lunes, mayo 14

"Tuvimos miedo, bronca, nada pudimos hacer"


Muchas voces se escucharon, la más importante, es la de los chicos. En Santa Fe hay muchos crímenes, el hambre es sólo uno.

“Vine para que los chicos no pasen más hambre. Es jodida la situación, estamos pasando mucho hambre con los chicos, y no nos atiende nadie, nadie nos escucha. Tenemos esperanza de que nos escuchen y que tengan un poquito más de cuidado porque las punteras del barrio llevan mercadería y la venden, en lugar de repartirla en las casas”. José – La Tablada.

“Estamos participando y apoyando la marcha porque queremos denunciar la situación de miles de chicos, que en Santa Fe sufren de hambre, desnutrición, miseria y desigualdad. Nosotros también tenemos derecho a un futuro digno, donde seamos todos iguales con educación y salud, pero con padres desocupados eso es imposible”.

“Queremos que nuestros padres tengan un trabajo. Derecho a una escuela digna para poder estudiar mucho mejor. Derecho a educarse para ser una buena persona y respetada. A reclamar en libertad para que toda la gente sea escuchada. Derecho al trabajo para que toda la gente pueda comprarle ropa y alimento a los chicos. Derecho a la salud para crecer sanos y fuertes, tener un doctor que nos atienda cuando estemos enfermos. Señor presidente le pedimos a usted y a los gobernantes de este pueblo que hagamos todo lo posible para tener estos derechos y así seremos felices y tendremos un país mejor”.

“El hambre es un crimen y el sufrimiento de miles de chicos también lo es. En nuestra ciudad, como en el 2003 volvimos a inundarnos. Tuvimos miedo, bronca, nada pudimos hacer. Encima agua sin luz, las escuelas perdieron cocinas, útiles, bancos, sillas, días de clases”. “Yo veía que la gente perdía todo, y encima cuando fueron a la escuela, les robaron la casa. En mi casa el agua llegó hasta la rodilla, a la noche te tenías que dejar un toallón al lado para secarte los pies”. Jennifer y Karen.

“¿Cómo se le explica a los pibes que en Santa Fe haya casi un millón de pibes pobres siendo el máximo exportador de alimentos del país; acá pasa? La sensibilidad queda para nuestro pueblo, es un cachetazo a los gobernantes pero es una interpelación a todos los dirigentes sociales, gremiales, políticos, de derechos humanos. Nos interpelan los pibes, porque cuanto más tardemos en el campo popular para cambiar esta situación, se mide en vidas de pibes. Esto es apelar a lo mejor de nuestros sentimientos, a la solidaridad. Acá los inundados. ¿Cómo se puede entender? Que no solamente haya tenido una inundación sino otra, y al revés, ya no es por desborde, es por lluvia, se convirtió Santa Fe en una olla que no tiene salida, cómo no hay previsión de estas cosas, no hay previsión porque no les importa, pero a quienes importa es a los sectores del campo popular, que tenemos que aprender, tenemos que cambiar nosotros también y unirnos”. Víctor De Genaro

“Este es el resurgir de lo que soñaron nuestros treinta mil hijos, nuestros treinta mil compañeros. Nos sentíamos abrazadas por nuestros propios hijos, con la misma fuerza, con los mismos compromisos, con la misma esperanza…” Celina Koffman.

En el granero del mundo, EL HAMBRE ES UN CRIMEN

EN SANTA FE EL HAMBRE TAMBIÉN ES UN CRIMEN

Además de particular y colorida, la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, sacude algunas conciencias. Y como nuestra ciudad también tiene cosas que reclamar, allí estuvieron nuestros inundados con sus hijos, para decirle al país por dónde más pasan nuestros crímenes

En Parque Alberdi concentraban los niños “marchantes”, se preparaban el tren, los muñecos, los zancos y el color. Y por calle Rivadavia, tres carros para cirujear repletos de chicos se sumaron para encabezar la marcha.

“Es jodida la situación, estamos pasando mucho hambre con los chicos, y no nos atiende nadie, nadie nos escucha”, le dijo José, de Barrio La Tablada a Fuera de Foco.

Y a la hora de que hablen los protagonistas, los chicos de la ciudad de Santa Fe, la plaza 25 de mayo hizo silencio para que se escuchara:

“El hambre es un crimen y el sufrimiento de miles de chicos también lo es. En nuestra ciudad, como en el 2003 volvimos a inundarnos. Tuvimos miedo, bronca, nada pudimos hacer. Encima agua sin luz, las escuelas perdieron cocinas, útiles, bancos, sillas, días de clases”, dijo Jennifer. Y Karen, agregó: “Yo veía que la gente perdía todo, y encima cuando fueron a la escuela, les robaron la casa. En mi casa el agua llegó hasta la rodilla, a la noche te tenías que dejar un toallón al lado para secarte los pies”.

Otra nena explicó: “Estamos participando y apoyando la marcha porque queremos denunciar la situación de miles de chicos, que en Santa Fe sufren de hambre, desnutrición, miseria y desigualdad. Nosotros también tenemos derecho a un futuro digno, donde seamos todos iguales con educación y salud, pero con padres desocupados eso es imposible”.

Y una alumna de la Escuela Luis Ravera, enumeró: “Queremos que nuestros padres tengan un trabajo. Derecho a una escuela digna para poder estudiar mucho mejor. Derecho a educarse para ser una buena persona y respetada. A reclamar en libertad para que toda la gente sea escuchada. Derecho al trabajo para que toda la gente pueda comprarle ropa y alimento a los chicos. Derecho a la salud para crecer sanos y fuertes, tener un doctor que nos atienda cuando estemos enfermos. Señor presidente le pedimos a usted y a los gobernantes de este pueblo que hagamos todo lo posible para tener estos derechos y así seremos felices y tendremos un país mejor”.

Los grandes también tuvieron cosas para decir. Gabriela Almirón, de la Asociación Civil Juanito Laguna respondió a la pregunta que se hacen muchos: “¿qué esperamos con esta marcha? Lo que estamos cosechando es lo que esperamos. Queremos cambiar el país”.

Víctor De Genaro, por su parte, realizó una fuerte autocrítica a todos los sectores del campo popular: “La sensibilidad queda para nuestro pueblo, es un cachetazo a los gobernantes pero es una interpelación a todos los dirigentes sociales, gremiales, políticos, de derechos humanos. Nos interpelan los pibes, porque cuanto más tardemos en el campo popular para cambiar esta situación, se mide en vidas de pibes. Hay que ser concientes, hay que dejar de lado mezquindades, las banderías”.

“Esto es apelar a nuestra emoción. Los gobernantes, con lo que hablan los pibes reciben un cachetazo, no pueden no ser conscientes, pero eligen defender a los grandes grupos económicos para que se enriquezcan, se lleven nuestros recursos naturales y para tener bajos costos laborales necesitan del hambre y la pobreza”, agregó.

jueves, mayo 10

TIRÓN DE OREJAS DE LA CORTE POR LA SITUACIÓN MENORES DETENIDOS

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia recomendó al Poder Ejecutivo dar solución a los problemas de alojamiento de los menores de edad en conflicto con la ley penal. Simultáneamente, un Juez de Menores de Rosario resolvió desalojar los niños detenidos en la Comisaría 1° de dicha ciudad. El máximo tribunal santafesino solicitó la reparación del edificio del IRAR y la contratación de personal especializado. El presupuesto para el área del menor transgresor representa el 1,58% del gasto total en seguridad de la provincia.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en su última reunión solicitarle al Ejecutivo Provincial que disponga la reparación del edificio donde funciona el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, disponiendo, además, el alojamiento de los menores en un lugar adecuado. La decisión fue tomada luego de recibir el informe de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario sobre las inspecciones realizadas al IRAR y a la Seccional Primera de Policía de esa ciudad.

Simultáneamente, el Juez de Menores de la 3° Nominación de Rosario, Jorge Cartelle, resolvió ordenar el traslado de los menores de edad alojados en la Seccional Primera de Policía en un plazo de 24 horas. El magistrado tomó esta determinación al hacer lugar al hábeas corpus correctivo presentado la semana pasada por el Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez.

La resolución de Cartelle incluye otras dos decisiones: no permitir el ingreso de otros menores a la dependencia policial mencionada y otorgar al Ministro de Gobierno un plazo de 30 días para la habilitación de un centro de admisión cautelar que cuente con las condiciones edilicias y de salubridad necesarias para permitir el alojamiento transitorio de menores, atendido por personal idóneo.

El informe elaborado por el Presidente de la Cámara Penal de Rosario, Antonio Paolicelli, expresa la preocupación del cuerpo “respecto del deficiente grado de satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal en general, y específicamente, de los que se encuentran alojados en las dependencias aquí inspeccionadas”.

En lo atinente a la situación del I.R.A.R., “la inspección detectó una acelerada tarea tendiente a lograr una higienización adecuada del establecimiento en su parte habilitada, las que, a pesar de ello, no resultarían suficientes para corregir los problemas edilicios constados, dado que cualquier lluvia, viento, frío o fenómeno atmosférico adverso puede provocar nuevamente el estado de situación comprobado por los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Defensoría del Pueblo y Subsecretaría de Derechos Humanos.”

