BARLETTA PIENSA EN UN SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE

Lo admitió Sergio Ludueña subsecretario de Transporte de la Municipalidad. La medida se encuentra en etapa de análisis y no sería de aplicación inmediata. El gobierno local también aspira a un aporte similar desde la Provincia. “Es injusto que el transporte por colectivo este sostenido por los usuarios únicamente”, dijo el funcionario en el programa Ciudadanos de Cablevisión.

Luego que el intendente Mario Barletta anunciara el inminente envió al Concejo Municipal del proyecto con los pliegos de la postergada licitación del transporte urbano de pasajeros, un funcionario del gabinete local admitió que se encuentra en estudio la instrumentación de un subsidio municipal para las empresas de colectivos.

Según admitió Sergio Ludueña, subsecretario de Transporte de la Municipalidad, se están buscando “otras alternativas que tienen que ver con el financiamiento” para asegurar que el servicio tenga una tarifa accesible a todos los potenciales usuarios.

- ¿Están pensando en subsidios provinciales o municipales? preguntó el conductor del programa Ciudadanos de Cablevisión -

- En lo personal me parece muy interesante y es una alternativa que tenemos que discutir a nivel social. Es injusto que el transporte por colectivo este sostenido por los usuarios únicamente porque los perjuicios de que no exista este transporte son para toda la ciudad. Esto lo tenemos que discutir con los concejales con el presupuesto en la mano y lo tienen que discutir los ciudadanos con los aportes que están dispuestos a hacer.

Ludueña explicó que el tema se comenzó a discutir en el gabinete municipal. “Nosotros le tenemos que generar al intendente herramientas para que él tome esta decisión, estamos trabajando para proponer cual sería el origen de los fondos y cuales serían los beneficios económicos de esto”.

“Yo creo que debe haber (subsidio) provincial y municipal, esto es personal, pero los santafesinos tenemos que discutirlo”, agregó el funcionario.

De todos modos, el responsable político del transporte de la ciudad, aclaró que la adopción de esta medida todavía no está decidida y que su eventual implementación no sería inmediata. “Esto lo queremos discutir con la ciudadanía y debemos generar la conciencia de que el beneficio del transporte público no es solamente de los usuarios sino de todos. Hay que pensar en el uso del espacio publico, del automóvil particular, en la contaminación y en todas las externalidades que están vinculadas con este servicio”, finalizó Ludueña.

EL CUPO SERÁ PARA LOS PESCADORES

Con el inicio de la veda pesquera se intensifica el debate sobre el manejo del recurso ictícola que se está llevando adelante en la provincia. Cupos de extracción, controles y subsidios son algunos de los temas que se destacan en la agenda del sector. Para los próximos días se esperan anuncios del Ministerio de la Producción. Con cinco inspectores para 900 kilómetros de costa se labraron 253 infracciones en lo que va del año. En el departamento General Obligado no se aplicó ninguna sanción.

Desde el sábado pasado y hasta febrero de 2009 rige en toda la provincia la prohibición para la “captura de toda especie de peces de río” según lo establece la Ley 12.703 sancionada a fines de 2006. La única excepción aceptada es “la pesca de subsistencia” y la captura realizada por medio de tanza con anzuelo. También se podrán exceptuar de la prohibición “las especies que no sean nativas de nuestros ríos o las que por razones biológicas sea conveniente seguir manteniendo una presión de pesca constante”.

Para amortiguar el impacto económico y social de la veda sobre el eslabón más débil de la cadena de la pesca comercial, la ley dispuso un sistema de asistencia a los pescadores durante este periodo a través del pago de un subsidio que debía financiarse con un “Fondo de Reconversión Pesquera” que estaría constituido con los aportes provenientes del Tesoro Nacional y/o Provincial y de lo recaudado en concepto de la Tasa de Fiscalización de productos de río durante los períodos no vedados.

Durante la veda del verano pasado los pagos fueron de $500 y $700, y alcanzaron a 3.300 pescadores de toda la provincia. Los fondos fueron aportados por la Provincia y por un ATN enviado desde la Nación. Se estima que para el presente periodo de prohibición el padrón de beneficiarios sería algo menor debido a las depuraciones que se efectuaron en los listados. Desde el autodenominado Sindicato de Pescadores se exige un subsidio de $1.200 para un padrón de 1.700 trabajadores del río. Todas estas cuestiones serán definidas en los próximos días por las autoridades del Ministerio de la Producción.

Mientras se espera el decreto reglamentario de la veda, el subsecretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de la Provincia adelantó algunos conceptos de la nueva orientación política para el sector. “Tenemos que ser muy cuidadosos cuando analizamos este tipo de cosas, porque si bien es cierto que es el sábalo el que sufre las consecuencias de cualquier proceso de presión de pesca, quienes también lo sufren, y severamente, son los pescadores”, sostuvo Ricardo Biani en el programa Rueda de Prensa de Cablevisión.

El funcionario explicó que el objetivo es involucrar a los pescadores “dentro de un proceso donde no se repitan algunas cuestiones del pasado donde se privatizaron las ganancias y cuando hubo que tomar medidas para garantizar la estabilidad del recurso se socializaron las perdidas trasladándole al estado la responsabilidad de pagar los subsidios” durante los tres meses que dura la veda.

Biani agregó que tuvieron que resolver el problema del bajo nivel de organización que tenían los trabajadores del río. “Nuestro trabajo fue darles esa institucionalidad de modo de tener un interlocutor dentro del territorio trabajando con nosotros”.

El paso siguiente promete dar esta gestión puede alterar las relaciones de poder dentro de la cadena de la pesca comercial. Según adelantó el subsecretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero se van a “establecer estrategias para que los pescadores sean los dueños de los cupos y ellos puedan vender, no su trabajo de extracción a los frigoríficos, sino que esa materia prima este acompañada con una documentación que les permita tener una posición distinta dentro de la cadena de valor”.

El objetivo parece ambicioso y depende en gran medida del grado de formalidad y organización que puedan alcanzar los pescadores para dejar de ser rehenes de los frigoríficos y los acopiadores.

Sanciones

En el sitio de Internet del Ministerio de la Producción aparece un resumen de las actuaciones de control efectuadas durante 2008. De allí surge que los cinco inspectores de la provincia y los efectivos de la Policía asignados al control de fauna labraron 253 actas de infracción entre febrero y septiembre de este año. Considerando los 900 kilómetros de costa santafesina, esto significa un operativo de control con resultado positivo por día en tan vasto territorio.

De acuerdo a la información oficial, la mayor cantidad de infracciones se constató en el departamento Garay (133 actas), luego siguen: La Capital (59 actas), San Javier (24 actas), San Jerónimo (21 actas), Rosario (6 actas), San Justo (1 acta) y San Cristóbal (1 acta). Lo llamativo de este resumen es que en un departamento tradicionalmente pesquero como General Obligado no se labró ningún tipo de infracción a la ley de pesca durante los primeros meses de este año. Esta situación viene siendo denunciada hace tiempo por distintas entidades ambientalistas del norte de la provincia, y a juzgar por los resultados publicados, poco y nada se ha hecho para revertir este panorama de desprotección.

BUSCANDO RECURSOS

El municipio de Santo Tome comenzó la elaboración del Presupuesto 2009. Se contempla un estancamiento de los recursos y la postergación de algunos proyectos. Habrá un importante aumento en el Derecho de Cementerio y se estudia otro ajuste en la Tasa General de Inmuebles. Fabián Palo Oliver critica duramente a Juan Carlos Mercier y reivindica la necesidad de una reforma impositiva provincial.

Luego del fracaso de la reforma tributaria provincial, los intendentes y presidentes comunales santafesinos comprobaron con distinto grado de amargura, que el bloqueo de los senadores justicialistas al proyecto del Frente Progresista podía ocasionar graves trastornos en las gestiones de los gobiernos locales. Es que la preservación de los privilegios impositivos para la gran industria y los propietarios de campos, se realiza a costa de sacrificar los mayores recursos que podían aportar los ajustes impulsados para el Impuesto Inmobiliario Rural e Ingresos Brutos.

De esta manera, la coparticipación que los pueblos y ciudades de la provincia recibirán durante 2009 se mantendrá en los mismos niveles de este año, con la de que una profundización de la crisis económica puede hacer disminuir la recaudación de Ingresos Brutos (y por lo tanto la coparticipación) debido a que este tributo depende directamente de las ventas y el consumo.

El panorama se torna más complejo si se tienen en cuenta dos factores. Por un lado aparece el reclamo salarial de los trabajadores municipales. El conflicto ha ingresado en una espiral de tensión a pesar de la conciliación obligatoria dictada recientemente. Para esta semana la FESTRAM resolvió un paro de 48 horas los días 28 y 29 de octubre con una concentración provincial frente a la Intendencia de Rosario. A través de un comunicado de prensa, la entidad gremial “destacó el esfuerzo y la actitud del Ministerio de Trabajo en la búsqueda de una solución al conflicto, pero la propuesta de los intendentes se mantuvo inalterable, buscando distorsionar porcentajes y formas de pago pero sin acercarse al reclamo de los trabajadores”.

El reclamo de los trabajadores es un aumento no inferior a $120 y un 10% de los salarios vigentes, reclamando que el incremento sea retroactivo al mes de agosto. Antes de la ruptura de las negociaciones los municipios y comunas habían ofrecido un 7% de aumento. Para agregarle más presión al conflicto, el Plenario de Secretarios Generales de la FESTRAM se reunirá el próximo viernes 31 de octubre con la intención de profundizar el plan de lucha en marcha.

