SE APAGARON LAS LAMPARITAS

El gobierno nacional anunció el año pasado el lanzamiento de un plan canje para las clásicas lámparas incandescentes en los hogares de todo el país. En la provincia de Santa Fe se anunció la entrega de 500.000 lámparas de bajo consumo a lo largo de este año para lograr un uso más eficiente de la electricidad. A diez meses de los discursos solo se concretó el 15% de lo anunciado. Desde la Empresa Provincial de la Energía aseguran que el gobierno nacional no cumplió con sus compromisos.

El 21 de diciembre de 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Acompañada del Ministro Julio De Vido anunció la firma del Decreto Nº 140/07, donde se define como “eficiencia energética” a la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía, destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de la energía y la reducción de los costos.

Entre las medidas propuestas para el corto plazo se impulsó el “reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, en todas las viviendas del país”, con el objetivo de lograr un ahorro inicial de 410 megavatios de potencia durante el año 2008, el cual se incrementaría progresivamente hasta los 2048 megavatios en el año 2010, según se desprende de un informe preparado por el INTI evaluando el impacto del PRONUREE.

De la misma tanda de anuncios salieron las licitaciones para construir nuevas usinas eléctricas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y el cuestionado cambio de huso horario que hoy trastorna a más de medio país.

En ese contexto la Empresa Provincial de la Energía informó que se entregarían sin cargo de 500.000 lámparas de bajo consumo entre los hogares de las principales ciudades de nuestra provincia para reemplazar las menos eficientes lámparas incandescentes.

Con un notable sentido de la anticipación, CFK advirtió en diciembre de 2007: “Espero por parte de quines proveen lamparitas y todo lo que tenga que ver con este bajo consumo, que también tengan responsabilidad social y empresaria. No sea que luego, a partir de la demanda y de la compra que va a hacer el Estado nacional de estos instrumentos necesarios, entonces, no con inteligencia, sino con la viveza, que tanto nos ha costado a los argentinos. Siempre digo que quiere empresarios y comerciantes inteligentes no vivos. A los vivos la rentabilidad les dura muy poco y luego la pagamos todos los argentinos finalmente en ineficiencia”. En el salón blanco de la Casa Rosada hubo aplausos cerrados.

Ha diez meses de aquellas palabras, y en el inicio de otro periodo de racionalización energética, se puede afirmar que al menos en nuestra provincia, el reemplazo de lámparas incandescentes ha sido un fracaso. Según confió a Fuera de Foco una fuente calificada de la Empresa Provincial de Energía, en lo que va del año solo se entregaron 70.000 lámparas de bajo consumo (sobre 500.000 programadas), debido a que el Ministerio de Planificación Federal – responsable de la implementación del programa de canje en todo en todo el país – no cumplió con los compromisos asumidos en su momento.

“Espero que también en esto haya responsabilidad, espero que el Licenciado Moreno también contribuya porque nuestros comerciantes y empresarios también tengan ese alto grado de responsabilidad que todos demandamos, en serio. Porque muchas veces formulamos planes, estrategias, metas ambiciosas, son muy ambiciosas las metas que acaba de darnos el ministro, en materia de ahorro y de eficiencia energética, de racionalidad”, dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Las metas del PRONUREE fueron ambiciosas. Se habló de producir un ahorro del 12% de la potencia demandada por el sistema eléctrico nacional en las horas pico. Sin embargo, los logros fueron bastante más modestos. En nuestra provincia el consumo disminuyó solo el 1,5% y para este año se espera mejorar la performance alcanzando un ahorro del 3,5%.

Pero como dijo la presidenta en su discurso del 21 de diciembre de 2007, si las metas “no se pueden cumplir” tenemos que “identificar claramente los problemas o los personajes por los cuales no se pueden cumplir estas metas y actuar en consecuencia. Esto también es parte de la eficiencia y de la calidad institucional: fijarse metas, verificarlas, corroborarlas, corregir”. Aplausos.