Respecto a la salud física de los menores alojados en dicho instituto, el Presidente de la Cámara Penal de Rosario sostuvo que, “salvo casos aislados que presentaban autolesiones de escasa consideración y tratables en la enfermería del lugar, ninguno de ellos necesitaba de un traslado o internación en un centro de salud”. Sin embargo, el magistrado aclaró que en lo atinente a la salud mental de los detenidos, “todos padecen de alteraciones psíquicas y/o psiquiátricas de distinto grado, que ameritan que sean atendidas por profesionales en la materia”

Idéntica situación fue comprobada en la inspección realizada a la Seccional Primera de Rosario. El informe presentado a la cámara penal rosarina por el Juez de Menores Jorge Cartelle, sostiene: “Es indudable que las condiciones dadas en la Seccional 1º de la ciudad de Rosario, dependiente de la U.R. II de Policía, no resiste el menor análisis en cuanto a la factibilidad de albergar a personas menores de 18 años de edad. Al acceder al lugar, a simple vista se puede percibir el estado deplorable de la construcción de los penales, la humedad imperante, la falta de ventilación adecuada, el estado lamentable de los sanitarios, las pésimas condiciones de los lugares donde presuntamente descansan los jóvenes y la denominada “cuadra” que resulta ser un pequeño patio muy mal iluminado sin que prácticamente pueda desarrollarse en el sitio algún tipo de actividad o recreación”.

Estas apreciaciones objetivamente sustentadas conducen a la conclusión “que el edificio no cuenta con las comodidades mínimas que requiere una persona en estado de detención, sea menor o mayor de edad...”.

Tirón de orejas

A partir de la comprobación de estas situaciones, la Corte provincial sostiene que “la problemática en análisis exige sin lugar a dudas la adopción de políticas de fondo integrales, las que requerirán del concurso responsable, coordinado y comprometido de todos los poderes estatales”. En esta línea, se advierte que “las deficientes condiciones en que se encuentran los establecimientos de alojamiento de menores pueden suscitar, en su caso, la promoción de acciones judiciales correctivas”, las que serán procedentes en caso de comprobarse la violación a los derechos consagrados por la legislación y por la jurisprudencia vigente en la materia (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Verbitsky”, del 3 de mayo de 2005).

De todos modos, el máximo tribunal provincial reconoce que una sentencia judicial dictada en tal sentido, “está muy lejos de suponer una solución definitiva al problema genérico de la minoridad en conflicto con la ley penal”, ya que al estar dirigida a un poder administrador que no ha tomado suficientes prevenciones presupuestarias al respecto, el problema, no solo tiende a mantenerse, sino por el contrario, puede amplificarse.

Por ello, la Corte reclama “que la lectura de esta resolución, de parte de sus destinatarios, debe estar presidida por un elemental sentido de responsabilidad institucional -el que, naturalmente, se descuenta-; y por la conciencia de que existe una verdadera urgencia en la adopción de las medidas que este Tribunal sólo puede indicar a modo de convencida y firme exhortación”.

Presupuesto escaso

En el año 2006 la provincia de Santa Fe destinó $ 8.565.748 para la atención de las necesidades de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal dependiente del Ministerio de Gobierno. Para este año el presupuesto se eleva a $ 9.685.099, lo que representa el 1,58% del gasto anual en seguridad.

De acuerdo a los datos contenidos en el Presupuesto Analítico 2007, esta dirección provincial destinará: $ 1.329.902 para gastos de funcionamiento; $ 710.099 para obras y mantenimiento de edificios; $ 96.352 para compra de equipamiento; y $ 272.000 para becas, pasantías y subsidios. El resto del presupuesto se destina a gastos de personal.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia gastará en propaganda oficial 14 millones de pesos.

CONTRAGOLPE CON ERRORES

El intendente de Santa Fe intimó por carta al concejal Carlos Pereira para que ratifique o rectifique declaraciones vertidas durante el debate legislativo por la Comisión Investigadora. Balbarrey acusa al edil opositor de poner un manto de dudas sobre su buen nombre, dignidad y honor. Curiosamente se hace cargo de una acusación genérica contra “los políticos” lanzada por otro concejal. La respuesta del dirigente radical y la versión taquigráfica con los discursos de la polémica.

Mientras la Comisión Investigadora creada para dilucidar las posibles responsabilidades políticas del Departamento Ejecutivo Municipal durante las últimas inundaciones, comenzaba a dar sus primeros pasos, el intendente Ezequiel Martín Balbarrey despachaba una carta certificada sin cubierta con aviso de retorno, dirigida al concejal radical Carlos Pereira. En la misiva – a la que tuvo acceso Fuera de Foco - el jefe político de la ciudad intima al dirigente opositor a que ratifique y/o rectifique las afirmaciones vertidas en la sesión del Concejo Municipal, realizada el 12 de abril de 2007.

Según el intendente, el concejal Pereira afirmó en dicha sesión: “…lo único que hizo Balbarrey es cubrirse las espaldas para no ir preso. Fanfarronería y fantochada jurídica para no ir preso…”, con la intención de imputarle tácitamente la comisión de delitos.

Como segundo reproche, Balbarrey sostiene – a partir de una nota publicada en el diario El Litoral – que el concejal radical manifestó: “…no todos los políticos somos ineptos, inútiles, soberbios, incapaces, hijos de p…, idiotas, tontos, corruptos, chorros y delincuentes…”, descripción, que acuerdo a la interpretación del intendente es una “clara alusión a mi persona” (sic).
“Como su proceder puso un manto de de duda sobre mi buen nombre, dignidad y honor, le requiero que concurra a la jurisdicción que corresponda, otorgándome la posibilidad de ejercer mi derecho constitucional de defensa – pide el intendente, advirtiendo además que - no se tolerará una actitud injuriosa y agraviante que por su trascendencia menoscabe mi persona”.

Finalmente, la carta despachada el 30 de abril último señala: “…como su conducta tipificó una injuria calumniosa, de no rectificarse en el tiempo oportuno hago expresa reserva de iniciar las acciones judiciales, civiles y/o penales que pudieren corresponder”.

Respuesta del opositor

En diálogo con Fuera de Foco, el concejal Carlos Pereira aseguró que la carta del intendente “puede ser leído como una apretada”, aunque desestimó que esto pueda entorpecer el trabajo de la Comisión Investigadora. “En la comisión decimos no darle importancia. Ojala Balbarrey vaya a la justicia porque tengo muchas ganas de discutir con el en Tribunales. Vamos a ver si se anima, yo lo estoy esperando”, desafió el edil radical.

Para Pereira, esta reacción del intendente confirma que “Balbarrey sigue teniendo graves problemas de asesoramiento”.

“Me atribuyó a mí cosas que dijo otro concejal. Pero igual ni se la pienso contestar, porque además, es una falta de respeto. En primer lugar está mal dirigida. Habla de un “Consejo Deliberante” cuando en la ciudad de Santa Fe, el cuerpo que él también integró, se llama Concejo Municipal. Ni siquiera lo escribe bien porque usa la “s” cuando nuestro concejo es con “c”, puntualizó.

De todos modos, Pereira reafirmó lo que dijo en el debate del 12 de abril pasado. “Ratifico plenamente lo que dije en el recinto. Balbarrey me cuestiona que yo haya criticado muy duramente el decreto que el firmó el 29 de marzo decretando un alerta azul que en el plan de contingencia no existe. En ese momento dije una serie de epítetos que parece que al intendente le han molestado. Para mí eso era pura fanfarronería jurídica que solo buscaba la excusa para cubrirse las espaldas, cuando la realidad demuestra, que hubo un plan de contingencia que no funcionó”.

¿Qué se dijo?

La sesión del 12 de abril pasado fue una de las más calientes que se recuerden en el último tiempo. Oficialismo y oposición cruzaron acusaciones de grueso calibre cuando debatieron la conformación de la Comisión Investigadora sobre las posibles responsabilidades políticas del intendente y su gabinete durante las últimas inundaciones.

En ese contexto, Carlos Pereira realizó una minuciosa reconstrucción de los acontecimientos vividos en la ciudad cuando comenzaron las primeras lluvias el martes 27 de marzo. Allí recordó, que el plan de contingencia elaborado desde la municipalidad por el venezolano Pedro Zuccarini, se activa “cuando el servicio meteorológico informa sobre la posibilidad de lluvias de 100 mm o más sobre la ciudad”.

Siguiendo los dichos del concejal radical (registrados en la versión taquigráfica de la sesión), “el plan de contingencia tiene que haberse activado el día martes al medio día cuando estaba claro el pronóstico del servicio meteorológico. Pero el plan de contingencia no se activó el martes antes de las lluvias, se activó recién, y según el decreto del propio Intendente, el día 28 de marzo, el día siguiente, uno sospecha que en la mañana cuando ya en la ciudad habían llovido 150 mm. Todos sabemos que ese martes a la noche llovió mucho y el miércoles a la mañana también. Y me quiero detener en ése momento, digamos, el miércoles al medio día cuando ya había llovido 150 mm, no los 500 mm que llovieron después. Con 150 mm que había llovido ese miércoles al medio día ya la ciudad ya era un caos”.

