruina el negocio.
El escándalo que provocó (y sigue provocando) el incumplimiento de los horarios de programación de los canales televisivos capitalinos, provocó un despertar del COMFER, que dictó la Resolución 1907 en un intento de defender a los usuarios, y que establecía distintos montos de multa. Los responsables de las emisiones, si no quería pagar las "exhorbitantes" multas, debían comunicar previamente a los televidentes cualquier cambio de horario.

Nada sucedió: ni multa, ni avisos, ni cambios.

Pocos días después, la Asociación de Teleradiodifusoras de la Argentina (ATA) presentó ant el COMFER un pedido de suspensión de la resolución, argumentando:

  • La imprevisibilidad propia del negocio televisivo impone en muchas ocasiones modificaciones de último momento que no permite notificar eventuales modificaciones del horario de programación con anticipación.
  • Solicita que se excluya a los noticieros.
  • Pide también "especial confidencialidad" en el tratamiento de la información recibida en el organismo y propicia que las comunicaciones se realicen vía correo electrónico.

Por todo esto, y por razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", es que con la firma de Julio Bárbaro suspende los efectos de la resolución 1907 hasta el 31 de diciembre, mientras estudia cómo justificar en qué le jode a un argentino la imprevisibilidad del negocio televisivo.

sábado, diciembre 9

RECETARIO PARA RESOLVER INTERNAS

Que Obeid recibe mucho a Bielsa, que Agustín es el delfín de K, que Perotti tiene banca de Reutemann… Y del otro lado: mujer y santafesina; que el grupo Mimí… La provincia tuvo otros modos de resolver internas: por decreto. La historia de Santa Fe enseña, pero ¿quién aprende?
Pocos días después de la renuncia de Mariano Vera a la gobernación y en medio de varias revueltas que terminarán con Estanislao López autoproclamándose gobernador de Santa Fe, el Cabildo había asumido el mando de la provincia. El 18 de julio de 1818 convocó a elecciones y en esa convocatoria se incluye una especie de ley de olvido, en la que se invita a la gente a hacer borrón y cuenta nueva con el pasado.

El Cabildo decía en su resolución que había meditado sobre los mejores medios para acabar de tranquilizar los ánimos del pueblo, conmovido “por causas que debemos sepultar en el olvido perpetuo”.

Por ello, exhortaba al pueblo a que guarden la mejor armonía y la más perfecta amistad, olvidando enteramente todos los pasados resentimientos, como emanados únicamente de un celo poco reflexionado. Es decir: olvido, armonía y amistad por decreto.

Pero por si fuera poco, se buscaba lograr el cumplimiento de esta norma, y nada mejor para ello que aplicar multas. Por eso iban a tener que pagar $100 a cualquier persona sin distinción que llevara armas, a excepción de los autorizados por sus empleos, pero también a quienes propalaren especies capaces de irritar de nuevo los ánimos, o insultara a cualquiera por haber tenido algún tipo de participación en la última revuelta.

Insultos no
Otra curiosa disposición, emanada de Estanislao López, buscaba “reestablecer el orden”, y desconfiando de muchos que son “partidarios siempre del que manda”, ordena la entrega de todas las armas blancas y de chispa que pertenecieran al estado, junto a sus cartucheras y municiones. Los demás propietarios de sables, fusiles y carabinas también debían presentarse, y una vez reconocida su propiedad, les serían devueltos.

Se prohibía también la ausencia de todo habitante de la ciudad durante 15 días, salvo conocimiento del gobierno.

Además pedía que los que se habían acuartelado días atrás debían presentarse para explicar su situación, confiando en que nadie les insultaría ni sufrirían quebrantos sin comprobada justicia. López justificaba estas acciones diciendo: “el gobierno ama tiernamente a sus paisanos y a los que no lo son; siente el extravío de la opinión y no quiere dejar piedra sin mover para fijarla, como una hermanable unión”.

