COLCHONES PELIGROSOS

Centenares de presos murieron en las cárceles argentinas asfixiados por la quema de colchones de espuma de poliuretano. A partir de estas consecuencias algunos fallos judiciales recomendaron la utilización de materiales ignífugos. Contrariando esta tendencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia comprará 2.500 colchones fabricados con este peligroso elemento.

En la historia penitenciaria argentina, centenares de presos encontraron la muerte dentro de sus celdas, intoxicados por el humo que provoca la quema de colchones de espuma de poliuretano durante los frecuentes motines. La combustión de estos elementos genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En 1978, en la cárcel de Devoto murieron por asfixia y quemaduras 60 internos y otros 85 resultaron heridos. En 1990, en el penal de Olmos ocurrió algo muy parecido y fallecieron 35 detenidos. En octubre de 2005, en el penal de Magdalena, otros 30 detenidos perdieron la vida por el humo de los colchones. Dos años más tarde, en el Penal de Varones de Santiago del Estero, 34 personas fallecieron durante un incendio.

Lo mismo ocurrió en nuestra provincia, el 15 de noviembre de 2000, durante un motín en la Comisaría 25 de Villa Gobernador Gálvez. Allí murieron quemados y asfixiados 13 detenidos. Cerrando esta zaga provisoria, debemos recordar que en diciembre de 2004 y febrero de 2005, tres jóvenes que estaban alojados en la División de Asuntos Juveniles de nuestra ciudad, fallecieron a causa de la quema de colchones.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación no es desconocida para los funcionarios de los servicios penitenciarios de las provincias. Luego del gran incendio en Olmos, la Corte Suprema de Nación condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios y le exigió la utilización de elementos ignífugos. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en el penal de Magdalena. En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario.

A pesar de estos antecedentes, el Servicio Penitenciario de la Provincia se apresta a comprar colchones de la mortífera espuma de poliuretano a través de la Licitación Pública Nº 55/08.

Si el trámite sigue su curso normalmente, el próximo martes 9 de septiembre se conocerán las ofertas de los interesados en venderle a la provincia, 2.500 colchones de una plaza de espuma de poliuretano, con funda de tela no tejida y ribeteado en todo su contorno con vivo de tela no tejida, según consta en el pliego licitatorio.

Antes de lanzar la Licitación Pública Nº 55/08, la provincia intentó en varias oportunidades adquirir colchones ignífugos, pero por razones formales las ofertas recibidas fueron desestimadas. Durante el año 2007 se iniciaron cuatro procedimientos de compra directa para adquirir estos elementos. Se invitó a 16 empresas para que presenten sus ofertas, contando con un presupuesto oficial de $ 690.000 ($ 276 por pieza). Varias firmas cotizaron pero todas fueron rechazadas por la comisión de adjudicación.

Ahora se vuelve a insistir con un tipo de material que provoca controversias en todo el país. Mientras la justicia y las organizaciones de derechos humanos advierten que la utilización de colchones de espuma de poliuretano incrementa el riesgo de muerte para los detenidos en caso de incendio o motín; los funcionarios penitenciarios aseguran que los colchones de material ignifugo pueden ser transformados en escondites de armas blancas, lo cual obligaría a incrementar la frecuencia de las requisas, con el consiguiente aumento del malestar entre los presos. Frente a esta disyuntiva, el gobierno de la provincia se inclino por la tesis construida desde el pragmatismo del Servicio Penitenciario.