Por este motivo, para Pereira resulta curioso “que ese jueves 29 de marzo el Municipio pasa, según el Decreto Nº 234 de la Secretaría de Gobierno, al estado de alerta azul”, cuando el plan de contingencia que presentó el intendente Balbarrey “en ningún lugar habla de alerta azul, no existe en dicho plan, y firmó un decreto hablando de alerta azul. El plan de Balbarrey era de alerta verde, alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. La alerta azul qué hace, qué tiene que hacer uno en el alerta azul”, preguntó desde su bancada el concejal, calentando los motores antes de lanzar la frase de la discordia: “Saben qué es esto, lo único que sabe hacer Balbarrey es cubrirse las espaldas para no ir preso. Estos decretos solamente son fanfarronerías y fantochadas jurídicas para no ir preso, porque en realidad no hay nada”.

Envalentonado con la verba de su colega, Marcelo Ferreira, del bloque Santa Fe es el Centro, tomó la posta en los discursos. “Seguir diciendo cosas que han pasado en ese momento, agregar al detalle del día a día que ha realizado el concejal Pereira, creo que no es necesario”, sostuvo el concejal justicialista, ahora opositor. “Yo le agregaría algo que uno ha recogido en ese safari de ir de un lado para el otro, llamados telefónicos y demás, algo de lo que uno ha podido escuchar: inepto, inútil, soberbio, incapaz, idiota, tonto, corrupto, chorro, HDP”, aunque sin aclarar el destinatario de estas diatribas.

Más adelante Ferreira intentó darle un poco de precisión a su discurso. “Que digan lo que quieran que se van a aprovechar de esto políticamente y claro que lo vamos a hacer, porque hay que darle una opción a la gente en las próximas elecciones, porque no todos los políticos somos ineptos, inútiles, soberbios, incapaces, hijos de p..., idiotas, tontos, corruptos, chorros y delincuentes, hay gente que quiere transformar esa realidad”, en otra elocuente descripción de cierta clase de dirigentes, que por segunda vez, el concejal evitó identificar.
A partir de aquí la cadena equívocos. El día 25 de abril de 2007, el diario El Litoral publica en página 4 una nota titulada “Los fundamentos del mensaje”. Allí le adjudican a Carlos Pereira las afirmaciones de Marcelo Ferreira sobre las cualidades morales de algunos políticos. Confiando en la exactitud de la cita del vespertino el intendente reacciona y manda la carta de intimación. Lo que todavía no se entiende, es qué razones lo llevaron a pensar que la acusación genérica lanzada en el recinto del Concejo Municipal era “una clara alusión” a su persona.

OTRAS NOTICIAS POLICIALES

Hoy, cuando miramos los diarios o los noticieros, nos cansamos de ver noticias policiales. En otras épocas había muchas, pero con sutiles diferencias. Intensa actividad de la División Investigaciones en búsqueda de una rueda auxiliar y una oveja.

El 11 de mayo de 1932, el diario El Orden publica una “seguidilla” de hechos policiales.

“Robaron una bolsa de naranjas dos menores”, dice la primera noticia. “En las inmediaciones de Humberto 1º y Primero de Mayo, un agente de policía detuvo en horas de la tarde anterior, minutos después de las 16 horas, a dos menores que resultaron ser Ramón Ojeda y Victorio González, quienes conducían una bolsa llena de naranjas, hurtada momentos antes en un comercio del centro. Los rateros fueron conducidos a la referida seccional donde se instruye el correspondiente sumario”.

“Robaron una rueda auxiliar” es la segunda información. “Se ha presentado en la oficina de guardia de la comisaría segunda el ciudadano Carlos Moscardini, domiciliado en Avenida Rivadavia 2854, denunciando haber sido víctima de un hurto consistente en una rueda auxiliar de automóvil marca “Goodyear” cuyo precio estima el damnificado en la suma de setenta y cuatro pesos”. La comisaría inició las averiguaciones y hasta requirió de la ayuda de la División de Investigaciones.

La última de esta tanda se titulaba “Le robaron un animal a un vecino”, y señalaba que “la comisaría de Guadalupe trata de individualizar y detener al autor de un hurto cometido en perjuicio del vecino Rafael Fortuna el cual se radica en una vivienda sita en las inmediaciones de aquel paraje. A estar con los términos de la denuncia formulada por el mismo, personas que desconoce le sustrajeron noches pasadas de un potrero que tiene en los fondos de su domicilio una oveja. También se procura obtener el secuestro del animal interviniendo en la pesquisa la División de Investigaciones”.

Abstenerse de chistes fáciles con el destino de la oveja.

miércoles, mayo 2

DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Este 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, y desde Fuera de Foco hemos seleccionado una serie de trabajos que esperamos sirvan para reflexionar sobre este tan vapuleado derecho. En tiempos donde domina la concentración empresaria, la precarización laboral, el acceso restringido de la sociedad a los medios y la mercantilización de los contenidos, recuperamos los conceptos lanzados por el Sindicato de Prensa de Rosario cuando definen que: “solo el acceso y la participación popular permitirán la democracia informativa”.

A través de un comunicado, el Sindicato de Prensa Rosario sostiene, junto a numerosísimas organizaciones nacionales e internacionales, “que la información es un derecho humano fundamental porque permite el conocimiento y, también a menudo, el ejercicio de otros derechos. Por eso preferimos hablar de libertad de expresión y de derecho a la información como bienes de proyección colectiva. Libertad y acceso contienen, a la vez, las claves en que deben basarse las políticas de comunicación de la democracia: acceso y participación en los medios de comunicación social”.

Tener en cuenta el acceso supone “maximizar las posibilidades de cobertura mediática en los ámbitos regionales y locales, sobre todo en las poblaciones con mayores dificultades económicas para garantizar la llegada a esos medios. Por otra parte, no se puede hacer referencia a la participación si no existen los proyectos que tengan en cuenta la integración de los sectores populares como sujetos de las políticas que se diseñen en materia de comunicación”.

Es importante recordar, que hace 16 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió conmemorar cada 3 de Mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa sobre la base de la Declaración de Windhoek, realizada en Namibia (África) titulada “Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista”.

Allí se advierte que “el proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación se profundiza y afianza en el ámbito mundial, regional y nacional. Nada tiene que ver ese proceso de concentración y mercantilización con la democracia informativa, con la pluralidad de voces y con la inclusión de la palabra y la expresión de quienes a la vez son los excluidos de los proyectos y modelos económicos y sociales pensados en detrimento de las mayorías. De allí que hablar en este día sólo de libertad de prensa es quedar atrapado en la red y en la lógica del negocio a gran escala que decide, en virtud del rédito económico o de la proyección comercial más diversa, cuál será la información que transmitirá el medio o el conjunto de los que integran un grupo multimediático. La violenta ecuación económica, política y social que existe entre incluidos y excluidos no sólo se refleja por los medios de comunicación masivos sino que esos mismos medios intervienen o sostienen la construcción de las relaciones sociales así diseñadas”

En sociedades desequilibradas y desiguales –como lo es la nuestra- los Estados y gobiernos tienen enormes, grandísimas deudas hacia el logro de una comunicación democrática. Para el caso argentino, en más de 23 años de gobiernos constitucionales, ninguno de los que se sucedió tuvo todavía la decisión política de poner en discusión la ley de leyes en la materia, la de Radiodifusión, que permitirá discutir quiénes son o quiénes deben ser los propietarios de los medios con miras a la profundización democrática y a la observancia de las premisas anteriores de acceso y participación. La exclusión ya aprendida y transformada en conducta social debe desarmarse, deconstruirse, con una actitud nueva, fundante, que permita a todas las personas, ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a los sectores sociales más variados, a las minorías y diversidades étnicas y culturales, salir de la discriminación y hacerse visibles a través de la libertad de expresión.

El SPR sostiene que mucho debe trabajarse si se quiere pensar en una comunicación para la democracia y ello incluye también las leyes nacionales y provinciales que permitan el acceso a la información en poder del Estado, una forma de transitar hacia el fin de la cultura del secreto y el oscurantismo que son funcionales al atraso y la ignorancia en los que se asienta y asegura la exclusión.

Por ello, los trabajadores de prensa renovamos nuestro compromiso con la responsabilidad social que supone nuestra labor, con la ética basada en la verdad y en la rigurosidad informativa y con la mira puesta en el logro de un mundo, un país y una región con voces plurales.

UN PERIODISTA EN LA CAFÚA

Allá lejos y hace tiempo, los periodistas que no podían ser comprados con publicidad… eran encarcelados. Esta historia incluye un negociado con tierras entregadas por el gobierno, dos periodistas rosarinos encarcelados por denunciarlo y un director de un diario santafesino apresado por reproducir la acusación.


Poniendo en contexto
Carlos Casado del Alisal fue un empresario español que llegó al país y se instaló en Rosario en 1857. En agosto de 1865 fundó el Banco de Rosario. A principios de la década del 80 fue autorizado por el gobierno santafesino para construir y explotar el Ferrocarril Oeste Santafesino.