Además, se prohibía bajo graves penas, que se insultara por cuestiones políticas. “Échese un velo sobre estas graves heridas”, decía López, “y acordemos son todos hermanos, relacionados, amigos, y, al fin, paisanos nuestros, que es la voz más dulce”.

Todo un poeta.

En pocos meses, sabremos quién aprendió la lección… Posted by Picasa

martes, diciembre 5

DEFENSORÍA DE AMIGOS

El Defensor del Pueblo de Santa Fe consigue fondos para su gestión firmando convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, Nuevo Banco de Santa Fe y Venezuela. Algunos de estos acuerdos son avalados por la Legislatura y otros se ejecutan violando la Constitución Provincial. Este dinero se utiliza para financiar cursos que organiza una asociación civil presidida por un estrecho colaborador de Carlos Bermudez. Se repite la triangulación detectada en el Ente de la Reconstrucción.

Al Defensor del Pueblo de Santa Fe no le alcanza el presupuesto asignado por el gobierno provincial para desarrollar algunas de sus tareas. Seguramente por este motivo, Carlos Américo Bermudez, se ha lanzado a la búsqueda de financiamiento golpeando la puerta de numerosas entidades con un mismo proyecto bajo el brazo. Se trata del programa de “Fortalecimiento Institucional” que tiene como objetivo “formar, capacitar y sensibilizar a la comunidad sobre las problemáticas de violencia familiar, maltrato infantil, violencia en las escuelas y violencia institucional”. Esta iniciativa se instrumenta a través del dictado de cursos para la “Prevención de Conflictos Sociales” en varias localidades de la provincia, y a juzgar por algunos resultados, mal no le fue con la recaudación de apoyos. Entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Dechos Humanos en América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela, consiguió reunir hasta el momento 610 mil pesos, lo que representa el 6,5 por ciento de los recursos asignados por la Legislatura en la Ley de Presupuesto 2006.

Para llevar adelante su programa de “Fortalecimiento Institucional” el Defensor del Pueblo entiendió necesario contar con la participación de organizaciones no-gubernamentales de la comunidad, y una de ellas, fue selecionada para administrar los recursos reunidos para los cursos de sensibilización ciudadana. El 20 de abril de 2006, Carlos Américo Bermudez firmó las resoluciones 079 y 080, por las cuales designó a la Asociación Civil Proyección de la ciudad de Rosario, como responsable de los proyectos financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones. Esta entidad es presidida por el licenciado Gabriel Sandro Savino, Personal de Gabinete de la Defensoría del Pueblo desde el 1° de marzo de 2004 y Coordinador de las Delegaciones en el interior provincial.

La tarea de Gabriel Sandro Savino es importante en ambos lados del mostrador. Como coordinador de las Delegaciones del interior supervisa el desarrollo los diversos programas orientados a toda la ciudadanía, cuyo objetivo es “la prevención de la violencia”. Respecto de estas actividades, Carlos Américo Bermudez, señaló luego de una reunión en Casilda que la mejor manera de combatir la violencia en todos sus géneros es "tratando de formar a las personas en tareas de prevención". (Cominicado de la Defensoría del Pueblo – 19/08/05)

Además, como presidente de la Asociación Civil Proyección, Gabriel Sandro Savino administrá los fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ($236.000) y el Consejo Federal de Inversiones ($271.000), para el desarrollo de los programas de extensión ideados por Carlos Américo Bermudez. Según el convenio firmado entre las partes, Proyección destinará los recursos recibidos para el pago de honorarios a los docentes y coordinadores y a la compra del material didáctico. Por su parte, la Defensoría “se compromete a aportar los viáticos para los docentes y coordinadores, la difusión del Programa, el material docente y los gastos de cafetería que se requiera”. Como ejemplo se puede señalar, que un curso para 40 personas sobre Violencia Familiar y Maltrato Infantil, dictado por dos docentes durante 14 días demanda un presupuesto de $4.000, según el siguiente detalle: honorarios docentes ($2.520); honorario sistematizador ($900); material didáctico ($389); y gastos administrativos ($190). A esto deben sumarse los honararios de tres coordinadores, a razón de $3.000 cada uno.