ETICA PARA INSPECTORES

El Ministerio de Trabajo de la Provincia aprobó un Código de Ética para el personal de control de obras. La adhesión y el compromiso de cumplimiento de esta nueva normativa es voluntaria para los funcionarios de la repartición. Entre los postulados a seguir se destaca el derecho al trabajo decente, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la transparencia, el respeto de los secretos comerciales, el libre acceso a la información gubernamental, la colaboración con los Comités Mixtos de salud y seguridad, y la obligación de denuncia ante incumplimientos de los profesionales de la construcción.

En los últimos meses varios hechos de corrupción salpicaron al personal de control del Ministerio de Trabajo de la provincia. Primero fue un operativo realizado por las TOE, en un bar de la ciudad de Rosario, que terminó con la detención del abogado Daniel Gazzera, luego que este recibiera un sobre con tres mil pesos para "arreglar" una deuda por multas aplicadas a una empresa de la construcción. Este funcionario se desempeñaba desde hacía dos décadas en la sección Sumarios y Multas. A los pocos días de este hecho, otros dos inspectores fueron denunciados por empresarios del sector, lo que derivo en el desplazamiento de Eduardo Paz, delegado de la cartera laboral en la zona sur.

Frente al impacto de estas denuncias en la opinión publica, el Ministro de Trabajo Carlos Rodríguez le dijo al diario La Capital: "Cuando asumimos dijimos qué veníamos a hacer y qué no íbamos a tolerar. Que les valga como advertencia", sentenció.

Para apaciguar el embate empresario, que aprovechó estos casos para cobrarse las habituales embestidas del ministro contra la inseguridad en las obras de Rosario, Carlos Rodríguez anunció el lanzamiento de una línea gratuita para que todos aquellos que conozcan casos de probables pedidos de coimas u otras irregularidades puedan denunciarlo anónimamente. “No todos los empleados del Ministerio son corruptos, solamente se trata de cuerpos extraños”, sostuvo el funcionario.

En la misma sintonía se manifestó Alicia Ciciliani, subsecretaria para la Promoción del Trabajo Decente del ministerio de Trabajo de la provincia, que advirtió: “Trabajaremos a fondo con los honestos y el que no quiera serlo que renuncie. Ese es el mensaje que el ministro (Carlos Rodríguez) quiere dar”.

Este compromiso ahora se intenta reforzar con la adopción de un Código de Ética para los inspectores de la repartición.

Nuevos valores

El 7 de octubre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 001 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se aprueba un Código de Ética para inspectores dependientes de la repartición.

En los fundamentos de su decisión, Carlos Rodríguez sostiene que el código propuesto busca “profundizar la firme decisión oficial de abordar políticas públicas en materia de anticorrupción”, para lo cual se recurrió a los principios consagrados en la Ley Nacional de Ética en la Función Pública y la Convención Internacional Contra la Corrupción.

Según esta convención suscripta por nuestro país, las “normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las Funciones pública”, deben estar “orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, así como establecer medidas y sistemas “que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento”.

De todos modos, el Código de Ética para Inspectores de Trabajo será de adhesión voluntaria e individual, y los funcionarios de la repartición interesados en su cumplimiento “suscribirán una declaración jurada acreditante de la inequívoca e incondicional voluntad de acatamiento y respeto a las normas éticas estatuidas”. La nómina de quienes adhieran al mismo será publicada en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

El código contiene una serie conceptos básicos y disposiciones específicas que se complementan con la normativa vigente. Sus preceptos están desarrollados en 37 artículos, que abarcan entre otras cuestiones, las siguientes:

- Desempeñar su labor de tal modo que sus acciones sean irreprochables, no susciten sospechas y sean dignas de respecto y confianza.

- No recibir ningún beneficio, ni para si ni para terceros, directa o indirectamente, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que se deriven de ello.