La vida pública de Casado fue intensa. Fue, durante pocos días, el primer presidente del Banco Provincial de Santa Fe; su nombre está ligado a las primeras exportaciones de cereales del país y a la fundación de numerosas colonias santafesinas. No está registrado en los libros, pero como nos enseñara el gran Gastón Gori, estas entregas no estuvieron exentas de importantes negociados. Daremos cuenta de ello en otra oportunidad.

Ahora, nos detendremos en lo “colateral” de estos negociados, sin entrar hasta el hueso del mismo. Miraremos cómo se trató a quienes intentaron ponerlos al descubierto, allá en los últimos años del siglo XIX.

Gotas de tinta

Luciano Leiva gobernaba la provincia de Santa Fe en 1895. Tenía sus espadas en el diario Nueva Época. Y tenía sus febriles detractores en el diario Unión Provincial. Dirigía este último periódico Domingo Guzmán Silva, que firmaba algunos de sus artículos, con una pluma distinguida, como Gonzalo González de la Gonzalera.

Unión Provincial, en la sección Gotas de Tinta, publica el 22 de febrero de ese año un escrito para criticar las condiciones de detención de dos periodistas rosarinos. Gómez y Daufí, redactores de La Voz del Pueblo, habían osado descubrir algunos chanchullos relacionados con la entrega de tierras y sus precios a Carlos Casado. La revelación, o su simple especulación, fue suficiente para que los periodistas fueran encarcelados.

Cabe aclarar que regía en Santa Fe una ley de imprenta, sancionada en 1876. (Ver detalles)
Pues Daufí y Gómez fueron encarcelados. La primera noticia que publica Unión Provincial, tiene entonces por objeto denunciar las condiciones en que estaban presos los periodistas. “¡La libertad de que gozan aquí los periodistas! No hay sino que medirla por las consideraciones de que son objeto en la Penitenciaría del Rosario los periodistas Gómez y Daufí”. Teniendo seguramente a la vista la ley, Silva asegura que ninguno de los dos son “reos de delito”, pero que están sometidos al régimen penitenciario por la necesidad de los carceleros de “quedar bien con el gobierno”.

Inocentemente, se pregunta: “Y si resultan inculpados ¿cómo se les resarcirá de los perjuicios causados y de las penalidades sufridas? ¿Es inútil entonces que la constitución establezca que las cárceles sirvan para seguridad y no para mortificación de los detenidos?”

Silva no iba a dejar de decir lo que pensaba y convenía a un diario de neta oposición: “Si fueran situacionistas, aunque Daufí y Gómez hubieran cometido los más atroces delitos, se les atendería en calidad de presos distinguidos, pero son periodistas de oposición, han tenido la valentía de acusar a un ministro de hechos que consideran irregulares y entonces se les trata como en su hora fue tratado Silvio Pellico”.

Un día después, Domingo Silva comete un error garrafal: reproduce en las páginas de Unión Provincial las “pruebas irrefutables” del negociado entre Casado y el ministro Ortiz, copiadas del diario de los reclusos.

En la cafúa

Silva también fue preso.

Claro que su primera defensa fue decir que había declarado “editorialmente” que se reproducían los dichos de La Voz del Pueblo únicamente para que llegasen a oídos del gobierno y éste diera las explicaciones. Y que no creía en esos cargos.

La “agachada” de Silva pasó desapercibida.

El material que publica en los días subsiguientes Unión Provincial es extensísimo. Se detallan los análisis de la ley de imprenta, las gestiones del Dr. Urbano de Iriondo, abogado de Silva, y varias curiosidades, a saber: Silva fue encarcelado en vísperas del feriado largo de carnaval. Después de emitir la orden de arresto, el juez Eizaguirre desapareció de los lugares que solía frecuentar para no estar disponible cuando llegara el recurso de habeas corpus que preparaba la defensa. Otro juez se hizo cargo del caso y envió el recurso al Superior Tribunal de Justicia. Pero mientras esto sucedía, Silva fue trasladado desde la policía a la cárcel y hubo un lapso de tiempo en que nadie sabía donde estaba, excepto el juez Eizaguirre, al que nadie podía encontrar. Este juez fue multado dos veces por el Superior Tribunal de Justicia y finalmente Silva fue liberado tras una solicitud directa al Poder Ejecutivo.

Vale aclarar que todos estos detalles están extensa y deliciosamente publicados en la edición del 28 de febrero de 1895. A continuación, se copia la resolución del Superior Tribunal y finalmente, una de las mejores piezas periodísticas que encontré hurgando en los rollos del Archivo General de la Provincia.

Se trata de una serie de reflexiones que Silva, bajo el seudónimo de Gonzalo González de la Gonzalera, titula “En la Cafúa”.

Esa primera parte dice:

“El sábado pasado, algo intranquilo con la perspectiva de tres aburridores días de fiesta -¿han visto ustedes algo más soporífero que los días festivos santafesinos?- me decía: ¿qué haré de mi pobre humanidad desde el domingo de carnaval hasta el miércoles de ceniza? Tengo la vieja costumbre de visitar a mi buena madre todos los domingos. ¡La pobre viejecita! Vive en su nido, entre árboles y flores, a tres leguas de esta capital, con la humildad laboriosa de las señoras criollas de buena cepa y son para ella festivos los domingos tan solo porque recibe la visita de sus hijos ausentes. ¡Ah! Si pudiera completar su alegría oyendo la misa dominical y de precepto!

“Dispuse dedicarle su día, mas como no se trataba de uno sino de tres, hice mi
composición de lugar para lunes y martes. Ir de caza, visitar las grandes quintas de naranjos, refocilarme un poco viviendo, como quiere Zola, la vida libre de la naturaleza: el programa estaba hecho. Seguramente que no le sentaría mal a mi organismo, un tanto envejecido en la lucha por la vida, ni a mi intelecto, que vengo exprimiendo como a un limón desde el año 78 en estas caballerías de la prensa, ese par de días de asueto y libre holganza que les sacrificaba, robándoselos a mis libros favoritos.

“¡Y que no los esperaba con impaciencia! La escopeta, cómplice de mis delitos cinegéticos estaba ya como un espejo y con inusitada anticipación arreglada la canasta con las indispensables vituallas.

“Porque eso sí, aunque me esté mal decirlo, de puro precavido, voy siempre de caza llevando almuerzo en la canasta.

“Capitán, al ver cómo me movía, mirábame con sus grandes ojazos tranquilos, cual si quisiera decirme ¡vamos! ¿y qué apuros son estos a 24 horas de distancia de la partida? Es que Capitán, con ser un perro muy inteligente, mucho más que ciertas personas romas, lo garantizo, ignoraba que las carnestolendas se aproximaban y de eso sólo hay unas en el año!

“Llegaron las once y media de la mañana, la grata hora del almuerzo, y ¡uno propone y los malos hados disponen!, apareciéronse, no la criada a avisar que la mesa estaba servida, sino un Comisario de Policía, con una orden del célebre don Ignacio, para arrestarme.

“¡Adiós castillos en el aire! ¡Adiós paseos campestres y vida en plena naturaleza! Don Ignacio Eizaguirre, temiendo, seguramente que no me sentasen bien esas andanzas, de puro humanitario es que me manda a poner a la sombra, firmemente dispuesto a que pasase en el Hotel del Gallo (pelado) las carnestolendas integras.

“A mal tiempo no hay que ponerle mala cara, no puede menos que aceptar tamaña obsequiosidad, agradeciendo al bueno de don Ignacio, que es un juez íntegro, sabio, magnánimo, digno de la situación política actual, al cual erigirán estatua los leivistas, aquellas muestras del acendradísimo aprecio que me tiene.

“-Ah!- pensaba ya en la cafúa – ¡lo que es ser periodista! ¡Si esto es una ganga, y no sé yo cómo hay tonto que se dedique a otra cosa! En primer lugar no hay sino que escribir: ¿qué trabajo es ese? Además hay que pensar, leer, revisar papeles, enterarse de lo que pasó y no pasó y aún de lo que ha de pasar: ¿qué trabajo es ese? Y luego ¡andar en letras de molde en los papeles públicos! ¡Ser querido y obsequiado por todos, de gobernador abajo! Una ganga, vamos, una ganga.

“Reflexionando bien, he caído en la cuenta de que en estas exquisitas obsequiosidades de don Ignacio ha habido colaboradores. El hombre me quiere entrañablemente por ciertas cositas que se le han dicho en el diario, pero quien me profesa el más entrañable de los cariños en don Luciano Leiva. ¡Me quiere como a la niña de sus ojos! Es capaz, me parece, aunque me esté mal decirlo, de superar a don Ignacio en ese sentido. Por lo menos es un rival temible para el bondadoso, justo, humanitario y caritativo juez correccional. (…)

“Ya ven ustedes que tengo razones que me sobran para suponer que don Luciano –como le decimos cariñosamente todos los que le queremos- ha colaborado en el propósito de evitarme disgustos y contratiempos. ¡Qué no haría él por mi bienestar y mi salud!”

Sus momentos en la cárcel también fueron descriptos en forma de crónica. “De la cárcel al foco colérico”, se titula.

“Venimos de un foco colérico, en donde ha habido hasta 12 casos por día. Allí nos mandó la magnánima administración de justicia que nos ha dado a su imagen y semejanza el gobernador de la provincia don Luciano Leiva”, comienza.