Por otro lado, también se debe computar como otro elemento presión sobre los presupuestos locales, la creciente demanda de obra pública y mejora de los servicios que expresa la población. Este es un factor que no se puede menospreciar al momento del análisis debido al fuerte impacto político que puede tener sobre el rumbo de algunas gestiones que comienzan a mirar con preocupación las perspectivas electorales del año 2009, cuando se deban renovar los mandatos en los concejos municipales y las comisiones comunales.

En este contexto, la situación para los municipios y comunas de la provincia se puede tornar muy compleja para el próximo año. La combinación de recursos escasos y demandas crecientes puede desembocar en un escenario de conflictividad gremial o de deterioro de la calidad de las gestiones. La habilidad de los dirigentes políticos radicará en transitar esta nueva etapa de la economía argentina sin caer en alguno de los anteriores extremos.

Mirada local

Para las autoridades de la municipalidad de Santo Tomé el año que viene se encuentra envuelto por un gran signo de interrogación. “Hoy por hoy lo más difícil es tener previsibilidad. Nosotros estamos trabajando en el presupuesto 2009 y es muy difícil calcular cuanto van a ser los recursos que puedan ingresar”, admitió Fabián Palo Oliver, en un reportaje concedido al programa Ciudadanos de Cablevisión Santa Fe.

Para el intendente de la ciudad “la solución al tema de los recursos de los municipios era la reforma tributaria” y no por la incorporación de una quinta cuota del Impuesto Inmobiliario como impulsan ahora algunos dirigentes del justicialismo.

“Hubiera significado recibir no menos de 6 millones de pesos más durante el 2009. En cambio, la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario nos significa solo 400.000 pesos de una sola vez. Hay que tener en cuento que el incremento del 10% que ahora piden los municipales, para nosotros representa un desembolso adicional de 180.000 pesos y con la quinta cuota solo nos alcanzaría para cubrir dos meses y medio”, detalló Palo Oliver, que no dejó pasar la ocasión para criticar durante a los legisladores de la oposición. “La actitud hegemónica de los senadores justicialistas de no permitir el debate en las comisiones de la reforma tributaria para que pueda recibir modificaciones demuestra que se esta poniendo en marcha la famosa máquina de impedir”.

¿Qué se podía hacer con esos seis millones de pesos?, preguntó el periodista.

- En principio, ese dinero alcanzaba para financiar el incremento del costo salarial, eso nos permitía disponer del dinero que hoy destinamos a salarios para mejorar servicios y obras. Quizás no grandes obras, pero si algunas que son importantes y están postergadas hace tiempo en la ciudad.

En el mismo sentido se manifestó el Secretario de Hacienda de la municipalidad, Adrián Masino, que afirmó: “Estos fondos nos hubieran permitido equilibrar las finanzas”.

Por este motivo se entiende el fuerte reproche que desde la ciudad le hacen al senador departamental Juan Carlos Mercier, con quien Palo Oliver, dice no tener diálogo. “Yo respeto su investidura porque ha sido electo por la ciudadanía, pero yo tengo que decir algo. Cada invitación que hice para el senador Mercier para actos públicos, reuniones o actividades, nunca ha participado y nunca se excusó. Yo lo sigo invitando, alguna vez vendrá, pero él tenía la obligación de preguntarme en mi condición de intendente que pensaba de la reforma tributaria y no lo hizo”.

Sin plata para salarios

A pocas horas de un nuevo paro de la FESTRAN y frente a la posibilidad de un agravamiento del conflicto STI consultó al Secretario de Hacienda sobre las perspectivas financieras para afrontar el reclamo salarial de los trabajadores municipales. “Si siguen las cosas así, nosotros en el ámbito municipal, vemos muy difícil seguir funcionando. Por un lado el gremio FESTRAM pide aumentos salariales del orden de 30% para un año, cuando la inflación que mide la provincia esta cerca del 20%. Y por el otro lado los senadores de la oposición niegan una reforma impositiva que permitiría a los municipios y comunas obtener los recursos suficientes para poder solventar el pedido de los municipales. Así que estamos en una encerrona que va a requerir un poco de madurez para salir”, sentenció Adrián Masino, reiterando los conceptos del intendente.

Hace pocos días, en el citado programa de televisión, Fabián palo Oliver había explicado: “El mayor problema que tenemos es el incremento de los costos fijos. Nosotros cuando asumimos pagábamos el gasoil a 2,10 y hoy lo pagamos a 2,60. En costo laboral nosotros mensualmente estábamos liquidando 1,2 millones pesos en sueldos; y encontramos que el 60% del salario del empleado municipal se pagaba en negro, lo cual era una locura y una situación casi de explotación, pero hoy estamos liquidando 1,8 millones de pesos, no porque hayamos incrementado la planta de personal sino porque tuvimos que blanquear todas las sumas en negro y dimos un incremento de sueldo del 20,4%”.

Por eso fue contundente al señalar que “otro incremento de salarios no lo podemos dar, del total de recursos que tenemos el 70% se utiliza para sueldos, y ni hablar de hacer una obra con recursos propios”.

Presupuesto 2009

El próximo 10 de diciembre vence el plazo formal para que el ejecutivo municipal presente ante los concejales el proyecto de Presupuesto 2009. Para el equipo técnico de la Secretaria de Hacienda el problema a resolver consiste en conseguir la mayor cantidad de recursos posible para enfrentar los gastos crecientes en materia de personal, obra pública y servicios. Sin reforma impositiva provincial, la formula para resolver esta complicada ecuación se asienta en la postergación de algunos proyectos y en el aumento de la recaudación de los tributos locales. Para ello se esta pensando en dos caminos: profundizar el combate a la morosidad y modificar algunas alícuotas que se consideran atrasadas, como la que rige para Derecho de Cementerio.

Según explicó Masino, “por el lado de los gastos estamos en la etapa de planificación presupuestaria. Cada una de las áreas esta elaborando los programas para alcanzar los objetivos de gestión. Ahí vamos a tener dimensionado económicamente todo el menú de nuestras necesidades”.

Sin embargo, se sabe que por el lado de los recursos la situación se presenta complicada. “En principio, como están dadas las cosas va a haber un incremento muy pequeño de los recursos que provienen de la Nación y la Provincia, máxime si la crisis financiera termina golpeando la economía real de nuestro país. Y por el lado nuestro vamos a tener que lograr un incremento en los recursos. Mayormente por el ataque que estamos haciendo a la morosidad que sigue siendo muy importante. Y también porque algunos tributos merecen una revisión adecuada y habrá que ajustarlos a la realidad económica actual”, adelantó el funcionario.

Entre los tributos que van a ser incrementados se encuentra el Derechos de Cementerio que anualmente recauda apenas 270.000 pesos. “La última actualización que tuvimos fue en el año 1995. Desde ese momento los sueldos municipales se incrementaron un 280% y el índice de precios mayoristas un 240%. No vamos a llegar a ese valor de aumento pero lo ajustamos de manera importante de manera que nos permita cubrir algunas de las necesidades que tiene esa área”, adelantó el Secretario de Hacienda.

A modo de ejemplo, Masino explicó que en la actualidad,“una familia esta pagando 90 pesos todo el año por tener un deudo en el cementerio incluyendo alquiler y limpieza. La idea es aumentar la cuota y llevarla a 180 pesos anuales”.

Respecto al futuro de la Tasa General Inmobiliaria, que aportará casi 2.500.000 pesos durante el presente año, Masino descartó que se vaya proponer alguna modificación junto al Presupuesto 2009. “No creo que lleguemos a elaborar una propuesta para la Tasa Municipal antes de fin de año”, aunque aclaró que “todo es revisable a partir de que el escenario plantea una dificultad muy manifiesta para funcionar. Nosotros contábamos con la reforma impositiva y si eso se demora nosotros tendremos que instrumentar medidas, no con un espíritu fiscalista sino para asegurar nuestro funcionamiento”.

¿Se tiene pensado volver a tocar las alícuotas o el valor nominal de la Tasa? preguntó STI.

- Esta todo bajo revisión a partir del difícil momento que atravesamos. Los vecinos tienen que entender que lo que se esta analizando no es cobrarle más sino asegurar los servicios mínimos que le piden al estado municipal.

De todos modos, el funcionario aclaró que todavía no hay una decisión tomada respecto a la Tasa Municipal. “Hay muchas incógnitas todavía. Nosotros creemos que la Provincia tiene que hacer la reforma impositiva. Están claros los escollos políticos pero la Provincia va a necesitar un ajuste impositivo. La estructura de impuestos es prociclíca, el 68% de lo recaudado corresponde a Ingresos Brutos. Pero este tributo funciona bien cuando hay mucha actividad económica y la Provincia tiene que prever que si hay recesión o se estanca la economía exista un tributo que motorice la recaudación, ya que el Impuesto Inmobiliario esta muy bajo, y eso lo vemos en la coparticipación donde hasta Patente recauda más”.