- No discriminar, en la conducción de su actividad, según ningún tipo de criterios tales como raza, religión, sexo, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición social, caracteres físicos, estado civil, orientación sexual, o discapacidad y a tal efecto cumplir con toda ley en vigencia sobre la materia.

- Utilizar la información aportada por la entidad fiscalizada y por terceros, de manera imparcial.

- No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de autoridades superiores.

- Guardar reserva absoluta de toda aquella información a la que acceda en función de sus actuaciones.

- No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas salvo que medien exigencias de interés público.

- Denunciar los hechos, omisiones, o faltas que a su juicio, importen una trasgresión a la ética profesional.

- Respetar y hacer cumplir el derecho a un trabajo decente en lo que de la inspección dependiese.

- Ajustar siempre su comportamiento al objetivo de preservar y promover la salud de los trabajadores.

- En los casos en que el procedimiento refiera a materia de salud y seguridad en el trabajo, necesariamente deberá convocar al Comité de Salud y Seguridad si estuviere constituido.

- Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la ley.

- Poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a ella proposiciones para mejorar la legislación.

- No intervenir en ninguna inspección en la cual tenga algún tipo de interés personal en relación con la empresa fiscalizada y sus trabajadores.

La aplicación de este Código de Ética se producirá en un contexto altamente desfavorable para los trabajadores de nuestra provincia. Según un informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, en Santa Fe se supera el promedio nacional de accidentes laborales y la mayor parte de las víctimas son obreros de la construcción. El dato sombrío del primer semestre del año son los 63 trabajadores muertos en siniestros de distinto tipo. En el mismo periodo se inspeccionaron 498 obras en construcción, de las cuales, 156 fueron suspendidas por violaciones a las normas de higiene y seguridad laboral.

¿SE PINCHARON LOS ACUEDUCTOS?

Se prorrogó la apertura de ofertas de la licitación nacional e internacional de la Etapa 1 de los Grandes Acueductos. El acto previsto para el 20 de octubre pasó al 10 de noviembre próximo. La postergación fue solicitada por las empresas que compararon los pliegos. Desde el gobierno provincial admiten que la crisis financiera internacional puede dificultar el avance del megaproyecto.

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia postergó el acto de apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional e Internacional convocada para la contratación del Financiamiento, Suministro de Materiales y Ejecución de la obra de los Grandes Acueductos - Etapa 1 - Tramo A.

El acto había sido programado para el día 20 de octubre, y de acuerdo a lo publicado recientemente en el Boletín Oficial, fue prorrogado hasta el próximo 10 de noviembre de 2008.

Según confiaron fuentes bien informadas del Ministerio de Aguas, la postergación obedece a un pedido de las empresas interesadas en esta licitación, preocupadas por la evolución de la crisis financiera internacional y el impacto que pueda tener en el acceso a líneas de crédito necesarias para concretar el megaproyecto.

Es importante recordar que esta licitación fue iniciada durante el último gobierno de Jorge Obeid desde el entonces Ministerio de Asuntos Hídricos conducido por Alberto Joaquín. El esquema general del proyecto contemplaba que la empresa ganadora debería hacerse cargo del financiamiento, la provisión de materiales y la construcción de la obra. Con la llegada del ministro Antonio Ciancio, los pliegos fueron sometidos a revisión, aunque se respetó la estructura original del proceso que ahora resulta postergado.

En una reunión realizada el pasado 10 de septiembre en la Cámara de Senadores el ministro Ciancio comunicó que “el gobierno provincial reinició el proceso licitatorio para las obras que mejorarán la provisión de agua potable en el Gran Rosario y en el centro oeste provincial", adelantando que la apertura de los sobres estaba prevista “para el 20 de octubre próximo".

Con esta decisión se intentó poner en marcha un ambicioso proyecto que en el inicio contempla tres grandes acueductos sobre un total de doce. “Estamos desarrollando una verdadera política de Estado, en donde sustentamos el saneamiento del agua como un pilar fundamental, considerándola un bien social y un derecho humano intransferible", dijo el funcionario luego de la reunión con los senadores.