Un dato curioso de estos cursos es que el valor del honorario docente varía según el ente financiador. Cuando paga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la hora cátedra se cotiza a $15 y cuando paga el Consejo Federal de Inversiones llega a los $20.

Más curiosos son los precios presupuestados para el material didáctico que recibirán los 1.800 alumnos que participarán en toda la provincia de los cursos de sensibilización. Una birome color se cotiza a $0,60; el lápiz negro a $0,40; la goma de borrar común a $0,24; y un cuaderno block con espiral tamaño oficio a $2,50. Sin embargo, artículos similares se consiguen en los comercios mayoristas del ramo a un precio bastante menor: birome color $0,35; lápiz negro $0,20; goma de borrar común $0,20; y cuaderno con espiral tamaño oficio $1,38. Una simple comparación arroja una diferencia de precios que oscila entre el 17% y el 45%. Pero como las contrataciones y adquisiciones que realiza la Asociación Civil Proyección para los cursos de la Defensoría del Pueblo, no están sujetas al régimen de compras del estado ni al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia, dificilmente alguien repare en estas curiosidades.

Venezuela

El 31 de octubre pasado, Carlos Américo Bermúdez recibió al Director del Secretariado del Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, Alejandro Carrillo. Según informó la Defensoría, “en un desayuno de trabajo, evaluaron el desarrollo del Programa de Capacitación sobre Prevención de Conflictos Sociales” que se lleva a cabo en el interior provincial y que financia este organismo internacional con sede en Venezuela.

El acuerdo de la Defensoría con esta entidad de cooperación comenzó a gestarse a fines de 2005, con la firma de un convenio marco para llevar adelante programas destinados a capacitar agentes comunitarios interesados en abordar, contener y prevenir situaciones de violencia barrial, comunitaria, escolar, policial y de maltrato infantil.

En este Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe participan numerosos países y el Instituto Danés para los Derechos Humanos es su principal promotor, contando además con el apoyo de varios donantes de la Unión Europea.

Con una copia de la misma carpeta presentada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones, Carlos Américo Bermudez consiguió un aporte de u$s25.000 para llevar adelante la tercera versión del Programa de Capacitación para la Prevención de Conflictos Sociales,que tiene un costo total de u$s36.487. El proyecto contempla el dictado de 20 cursos destinados a la capacitación de 800 personas, y a diferencia de las otras inicitaivas, la coordinación y administración de los recursos estará a cargo de personal de la Defensoría del Pueblo. Para la elaboración del presupuesto se consideró un tipo de cambio de 1u$s = 2,84$, por lo que, el aporte del Fondo asciende a $70.856 y la contraparte santafesina a $32.768.

Los costos de insumos y honorarios docentes son similares a los informados en los proyectos financiados por la Nación y el CFI. Y pese a comprometer recursos provinciales este acuerdo no fue enviado a la Legislatura para su aprobación.

Sin acuerdo

Según la Constitución Provincial le corresponde a la Legislatura “aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias” (Artículo 55, inciso 11) y en el caso de acuerdos que comprometen a la provincia con organismos extranjeros se debe dar conocimiento al Congreso de la Nación (Artículo 124 de la Constitución Nacional).

Sin embargo, los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, se hicieron sin darle intervención al poder legislativo provincial y nacional.

Según la interpretación del Defensor del Pueblo y el Ministro Coordinador estos convenios podían firmarse y ejecutarse en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Complementaria del Presupuesto, sin necesidad de darle intervencion al Congreso y la Legislatura. Una opinión diferenre tuvo la Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda, que recomendó el envió de un proyecto de ley a las cámaras legislativas para su aprobación.

