DEFENSORÍA DE AMIGOS

El Defensor del Pueblo de Santa Fe consigue fondos para su gestión firmando convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, Nuevo Banco de Santa Fe y Venezuela. Algunos de estos acuerdos son avalados por la Legislatura y otros se ejecutan violando la Constitución Provincial. Este dinero se utiliza para financiar cursos que organiza una asociación civil presidida por un estrecho colaborador de Carlos Bermudez. Se repite la triangulación detectada en el Ente de la Reconstrucción.

Al Defensor del Pueblo de Santa Fe no le alcanza el presupuesto asignado por el gobierno provincial para desarrollar algunas de sus tareas. Seguramente por este motivo, Carlos Américo Bermudez, se ha lanzado a la búsqueda de financiamiento golpeando la puerta de numerosas entidades con un mismo proyecto bajo el brazo. Se trata del programa de “Fortalecimiento Institucional” que tiene como objetivo “formar, capacitar y sensibilizar a la comunidad sobre las problemáticas de violencia familiar, maltrato infantil, violencia en las escuelas y violencia institucional”. Esta iniciativa se instrumenta a través del dictado de cursos para la “Prevención de Conflictos Sociales” en varias localidades de la provincia, y a juzgar por algunos resultados, mal no le fue con la recaudación de apoyos. Entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Dechos Humanos en América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela, consiguió reunir hasta el momento 610 mil pesos, lo que representa el 6,5 por ciento de los recursos asignados por la Legislatura en la Ley de Presupuesto 2006.

Para llevar adelante su programa de “Fortalecimiento Institucional” el Defensor del Pueblo entiendió necesario contar con la participación de organizaciones no-gubernamentales de la comunidad, y una de ellas, fue selecionada para administrar los recursos reunidos para los cursos de sensibilización ciudadana. El 20 de abril de 2006, Carlos Américo Bermudez firmó las resoluciones 079 y 080, por las cuales designó a la Asociación Civil Proyección de la ciudad de Rosario, como responsable de los proyectos financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones. Esta entidad es presidida por el licenciado Gabriel Sandro Savino, Personal de Gabinete de la Defensoría del Pueblo desde el 1° de marzo de 2004 y Coordinador de las Delegaciones en el interior provincial.

La tarea de Gabriel Sandro Savino es importante en ambos lados del mostrador. Como coordinador de las Delegaciones del interior supervisa el desarrollo los diversos programas orientados a toda la ciudadanía, cuyo objetivo es “la prevención de la violencia”. Respecto de estas actividades, Carlos Américo Bermudez, señaló luego de una reunión en Casilda que la mejor manera de combatir la violencia en todos sus géneros es "tratando de formar a las personas en tareas de prevención". (Cominicado de la Defensoría del Pueblo – 19/08/05)

Además, como presidente de la Asociación Civil Proyección, Gabriel Sandro Savino administrá los fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ($236.000) y el Consejo Federal de Inversiones ($271.000), para el desarrollo de los programas de extensión ideados por Carlos Américo Bermudez. Según el convenio firmado entre las partes, Proyección destinará los recursos recibidos para el pago de honorarios a los docentes y coordinadores y a la compra del material didáctico. Por su parte, la Defensoría “se compromete a aportar los viáticos para los docentes y coordinadores, la difusión del Programa, el material docente y los gastos de cafetería que se requiera”. Como ejemplo se puede señalar, que un curso para 40 personas sobre Violencia Familiar y Maltrato Infantil, dictado por dos docentes durante 14 días demanda un presupuesto de $4.000, según el siguiente detalle: honorarios docentes ($2.520); honorario sistematizador ($900); material didáctico ($389); y gastos administrativos ($190). A esto deben sumarse los honararios de tres coordinadores, a razón de $3.000 cada uno.

Un dato curioso de estos cursos es que el valor del honorario docente varía según el ente financiador. Cuando paga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la hora cátedra se cotiza a $15 y cuando paga el Consejo Federal de Inversiones llega a los $20.

Más curiosos son los precios presupuestados para el material didáctico que recibirán los 1.800 alumnos que participarán en toda la provincia de los cursos de sensibilización. Una birome color se cotiza a $0,60; el lápiz negro a $0,40; la goma de borrar común a $0,24; y un cuaderno block con espiral tamaño oficio a $2,50. Sin embargo, artículos similares se consiguen en los comercios mayoristas del ramo a un precio bastante menor: birome color $0,35; lápiz negro $0,20; goma de borrar común $0,20; y cuaderno con espiral tamaño oficio $1,38. Una simple comparación arroja una diferencia de precios que oscila entre el 17% y el 45%. Pero como las contrataciones y adquisiciones que realiza la Asociación Civil Proyección para los cursos de la Defensoría del Pueblo, no están sujetas al régimen de compras del estado ni al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia, dificilmente alguien repare en estas curiosidades.