El Asilo, como se llamaba al lugar de reclusión al que llevaron a Silva en aquella especie de rapto, tenía esos días “106 presos criminales, entre los cuales muchos asesinos, ladrones, estafadores, la plaga social en sus peores manifestaciones”.

Cuenta Silva:

“Llegamos a las nueve de la noche. No habíamos comido. El oficial de guardia recibió a este no reo también custodiado y lo mandó alojar en el último pabellón de la derecha que tenía solamente 35 arrestados.

“No llevábamos cama, porque no se nos dijo dónde íbamos. No llevábamos comida porque no se nos dio tiempo de recogerla. Allí, como es natural, no había nada: ni cena, ni cama, ni una mala tarima. Debíamos permanecer allí, sin embargo.

“Previamente, el Dr. Eizaguirre había dado la orden de que no hubiese presos distinguidos: como cualquier otro tenía el deber de hacer fajina: esto es lavar, limpiar letrinas de los presidiarios, conducir basuras al hombro y comer la tumba de los presidiarios. Al otro día formamos en el grupo de presidiarios: nos tocó el número 93. Y bien: el nº 93 tuvo la suerte de haber llegado después de hecha la lista para la limpieza externa. A las 9 recibió sus 1500 gramos de carne, sus dos galletitas reglamentarias y algo así como 40 gramos de arroz.

“El asilo cárcel está aislado: hay que comer lo que da el gobierno a presos debiendo decidirse entre comer a rancho esto es del inmenso puchero común (un zoquete con caldo) o hacerse por sí mismo la comida. En estas condiciones hemos pasado desde el lunes a las 9 de la noche hasta el martes 10 pm. ¡Gracias que algunos presos se compadecieron de nuestra situación y nos proporcionaron una especie de cama, encargándose gentilmente de meter en su pucherote nuestros 1500 gramos de carne!”

Unos pocos años después Unión Provincial sería un diario oficialista. Su mentor, José Bernardo Iturraspe, sería elegido gobernador de la provincia y los sueños políticos de don Domingo Guzmán Silva se harían realidad.

INFORME DEL CELS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ARGENTINA

El miércoles 21 de marzo pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe “Derechos Humanos en la Argentina 2007”. El documento de la organización que preside Horacio Verbitsky incluye un capítulo titulado “Claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a la información”, cuyos autores fueron Damián Loretti* y Laura Zommer**. Del trabajo rescatamos los análisis sobre agresiones a la prensa, fallos judiciales sobre libertad de expresión, radiodifusión y medios públicos.

Agresiones

Lamentablemente, es necesario alertar que este año también ha habido casos de agresiones físicas y amenazas a periodistas. Si bien ninguna tuvo la magnitud que alcanzaron algunos ataques en los años noventa, la cuestión debe preocupar por cada uno de los hechos sucedidos.

En su mayoría ocurrieron en el interior del país: se registraron casos recientes en La Pampa, Salta, Entre Ríos y Misiones. Pero quizás, el caso que mayor resonancia despertó en la opinión pública fue el de las amenazas anónimas que recibieron los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y periodista de Canal 13 y TN, y Jorge Fontevecchia, dueño de Editorial Perfil, el 27 y 28 de septiembre, respectivamente.(1)

En Puerto Iguazú, Misiones, la periodista Carmen Segovia realizó una denuncia por amenazas que recibió de Roberto Pereyra, ex secretario privado del intendente Claudio Filippa. La presentación recayó en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú.

El periodista Hugo Viano, quien trabaja en una emisora de la localidad de San Javier, Misiones, fue atacado con un arma blanca en octubre cuando se dirigía hacia su domicilio tras realizar sus tareas en Radio Vox.

Leandro López, de Diario El Sol, fue brutalmente golpeado en la propia Jefatura Departamental de Concordia, Entre Ríos.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda de la provincia de Salta, Rodolfo Eduardo Alanis, fue identificado como el agresor a golpes de puño y patadas del periodista Eduardo Martel cuando éste realizaba su programa diario en la emisora FM Estación de General Güemes.

El periodista Juan Pablo Gavazza fue agredido cuando cubría el Congreso Provincial del Partido Justicialista en La Pampa.

Y el periodista Alberto Callejas, editor del periódico El Nuevo Cambio, sufrió una agresión física por parte de un concejal del PJ de Lanús cuando cubría el 18 de enero una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de esa localidad.

A éstos se suman otros casos sufridos por periodistas deportivos. Elbio Evangelista, quien denuncia haber sido golpeado en el estadio de Rosario Central; Gustavo Veiga, que fue agredido en un pasillo del estadio de Argentinos Juniors luego de sostener una discusión con el presidente del club de La Paternal, Luis Segura; la agresión sufrida después del encuentro Gimnasia-Vélez por los periodistas Osvaldo Fanjul, de Multicanal y TyC Sports, y Juan Manuel Allan, del diario Olé, como asimismo la persecución a Facundo Aché por parte de los directivos del club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Decisiones judiciales importantes

La libertad de expresión recibió algunas buenas noticias de parte de la justicia en el 2006. Una de ellas fue el fallo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien declaró la inexistencia de delito y consideró que el avance de ese proceso constituía una “indirecta restricción a la libertad de expresión”. Esto lo realizó en una querella por calumnias e injurias que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, había iniciado contra Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad de Investigación del atentado a AMIA, por declaraciones que había hecho al diario La Nación en las que aseguraba que tras la asunción del actual ministro la investigación del atentado había perdido impulso.

Es preciso advertir que el juicio que inició y perdió Iribarne constituye una excepción a una sana regla general del actual gobierno, ya que, como se señaló en el informe del año anterior, los funcionarios de la gestión de Kirchner, a diferencia de lo que ocurría durante la de Carlos Menem, generalmente se abstienen de iniciar procesos judiciales contra periodistas o críticos.

Otro fallo interesante es el que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Spinosa Melo c/La Nación”. (2)

El máximo tribunal, por mayoría, apoyó al diario al rechazar un recurso de queja y dejar firme una sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Así, tal como había hecho el fallo de primera instancia, la Cámara y también la Corte desestimaron una demanda de daños y perjuicios iniciada por el ex embajador argentino en Chile entre 1989 y 1991, Oscar Spinosa Melo, y sus hijos. Según destacan los magistrados, en el expediente se pudo acreditar que la información publicada era cierta porque efectivamente el ex funcionario estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes y había participado en fiestas sexuales durante el tiempo de sus funciones. Para resolver de esta forma —además de aplicar la doctrina Campillay o del reporte fiel, porque la información publicada se basaba en una causa penal y en varios sumarios administrativos de la Cancillería—, se sostuvo que por ser Spinosa Melo un funcionario de alta notoriedad, esas prácticas excedían el ámbito de la privacidad, según el test de la real malicia.

También vale la pena repasar un fallo de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que confirmó un fallo de primera instancia que rechazó una demanda por daño moral iniciada por Antonio Domingo Bussi contra Tomás Eloy Martínez. El ex represor había demandado al escritor y periodista a raíz de la publicación en el diario La Nación de un artículo titulado “La expulsión de los mendigos”, el 10 de enero de 2004. El tribunal consideró que el tenor del artículo de Martínez se relacionaba con lo histórico y novelesco, además de que Bussi no había probado que Martínez hubiera actuado con dolo (a sabiendas de que fueran falsos los hechos expuestos, relacionados con que Bussi mandó “guardar” a los mendigos de Tucumán en el año 1977 ante una visita del Papa a Tucumán).

Es interesante en el caso la cita a varias publicaciones periodísticas adjuntas como prueba de que los hechos relacionados con los mendigos fueron dados a conocer por muchas personas con antelación a Martínez sin que Bussi los desmintiera o reclamara derecho a réplica. El último párrafo del fallo tiene singular valor ya que resalta que sin libertad de expresión no hay vida que merezca ser vivida. “Cualquiera fuera la opinión que aquél le merezca a los habitantes de este país —de hecho, parte del electorado apreció la gestión del actor— hay un derecho que, junto al de la vida, juzgo inalienable porque en definitiva no hace sino garantizar el mismo: el de expresar aquélla de modo libre, sin ningún tipo de temor o presión y mucho menos sin tener que responder frente a quien, en un exceso de susceptibilidad, y ante una apreciación crítica de su actuación pública, pretende ser indemnizado. De ahí a la opinión única y a la ausencia de toda libertad, no hay sino un paso. Sin libertad no hay vida que merezca ser vivida”, señala al finalizar el voto de la camarista Beatriz Lidia Cortelezzi, al que adhirieron sus pares de la Sala C de la Cámara.

En el plano previo al de las responsabilidades ulteriores admitidas por la legislación, es preciso mirar con celo la acción de amparo que la Defensoría de la Vida Humana presentó contra Sony Pictures Entertaiment S.A. con el fin de que “se elimine toda referencia a Cristo, la Iglesia Católica o toda organización o institución religiosa real” de la película El Código Da Vinci. Y, con carácter de medida cautelar, la ONG solicitó que toda la exhibición del film, toda publicidad de éste o todo video que se edite de la película, lleve una leyenda “claramente visible durante toda su proyección” que indique que la historia que se relata en el film es ficción.