Morosos

La otra pata de la estrategia municipal para aumentar los recursos propios es combatir la exagerada morosidad de los santotomesinos al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias. “Nosotros tuvimos una tarea muy importante en la recuperación de deuda de los contribuyentes; por ejemplo, el mes pasado tuvimos recaudación record y estamos funcionando gracias a los recursos propios. Cuando asumimos, el 45% de los recursos eran nuestros (Tasa Municipal, Registro e Inspección, Tasa de Sanidad, derecho de cementerio, agua y cloaca) y el resto eran recursos de coparticipación. Hoy es al revés, nosotros hemos actualizada el valor de la Tasa General de Inmuebles, cloaca y agua, y por eso ahora el 60% de los recursos se recauda dentro de la ciudad”, dijo Fabián Palo Oliver.

El panorama es complicado para las autoridades municipales porque solo el 40% de los contribuyentes paga sus tributos locales. “Estamos avanzando siguiendo las jurisdicciones vecinales – explica Adrián Masino en relación a la detección de morosos -Hay que considerar que de 27.000 contribuyentes solo pagaban 9.000, por lo tanto no podíamos hacer un ataque masivo porque no tenemos la infraestructura necesaria y eso iba a ser ineficiente. Por esos vamos avanzando por barrio. La vecinal Centro y la vecinal 7 de Marzo ya están casi concluidas y los abogados tienen los expedientes en cobranza extrajudicial. Pero si estos casos no se solucionan de manera amigable y el vecino tiene capacidad contributiva, pasarán a la instancia judicial”, advierte el funcionario.

De todos modos, el Secretario de hacienda se manifiesta satisfecho con los logros alcanzados en la materia. “Hay 2.000 contribuyentes que se han sumado por la gestión de cobro y por el efecto demostración. El vecino sabe que si no paga va a tener nuestra presencia para charlar sobre los motivos por los cuales no pude cumplir con sus obligaciones. Esto ha hecho que en muchos sectores que no estaban en gestión de cobro haya aumentado la cobrabilidad”, precisó Masino.

Deudas provinciales

El otro frente de disputa entre el gobierno provincial y el Partido Justicialista es la deuda que los municipios y comunas reclaman por coparticipación. Lo paradójico de esta situación reside en que fueron los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid los responsables de ponerle un tope a la distribución de impuestos y cometer errores de liquidación, que en el caso de la Municipalidad de Rosario dieron origen a una demanda por una deuda histórica de 80 millones de pesos.

Recientemente, como parte de la embestida contra la gestión de Hermes Binner, el Foro de Intendentes Justicialistas presentó más de 50 reclamos administrativos por diferencias en la coparticipación. "Vamos a sumar nuestros reclamos al que hizo Rosario por diferencias de coparticipación nacional que tienen que ver con los Pactos Fiscales y la aplicación del Decreto 3113. Así que hemos planteado que se nos liquide en forma proporcional lo que aparentemente se va a liquidar en forma positiva al municipio de Rosario", explicó la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Maris Clérici, luego de la movida realizada en la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno.

Consultado sobre este punto, Adrián Masino sostuvo que el intendente de Santo Tomé “esta discutiendo con otros intendentes del Frente Progresista, pero por ahora nosotros no tenemos una cuantificación de cuanto ha dejado de entrar a la municipalidad por los topes a la coparticipación o errores en las liquidaciones cometidos durante las gestiones anteriores. Esta bajo análisis”, dijo el funcionario.

Para Masino, el reclamo no esta exento de connotaciones políticas. “Hay que ponerse en el lugar de la provincia, ahora se ajustó ese problema y están liquidando bien la coparticipación. Será tema de conversación como se solicita lo anterior, eso esta bajo análisis del intendente. Pero hay que ver que el justicialismo niega la reforma impositiva, se comienza a pagar lo que corresponde a municipios y comunas, y encima aparecen reclamos por deudas anteriores de la Provincia o liquidaciones inexactas, es como mucho para la administración fiscal provincial”.

Lo cierto es que el debate por el origen de los recursos que necesita el estado para funcionar vuelve a instalarse en la agenda de los gobiernos locales. En Santo Tome ya se discute el aumento de algunos tributos mientras siga postergada la reforma impositiva provincial. En medio del tironeo quedan las demandas de los trabajadores municipales y las expectativas de cambio de los vecinos.

Publicado en Santo Tome Investiga - Octubre de 2008

SE APAGARON LAS LAMPARITAS

El gobierno nacional anunció el año pasado el lanzamiento de un plan canje para las clásicas lámparas incandescentes en los hogares de todo el país. En la provincia de Santa Fe se anunció la entrega de 500.000 lámparas de bajo consumo a lo largo de este año para lograr un uso más eficiente de la electricidad. A diez meses de los discursos solo se concretó el 15% de lo anunciado. Desde la Empresa Provincial de la Energía aseguran que el gobierno nacional no cumplió con sus compromisos.

El 21 de diciembre de 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Acompañada del Ministro Julio De Vido anunció la firma del Decreto Nº 140/07, donde se define como “eficiencia energética” a la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía, destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de la energía y la reducción de los costos.

Entre las medidas propuestas para el corto plazo se impulsó el “reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, en todas las viviendas del país”, con el objetivo de lograr un ahorro inicial de 410 megavatios de potencia durante el año 2008, el cual se incrementaría progresivamente hasta los 2048 megavatios en el año 2010, según se desprende de un informe preparado por el INTI evaluando el impacto del PRONUREE.

De la misma tanda de anuncios salieron las licitaciones para construir nuevas usinas eléctricas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y el cuestionado cambio de huso horario que hoy trastorna a más de medio país.

En ese contexto la Empresa Provincial de la Energía informó que se entregarían sin cargo de 500.000 lámparas de bajo consumo entre los hogares de las principales ciudades de nuestra provincia para reemplazar las menos eficientes lámparas incandescentes.

Con un notable sentido de la anticipación, CFK advirtió en diciembre de 2007: “Espero por parte de quines proveen lamparitas y todo lo que tenga que ver con este bajo consumo, que también tengan responsabilidad social y empresaria. No sea que luego, a partir de la demanda y de la compra que va a hacer el Estado nacional de estos instrumentos necesarios, entonces, no con inteligencia, sino con la viveza, que tanto nos ha costado a los argentinos. Siempre digo que quiere empresarios y comerciantes inteligentes no vivos. A los vivos la rentabilidad les dura muy poco y luego la pagamos todos los argentinos finalmente en ineficiencia”. En el salón blanco de la Casa Rosada hubo aplausos cerrados.

Ha diez meses de aquellas palabras, y en el inicio de otro periodo de racionalización energética, se puede afirmar que al menos en nuestra provincia, el reemplazo de lámparas incandescentes ha sido un fracaso. Según confió a Fuera de Foco una fuente calificada de la Empresa Provincial de Energía, en lo que va del año solo se entregaron 70.000 lámparas de bajo consumo (sobre 500.000 programadas), debido a que el Ministerio de Planificación Federal – responsable de la implementación del programa de canje en todo en todo el país – no cumplió con los compromisos asumidos en su momento.

“Espero que también en esto haya responsabilidad, espero que el Licenciado Moreno también contribuya porque nuestros comerciantes y empresarios también tengan ese alto grado de responsabilidad que todos demandamos, en serio. Porque muchas veces formulamos planes, estrategias, metas ambiciosas, son muy ambiciosas las metas que acaba de darnos el ministro, en materia de ahorro y de eficiencia energética, de racionalidad”, dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Las metas del PRONUREE fueron ambiciosas. Se habló de producir un ahorro del 12% de la potencia demandada por el sistema eléctrico nacional en las horas pico. Sin embargo, los logros fueron bastante más modestos. En nuestra provincia el consumo disminuyó solo el 1,5% y para este año se espera mejorar la performance alcanzando un ahorro del 3,5%.

Pero como dijo la presidenta en su discurso del 21 de diciembre de 2007, si las metas “no se pueden cumplir” tenemos que “identificar claramente los problemas o los personajes por los cuales no se pueden cumplir estas metas y actuar en consecuencia. Esto también es parte de la eficiencia y de la calidad institucional: fijarse metas, verificarlas, corroborarlas, corregir”. Aplausos.

ETICA PARA INSPECTORES

El Ministerio de Trabajo de la Provincia aprobó un Código de Ética para el personal de control de obras. La adhesión y el compromiso de cumplimiento de esta nueva normativa es voluntaria para los funcionarios de la repartición. Entre los postulados a seguir se destaca el derecho al trabajo decente, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la transparencia, el respeto de los secretos comerciales, el libre acceso a la información gubernamental, la colaboración con los Comités Mixtos de salud y seguridad, y la obligación de denuncia ante incumplimientos de los profesionales de la construcción.

En los últimos meses varios hechos de corrupción salpicaron al personal de control del Ministerio de Trabajo de la provincia. Primero fue un operativo realizado por las TOE, en un bar de la ciudad de Rosario, que terminó con la detención del abogado Daniel Gazzera, luego que este recibiera un sobre con tres mil pesos para "arreglar" una deuda por multas aplicadas a una empresa de la construcción. Este funcionario se desempeñaba desde hacía dos décadas en la sección Sumarios y Multas. A los pocos días de este hecho, otros dos inspectores fueron denunciados por empresarios del sector, lo que derivo en el desplazamiento de Eduardo Paz, delegado de la cartera laboral en la zona sur.

Frente al impacto de estas denuncias en la opinión publica, el Ministro de Trabajo Carlos Rodríguez le dijo al diario La Capital: "Cuando asumimos dijimos qué veníamos a hacer y qué no íbamos a tolerar. Que les valga como advertencia", sentenció.