Aunque todavía no lo admiten a nivel oficial, el derrumbe de las principales bolsas de valores en el mundo puede postergar de manera indefinida el inicio de la obra de los grandes acueductos.

BANCO DE SANTA FE: LOS DOCUMENTOS DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno provincial resolvió levantar el secreto que protegía a los archivos la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 y estuvo presidido por el abogado Alfredo “pichón” Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras irregulares por 21 millones de dólares. La mayoría de las causas judiciales que comprometieron a funcionarios del Partido Justicialista están prescriptas. La prueba documental reunida por esta comisión se puede consultar en el Archivo General de la Provincia. Estuvimos revisando papeles y contamos lo que vimos.

La cita fue en la sala de reuniones del Directorio del ex Banco de la Provincia de Santa Fe - primer piso de la casa central en Tucumán y 25 de Mayo - el 29 de agosto de 1997. Sobre la gran mesa de madera se destacaban las cajas de cartón que guardaban los siete tomos del informe final de la Comisión Investigadora creada por el entonces gobernador Jorge Obeid y presidida por el abogado Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del mandatario e histórico dirigente demócrata cristiano.

El trabajo de la comisión investigadora había comenzado en febrero de ese año, con la promesa de dilucidar los más sonados casos de corrupción que jalonaron el paso de los sucesivos directorios de la entidad bancaria del estado santafesino, que ya se encontraba en estado de liquidación y esperaba ser transferida al sector privado. “No voy a aceptar que por ser quien vaya a privatizar el Banco, tenga que hacerme cargo de los hechos de negligencia o dolo de administraciones anteriores. La privatización de ninguna manera va a tender un manto de olvido sobre todo lo que ha pasado con el Banco”, aseguró, sin temor al archivo, el ex gobernador Jorge Obeid. (El Litoral – 04/02/1997)

El origen de la investigación fue un informe de la Fiscalía de Estado donde se había señalado que la cartera de créditos incobrable ascendía a 334 millones de pesos; advirtiendo que en varios casos no se constituyeron garantías, ni tampoco fue analizada la situación patrimonial o la evolución de la deuda del tomador, desoyendo incluso las recomendaciones de las gerencias, sobre la necesidad de realizar sumarios o denuncia penal contra numerosas empresas y particulares que se beneficiaron con esos créditos.

A partir de este punto de arranque la pesquisa de la Comisión Nogueras avanzó sobre una veintena de contratos celebrados por los últimos directorios; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privados; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia.

Entre los contratos de bienes y servicios analizados aparecen algunos de los casos más emblemáticos de la corrupción de la década menemista. Según el informe final de la comisión investigadora, en el rubro contrataciones “se observa en general un continuo menosprecio por el cumplimiento de las normas que asegurarían mayor transparencia y equidad en los concursos de personas (…) ocasionando perjuicios económicos de singular magnitud”.

La licitación para la informatización del banco fue adjudicada a la empresa IBM, ocasionándole un perjuicio a la entidad de 12 millones de dólares debido a los sobreprecios. Lo mismo ocurrió con la contratación del sistema de transmisión de datos que favoreció a la empresa Telecom y perjudicó al banco en 2,6 millones de dólares. En el caso del contrato con la empresa OCASA el perjuicio fue estimado en 2 millones de dólares. En sus conclusiones, la comisión investigadora estimó que las contrataciones analizadas, le ocasionaron al Banco de la Provincia de Santa Fe un perjuicio superior a los 21 millones de dólares.

Terminado su cometido, el ex gobernador Jorge Obeid anunció que el informe final de la Comisión Nogueras sería enviado al Procurador General de la Corte para que la justicia decida los caminos a seguir. En algunos casos el material se incorporó en causas preexistentes, en otros, sirvió para la apertura de nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido.