En primera instancia el juez rechazó la medida cautelar solicitada. Sin embargo, el fiscal de Cámara Carlos Sanz sostuvo en su dictamen lo contrario y la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil dispuso revocar el fallo y ordenó “la colocación visible de un cartel al inicio de la película, en idioma español, que consigne que los hechos y personajes referidos en la película son ficticios”. (3)

Los camaristas indicaron que, con ese alcance, la medida no altera en modo alguno la obra, que podrá proyectarse íntegramente, y señalaron que se trata de una leyenda de práctica en obras que no tienen pretensión de fidelidad documental o histórica. Para resolver así, los magistrados indicaron que debía encontrarse un delicado balance entre el “derecho subjetivo al respecto de las creencias religiosas” (sic), con los “derechos de terceros, en especial el de la libertad de expresión”. Y, concluyeron que “dado el tema y su tratamiento en la película, es plausible que miembros de la comunidad católica puedan resultar mortificados en sus sentimientos religiosos considerándola hostil o agraviante a convicciones propias de su credo”.

Además de las expuestas, en el ámbito provincial se ha dictado una serie de resoluciones judiciales sobre cuestiones ligadas no sólo a las más habituales responsabilidades ulteriores de los medios de comunicación, periodistas y personas que toman la voz pública. Las que pueden considerarse más relevantes son las siguientes.

En la justicia del Chaco, en el caso “Sindicato de Prensa del Chaco contra el Gobierno de la Provincia de Chaco y/o Ministro de Gobierno de Chaco”, se declaró la ilegitimidad de la conducta de las autoridades que impidieron el ingreso a los periodistas al salón de reuniones del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo para participar de una conferencia de prensa. La conferencia había sido convocada por indígenas que realizaban una huelga de hambre. El fallo sostiene que lo resuelto deberá tenerse presente para eventuales situaciones análogas a fin de que no existan lesiones a los derechos de libertad de prensa, de trabajo, de expresión, de información y de protección a la censura previa. (4)

En la justicia de Neuquén, en el caso “Galano, Jorge contra Provincia de Neuquén s/acción de amparo”, se hizo lugar a una demanda por acceso a información pública iniciada por un periodista. Mediante un amparo se reclamaba acceso a un sumario penal, ya concluido y archivado, pero el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Omar Fernández, había negado ese acceso por considerar que el periodista era un extraño sin interés legítimo. El fallo indica que se encuentran comprometidos derechos constitucionales, tales como la publicidad de los procedimientos judiciales (artículos 50 y 162 de la Constitución Provincial del Neuquén), la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y el derecho a ejercer una industria lícita y publicar sus ideas sin censura previa. Agrega que “en cuanto al interés legítimo, cabe señalar que, tal como antes se pusiera de relieve, no existe controversia acerca de la profesión del actor y su trabajo de investigación de manera tal que no puede invocarse que carece de interés legítimo, […] claramente que tiene un interés legítimo para la compulsa del sumario penal”. (5)

El Tribunal Superior de La Pampa revisó este año un caso ciertamente atípico. En “González, Roberto Hornero. Sta. acreditación de Claudia Alejandra Giacobbe, legajo N° 14.608/06” revocó la decisión unilateral del presidente de la Cámara, Julio Fernández, quien sin más fundamento que la alegación ambigua acerca de “el Poder de Policía previsto por la Ley Orgánica” había desestimado la acreditación periodística requerida por Claudia Giacobbe.

La periodista había recibido la orden de retirarse de una sala de audiencias durante un juicio oral. Cuando reclamó explicaciones acerca de por qué sólo ella debía retirarse, le informaron que era porque no se había acreditado. Aunque ningún otro presente contaba con acreditación, igualmente se la solicitaron. El presidente de la Cámara justificó el rechazo en su “falta de idoneidad profesional”. El Superior Tribunal de Justicia pampeano dejó sin efecto el rechazo y la decisión de que no acceda a los juicios advirtiendo sobre la total falta de sustento legal de la decisión del camarista.

La justicia de Tierra del Fuego hizo lugar a un amparo por derecho a rectificación presentado por las representantes legales del Sindicato de Prensa de Río Grande. En el caso “DIPS, Yolanda y otra c/Password SRL s/amparo” se admitió que la empresa empleadora —que había publicado una editorial contra las demandantes por razones de índole sindical y laboral, y más tarde una nota—, no había cumplido con sus obligaciones de publicar la rectificación que se le pidiera. Ello por cuanto en la rectificación se habían incorporado consideraciones propias al final del texto insertado; tampoco había cumplido con su obligación al no incluir la réplica en la edición on line. El fallo judicial condenó la inserción de la dúplica y la no publicación en la web, y ordenó una nueva publicación en ambos soportes y sin ninguna inserción de la demandada.

El derecho a la protesta (6)

Respecto de la judicialización de la protesta social, entendiendo a ésta como parte de la libertad de expresión, es interesante analizar un caso de la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña. A partir de un recurso de apelación presentado en contra del procesamiento de José Pepino Fernández, la Cámara no sólo revocó el procesamiento, sino que advirtió otras irregularidades.

Fernández había sido denunciado en noviembre de 2003 por el fiscal salteño Oscar Trosset. Este fiscal había imputado a Fernández el delito de apología del crimen, en base a un artículo del diario El Tribuno. Luego de varios planteos sobre competencia, la causa finalmente recayó en la Cámara Federal porteña: para ese entonces la tipificación ya era por amenazas calificadas. Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun señalaron que “la apelación lleva más de dos años y medio sin resolución” y que “si bien ningún tribunal se adentró en el tratamiento de la situación procesal, se agravó la calificación legal aplicada”.

Para peor, dijeron, “ninguna de las resoluciones que agravaron la situación del procesado fueron puestas en su conocimiento”. La frase publicada en El Tribuno, que generó la imputación y fue negada por Fernández, decía: “No les creo mucho a éstos. Si no nos dan soluciones, no nos queda otra que la violencia”, en relación al gobierno nacional de la época.

Vale la pena mencionar, con relación al derecho a la manifestación, que en este mismo año, el gobierno argentino sostuvo planteos rescatables en las presentaciones internacionales realizadas a propósito de la construcción de dos papeleras en Fray Bentos, Uruguay. En sus presentaciones, el gobierno respondió los cuestionamientos al corte de rutas por parte de los asambleístas de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, justificándolos en el derecho a la libertad de expresión.

Un año perdido en materia de medios públicos
Poca transparencia en las decisiones

En términos institucionales, puede sostenerse que se ha perdido un año importante en materia de medios públicos por parte del Estado nacional.

Nuevamente afirmamos que la sanción de normas que alejen el providencialismo de las decisiones y que reconozcan el valor de los medios de comunicación como un ámbito donde corresponde fijar una política de Estado es una cuestión de fundamental relevancia.

Reconociendo la importancia del reequipamiento realizado respecto de Canal 7 y de Radio Nacional, estimamos que la oportunidad es aún más propicia para cambiar de raíz las estructuras jurídicas de esos medios y dotarlos de transparencia que exceda de la voluntad de los funcionarios. Más aún, en el caso de las decisiones que provocaron los alejamientos de José Eliaschev y Víctor Hugo Morales de Radio Nacional y de Canal 7, respectivamente, quedó una inexplicada sensación de arbitrariedad. Y la falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación y de los ceses no permitió que temas de tamaña profundidad fueran analizados como se debe.

Radiodifusión y servicios complementarios

En un plano de —quizá— mayor complejidad, la Ley de Radiodifusión de la dictadura con sus empeoramientos sigue sumando años de vigencia. En un contexto más que diverso de opiniones, algunos periodistas y medios cuestionaron la eventual decisión del gobierno de impulsar la discusión de la Ley en un año preelectoral.

Más allá de reclamar desde hace décadas un cambio de legislación que admita un régimen más plural, abierto y democrático que reconozca los derechos a la información de los integrantes de la sociedad argentina, no debemos llamarnos a engaño. Los calendarios electorales argentinos indican que todos los años son electorales o preelectorales. Y que se derogue la rémora de la ley 22.285 no admite dilaciones. Pasaron ya 26 años. En el mismo orden de ideas, pero ligado a la actividad de los servicios complementarios de radiodifusión, y en especial la televisión por cable, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Cámara Federal de Córdoba “Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada” indicando que la suspensión reiterada de la venta de pliegos necesarios para acceder a las solicitudes de instalación de estos servicios viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lamentablemente, el cepo al acceso a nuevos actores no se ha levantado. Esta vez, no se venden pliegos porque el COMFER inició una instancia participativa de elaboración de normas a través de la resolución 1242/06. A la fecha aún se sigue estudiando la norma a producirse y continúa —por supuesto— la espera.

De cara al futuro

Si cupieran conclusiones universales a la cantidad de circunstancias descriptas, ellas atenderían a la necesidad imperiosa de fijar en el área de la comunicación social y la libertad de expresión, políticas y reglas perdurables en el tiempo y con los debidos consensos sociales.