Para apaciguar el embate empresario, que aprovechó estos casos para cobrarse las habituales embestidas del ministro contra la inseguridad en las obras de Rosario, Carlos Rodríguez anunció el lanzamiento de una línea gratuita para que todos aquellos que conozcan casos de probables pedidos de coimas u otras irregularidades puedan denunciarlo anónimamente. “No todos los empleados del Ministerio son corruptos, solamente se trata de cuerpos extraños”, sostuvo el funcionario.

En la misma sintonía se manifestó Alicia Ciciliani, subsecretaria para la Promoción del Trabajo Decente del ministerio de Trabajo de la provincia, que advirtió: “Trabajaremos a fondo con los honestos y el que no quiera serlo que renuncie. Ese es el mensaje que el ministro (Carlos Rodríguez) quiere dar”.

Este compromiso ahora se intenta reforzar con la adopción de un Código de Ética para los inspectores de la repartición.

Nuevos valores

El 7 de octubre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 001 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se aprueba un Código de Ética para inspectores dependientes de la repartición.

En los fundamentos de su decisión, Carlos Rodríguez sostiene que el código propuesto busca “profundizar la firme decisión oficial de abordar políticas públicas en materia de anticorrupción”, para lo cual se recurrió a los principios consagrados en la Ley Nacional de Ética en la Función Pública y la Convención Internacional Contra la Corrupción.

Según esta convención suscripta por nuestro país, las “normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las Funciones pública”, deben estar “orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, así como establecer medidas y sistemas “que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento”.

De todos modos, el Código de Ética para Inspectores de Trabajo será de adhesión voluntaria e individual, y los funcionarios de la repartición interesados en su cumplimiento “suscribirán una declaración jurada acreditante de la inequívoca e incondicional voluntad de acatamiento y respeto a las normas éticas estatuidas”. La nómina de quienes adhieran al mismo será publicada en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

El código contiene una serie conceptos básicos y disposiciones específicas que se complementan con la normativa vigente. Sus preceptos están desarrollados en 37 artículos, que abarcan entre otras cuestiones, las siguientes:

- Desempeñar su labor de tal modo que sus acciones sean irreprochables, no susciten sospechas y sean dignas de respecto y confianza.

- No recibir ningún beneficio, ni para si ni para terceros, directa o indirectamente, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que se deriven de ello.

- No discriminar, en la conducción de su actividad, según ningún tipo de criterios tales como raza, religión, sexo, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición social, caracteres físicos, estado civil, orientación sexual, o discapacidad y a tal efecto cumplir con toda ley en vigencia sobre la materia.

- Utilizar la información aportada por la entidad fiscalizada y por terceros, de manera imparcial.

- No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de autoridades superiores.

- Guardar reserva absoluta de toda aquella información a la que acceda en función de sus actuaciones.

- No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas salvo que medien exigencias de interés público.

- Denunciar los hechos, omisiones, o faltas que a su juicio, importen una trasgresión a la ética profesional.

- Respetar y hacer cumplir el derecho a un trabajo decente en lo que de la inspección dependiese.

- Ajustar siempre su comportamiento al objetivo de preservar y promover la salud de los trabajadores.

- En los casos en que el procedimiento refiera a materia de salud y seguridad en el trabajo, necesariamente deberá convocar al Comité de Salud y Seguridad si estuviere constituido.

- Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la ley.

- Poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a ella proposiciones para mejorar la legislación.

- No intervenir en ninguna inspección en la cual tenga algún tipo de interés personal en relación con la empresa fiscalizada y sus trabajadores.

La aplicación de este Código de Ética se producirá en un contexto altamente desfavorable para los trabajadores de nuestra provincia. Según un informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, en Santa Fe se supera el promedio nacional de accidentes laborales y la mayor parte de las víctimas son obreros de la construcción. El dato sombrío del primer semestre del año son los 63 trabajadores muertos en siniestros de distinto tipo. En el mismo periodo se inspeccionaron 498 obras en construcción, de las cuales, 156 fueron suspendidas por violaciones a las normas de higiene y seguridad laboral.

VIDAS QUEMADAS

Varios presos de Coronda protestaron por el agravamiento de las condiciones de encierro incendiando sus colchones. Uno de ellos pelea por su vida en el Hospital Cullen con el 80% de su cuerpo quemado. Sus familiares presentaron un habeas corpus y denuncian torturas y malos tratos. A pesar de la reiteración de estos hechos y el peligro latente para los alojados el Servicio Penitenciario Provincial se resiste a incorporar colchones de material ignífugo.

La sociedad santafesina parece anestesiada frente a los reiterados hechos de violencia que ocurren en la cárcel de Coronda. En los últimos meses varios internos perdieron la vida y otros tantos sufrieron heridas. Mientras la palabra oficial señala que se trata de riñas o intentos de suicidio, algunas voces advierten sobre la acumulación de tensiones internas, fruto de la política de mano dura desplegada por un sector del Servicio Penitenciario. Lo llamativo es que las reacciones son escasas, cuando en otro contexto, una situación similar hubiera derivado en escándalo.

Algo de esto esta pasando con la protesta realizada el 7 de octubre pasado por un grupo de internos alojados en las celdas de castigo. Al menos seis de ellos resolvieron prenderle fuego a sus colchones en señal de protesta por malos tratos recibidos. Como consecuencia de esta medida desesperada, Lucas Arellano de 19 años, sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo y permanece internado en la Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen, en estado grave. Los otros heridos fueron asistidos en la enfermería del penal. "Hasta el miércoles había 16 internos en las celdas de castigo conocidas como 'buzones'. En estas celdas de dos metros por cuatro, tienen solo una tarima, un colchón, y un agujero para hacer sus necesidades, muchas veces tapados, por lo cual terminan haciéndolo en una bolsa, con una pequeña ventana que no tiene vidrio donde pasan las 24 horas del día. Estos internos no tienen acceso a ningún patio por lo cual no salen de ese lugar las 24 horas del día, el contacto con el exterior es solo un pasaplatos que está cerrado", describió la abogada Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, luego de recorrer el sector. (Rosario 12 – 09/10/08)
Lo paradójico de la situación es que ninguno de los presos alojados en las celdas de castigo estaba sancionado. Sucede que el Servicio Penitenciario no tiene lugar en la cárcel para ubicarlos debido al avance de los pastores evangélicos que muchas veces expulsan de los pabellones a los internos que no reconocen su liderazgo.

Este fue el caso de Lucas Arellano. Con el agravante, según relata su familia, de que fue inducido a quemarse vivo por un guardiacárcel del sector. Por este hecho y las severísimas condiciones de encierro, la madre de este interno presentó un recurso de Habeas Corpus.

En el escrito patrocinado por la abogada Patricia Hidalgo, se indica que Lucas Arellano ingresó a la cárcel de Coronda “la madrugada de un día de junio” de 2008 proveniente de una comisaría de Rosario donde se encontraba detenido y procesado por el delito de robo calificado. Alejado de sus defensores y familiares “ha soportado un máximo rigor carcelario” desde su ingreso al penal. Esta situación quiso ser denunciada a través de una carta, pero la misiva entregada a su hermana fue “secuestrada el día 28/09/08 en la guardia del penal”. A partir de ese momento su encierro se agravó hasta el momento en que decidió prenderle fuego a su colchón.

Según denunció la madre del preso quemado, en el programa Rueda de Prensa (Cablevisión –Santa Fe), “hacia cuatro días que (Lucas) estaba en las celdas de castigo, les pegaban, les tiraban agua helada, no les daban de comer ni agua para tomar y estaban mal de tantos golpes. Mi hija le descubrió doce hematomas en el pecho de los golpes que les daban los guardiacárceles con los botines”.

Mirta Baptista relató que su hijo estaba desde hace varios días en los buzones y que cansado de los malos tratos y las torturas les dijo a los carceleros: “Me voy a matar, me voy a prender fuego, no aguanto más. Y el guardiacárcel que estaba ahí se le rió y le tiró un encendedor por la rejita. El se prendió fuego porque estaba cansado que le pegaran. El guardia le tira el encendedor y el usó el colchón. Lo único que se es que se prendió fuego y que cuando intentó abrir la celda asfixiado y con la cara quemada, el guardiacárcel no hizo nada. Encima los chicos que estaban con él decían: abrile, abrile que se esta quemando, sacalo por favor. Y el tipo lo que hizo fue golpear a ese pibito. Mi hijo lloraba y gritaba y no le abrieron la celda. Mi hijo se quemó ahí adentro”, dijo la mujer.

Ese día otros cinco presos le prendieron fuego a sus colchones en señal de protesta. Este hecho no fue informado por las autoridades del Servicio Penitenciario, y de acuerdo a los dichos de su director, Mariano Buffarini, se están realizando actuaciones sumariales para determinar si hubo intención de suicidio o se trató de un accidente.

Para Mirta Baptista el objetivo inmediato es salvar a su hijo y llevarlo de regreso a una cárcel de Rosario. “Yo no quiero que mi hijo vuelva a Coronda, tengo miedo por el, no voy a descansar hasta que no se haga justicia por mi hijo y por los otros chicos que estaban golpeados”, señaló.

No se que ganan con todo esto. Yo entiendo que son delincuentes y no me opongo a que mi hijo tenga que cumplir una sentencia, pero no así, no son animales”, reclamó la mujer.