La diferencia no es menor y es la misma que separa el blanco del negro. De extenderse la aplicación del criterio del tándem Bermudez-Michlig cualquier dependencia de la administración pública podría asumir compromisos de tipo financiero o legal en nombre del estado provincial, sin que los mismos estén sujetos a ningún control o discusión.

En el caso del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Defensoría del Pueblo comprometió una inversión de $148.500, destinada a cubrir los gastos de movilidad de los docentes y coordinadores del Programa, la difusión masiva de los cursos, el uso del correo y el teléfono, la ocupación de los inmuebles y el trabajo del personal técnico y administrativo de la dependencia.

Algo similar ocurre con proyecto financiado por el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. En este caso la contraprestación de la Defensoría del Pueblo es de $32.768, destinados a cubrir gastos de personal, cafetería, energía y alquileres. El dato destacado, es que el Acuerdo de Cooperación firmado entre Carlos Américo Bernudez y Alejandro Carrillo, establece la validez exclusiva de “la ley de la República Bolivariana de Venezuela”, fijando para el caso de controversias una instancia de arbitraje “de acuerdo a las Reglas de procedimiento que rigen en la República Bolivariana de Venezuela”.

El documento firmado por el Defensor del Pueblo de Santa Fe incluye un compromiso de confidencialidad sobre “los detalles del acuerdo” y una claúsula anti-corrupción que habilita acciones civiles, penales y/o administrativas cuando se produzca una “desviación, distracción o uso indebido” de los recursos o equipos destinados al proyecto o se detecte alguna “oferta, dádiva, ventaja o beneficio económico de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción”.

Control de gestión

Para el diputado provincial Marcelo Brignoni (Encuentro) el Defensoría del Pueblo debe concurrir a la Legislatura para brindar un informe de su gestión. “Hay una serie de preguntas contenidas en un pedido de informes que refieren a la situación del personal y sus funciones y a los convenios que la Defensoría ha venido llevando adelante y que nosotros desconocemos”, dice el legislador.

Brignoni explica que el proyecto presentado “es consecuencia de una nota formal que el envié al Defensor Bermudez para pedir información sobre estas cuestiones y nunca fue contestada”.

Consultado sobre los cursos de sensibilización que se realizan con fondos extra-presupuestarios el diputado fue concreto. “Nosotros no tenemos una calificación muy buena sobre la tarea que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo en relación a su función central, que debería ser ayudar a los ciudadanos en sus reclamos ante los excesos y arbitrariadades del poder político. Lo que vemos es que esta situación no forma parte del eje de trabajo del Defensor del Pueblo y que distrae su accionar en el auspicio de muestras artísticas, organización de concursos, y en la realización de seminarios educativos de distinta índole” .

Respecto a los convenios suscriptos con la Nación, el CFI y Venezuela, el diputados dijo conocerlos “solo por versiones”, pero consideró que la Defensoría antes de dedicarse a los cursos “debería tener un relevamiento de cada una de las zonas del estado provincial para saber que situaciones de arbitrariedades o excesos de poder se producen”.

De todos modos adelantó que se va a solicitar un dictamen de Fiscalía de Estado “para nos diga si la Defensoría del Pueblo tiene atribuciones para llevar adelante actividades asociativas de esas características y recibir aportes externos, en algunos casos de capitales privados”, concluyó Brignoni.

Fundapueblo

Otra de las gestiones que el Defensor del Pueblo, Carlos Américo Bermudez, lleva adelante bajo estricta reserva es la constitución de la Fundación de la Defensoría del Pueblo (Fundapueblo). Entre los primeros proyectos en danza para desarrollar con la nueva entidad se encuentra la creación del Museo Virtual de Arte Santafesino. Para ello se iniciaron tratativas con el Nuevo Banco de Santa Fe buscando que se transforrme en el sponsor principal de la iniciativa. Como contrapartida al aporte de fondos que eventualmente realice la entidad crediticia, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, ofrece la posibilidad de organizar una “tienda virtual” donde se comercialicen pinturas, libros, objetos, reproducciones, souvenirs, postales, agendas, etc, ligadas al patrimimonio de los museos provinciales Rosa Galisteo de Rodriguez (Santa Fe) y Julio Marc (Rosario), más las colecciones privadas que quieran participar del proyecto.