Algunos años después, Alfredo Nogueras publicó un libro llamado “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”. Allí quedó plasmada la visión de este dirigente sobre el trabajo de la comisión especial. “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”, anticipa desde el prólogo, el hombre que falleció sin la satisfacción de que algún juez de la provincia corrobore con alguna sentencia el empeño puesto a favor de la transparencia y la honestidad.

El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial. En el transcurso de la investigación se efectuaron pericias técnicas y contables, se recibieron numerosos testimonios y denuncias, y se extrajo información de expedientes judiciales y publicaciones periodísticas. Todos estos documentos fueron organizados en carpetas temáticas y guardados en una veintena de cajas que fueron depositadas en el Archivo General de la Provincia.

En los estantes del viejo edificio de General López y 9 de Julio se encuentra guardada parte de la historia del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe antes de su privatización. Según un cálculo realizado por el ex diputado provincial Carlos Favario, el costo que tuvo que afrontar el estado santafesino tras la enajenación fue de 895 millones de pesos.

Archivo desclasificado

El 27 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, donde se establecen los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Esta decisión rompe con once de años de ocultamiento, ya que los documentos de la Comisión Nogueras, estaban protegidos por el Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 que regula el denominado “secreto financiero”, según la interpretación que en 1997 aplicó el gobierno de Jorge Obeid.

Ahora, la administración de Hermes Binner estableció que una parte de esos materiales deben ser de libre acceso al público. De acuerdo a la reglamentación contenida en la Resolución Nº 0393 del MGyRE, los interesados podrán consultar los siguientes documentos: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Sin embargo, otra parte de los papeles de la Comisión Nogueras permanecerá protegida por el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, aunque puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales” que serán resueltas por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las eventuales “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luís s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

Visita guiada

La atención al público en el Archivo General de la Provincia comienza a las 7.30 de la mañana. Con la Resolución Nº 0393 en la mano preguntamos por los archivos de la Comisión Investigadora el viernes pasado bien temprano. Para nuestra sorpresa nos respondieron que aguardáramos unos minutos mientras localizaban el material. Luego de algunas consultas con las empleadas teníamos sobre la mesa las cajas 7, 11 y 13. Allí estaban guardados desde 1997 los documentos de la subcomisión de Contrataciones, información institucional del banco y un voluminoso archivo periodístico sobre la tarea de la comisión. Entre los recortes encarpetados aparecía en primer lugar, un artículo del diario La Capital titulado: “Banco: exigen que llamen a declarar a Reutemann y Mercier”.


Entre los papeles guardados en la caja 13 sobresalía un sobre color marrón con la declaración jurada patrimonial de Alfredo Nogueras. Estaba cerrado con cinta adhesiva y no se nos permitió revisar su interior. También encontramos un informe firmado por Alberto Becanni – integrante de la comisión investigadora – donde se describe la operatoria de la cuenta del Partido Justicialista y la cuenta Menem Presidente. Ambas contaron con autorizaciones especiales para girar fondos en descubierto y fueron beneficiadas con la cancelación de intereses.

La caja 11 contiene la información recolectada en la investigación de las contrataciones. Allí aparece la carpeta sobre la Licitación 1043/91 para la instalación del sistema de transmisión de datos entre las sucursales del banco. El proceso de selección terminó favoreciendo a la empresa Telecom, que tenía como subcontratista a la firma Consad de los hermanos Cattaneo, en un esquema de similar al denunciado en el escándalo IBM-Banco Nación.


Las conclusiones sobre esta licitación son contundentes. Telecom tenía expresamente prohibido brindar el servicio de transmisión de datos. Los otros oferentes de la licitación eran pantallas para disimular la adjudicación a favor de la licenciataria telefónica. Antes de firmado el contrato el banco y había efectuado un pago parcial por el trabajo. Los costos del contrato eran exorbitantes comparaos con otras contrataciones similares dentro del estado provincial. La participación de la empresa Consad sirvió para justificar pagos a favor de los funcionarios del banco. Todos estos antecedentes fueron girados a la Fiscalía Nº 11 de los Tribunales de Rosario para que se inicie una investigación penal. El paso del tiempo se encargó de borrar las huellas encontradas por la comisión.