Colchones

Como corolario de esta historia se debe reiterar la advertencia sobre el peligro latente que significa para las cárceles santafesinas la utilización de colchones de espuma de poliuretano. Centenares de presos en todo el país encontraron la muerte dentro de sus celdas intoxicados por el humo que provoca la quema de estos elementos durante protestas o motines. Su combustión genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación llegó hasta la Corte Suprema de Nación que condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios a las familias de los presos muertos durante un incendio en el penal de Olmos, exigiendo además, la utilización de elementos ignífugos para el resto de los penales. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en la cárcel de Magdalena. Por su parte, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario, debido a su peligrosidad.

A pesar de estos antecedentes, y de los hechos que se reiteran con lamentable frecuencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia concluyó una importante compra de colchones confeccionados con la mortífera espuma de poliuretano.

QUE DEVUELVAN LA PLATA

La Cámara de Diputados restituyó la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE le cobra a sus usuarios y transfiere mensualmente a municipios y comunas. Este tributo fue derogado en diciembre de 2006, pero se siguió cobrando igual, a pesar de carecer de respaldo legal. Recientemente, la Fundación Derecho Social reclamó la devolución de 70 millones de pesos retenidos de manera ilegal a los clientes de la distribuidora eléctrica santafesina.

En la última sesión de la Cámara de Diputados – luego del cuarto intermedio acordado tras el maratónico debate por la fallida reforma tributaria – se aprobó de manera definitiva la modificación del artículo 2º de la Ley Nº 12.700 que restituye la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE abona mensualmente a los municipios y comunas de la provincia.

Este tributo equivale al 6% de la facturación bruta de la EPE y es pagado por todos los usuarios de la empresa. Aparece discriminado en la facturación y esta vigente desde el año 1975. Por este concepto en el año 2008 se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas de la provincia, y para el caso de la ciudad de Santa Fe, significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal del presente ejercicio. Desde la perspectiva de un cliente de la distribuidora eléctrica santafesina, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.

Lo curioso es que por un inexplicable olvido parlamentario, la ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006, y a pesar de carecer de respaldo legal, la alícuota del 6% se siguió aplicando igual. Esta situación se prolongó durante los últimos 21 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999.

Cuando 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la EPE, diputados y senadores se olvidaron de incluir en el proyecto la restitución de este canon que data de los tiempos del siempre mentado Carlos Silvestre Begnis.

Recién este año, la Cámara de Diputados comenzó a corregir la desprolijidad, dándole media sanción a una iniciativa presentada por los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, que proponía la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada en diciembre de 2006. El proyecto pasó el filtro Cámara de Senadores y la semana pasada se convirtió en ley.

El problema que no puede ser pasado por alto, es que durante los últimos 21 meses los usuarios de la EPE sufrieron el descuento de un canon que no tenía sustento legal, por un monto cercano a los 70 millones de pesos.

Por este motivo, la Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe, presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta por el uso del espacio aéreo, exigiendo que lo recaudado por ese concepto sea reintegrado a los usuarios.

“La EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11.727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal. Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente”, sostiene en la presentación del 13 de agosto pasado, el abogado Domingo Rondina, presidente de la FDS.

“Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso”, advierte el escrito que aún aguarda respuesta.

¿SE PINCHARON LOS ACUEDUCTOS?

Se prorrogó la apertura de ofertas de la licitación nacional e internacional de la Etapa 1 de los Grandes Acueductos. El acto previsto para el 20 de octubre pasó al 10 de noviembre próximo. La postergación fue solicitada por las empresas que compararon los pliegos. Desde el gobierno provincial admiten que la crisis financiera internacional puede dificultar el avance del megaproyecto.

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia postergó el acto de apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional e Internacional convocada para la contratación del Financiamiento, Suministro de Materiales y Ejecución de la obra de los Grandes Acueductos - Etapa 1 - Tramo A.

El acto había sido programado para el día 20 de octubre, y de acuerdo a lo publicado recientemente en el Boletín Oficial, fue prorrogado hasta el próximo 10 de noviembre de 2008.

Según confiaron fuentes bien informadas del Ministerio de Aguas, la postergación obedece a un pedido de las empresas interesadas en esta licitación, preocupadas por la evolución de la crisis financiera internacional y el impacto que pueda tener en el acceso a líneas de crédito necesarias para concretar el megaproyecto.

Es importante recordar que esta licitación fue iniciada durante el último gobierno de Jorge Obeid desde el entonces Ministerio de Asuntos Hídricos conducido por Alberto Joaquín. El esquema general del proyecto contemplaba que la empresa ganadora debería hacerse cargo del financiamiento, la provisión de materiales y la construcción de la obra. Con la llegada del ministro Antonio Ciancio, los pliegos fueron sometidos a revisión, aunque se respetó la estructura original del proceso que ahora resulta postergado.

En una reunión realizada el pasado 10 de septiembre en la Cámara de Senadores el ministro Ciancio comunicó que “el gobierno provincial reinició el proceso licitatorio para las obras que mejorarán la provisión de agua potable en el Gran Rosario y en el centro oeste provincial", adelantando que la apertura de los sobres estaba prevista “para el 20 de octubre próximo".

Con esta decisión se intentó poner en marcha un ambicioso proyecto que en el inicio contempla tres grandes acueductos sobre un total de doce. “Estamos desarrollando una verdadera política de Estado, en donde sustentamos el saneamiento del agua como un pilar fundamental, considerándola un bien social y un derecho humano intransferible", dijo el funcionario luego de la reunión con los senadores.

Aunque todavía no lo admiten a nivel oficial, el derrumbe de las principales bolsas de valores en el mundo puede postergar de manera indefinida el inicio de la obra de los grandes acueductos.

BANCO DE SANTA FE: LOS DOCUMENTOS DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno provincial resolvió levantar el secreto que protegía a los archivos la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 y estuvo presidido por el abogado Alfredo “pichón” Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras irregulares por 21 millones de dólares. La mayoría de las causas judiciales que comprometieron a funcionarios del Partido Justicialista están prescriptas. La prueba documental reunida por esta comisión se puede consultar en el Archivo General de la Provincia. Estuvimos revisando papeles y contamos lo que vimos.

La cita fue en la sala de reuniones del Directorio del ex Banco de la Provincia de Santa Fe - primer piso de la casa central en Tucumán y 25 de Mayo - el 29 de agosto de 1997. Sobre la gran mesa de madera se destacaban las cajas de cartón que guardaban los siete tomos del informe final de la Comisión Investigadora creada por el entonces gobernador Jorge Obeid y presidida por el abogado Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del mandatario e histórico dirigente demócrata cristiano.

El trabajo de la comisión investigadora había comenzado en febrero de ese año, con la promesa de dilucidar los más sonados casos de corrupción que jalonaron el paso de los sucesivos directorios de la entidad bancaria del estado santafesino, que ya se encontraba en estado de liquidación y esperaba ser transferida al sector privado. “No voy a aceptar que por ser quien vaya a privatizar el Banco, tenga que hacerme cargo de los hechos de negligencia o dolo de administraciones anteriores. La privatización de ninguna manera va a tender un manto de olvido sobre todo lo que ha pasado con el Banco”, aseguró, sin temor al archivo, el ex gobernador Jorge Obeid. (El Litoral – 04/02/1997)

El origen de la investigación fue un informe de la Fiscalía de Estado donde se había señalado que la cartera de créditos incobrable ascendía a 334 millones de pesos; advirtiendo que en varios casos no se constituyeron garantías, ni tampoco fue analizada la situación patrimonial o la evolución de la deuda del tomador, desoyendo incluso las recomendaciones de las gerencias, sobre la necesidad de realizar sumarios o denuncia penal contra numerosas empresas y particulares que se beneficiaron con esos créditos.

A partir de este punto de arranque la pesquisa de la Comisión Nogueras avanzó sobre una veintena de contratos celebrados por los últimos directorios; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privados; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia.

Entre los contratos de bienes y servicios analizados aparecen algunos de los casos más emblemáticos de la corrupción de la década menemista. Según el informe final de la comisión investigadora, en el rubro contrataciones “se observa en general un continuo menosprecio por el cumplimiento de las normas que asegurarían mayor transparencia y equidad en los concursos de personas (…) ocasionando perjuicios económicos de singular magnitud”.

La licitación para la informatización del banco fue adjudicada a la empresa IBM, ocasionándole un perjuicio a la entidad de 12 millones de dólares debido a los sobreprecios. Lo mismo ocurrió con la contratación del sistema de transmisión de datos que favoreció a la empresa Telecom y perjudicó al banco en 2,6 millones de dólares. En el caso del contrato con la empresa OCASA el perjuicio fue estimado en 2 millones de dólares. En sus conclusiones, la comisión investigadora estimó que las contrataciones analizadas, le ocasionaron al Banco de la Provincia de Santa Fe un perjuicio superior a los 21 millones de dólares.

Terminado su cometido, el ex gobernador Jorge Obeid anunció que el informe final de la Comisión Nogueras sería enviado al Procurador General de la Corte para que la justicia decida los caminos a seguir. En algunos casos el material se incorporó en causas preexistentes, en otros, sirvió para la apertura de nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido.