Entre amigos

La relación de Carlos Américo Bernudez y Gabriel Sandro Savino se extiende más allá del dinero que uno consigue y el otro administra. A los pocos meses de ser nombrado asesor en la Defensoría del Pueblo, la esposa del presidente de la Asociación Civil Proyección – Natalia Laura Gagliano – tuvo la oportunidad de ocupár un cargo vacante en la la planta de personal temporario del organismo, para cumplir funciones en la Dirección General-Zona Sur.

Pasó el tiempo, y en su doble carácter de Personal de Gabinete y presidente de una ONG, el licenciado Savino aparece organizando el encuentro denominado "Jazz entre amigos - Arte en concierto", donde actuaron como bandas invitadas: el Jazz Trío de Rosario; Latinjazz, septeto del Hot Club de Jazz de Montevideo, con la participación de diferentes artistas plásticos locales. El eventó se realizó el 16 de diciembre de 2005 y fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Gobierno de Santa Fe y la Asociación Civil Proyección. Desde antes en ambos lados del mostrador.

Este tipo de vinculación entre una ONG de funcionarios y dinero del presupuesto no es nueva en la provincia de Santa Fe. En mayo de este año revelamos que la asociación civil JUNTOS y La Casa de Juan Diego - instituciones estrechamente ligadas a Maria Lastra, ex funcionaria del Ente de la Reconstrucción y actual concejal por el Partido Justicialista – habían recibido casi medio millón de pesos para construir y/o refaccionar viviendas de familias inundadas sin que mediara ningún proceso de selección.

En aquella oportunidad señalamos: “Si bien la legislación santafesina no establece incompatibilidades específicas para casos como este, no puede obviarse, que el reclamo social por mayor transparencia en la administración pública condena este tipo de operatorias. Incluso las recomendaciones de varias instituciones nacionales e internacionales interesadas en el establecimiento de parametros éticos para el comportamiento de los funcionarios, recomiendan evitar las intervenciones estatales donde pueda existir conflicto de intereses o connivencia entre un funcionario y una entidad beneficiada con fondos del presupuesto”.

Lo paradójico del caso Bermudez-Proyección-Savino es que esto sucede en el organismo del estado provincial encargado de “proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder”.

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lunes, diciembre 4

MÁS SOBREPRECIOS PARA SANTA FE

La primera etapa de la obra de repavimentación de avenidas, bacheo de calles y señalización fue adjudicada en diciembre de 2004 por $15.000.000. La segunda etapa de la obra con una menor cantidad de trabajos será adjudicada proximamente en $17.000.000. En ambos casos la contratista es una UTE encabezada por la contructora Petersen Thiele y Cruz del poderoso empresario santacruceño Enrique Ezkenazi. Comparando los precios cotizados en ambas oportunidades surgen diferencias que van del 130 al 450 por ciento. En el mismo periodo los incrementos de los distintos rubros que componen el índice de la construcción promedian el 35 por ciento

El 14 de septiembre pasado se conocieron las ofertas de las empresas interesadas en ejecutar la segunda etapa de la repavimentación de avenidas, bacheo, semaforización, iluminación y señalización de calles de la ciudad. La UTE integrada por Obring S.A., Petersen Thiele y Cruz SACYM y Guerechet SA hizo la mejor oferta al cotizar en $17.232.975,46; mejorando la propuesta de Rovella Carranza SA que superó los $18.500.000.