“Mira fulano las barbaridades que hizo”

Luís Gómez es el secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe. En 1997 ocupaba el mismo cargo y desde allí participó activamente en las luchas contra la privatización del Banco Provincial. Para este dirigente, la Comisión Nogueras “fue una jugada del ex gobernador Obeid absolutamente demagógica. Obeid tuvo en sus manos la posibilidad de salvar el banco y no lo hizo. En rigor, solo siguió la corriente de lo que pasaba en ese momento por la línea que bajaban Menem y Cavallo de privatizar los bancos provinciales”.

De todos modos, Gómez rescata la figura de Alfredo Nogueras, a quien valora desde lo político y lo personal. “ A “pichón” le tengo un gran respeto y un gran aprecio desde el punto de vista personal, un gran respeto por su capacidad y sus conocimiento técnicos, y un gran respeto a su trayectoria, pero en este caso a mi me parece que Nogueras actuó más por una cuestión de amistad con el gobernador Obeid que otra cosa. Mas allá de que el pueda haber puesto todo el énfasis y su honestidad y capacidad en la investigación”.

El dirigente bancario remarca un punto esencial de su crítica: la Comisión Nogueras debería haber existido antes de la privatización. ”Ahí hubiera surgido que al banco lo vaciaron, que gran parte de la culpa la tuvieron los gobiernos y que podía ser salvado y quedar en manos de estado como se hizo con el Banco Nación”.

“Por eso siempre dijimos que las conclusiones de la comisión investigadora llegaron muy tarde. Insisto, fue una medida demagógica que no condujo a nada. Son jugosas y muchas, pero no se pudieron llevar a la justicia. Hoy por hoy, la única causa que sigue abierta es la denuncia que hizo la Comisión Interna del Banco de Santa Fe”, sostiene Gómez.

Respecto a la apertura de los archivos, el dirigente de la Bancaria admite que “puede servir para señalar los responsables y decir “mira fulano las barbaridades que hizo”, pero ya no quedan posibilidades de ir a la justicia. Si esto sirve para que personajes de esa época queden grabados en la memoria de los santafesinos y nunca más ocupen cargos, bienvenido sea, pero lo dudo, siempre se tuvo miedo de tirar nombres y señalar responsables”.

Sin embargo, Gómez tiene esboza una galería de culpables del descalabro del Banco Provincial que tendría que estar encabezada por los gobernadores Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid. “Son los primeros responsables de todo lo que paso desde el punto de vista de la corrupción, el vaciamiento y de las barbaridades que hicieron los directores. Al presidente del banco y al directorio lo nombraba el gobernador y tenían que rendirle cuentas al Ministro de Hacienda”, remata.

Pero mas allá de las lecturas sobre el rol jugado por Alfredo Nogueras y el valor de la documentación que ha ido desclasificada, lo cierto es que el 29 de agosto pasado, se cumplieron once años de la presentación del informe final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas y el tiempo transcurrido la justicia santafesina defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio contra la corrupción” que la provincia se merece.

COLCHONES PELIGROSOS

Centenares de presos murieron en las cárceles argentinas asfixiados por la quema de colchones de espuma de poliuretano. A partir de estas consecuencias algunos fallos judiciales recomendaron la utilización de materiales ignífugos. Contrariando esta tendencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia comprará 2.500 colchones fabricados con este peligroso elemento.

En la historia penitenciaria argentina, centenares de presos encontraron la muerte dentro de sus celdas, intoxicados por el humo que provoca la quema de colchones de espuma de poliuretano durante los frecuentes motines. La combustión de estos elementos genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En 1978, en la cárcel de Devoto murieron por asfixia y quemaduras 60 internos y otros 85 resultaron heridos. En 1990, en el penal de Olmos ocurrió algo muy parecido y fallecieron 35 detenidos. En octubre de 2005, en el penal de Magdalena, otros 30 detenidos perdieron la vida por el humo de los colchones. Dos años más tarde, en el Penal de Varones de Santiago del Estero, 34 personas fallecieron durante un incendio.