Algunos años después, Alfredo Nogueras publicó un libro llamado “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”. Allí quedó plasmada la visión de este dirigente sobre el trabajo de la comisión especial. “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”, anticipa desde el prólogo, el hombre que falleció sin la satisfacción de que algún juez de la provincia corrobore con alguna sentencia el empeño puesto a favor de la transparencia y la honestidad.

El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial. En el transcurso de la investigación se efectuaron pericias técnicas y contables, se recibieron numerosos testimonios y denuncias, y se extrajo información de expedientes judiciales y publicaciones periodísticas. Todos estos documentos fueron organizados en carpetas temáticas y guardados en una veintena de cajas que fueron depositadas en el Archivo General de la Provincia.

En los estantes del viejo edificio de General López y 9 de Julio se encuentra guardada parte de la historia del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe antes de su privatización. Según un cálculo realizado por el ex diputado provincial Carlos Favario, el costo que tuvo que afrontar el estado santafesino tras la enajenación fue de 895 millones de pesos.

Archivo desclasificado

El 27 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, donde se establecen los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Esta decisión rompe con once de años de ocultamiento, ya que los documentos de la Comisión Nogueras, estaban protegidos por el Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 que regula el denominado “secreto financiero”, según la interpretación que en 1997 aplicó el gobierno de Jorge Obeid.

Ahora, la administración de Hermes Binner estableció que una parte de esos materiales deben ser de libre acceso al público. De acuerdo a la reglamentación contenida en la Resolución Nº 0393 del MGyRE, los interesados podrán consultar los siguientes documentos: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Sin embargo, otra parte de los papeles de la Comisión Nogueras permanecerá protegida por el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, aunque puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales” que serán resueltas por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las eventuales “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luís s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

Visita guiada

La atención al público en el Archivo General de la Provincia comienza a las 7.30 de la mañana. Con la Resolución Nº 0393 en la mano preguntamos por los archivos de la Comisión Investigadora el viernes pasado bien temprano. Para nuestra sorpresa nos respondieron que aguardáramos unos minutos mientras localizaban el material. Luego de algunas consultas con las empleadas teníamos sobre la mesa las cajas 7, 11 y 13. Allí estaban guardados desde 1997 los documentos de la subcomisión de Contrataciones, información institucional del banco y un voluminoso archivo periodístico sobre la tarea de la comisión. Entre los recortes encarpetados aparecía en primer lugar, un artículo del diario La Capital titulado: “Banco: exigen que llamen a declarar a Reutemann y Mercier”.


Entre los papeles guardados en la caja 13 sobresalía un sobre color marrón con la declaración jurada patrimonial de Alfredo Nogueras. Estaba cerrado con cinta adhesiva y no se nos permitió revisar su interior. También encontramos un informe firmado por Alberto Becanni – integrante de la comisión investigadora – donde se describe la operatoria de la cuenta del Partido Justicialista y la cuenta Menem Presidente. Ambas contaron con autorizaciones especiales para girar fondos en descubierto y fueron beneficiadas con la cancelación de intereses.

La caja 11 contiene la información recolectada en la investigación de las contrataciones. Allí aparece la carpeta sobre la Licitación 1043/91 para la instalación del sistema de transmisión de datos entre las sucursales del banco. El proceso de selección terminó favoreciendo a la empresa Telecom, que tenía como subcontratista a la firma Consad de los hermanos Cattaneo, en un esquema de similar al denunciado en el escándalo IBM-Banco Nación.


Las conclusiones sobre esta licitación son contundentes. Telecom tenía expresamente prohibido brindar el servicio de transmisión de datos. Los otros oferentes de la licitación eran pantallas para disimular la adjudicación a favor de la licenciataria telefónica. Antes de firmado el contrato el banco y había efectuado un pago parcial por el trabajo. Los costos del contrato eran exorbitantes comparaos con otras contrataciones similares dentro del estado provincial. La participación de la empresa Consad sirvió para justificar pagos a favor de los funcionarios del banco. Todos estos antecedentes fueron girados a la Fiscalía Nº 11 de los Tribunales de Rosario para que se inicie una investigación penal. El paso del tiempo se encargó de borrar las huellas encontradas por la comisión.

“Mira fulano las barbaridades que hizo”

Luís Gómez es el secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe. En 1997 ocupaba el mismo cargo y desde allí participó activamente en las luchas contra la privatización del Banco Provincial. Para este dirigente, la Comisión Nogueras “fue una jugada del ex gobernador Obeid absolutamente demagógica. Obeid tuvo en sus manos la posibilidad de salvar el banco y no lo hizo. En rigor, solo siguió la corriente de lo que pasaba en ese momento por la línea que bajaban Menem y Cavallo de privatizar los bancos provinciales”.

De todos modos, Gómez rescata la figura de Alfredo Nogueras, a quien valora desde lo político y lo personal. “ A “pichón” le tengo un gran respeto y un gran aprecio desde el punto de vista personal, un gran respeto por su capacidad y sus conocimiento técnicos, y un gran respeto a su trayectoria, pero en este caso a mi me parece que Nogueras actuó más por una cuestión de amistad con el gobernador Obeid que otra cosa. Mas allá de que el pueda haber puesto todo el énfasis y su honestidad y capacidad en la investigación”.

El dirigente bancario remarca un punto esencial de su crítica: la Comisión Nogueras debería haber existido antes de la privatización. ”Ahí hubiera surgido que al banco lo vaciaron, que gran parte de la culpa la tuvieron los gobiernos y que podía ser salvado y quedar en manos de estado como se hizo con el Banco Nación”.

“Por eso siempre dijimos que las conclusiones de la comisión investigadora llegaron muy tarde. Insisto, fue una medida demagógica que no condujo a nada. Son jugosas y muchas, pero no se pudieron llevar a la justicia. Hoy por hoy, la única causa que sigue abierta es la denuncia que hizo la Comisión Interna del Banco de Santa Fe”, sostiene Gómez.

Respecto a la apertura de los archivos, el dirigente de la Bancaria admite que “puede servir para señalar los responsables y decir “mira fulano las barbaridades que hizo”, pero ya no quedan posibilidades de ir a la justicia. Si esto sirve para que personajes de esa época queden grabados en la memoria de los santafesinos y nunca más ocupen cargos, bienvenido sea, pero lo dudo, siempre se tuvo miedo de tirar nombres y señalar responsables”.

Sin embargo, Gómez tiene esboza una galería de culpables del descalabro del Banco Provincial que tendría que estar encabezada por los gobernadores Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid. “Son los primeros responsables de todo lo que paso desde el punto de vista de la corrupción, el vaciamiento y de las barbaridades que hicieron los directores. Al presidente del banco y al directorio lo nombraba el gobernador y tenían que rendirle cuentas al Ministro de Hacienda”, remata.

Pero mas allá de las lecturas sobre el rol jugado por Alfredo Nogueras y el valor de la documentación que ha ido desclasificada, lo cierto es que el 29 de agosto pasado, se cumplieron once años de la presentación del informe final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas y el tiempo transcurrido la justicia santafesina defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio contra la corrupción” que la provincia se merece.

UN TOPE PERMANENTE PARA EL AUMENTO DE LA TASA MUNICIPAL

El intendente Mario Barletta anticipó que el tope fijado para el aumento de la Tasa General de Inmuebles será de carácter permanente. Luego de aprobada la reforma impositiva municipal, el Decreto 651/08, suspendió por el término de seis meses el pago de cualquier incremento que supere el 200%. Este beneficio terminaba con la cuota de diciembre. Respuesta política al reclamo de vecinalistas y oposición.

Luego de aprobada la nueva Ordenanza Impositiva Anual, que estableció importantes incrementos en la Tasa General de Inmuebles, la gestión de Mario Barletta enfrentó la crítica de la oposición justicialista y de numerosas vecinales de la ciudad. La respuesta del oficialismo fue establecer hasta diciembre un tope en los incrementos, con la promesa de estudiar los casos que pudieran considerarse excesivos.

Este criterio quedó plasmado en el Decreto 651 - firmado el 10 de julio de este año - donde se establecía la suspensión por el término de seis meses del “pago de toda diferencia que supere el doscientos por ciento (200%) de incremento, resultante de la implementación de los nuevos valores derivados de la aplicación de la Ordenanza Nº 11.498”.

En los fundamentos del decreto se señalaba, que “aparece necesario suspender cualquier aumento de dicha presión tributaria que eleve por encima del doscientos por ciento (200 %) el incremento que pudiera resultar en comparación con las anteriores liquidaciones, a los fines de evaluar dichos casos con mayor detenimiento en aras de la corrección de eventuales situaciones injustas”.

Si bien esta decisión fue recibida con alivio por parte de los contribuyentes, desde el Partido Justicialista y el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, advirtieron que la situación se agravaría a partir de diciembre cuando entren en vigencia los aumentos plenos de la TGI, tal como fueron votados por el Concejo Municipal. Según denunciaron los ediles de la oposición, la combinación de las nuevas alícuotas y el revalúo de los inmuebles, provocaría incrementos en la tasa superiores a los reconocidos por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Adelantándose a esta posibilidad, el intendente Mario Barletta decidió que el tope del 200% para los aumentos de la Tasa General de Inmuebles será de carácter permanente. El dato fue revelado por el propio funcionario en una entrevista concedida al programa Rueda de Prensa de Cablevisión.

- ¿Cómo va a quedar la tasa municipal a partir de diciembre?