Esta obra se financia con fondos de la Nación y presenta similares características que la licitada en diciembre de 2004, cuando fue adjudicada al mismo consorcio que lidera la empresa constructora del poderoso banquero Enrique Ezkenazi: Petersen Thiele y Cruz SACYM. En aquella oportunidad la obra se adjudicó en $15.000.000. Ahora, con una menor cantidad de trabajos se gastará mucho más dinero.

Para el concejal Leonardo Simoniello, autor de un pedido de informes sobre esta controvertida obra, podríamos estar en presencia de “alguna devolución de favores o algo similar para obras que son encaradas con fondos nacionales”. La sospecha del edil consiste en que los “sobreprecios” consentidos por la Municipalidad servirían para encubrir una ganancia espuria, que inicialmente, estaría destinada a las empresas.

Las planillas
Cuando se recibieron las ofertas de la primer etapa de la obra, el Secreatrio de Obras Públicas de la Municipalidad, Edgardo Ragalli explicó: “Hoy se procedió a la apertura de uno de los dos sobres (A y B) que las empresas debían presentar en Obras Públicas. El primero de ellos contenía información sobre los "antecedentes, capacidad financiera, equipos propios de las empresas, contrato social, balance". El segundo sobre consiste en "una planilla donde está, ítem por ítem, lo que hay que ejecutar, con sus cantidades y el precio unitario fijado por las empresas. Ahí se establece el precio de oferta". (El Litoral – 07/12/04)

Fuera de Foco pudo cotejar las planillas de cotización presentadas por la UTE Obring S.A., Petersen Thiele y Cruz SACYM y Guerechet SA en las dos licitaciones, corroborando que se trata de trabajos similares pero en cantidades diferentes.

Tomemos dos ejemplos: en la primera etapa se licitó la colocación de 21.000 toneladas de asfalto y la ejecución de 10.800 m2 de pavimentos de hormigon; en esta segunda etapa se piden 4.654 toneladas de asfalto y 3.344 m2 de hormigon. Tratándose de los rubros principales, todos los item relacionados también disminuyen considerablemente. Sin embargo, el presupuesto final presentado en septiembre de 2006 sigue siendo más elevado que el presentado en diciembre de 2004.

La explicación de este resultado es el importante incremento de precios en los distintos rubros que compomen la obra. Estas variaciones oscilan entre el 130 y 450 por ciento, mientras que en el mismo periodo, los rubros que componen el índice de la construcción promedian un 35 por ciento de aumento. Según los datos elaborados por el INDEC, entre dicienbre de 2004 y septiembre de 2006, la mano de obra aumentó el 80 por ciento, el rubro equipos el 10,78%, el hormigón elaborado el 24,67%, el cemento Pórtland el 6% y la arena el 36,35%.

Este desfasaje de precios está presente en la mayoría de los item cotizados por Obring S.A., Petersen Thiele y Cruz SACYM y Guerechet SA, tal como puede verse en la tabla.

Pero la diferencia se torna más escandalosa cuando se comparan los valores ofrecidos en esta licitación con los precios pagados la Municipalidad para obras similares de menor envergadura. Cuando la UTE pide $764,81 para colocar una tonelada de asfalto sobre bases existentes o estabilizadas; otra empresa esta haciendo el mismo trabajo por $335. La ejecución de pavimento de hormigon de 15 centímetros de espesor que la UTE cotiza en $447,26 el metro cuadrado, en Santa Fe se consigue por $133,41.
Alarmado por la gravedad de este caso, Simoniello le dijo a Fuera de Foco: “Nosotros a esto lo hemos consultado, con algunos funcionarios de la Municipalidad, que no nos pudieron dar una respuesta”.

“Sabemos que las empresas son renuentes a cotizar los precios del mercado, porque están buscando continuamente un excedente más, pero hemos comparado con obras de otras ciudades y el porcentaje de aumento en estos últimos 24 meses fue entre el 35 y el 43 por ciento”, agregó.