Sólo así, quienes ocupen los espacios de gobierno podrían imponer modificaciones de orientación pero no retroceder arbitrariamente sobre avances institucionales que pongan a los habitantes de este país y a los medios y periodistas en permanente discusión de temas que, transitando ya el siglo XXI, y siendo parte del sistema interamericano de derechos humanos, deberían estar superados.

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(1) Morales Solá había mantenido poco antes un cruce verbal con el presidente Néstor Kirchner y Fontevecchia demandó al Estado nacional por entender que el gobierno lo discrimina al no poner publicidad oficial en ninguna de las publicaciones de su editorial, aun cuando Noticias es la que mayor tirada tiene entre las revistas políticas y de interés general y diario Perfil supera los 60.000 ejemplares cada domingo según el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). La diputada oficialista Diana Conti presentó en la Cámara baja un proyecto de declaración —5792-D-2006— para expresar “su más enérgico repudio al accionar de quienes han amenazado a los periodistas Morales Solá y Fontevecchia. En el proyecto Conti señaló que “más allá de las posiciones ideológicas de ambos periodistas, la libertad de expresión es una garantía inamovible que no sólo afirma nuestra Carta Magna sino, asimismo, pilar de la política que promueve nuestro Presidente de la Nación y este cuerpo parlamentario, sin admisión alguna de limitaciones y menos aún a fuerza de acciones violentas como las que aquí se repudian”.
(2) CSJN, septiembre 5/2006, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Spinosa
Melo, Oscar Federico y otros c/Mitre, Bartolomé y otros”.
(3) CNCiv, Sala I, 17 de agosto de 2006, “Defensoría de la Vida Humana c. Sony Pictures Entertainement S.A s/amparo”, ED, 21 de noviembre de 2006, N 11.640.
(4) Expte.: (306/06) “Sindicato de Prensa de Chaco c/Gobierno de la Provincia de Chaco y/o
Ministerio de Gobierno del Chaco s/acción de ámparo”.
(5) Expte.: (328174/5) “Gadano Jorge contra Provincia del Neuquén/acción de amparo”, SENDE1,
284295/6, Neuquén, 8 de septiembre de 2006.
(6) Para más información sobre la judicialización de la protesta social, véase en este Informe el
capítulo IX, “Los conflicots en el espacio público: desafíos para la democracia”.


* Damián Loretti: Abogado; vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; profesor de Derecho a la Información en esa casa de estudios; y profesor titular en la Universidad de La Plata de la Cátedra UNESCO – Libertad de Expresión.
** Laura Zommer: Periodista, abogada y profesora de Derecho a la Información de la UBA.

LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA ARGENTINA: DE ESO NO SE HABLA

La creciente concentración empresaria en el sector de los medios de comunicación de nuestro país es otro de los temas abordados por el CELS. En el artículo firmado por Martín Becerra y Guillermo Mastrini – que integra la sección Debates del informe anual de la organización – se sostiene “que el lucro sea el objetivo rector de las industrias de la información, la comunicación y la cultura constituye un singular condicionamiento al tipo de convivencia que establecemos como sociedad”. También se destaca la escasa atención que esta problemática recibe de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.

Por Martín Becerra y Guillermo Mastrini*

El año 2006 ha consolidado la recuperación de los grandes medios de comunicación y del conjunto de las industrias culturales de la Argentina, a partir del crecimiento de los dos vectores más importantes que guían su lógica comercial: las ventas al público y los ingresos por publicidad. En este año, se anticipa, la publicidad se expandirá aún más y, en el contexto de la campaña electoral y de la consecuente previsión de gasto macroeconómico, los niveles de consumo cultural puede que también se amplíen.

Pero esta breve descripción prospectiva que podría figurar con una valoración positiva en la sección de Negocios de cualquier medio de comunicación, oculta una trampa: que el lucro sea el objetivo rector de las industrias de la información, la comunicación y la cultura constituye un singular condicionamiento al tipo de convivencia que establecemos como sociedad. Máxime cuando, por haberse naturalizado el principio cardinal de la maximización de la ganancia en las industrias que tienen por materias primas a la información y al entretenimiento, prácticamente no existen espacios públicos, estatales (no gubernamentales) o comunitarios, de producción y distribución de información y cultura con otra perspectiva diferente de la hipercomercial.

En el marco de la recuperación económica de las industrias de medios de comunicación, se han acelerado los procesos de concentración de la propiedad y de centralización geográfica, que tuvieron un escenario soberbio de gestación en la década del 90, y nada hace suponer que se detengan en el futuro inmediato. Estos procesos no son inocuos: como señala el periodista uruguayo Danilo Arbilla, “si ya es malo que la venta de jabones quede en pocas manos, peor es que la libertad de expresión quede en pocas manos”.

Las industrias de información y comunicación mediatizan el fluido simbólico, noticioso y de buena parte de los conocimientos de las sociedades contemporáneas. Estas industrias culturales condicionan la agenda pública, facilitando la emergencia de algunos sucesos o cuestiones desde una perspectiva definida (nunca neutral) y obturando la puesta en agenda de otros temas: un ejemplo cabal es el de la tematización de la “inseguridad” en los medios de una Argentina que se perturba con una selección intencionada de episodios. Esta (discrecional) selección se resiste a comprender los hechos en sus contextos y sus determinaciones de producción.

Uno de los principales puntos de apoyo de las teorías sobre comunicación y cultura es la premisa de que la circulación de información diversa y plural estimula la convivencia democrática, protege y legitima la diferencia de opiniones, permite consolidar posiciones, espacios y procesos de construcción cultural con dimensión autónoma y colabora con el contraste entre perspectivas y análisis para elaborar, colectivamente, síntesis superadoras a partir de lo real. Y aunque la concentración y la centralización de las industrias culturales erosiona la elemental diversidad de voces que deberían escucharse en una sociedad de tipo democrático, en la Argentina constatamos que como en la película de María Luisa Bemberg, y a pesar de algunas nobles excepciones, “de eso no se habla”.

Históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. Este derecho no debe quedar confinado a la garantía de una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurarse la multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propietarios y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes: el político, el cultural y el lingüístico.

Si la diversidad es garantía de pluralismo, los procesos de concentración implican en general la reducción de propietarios, la contracción de voces y una menor diversidad. Estos procesos de concentración de industrias culturales se aceleran en la medida en que el sector de la información y la cultura se destaca como un espacio ya no sólo de formación de la opinión pública, sino también de formación y multiplicación de capital. Pero el caldo de cultivo de la concentración se potencia si, además, la única lógica de funcionamiento alentada por la regulación estatal es la que pondera el propósito comercial de los medios, como sucede en la Argentina. En efecto, la historia legal de la radiodifusión en el país prescribe el carácter lucrativo como lógica operativa de los medios de comunicación. La vigente Ley de Radiodifusión 22.285, decretada por el dictador Jorge R. Videla en 1980, sufrió numerosas modificaciones en los últimos 16 años, pero casi todas ellas redoblaron el énfasis hipercomercial del sistema comunicacional vernáculo.

La concentración mediática en Argentina

En la reciente presentación de nuestro libro Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, el representante de Media Watch de Eslovenia, Lenart Kucic, sintetizó los tres efectos más relevantes de la concentración en los medios de comunicación:

1) la tendencia a la unificación de las líneas editoriales producto de la reducción de voces: por ejemplo, ninguna de las emisoras televisivas propiedad del grupo News Corp (del magnate Rupert Murdoch) se apartó del ferviente apoyo a la invasión a Irak por parte del gobierno de George W. Bush con el que Murdoch simpatiza abiertamente;

2) la existencia de conflicto de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de comunicación concentrado: el tamaño creciente de los grupos no reconoce fronteras de actividad en el ámbito de la comunicación, sino que se extiende a muchos otros sectores económicos, por lo que la información política y económica (tanto la que se brinda como la que se omite) suele estar filtrada por estos intereses;

3) la necesidad de concretar economías de escala y reducir costos laborales y administrativos conduce a los grupos de comunicación a maximizar los recursos físicos y humanos aprovechándolos para sus diferentes medios y unidades de negocio: la consecuente merma en la calidad de los contenidos afecta así al usuario final.

En la investigación que desarrollamos sobre la estructura y concentración de industrias de la cultura y la información en América latina, que se enmarca en un programa del Instituto Prensa y Sociedad (), se revela que la Argentina exhibe índices de concentración de medios superiores a la media de la región, en un doble sentido: por un lado, en cada una de las industrias de la información (como la prensa escrita, la televisión abierta o de pago) los cuatro principales operadores dominan más del 75% del mercado (audiencia/abonados/lectores); y por el otro, en ningún otro país latinoamericano el tipo de concentración multimedia “conglomeral” (grupos de comunicación con presencia en casi todos los mercados de medios y también en telecomunicaciones) es tan alto y complejo como en nuestro país.

Esto indica que la concentración no es similar en todas las latitudes, ni en un mismo lugar en diferentes períodos históricos. Por el contrario: se trata de un proceso dinámico y en constante modificación. En el caso argentino, el panorama descripto continúa profundizándose: si bien el Congreso eliminó durante el 2005 (con más de dos años de retraso en relación con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia), la prohibición para que las organizaciones no comerciales puedan acceder a licencias radiales y televisivas de baja potencia, en los últimos años la conducción del Estado ha eludido la responsabilidad de sancionar una ley audiovisual democrática.