- Creemos que va a quedar tal cual esta. En realidad lo que nosotros hicimos a través de un decreto, que tiene que ratificar el Concejo Municipal, fue definir (un tope) ante algunos casos que se habían salido de la curva que nosotros pretendemos que sea equitativa entre los diferentes sectores de la ciudad. Por eso tomamos esa medida precautoria.

- O sea que van a prolongar la vigencia del tope del 200%...

- No es una prolongación, simplemente dejamos establecido ese tope del 200% en aquellos casos, que insisto son mínimos, y que por algún motivo se escapaban de lo que nosotros habíamos previsto.

Pero más allá del juego semántico sobre la “prolongación” o no del tope, lo cierto es que Mario Barletta, decidió que a partir de diciembre ningún contribuyente de la ciudad de Santa Fe pagará una Tasa General de Inmuebles con aumentos superiores al 200%, respecto a los valores abonados el año pasado.

Solo resta esperar, calculadora en mano, que la primera boleta de la TGI - 2009 sea tirada por debajo de nuestra puerta.

COLCHONES PELIGROSOS

Centenares de presos murieron en las cárceles argentinas asfixiados por la quema de colchones de espuma de poliuretano. A partir de estas consecuencias algunos fallos judiciales recomendaron la utilización de materiales ignífugos. Contrariando esta tendencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia comprará 2.500 colchones fabricados con este peligroso elemento.

En la historia penitenciaria argentina, centenares de presos encontraron la muerte dentro de sus celdas, intoxicados por el humo que provoca la quema de colchones de espuma de poliuretano durante los frecuentes motines. La combustión de estos elementos genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En 1978, en la cárcel de Devoto murieron por asfixia y quemaduras 60 internos y otros 85 resultaron heridos. En 1990, en el penal de Olmos ocurrió algo muy parecido y fallecieron 35 detenidos. En octubre de 2005, en el penal de Magdalena, otros 30 detenidos perdieron la vida por el humo de los colchones. Dos años más tarde, en el Penal de Varones de Santiago del Estero, 34 personas fallecieron durante un incendio.

Lo mismo ocurrió en nuestra provincia, el 15 de noviembre de 2000, durante un motín en la Comisaría 25 de Villa Gobernador Gálvez. Allí murieron quemados y asfixiados 13 detenidos. Cerrando esta zaga provisoria, debemos recordar que en diciembre de 2004 y febrero de 2005, tres jóvenes que estaban alojados en la División de Asuntos Juveniles de nuestra ciudad, fallecieron a causa de la quema de colchones.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación no es desconocida para los funcionarios de los servicios penitenciarios de las provincias. Luego del gran incendio en Olmos, la Corte Suprema de Nación condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios y le exigió la utilización de elementos ignífugos. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en el penal de Magdalena. En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario.

A pesar de estos antecedentes, el Servicio Penitenciario de la Provincia se apresta a comprar colchones de la mortífera espuma de poliuretano a través de la Licitación Pública Nº 55/08.

Si el trámite sigue su curso normalmente, el próximo martes 9 de septiembre se conocerán las ofertas de los interesados en venderle a la provincia, 2.500 colchones de una plaza de espuma de poliuretano, con funda de tela no tejida y ribeteado en todo su contorno con vivo de tela no tejida, según consta en el pliego licitatorio.

Antes de lanzar la Licitación Pública Nº 55/08, la provincia intentó en varias oportunidades adquirir colchones ignífugos, pero por razones formales las ofertas recibidas fueron desestimadas. Durante el año 2007 se iniciaron cuatro procedimientos de compra directa para adquirir estos elementos. Se invitó a 16 empresas para que presenten sus ofertas, contando con un presupuesto oficial de $ 690.000 ($ 276 por pieza). Varias firmas cotizaron pero todas fueron rechazadas por la comisión de adjudicación.

Ahora se vuelve a insistir con un tipo de material que provoca controversias en todo el país. Mientras la justicia y las organizaciones de derechos humanos advierten que la utilización de colchones de espuma de poliuretano incrementa el riesgo de muerte para los detenidos en caso de incendio o motín; los funcionarios penitenciarios aseguran que los colchones de material ignifugo pueden ser transformados en escondites de armas blancas, lo cual obligaría a incrementar la frecuencia de las requisas, con el consiguiente aumento del malestar entre los presos. Frente a esta disyuntiva, el gobierno de la provincia se inclino por la tesis construida desde el pragmatismo del Servicio Penitenciario.

ABRIERON EL ARCHIVO DE LA COMISIÓN NOGUERAS

El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado resolvió levantar el secreto sobre los documentos producidos por la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 a raíz de las numerosas irregularidades denuncias por diferentes sectores gremiales y políticos de la provincia. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alberto Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras que involucraron cientos de millones de pesos. Varias causas judiciales comprometieron a empresarios y funcionarios del Partido Justicialista. Toda la prueba documental reunida por esta comisión investigadora estaba guardada en el Archivo General de la Provincia protegida por el régimen del “secreto bancario”.

La Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe fue creada por el gobernador Jorge Obeid el 3 de febrero de 1997. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del entonces gobernador, quien luego de varios meses de pesquisa presentó su informe final en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El trabajo de esta comisión investigadora abarcó una veintena de contratos celebrados por el Directorio de la entidad bancaria del estado santafesino; también indago sobre irregularidades en los créditos otorgados; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privaos; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia. Nunca se pudo precisar el costo del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe, antes de su privatización, pero un cálculo conservador ubica la cifra en varios cientos de millones de pesos.

En el prólogo de su libro “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”, el titular de la comisión especial, Alfredo Nogueras, escribió: “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”.

Luego de terminado, el informe final de la Comisión Nogueras fue enviado a la justicia, ya sea, para aportar pruebas en causas preexistentes o abriendo el camino para nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido. El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial.

La novedad surgió la semana pasada cuando gran parte de esos documentos perdieron la protección del secreto bancario. A través de la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, se establecieron los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad, de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Estos documentos habían sido remitidos al Archivo General de la Provincia, para su guarda y conservación, bajo el amparo del Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, que regula el “secreto financiero”. Sin embargo, de acuerdo a la nueva interpretación del gobierno provincial, una parte de estos documentos pasan a ser de libre acceso al público; quedando otra parte de los papeles resguardada hasta el año 2028 en la orbita del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

De acuerdo a la nueva reglamentación, serán de libre acceso los documentos que integran el Anexo I de la Resolución Nº 0393 del MGyRE, entre los que se pueden destacar: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Por otra parte, existe un grupo de documentos que sigue protegido bajo el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, pero que puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales”. Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan los siguientes materiales: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luis s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

El 29 de agosto pasado se cumplieron once años de la presentación del Informe Final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas, la justicia local defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio de la historia” que la provincia se merece.

AGUA SUCIA

Un informe publicado por el diario Clarín alertó sobre la presencia de arsénico en el agua de consumo en varias provincias y disparó la preocupación sobre la situación sanitaria en Santa Fe. En diciembre de 2007 el ENRESS reveló que 237 servicios de agua potable de municipalidades, comunas y cooperativas no cumplían con los parámetros de calidad de la Ley Nº 11.220. El organismo fijó plazos para que se modifiquen estas anomalías. Ahora se conoce un informe de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia que detectó preocupantes niveles de contaminación en las perforaciones domiciliarias que abastecen de agua a varios barrios de la capital provincial y otras localidades.

Un informe publicado por el diario Clarín, el pasado 4 de septiembre, con la firma de la periodista Sibila Camps, reactualizó el debate sobre las consecuencias de la presencia de arsénico en el agua que consumen 4 millones de argentinos. La nota señala que una investigación de la Secretaría de Ambiente de la Nación identificó áreas arsenicales en al menos 16 provincias, advirtiendo que el consumo crónico de agua con arsénico es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga y de pulmón. Además está asociado a diabetes, neuropatías, hipertensión y nefropatías.

A partir de este cuadro de situación, la Sociedad Argentina de Dermatología iniciará en los próximos días la 3ª Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo. El objetivo de la SAD es crear un registro de afectados por el hidroarsenicismo; para ello, los dermatólogos recibirán una ficha, donde asentarán datos del paciente, zona de residencia, fuente de la que consume agua y signos de intoxicación con arsénico.

Esta información tuvo un gran impacto en nuestra provincia. El oeste de Santa Fe es una de las zonas con mayor presencia de arsénico en las napas donde se capta el agua para consumo. Esta realidad conocida hace décadas recién comenzó a ser atendida con el proyecto de los Grandes Acueductos lanzados en el último gobierno de Jorge Obeid.

Pero el debate sobre la calidad del agua que consumen los santafesinos, también reflotó un trabajo del Enress donde se sistematizó la información disponible de los 334 prestadores que abastecen de agua potable a las 292 localidades de la provincia no incluidas en el área atendida por ASSA. El dato revelador es que 237 de estos servicios presentan anomalías químicas de distinta magnitud e importancia sanitaria en su fuente de provisión, para los cuales, el ente de control estableció plazos diferenciales para su corrección de acuerdo a la gravedad de cada caso.