Venezuela

El 31 de octubre pasado, Carlos Américo Bermúdez recibió al Director del Secretariado del Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, Alejandro Carrillo. Según informó la Defensoría, “en un desayuno de trabajo, evaluaron el desarrollo del Programa de Capacitación sobre Prevención de Conflictos Sociales” que se lleva a cabo en el interior provincial y que financia este organismo internacional con sede en Venezuela.

El acuerdo de la Defensoría con esta entidad de cooperación comenzó a gestarse a fines de 2005, con la firma de un convenio marco para llevar adelante programas destinados a capacitar agentes comunitarios interesados en abordar, contener y prevenir situaciones de violencia barrial, comunitaria, escolar, policial y de maltrato infantil.

En este Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe participan numerosos países y el Instituto Danés para los Derechos Humanos es su principal promotor, contando además con el apoyo de varios donantes de la Unión Europea.

Con una copia de la misma carpeta presentada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones, Carlos Américo Bermudez consiguió un aporte de u$s25.000 para llevar adelante la tercera versión del Programa de Capacitación para la Prevención de Conflictos Sociales,que tiene un costo total de u$s36.487. El proyecto contempla el dictado de 20 cursos destinados a la capacitación de 800 personas, y a diferencia de las otras inicitaivas, la coordinación y administración de los recursos estará a cargo de personal de la Defensoría del Pueblo. Para la elaboración del presupuesto se consideró un tipo de cambio de 1u$s = 2,84$, por lo que, el aporte del Fondo asciende a $70.856 y la contraparte santafesina a $32.768.

Los costos de insumos y honorarios docentes son similares a los informados en los proyectos financiados por la Nación y el CFI. Y pese a comprometer recursos provinciales este acuerdo no fue enviado a la Legislatura para su aprobación.

Sin acuerdo

Según la Constitución Provincial le corresponde a la Legislatura “aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con otras provincias” (Artículo 55, inciso 11) y en el caso de acuerdos que comprometen a la provincia con organismos extranjeros se debe dar conocimiento al Congreso de la Nación (Artículo 124 de la Constitución Nacional).

Sin embargo, los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, se hicieron sin darle intervención al poder legislativo provincial y nacional.

Según la interpretación del Defensor del Pueblo y el Ministro Coordinador estos convenios podían firmarse y ejecutarse en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Complementaria del Presupuesto, sin necesidad de darle intervencion al Congreso y la Legislatura. Una opinión diferenre tuvo la Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda, que recomendó el envió de un proyecto de ley a las cámaras legislativas para su aprobación.

La diferencia no es menor y es la misma que separa el blanco del negro. De extenderse la aplicación del criterio del tándem Bermudez-Michlig cualquier dependencia de la administración pública podría asumir compromisos de tipo financiero o legal en nombre del estado provincial, sin que los mismos estén sujetos a ningún control o discusión.

En el caso del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Defensoría del Pueblo comprometió una inversión de $148.500, destinada a cubrir los gastos de movilidad de los docentes y coordinadores del Programa, la difusión masiva de los cursos, el uso del correo y el teléfono, la ocupación de los inmuebles y el trabajo del personal técnico y administrativo de la dependencia.

Algo similar ocurre con proyecto financiado por el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. En este caso la contraprestación de la Defensoría del Pueblo es de $32.768, destinados a cubrir gastos de personal, cafetería, energía y alquileres. El dato destacado, es que el Acuerdo de Cooperación firmado entre Carlos Américo Bernudez y Alejandro Carrillo, establece la validez exclusiva de “la ley de la República Bolivariana de Venezuela”, fijando para el caso de controversias una instancia de arbitraje “de acuerdo a las Reglas de procedimiento que rigen en la República Bolivariana de Venezuela”.

El documento firmado por el Defensor del Pueblo de Santa Fe incluye un compromiso de confidencialidad sobre “los detalles del acuerdo” y una claúsula anti-corrupción que habilita acciones civiles, penales y/o administrativas cuando se produzca una “desviación, distracción o uso indebido” de los recursos o equipos destinados al proyecto o se detecte alguna “oferta, dádiva, ventaja o beneficio económico de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción”.

Control de gestión

Para el diputado provincial Marcelo Brignoni (Encuentro) el Defensoría del Pueblo debe concurrir a la Legislatura para brindar un informe de su gestión. “Hay una serie de preguntas contenidas en un pedido de informes que refieren a la situación del personal y sus funciones y a los convenios que la Defensoría ha venido llevando adelante y que nosotros desconocemos”, dice el legislador.