El concejal señala un aspecto de gran importancia. “Si una empresa oferta, por ejemplo, un millón de pesos por determinada obra, estamos hablando de un presupuesto oficial que tuvo que ser de 800.000 pesos, porque no se puede ofertar por encima del 20 por ciento”. Esto significa que para llegar a los sobreprecios denunciados fue necesario la elaboración previa de un proyecto sobrevaluado, con la anuencia de numerosos estamentos internos de la Municipalidad, incluido el Tribunal de Cuentas. “Estas cosas no pueden pasar inadvertidas”, señaló.

“Estamos hablando de mucha plata y realmente es preocupante. Hay que denunciarlo y pedir que se aclare. Porque esto le recorta autonomía política al municipio. Si llega un dinero de Buenos Aires y tenemos que armar un presupuesto oficial de tal manera para hacer una obra determinada, los santafesinos nos vamos a quedar con las obras pero no tenemos ningún punto de decisión”, remarcó.

Consultado sobre los pasos que seguirá su bloque, Simoniello no descartó la via judicial, pero solo como última instancia. “Yo quisiera que nos contesten el pedido de informes y que los funcionarios salgan a explicar la situación publicamente”, dijo.

Finalmente, el concejal de Encuentro para Santa Fe se manifestó confiado en la reacción de la opinión pública, aunque también con algunas reservas. “En este momento estamos llegando a los 3 millones de pesos en publicidad pautada por la Municipalidad y es muy dificil enfrentarse a esto y que otros medios tomen el tema con la gravedad que tiene. Aquello de las “obras virtuales” con esto, queda una cosa muy chiquitita”.

El esquema La relación entre la acumulación de poder del kirchnerismo y obra pública ha sido ampliamente descripta por un sector de la prensa y algunos partidos de oposición. Como ha sucedido en muchos puntos de la Argentina, el dinero que fluye de Buenos Aires ha contribuido a clarificar el futuro de muchos dirigentes políticos y referentes sociales. Para entender como opera este esquema en la provincia de Santa Fe, nos vamos a remitir a un exhaustivo artículo publicado en Tercer Mundo Online, el 25 de enero de 2005, que hoy recobra actualidad por varios motivos.

A partir de un informe elaborado por los diputados nacionales del ARI sobre “clientelismo y obra pública”, la nota señala que, “una de las empresas constructoras beneficiadas con la repavimentación de las Avenidas de la ciudad de Santa Fe, es Petersen, Thiele y Cruz S.A. Su titular, Enrique Eskenazi durante los últimos años y a la sombra de Néstor Kirchner, se hizo un hombre fuerte en el mundo financiero con la compra de los Bancos de San Juan, Santa Cruz, el Nuevo Banco de Santa Fe y ahora el BERSA. Pero el ex funcionario de Bunge y Born también ha cosechado buenos dividendos con los contratos de obra pública que su empresa Petersen, Thiele y Cruz S.A ganó en distintos puntos del país, no sólo en la provincia de Santa Cruz”.

Agrega que “cientos de miles de pesos han engrosado el último presupuesto de la Municipalidad de Santa Fe, provenientes de la Nación. La mayor parte de estos fondos, unos 40 millones de pesos en el presente ejercicio 2005, tienen un destino específico: la obra pública. Estas gestiones entre el gobierno Federal y la intendencia local, responden al nuevo “esquema político” entorno a la obra pública”.

El artículo publicado por Luis Moro, en el portal de noticias que dirgía Pablo Benito concluye: “El llamado neokeynesianismo impulsado por el Ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio de Vido, parece venir de la mano de acuerdos que benefician a grupos económicos relacionados históricamente con el actual presidente. Parte de esos fondos para obras que engrosan las arcas de la Municipalidad de Santa Fe, tienen un beneficiario “específico”: la constructora Petersen, de Enrique Eskenazi”. (Las obras de la Corona – TMO- 25/01/05) Aunque algunos actores cambiaron de lugar la misma maquinaria sigue en marcha.