Según se desprende de la Resolución Nº 0740, firmada el 7 de diciembre de 2007, el Directorio del organismo encomendó la elaboración de un informe “relacionado con los numerosos servicios de agua potable de esta Provincia que proveen agua con anomalías químicas, cuya corrección requiere de la implementación de obras y/o instalaciones y plazos para su ejecución”. El trabajo estableció que 237 servicios “presentan desvíos en la calidad química del agua con relación al Anexo A de la Ley Nº 11220”, aclarando que “las concentraciones halladas no tienen incidencia en la salud cuando se los ingiere en el agua de bebida”.

De esta manera, la Resolución Nº 0740 calificó a los prestadores según la calidad físico química del agua que suministran y los dividió en cuatro grupos: I de calidad buena, II de calidad aceptable, III de calidad regular y IV de calidad inaceptable. En este último grupo se ubican 48 localidades de la provincia.

La existencia de esta resolución fue revelada por Fuera de Foco (AGUA POTABLE DE MALA CALIDAD – 8 de Enero de 2008). En aquella oportunidad, el vicepresidente del Enress Oscar Lanzamidad, señaló: “Hay distintas zonas geográficas de la provincia de Santa Fe donde la calidad del agua que se suministra no está ajustada a lo que exigen las normas aplicables, por eso lo que hizo el ente fue tipificar en cuatro grandes grupos a los prestadores que tienen problemas en la calidad del agua y se establecieron plazos para que la calidad del agua que proveen se vaya acercando a los parámetros establecidos”.

En función de esta calificación, se proponen distintos plazos para alcanzar los niveles de calidad exigidos; señalando que para “la extensión de los plazos se tuvo en cuenta la calidad del agua suministrada, en resguardo de la calidad de vida de los usuarios”.

Para los servicios comprendidos en el Grupo I el plazo de corrección será de 6 años; para el Grupo II de 5 años; para el Grupo III de 3 años, y para el Grupo IV de solo 2 años “con el objeto de mejorar lo antes posible la calidad de vida de los usuarios”.

Frente a la acumulación de información provocada por la nota de Clarín, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe, salió al cruce del problema explicando que invertirán 50 millones de pesos para mejorar los servicios de agua potable de los 48 servicios ubicados por el Enress en la categoría de “calidad inaceptable”.

“El estado del saneamiento en la provincia es muy preocupante. Y la situación que se vive es producto de una ausencia de políticas de saneamiento. No se planificó a lo largo del tiempo qué se iba a hacer con el consumo de agua de las poblaciones y hemos llegado a esta situación”, dijo el ingeniero Hugo Orsolini, Secretario de Aguas de la provincia, al diario El Litoral, el pasado 3 de septiembre de 2008.

“El Ejecutivo nos ha autorizado a tomar un préstamo del ex banco residual de Santa Fe de 50 millones de pesos que van a aplicarse en primer término a este primer grupo. Son acreencias de la provincia que van a tener ese destino: hay una ley (de 2007) de la provincia que estipula que esos fondos podrán solamente ser empleados por empresas y sociedades del Estado. No podemos tomarlos, por eso recurrimos a Assa que hará la gestión, y como Aguas Santafesinas está dentro del Ministerio nos organizamos en forma conjunta para intervenir en esas poblaciones”, precisó el funcionario.

Si bien Orsolini señaló que se trata de pueblos muy aislados, ubicados en el norte de la provincia, lo cierto es que según el Enress los servicio de agua potable calificados como de “calidad inaceptable” abastecen a importantes comunidades de nuestra región, tales como: Barrio Las Paltas (cooperativa San José Rincón), Cayastá, El Trébol, Humberto 1º, Costa de Monte Vera (comuna Monte Vera), Costa del Chaquito (comuna Monte Vera), Los Zapallos, Perez, Recreo, Saladero Cabal, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Genaro, San Jerónimo Norte, San Jorge, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines (cooperativa), Santo Tome (barrios Loyola y Villa Adelina), Sauce Viejo, Tostado y Villa Guillermina.

Napas contaminadas

En los primeros meses de 2007, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó una serie de análisis bacteriológicos y químicos en el agua de perforación que utilizan para higiene y consumo las familias 24 localidades de la provincia y 3 barrios de la ciudad de Santa Fe. Los estudios buscaban la presencia de contaminación microbiológica, Coliformes totales, Escherichia Coli, Nitratos y otros minerales. Las conclusiones de estos trabajos fueron publicadas recientemente y se encuentran disponibles para la consulta de público.

En líneas generales, una importante proporción de las muestras estudiadas contenía algún tipo de contaminación, lo cual indica, que el agua extraída de esas perforaciones no es apta para consumo humano. A modo de ejemplo vamos a describir los resultados obtenidos en barrio Los Troncos, Colastiné, Noroeste de nuestra ciudad, Monte Vera y San José del Rincón.

Barrio Los Troncos: Este sector de la ciudad carece de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectado por las inundaciones pluviales de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone el barrio para consumo.
Se tomaron 47 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 24 muestras no presentan contaminación microbiológica. Representan el 51 % del total muestreado; 23 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 48,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 6,4 % del total; 20 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 42,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220.

Zona Noroeste de la ciudad de Santa Fe: Estos barrios carecen en gran parte de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. La zona estuvo afectada por las inundaciones de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea destinada a consumo.

Se tomaron 65 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 41 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 63,1 % del total analizado; 24 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 36,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 8 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 12,3 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 16 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), no siendo aptas para consumo humano.

De las 41 muestras aptas desde el punto de vista bacteriológico, se detectaron 15 que superan el límite obligatorio para Amonio y 1 que supera el límite obligatorio para Nitrato.

Colastiné: el sector se encuentra en la zona afectada por la inundación pluvial de 2007. No cuenta con red de distribución de agua potable y junto con La Guardia alcanza una población 4.500 habitantes. La Empresa Aguas Santafesinas (ASSA) provee de agua potable a la Escuela Nº 869 Julio A. Roca y pudo observarse una cisterna con acceso para el público, ubicada en las proximidades de la Toma de agua de la empresa. Algunos sectores de la población reciben, periódicamente, agua en bidones entregada por la Delegación Municipal La Guardia. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua utilizada para consumo humano que dispone la población.

Se tomaron catorce (14) muestras, incluyendo pozos domiciliarios y bajadas de tanque, en lugares distribuidos aleatoriamente en la localidad. Se dio prioridad a las Escuelas, Centro de Salud, Centro de Acción Familiar y a las zonas más carenciadas. Las muestras se extrajeron según técnicas estandarizadas, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 7 muestran presentan algún tipo de contaminación microbiológica, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 5 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coniformes totales); y 1 muestra presenta contaminación fecal (presencia de E. coli).

El informe aclara que en el caso de las dos Escuelas y del Centro de Acción Familiar, solamente pudieron obtenerse muestras de bajada de tanque, por no contar las instalaciones con un grifo directo de la perforación.

Además, sobre las 13 muestras para las que se realizó la determinación de Nitrato, cuatro (4) presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, y cuatro (4) muestras, superan el Límite Recomendado. Solo 5 muestras presentan valores de Nitrato por debajo de dichos límites.

La muestra obtenida de la cisterna provista por ASSA, ubicada en la escuela Nº 869 “Julio A Roca”, cumple para los parámetros analizados con lo reglamentado en la Ley 11220.

“De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”, advierte el informe de la SEMAyDS.

“Se debe tener en cuenta que las fuentes de agua subterránea pueden variar sus características fisicoquímicas y microbiológicas, temporal y espacialmente. Esto se debe a la propia dinámica de los acuíferos subterráneos, a los aportes contaminantes de diversos orígenes, incidiendo también las características constructivas y de explotación de las perforaciones. Esta variabilidad puede alterar sus características de potabilidad”.

Monte Vera: Esta localidad, de aproximadamente 3000 habitantes en su planta urbana, dispone de agua potable y de red de distribución solamente en una zona; el resto de la población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectada por las inundaciones de 2007, en la zona comprendida entre las vías del ferrocarril hacia el oeste. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone la población para consumo.

Se tomaron 51 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente en la ciudad, y dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 31 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 60,8 % del total; 20 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 39,2 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 13,7 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 12 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 23,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano.

Otras muestras aisladas presentan valores altos de Amoníaco, Nitrito, Hierro y Turbiedad, por lo que tampoco resultan aptas para consumo humano.

San José del Rincón: La localidad estuvo afectada por la inundación de 2007. Tiene aproximadamente 8.500 habitantes. Posee una planta de tratamiento de agua para consumo con red de distribución para un 90% de la población, y cuenta, además, con algunas canillas públicas. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua subterránea utilizada para consumo humano que dispone la población no abastecida, tal como la de La Rinconada, Los Espinillos y de la zona de Acería próxima a la Ruta.

Se tomaron 25 muestras de pozos domiciliarios en lugares distribuidos aleatoriamente en los lugares citados. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes descartables estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente:

Conclusiones: 10 muestras presentan algún tipo de contaminación microbiológica, el 40% del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 28% del total; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E. coli), un 12% del total, no siendo aptas para consumo humano.

Sobre las 25 muestras también se realizó la determinación de Nitrato: 4 muestras presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, representando un 16 % de las analizadas y tres (3) muestras, un 12 % del total, tienen valores que superan el Límite Recomendado. Además, 5 muestras presentan valor de Nitrito superior al Límite Obligatorio de la citada ley, un 20 % de las analizadas; 10 muestras, un 40% del total, presentan los parámetros analizados dentro de los límites establecidos en la Ley 11.220.

El informe de la SEMAyDS concluye que: “De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”.