Por otra parte, el interventor del COMFER sostiene una política que ha implicado que la nueva norma que permite a la economía social acceder a la propiedad de medios de comunicación, se aplique con dosis homeopáticas.

El Poder Ejecutivo, además, no vaciló en congraciarse con todos los grupos de comunicación a través de una dadivosa extensión de las licencias de radio y televisión sin exigir, de modo público, contraprestaciones que permitan mejorar el servicio y que habiliten el acceso de los usuarios al control de éste. La remanida “batalla por el rating” televisivo por parte de las dos emisoras líderes en audiencia, por la que se burla cotidianamente el compromiso de programación anunciado por las propias emisoras, es sólo una pequeña demostración de la anomia instalada en el sector.

Las mismas políticas de transferencia de activos y de potestades a los grupos concentrados se aplican en un sector muy articulado con los medios de comunicación: las telecomunicaciones.

En este caso, el Poder Ejecutivo suscribió una polémica acta de compromiso con las principales empresas del sector por el cual se compromete a cederles la propiedad de la red de telefonía que hoy es de patrimonio estatal (está concesionada sólo de modo temporal a Telefónica y Telecom). Otro ejemplo: este año la justicia determinó que el Poder Ejecutivo implemente el fondo fiduciario del servicio universal por el cual, desde 2001, las operadoras telefónicas deberían destinar el 1% de sus ingresos (este costo las empresas lo trasladan indebidamente a los usuarios) a garantizar el acceso a las redes telefónicas en las localidades más alejadas de los principales centros urbanos del país. Hasta ahora ni la Secretaría de Comunicaciones de la Nación ni la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ni la Comisión Nacional de Comunicaciones han podido, han querido o han sabido materializar este derecho.

Cabe destacar que en este sector se asiste a una fuerte puja de grupos concentrados entre las telefónicas que pretenden ingresar al negocio de la radiodifusión mediante la prestación de servicios conjunta de telefonía, Internet y televisión por cable conocida como “triple play”, y los grandes grupos de medios, con Clarín a la cabeza, que utiliza sus fuerzas para impedirlo.

En tanto, el año 2006 se cierra con una nueva ola de fusiones y adquisiciones en los grupos de comunicación que pretenden en el futuro disputar el mercado a Clarín y Telefónica, los más consolidados. Merecen destacarse la cada vez más activa presencia del grupo español Prisa (diario El País, cadena Ser, Canal+, entre otros) que, en sociedad con Godó (editor del diario La Vanguardia de Barcelona), está ya gestionando varias radios encabezadas por Continental; los cambios accionarios y directivos en el grupo América-La Red, que afectan indirectamente al diario Ámbito Financiero; y la expansión de medios gráficos vinculados de modo orgánico al estamento gobernante en varias provincias del noroeste del país.

Hemos reservado para el final de este ensayo sobre el contexto de desarrollo de las industrias de información, comunicación y cultura de la Argentina la referencia al debate acerca de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su relación con algunos medios y las presiones a la prensa que denunciara, en octubre de este año, la Relatoría Especial para Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entendemos que una de las cuestiones pendientes y postergadas por la conveniencia de “no hablar” de temas incómodos, es asumir que las relaciones del Estado con el sistema de medios incluye pero no se agota en el tipo de articulaciones de carácter informativo que el gobierno —entendido como administración contingente del Estado— promueve con los medios. Ni siquiera en la discrecional asignación de la pauta de publicidad oficial.

Así como recordamos que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 existen disposiciones elementales sobre el derecho a la información que son ley en la Argentina pero distan de ser garantizadas para todos los habitantes del país, creemos que el escenario de concentración de la información, la comunicación y la cultura nos habilita a formular una necesaria distinción conceptual entre “libertad de prensa” y “libertad de expresión o de comunicación”.

En un país con altos niveles de concentración mediática y de centralización geográfica de la producción industrial de los contenidos culturales, la libertad de prensa podría, eventualmente, estar garantizada. Si existen obstáculos, presiones o intenciones de los poderes públicos, éstos deben denunciarse y corregirse en el marco de la ley. Lo mismo vale para las interferencias y amenazas a la libertad de prensa que puedan registrarse por parte del sector privado corporativo.

Otro tanto puede afirmarse respecto de la discrecionalidad de asignación de recursos del Estado (que no se refieren únicamente a la publicidad) y también de los principales anunciantes privados cuando se corrobora la interferencia con los propósitos informativos de los medios.

Pero si no existieran presiones gubernamentales a la prensa, ya sea a escala nacional, provincial o municipal, ¿podría hablarse de libertad de expresión garantizada? Desde nuestra perspectiva, la libertad de prensa no alcanza para realizar integralmente el principio, fundamental, de la libertad de expresión.

Los sujetos de los derechos de libertad de expresión no son los dueños y los editores de los medios, ni siquiera sus trabajadores: la titularidad de estos derechos comprende al conjunto de los habitantes. La mayoría de éstos son privados de acceder sin restricciones al derecho a producir, almacenar, editar y difundir informaciones y opiniones en un contexto de concentración con una lógica hipercomercial que guía el funcionamiento de las actividades de comunicación.

Por supuesto, además de los usuarios, también los periodistas, reporteros gráficos, diseñadores y otros profesionales de la comunicación son afectados por la concentración, ya que este proceso impacta en las relaciones laborales e influye en el ejercicio de la autocensura para cuidar la fuente de ingreso, así como en las peculiares estrategias de financiamiento de muchos de los formatos periodísticos que son dominantes en el medio radial, por ejemplo.

De este modo, el derecho a la información incluye la libertad de prensa, pero la libertad de prensa, siendo condición necesaria, no es condición suficiente para la materialización del derecho que asiste al conjunto de la sociedad.

Creemos que es hora de comenzar a hablar de estas cuestiones condicionadas por los procesos de concentración de las industrias culturales, cuestiones que tensionan nuestra convivencia cada día, para contribuir a mejorarla.


* Martín Becerra Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y Conicet – Guillermo Mastrini Profesor de la Universidad de Buenos Aires - Autores de Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, editado por Prometeo en 2006.

martes, mayo 1

OTRA SUDESTADA (Foto-crónica)


Domingo 29 de abril de 2007. Una multitud de inundados lleva su bronca frente a la Casa de Gobierno provincial. Reclaman justicia y compromiso del estado para defender los barrios más vulnerables del embate de las lluvias y la inundación. En el ambiente se mezcla el dolor, la angustia y la expectativa por tener alguna vez la oportunidad de la revancha por tanto daño recibido. En los rostros se nota el temblor del llanto contenido...el trueno ronco que va subiendo por las gargantas...quizas venga una sudestada...y se lleve con el viento la basura que nos aplasta.





Viene el olor a otra sudestada,
trae el olor a leche cortada:
se intuye un sol naciente, incipiente,
detrás del nubarrón ni se siente...



Drena como una bruma infectada,
trae explicaciones lacrimógenas,
nadie puede creer, ¡Doy fe!
Si una estrella nos guía, no se ve,
no se ve, no se ve...


Veo en un temblor de cara
paralización y rabia;
trae el viento otras voces-

las oís: es una sinfonía de raíz.
Como un trueno ronco, ancestral,
del centro mismo de la tribu,
todos juntos, en una inmensa soledad.
Un abrazo tuyo no vendría nada mal.

Remolinos de semillas, buscando tierra
para florecer.

Y yo te ofrendo esta bronca

pa´ que la lleves al mar,
pa´ que no lloren los míos.
Rodillas en la ciudad.
Y yo te pido esa fuerza,
toda tu cruel decisión,
pa´ que este sueño partido
despierte revolución.
Estabas ahí, parada en el cordón,
con la cabeza gacha,

como pidiendo perdón.

Al otro día estabas
en el umbral,
por el olor sabía
que estaba todo mal.
Miré con odio al cielo
y pronto blasfemé,
porque lo que traías era todo nuestro descarte;
nuestras pestes, plástico,
hedionda polución.
Miseria.

Abortos de millones de corazones
hechos mierda.

Mientras más subías
me dio por escapar;
me fui para el techo,
no quedaba otro lugar.
Flameaba mi bandera,
blanca y celeste,

ya sin paz... ni cielo.
El paraíso se hizo peste.
Todo lo que tirás al río, vuelve
la pólvora mojada de otro temporal.
Para nada sirve el sol,
no va a evaporizar.
Millones de litros de lágrimas.
Remolinos de semillas, buscando tierra
para florecer.

Y yo te ofrendo esta bronca
pa´ que la lleves al mar,

pa´ que no lloren los míos.
Rodillas en la ciudad.
Y yo te pido esa fuerza,
toda tu cruel decisión,
pa´ que este sueño perdido
despierte revolución.
Y yo te ofrendo esta bronca
pa´ que la lleves al mar,
pa´ que no lloren los míos.

Rendidos en la ciudad.


Otra sudestada...










Letra de Bersuit Vergarabat (2004)

Fotos de Cintia Mignone y Ariel Bertolaccini (Colectivo Inundaciones)