Lo mismo ocurrió en nuestra provincia, el 15 de noviembre de 2000, durante un motín en la Comisaría 25 de Villa Gobernador Gálvez. Allí murieron quemados y asfixiados 13 detenidos. Cerrando esta zaga provisoria, debemos recordar que en diciembre de 2004 y febrero de 2005, tres jóvenes que estaban alojados en la División de Asuntos Juveniles de nuestra ciudad, fallecieron a causa de la quema de colchones.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación no es desconocida para los funcionarios de los servicios penitenciarios de las provincias. Luego del gran incendio en Olmos, la Corte Suprema de Nación condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios y le exigió la utilización de elementos ignífugos. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en el penal de Magdalena. En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario.

A pesar de estos antecedentes, el Servicio Penitenciario de la Provincia se apresta a comprar colchones de la mortífera espuma de poliuretano a través de la Licitación Pública Nº 55/08.

Si el trámite sigue su curso normalmente, el próximo martes 9 de septiembre se conocerán las ofertas de los interesados en venderle a la provincia, 2.500 colchones de una plaza de espuma de poliuretano, con funda de tela no tejida y ribeteado en todo su contorno con vivo de tela no tejida, según consta en el pliego licitatorio.

Antes de lanzar la Licitación Pública Nº 55/08, la provincia intentó en varias oportunidades adquirir colchones ignífugos, pero por razones formales las ofertas recibidas fueron desestimadas. Durante el año 2007 se iniciaron cuatro procedimientos de compra directa para adquirir estos elementos. Se invitó a 16 empresas para que presenten sus ofertas, contando con un presupuesto oficial de $ 690.000 ($ 276 por pieza). Varias firmas cotizaron pero todas fueron rechazadas por la comisión de adjudicación.

Ahora se vuelve a insistir con un tipo de material que provoca controversias en todo el país. Mientras la justicia y las organizaciones de derechos humanos advierten que la utilización de colchones de espuma de poliuretano incrementa el riesgo de muerte para los detenidos en caso de incendio o motín; los funcionarios penitenciarios aseguran que los colchones de material ignifugo pueden ser transformados en escondites de armas blancas, lo cual obligaría a incrementar la frecuencia de las requisas, con el consiguiente aumento del malestar entre los presos. Frente a esta disyuntiva, el gobierno de la provincia se inclino por la tesis construida desde el pragmatismo del Servicio Penitenciario.

ABRIERON EL ARCHIVO DE LA COMISIÓN NOGUERAS

El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado resolvió levantar el secreto sobre los documentos producidos por la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 a raíz de las numerosas irregularidades denuncias por diferentes sectores gremiales y políticos de la provincia. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alberto Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras que involucraron cientos de millones de pesos. Varias causas judiciales comprometieron a empresarios y funcionarios del Partido Justicialista. Toda la prueba documental reunida por esta comisión investigadora estaba guardada en el Archivo General de la Provincia protegida por el régimen del “secreto bancario”.

La Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe fue creada por el gobernador Jorge Obeid el 3 de febrero de 1997. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del entonces gobernador, quien luego de varios meses de pesquisa presentó su informe final en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El trabajo de esta comisión investigadora abarcó una veintena de contratos celebrados por el Directorio de la entidad bancaria del estado santafesino; también indago sobre irregularidades en los créditos otorgados; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privaos; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia. Nunca se pudo precisar el costo del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe, antes de su privatización, pero un cálculo conservador ubica la cifra en varios cientos de millones de pesos.

En el prólogo de su libro “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”, el titular de la comisión especial, Alfredo Nogueras, escribió: “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”.