Brignoni explica que el proyecto presentado “es consecuencia de una nota formal que el envié al Defensor Bermudez para pedir información sobre estas cuestiones y nunca fue contestada”.

Consultado sobre los cursos de sensibilización que se realizan con fondos extra-presupuestarios el diputado fue concreto. “Nosotros no tenemos una calificación muy buena sobre la tarea que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo en relación a su función central, que debería ser ayudar a los ciudadanos en sus reclamos ante los excesos y arbitrariadades del poder político. Lo que vemos es que esta situación no forma parte del eje de trabajo del Defensor del Pueblo y que distrae su accionar en el auspicio de muestras artísticas, organización de concursos, y en la realización de seminarios educativos de distinta índole” .

Respecto a los convenios suscriptos con la Nación, el CFI y Venezuela, el diputados dijo conocerlos “solo por versiones”, pero consideró que la Defensoría antes de dedicarse a los cursos “debería tener un relevamiento de cada una de las zonas del estado provincial para saber que situaciones de arbitrariedades o excesos de poder se producen”.

De todos modos adelantó que se va a solicitar un dictamen de Fiscalía de Estado “para nos diga si la Defensoría del Pueblo tiene atribuciones para llevar adelante actividades asociativas de esas características y recibir aportes externos, en algunos casos de capitales privados”, concluyó Brignoni.

Fundapueblo

Otra de las gestiones que el Defensor del Pueblo, Carlos Américo Bermudez, lleva adelante bajo estricta reserva es la constitución de la Fundación de la Defensoría del Pueblo (Fundapueblo). Entre los primeros proyectos en danza para desarrollar con la nueva entidad se encuentra la creación del Museo Virtual de Arte Santafesino. Para ello se iniciaron tratativas con el Nuevo Banco de Santa Fe buscando que se transforrme en el sponsor principal de la iniciativa. Como contrapartida al aporte de fondos que eventualmente realice la entidad crediticia, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, ofrece la posibilidad de organizar una “tienda virtual” donde se comercialicen pinturas, libros, objetos, reproducciones, souvenirs, postales, agendas, etc, ligadas al patrimimonio de los museos provinciales Rosa Galisteo de Rodriguez (Santa Fe) y Julio Marc (Rosario), más las colecciones privadas que quieran participar del proyecto.

Entre amigos

La relación de Carlos Américo Bernudez y Gabriel Sandro Savino se extiende más allá del dinero que uno consigue y el otro administra. A los pocos meses de ser nombrado asesor en la Defensoría del Pueblo, la esposa del presidente de la Asociación Civil Proyección – Natalia Laura Gagliano – tuvo la oportunidad de ocupár un cargo vacante en la la planta de personal temporario del organismo, para cumplir funciones en la Dirección General-Zona Sur.

Pasó el tiempo, y en su doble carácter de Personal de Gabinete y presidente de una ONG, el licenciado Savino aparece organizando el encuentro denominado "Jazz entre amigos - Arte en concierto", donde actuaron como bandas invitadas: el Jazz Trío de Rosario; Latinjazz, septeto del Hot Club de Jazz de Montevideo, con la participación de diferentes artistas plásticos locales. El eventó se realizó el 16 de diciembre de 2005 y fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Gobierno de Santa Fe y la Asociación Civil Proyección. Desde antes en ambos lados del mostrador.

Este tipo de vinculación entre una ONG de funcionarios y dinero del presupuesto no es nueva en la provincia de Santa Fe. En mayo de este año revelamos que la asociación civil JUNTOS y La Casa de Juan Diego - instituciones estrechamente ligadas a Maria Lastra, ex funcionaria del Ente de la Reconstrucción y actual concejal por el Partido Justicialista – habían recibido casi medio millón de pesos para construir y/o refaccionar viviendas de familias inundadas sin que mediara ningún proceso de selección.

En aquella oportunidad señalamos: “Si bien la legislación santafesina no establece incompatibilidades específicas para casos como este, no puede obviarse, que el reclamo social por mayor transparencia en la administración pública condena este tipo de operatorias. Incluso las recomendaciones de varias instituciones nacionales e internacionales interesadas en el establecimiento de parametros éticos para el comportamiento de los funcionarios, recomiendan evitar las intervenciones estatales donde pueda existir conflicto de intereses o connivencia entre un funcionario y una entidad beneficiada con fondos del presupuesto”.

Lo paradójico del caso Bermudez-Proyección-Savino es que esto sucede en el organismo del estado provincial encargado de “proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder”.
.