Luego de terminado, el informe final de la Comisión Nogueras fue enviado a la justicia, ya sea, para aportar pruebas en causas preexistentes o abriendo el camino para nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido. El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial.

La novedad surgió la semana pasada cuando gran parte de esos documentos perdieron la protección del secreto bancario. A través de la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, se establecieron los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad, de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Estos documentos habían sido remitidos al Archivo General de la Provincia, para su guarda y conservación, bajo el amparo del Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, que regula el “secreto financiero”. Sin embargo, de acuerdo a la nueva interpretación del gobierno provincial, una parte de estos documentos pasan a ser de libre acceso al público; quedando otra parte de los papeles resguardada hasta el año 2028 en la orbita del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

De acuerdo a la nueva reglamentación, serán de libre acceso los documentos que integran el Anexo I de la Resolución Nº 0393 del MGyRE, entre los que se pueden destacar: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Por otra parte, existe un grupo de documentos que sigue protegido bajo el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, pero que puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales”. Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan los siguientes materiales: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luis s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

El 29 de agosto pasado se cumplieron once años de la presentación del Informe Final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas, la justicia local defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio de la historia” que la provincia se merece.

AGUA SUCIA

Un informe publicado por el diario Clarín alertó sobre la presencia de arsénico en el agua de consumo en varias provincias y disparó la preocupación sobre la situación sanitaria en Santa Fe. En diciembre de 2007 el ENRESS reveló que 237 servicios de agua potable de municipalidades, comunas y cooperativas no cumplían con los parámetros de calidad de la Ley Nº 11.220. El organismo fijó plazos para que se modifiquen estas anomalías. Ahora se conoce un informe de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia que detectó preocupantes niveles de contaminación en las perforaciones domiciliarias que abastecen de agua a varios barrios de la capital provincial y otras localidades.

Un informe publicado por el diario Clarín, el pasado 4 de septiembre, con la firma de la periodista Sibila Camps, reactualizó el debate sobre las consecuencias de la presencia de arsénico en el agua que consumen 4 millones de argentinos. La nota señala que una investigación de la Secretaría de Ambiente de la Nación identificó áreas arsenicales en al menos 16 provincias, advirtiendo que el consumo crónico de agua con arsénico es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga y de pulmón. Además está asociado a diabetes, neuropatías, hipertensión y nefropatías.

A partir de este cuadro de situación, la Sociedad Argentina de Dermatología iniciará en los próximos días la 3ª Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo. El objetivo de la SAD es crear un registro de afectados por el hidroarsenicismo; para ello, los dermatólogos recibirán una ficha, donde asentarán datos del paciente, zona de residencia, fuente de la que consume agua y signos de intoxicación con arsénico.

Esta información tuvo un gran impacto en nuestra provincia. El oeste de Santa Fe es una de las zonas con mayor presencia de arsénico en las napas donde se capta el agua para consumo. Esta realidad conocida hace décadas recién comenzó a ser atendida con el proyecto de los Grandes Acueductos lanzados en el último gobierno de Jorge Obeid.

Pero el debate sobre la calidad del agua que consumen los santafesinos, también reflotó un trabajo del Enress donde se sistematizó la información disponible de los 334 prestadores que abastecen de agua potable a las 292 localidades de la provincia no incluidas en el área atendida por ASSA. El dato revelador es que 237 de estos servicios presentan anomalías químicas de distinta magnitud e importancia sanitaria en su fuente de provisión, para los cuales, el ente de control estableció plazos diferenciales para su corrección de acuerdo a la gravedad de cada caso.

Según se desprende de la Resolución Nº 0740, firmada el 7 de diciembre de 2007, el Directorio del organismo encomendó la elaboración de un informe “relacionado con los numerosos servicios de agua potable de esta Provincia que proveen agua con anomalías químicas, cuya corrección requiere de la implementación de obras y/o instalaciones y plazos para su ejecución”. El trabajo estableció que 237 servicios “presentan desvíos en la calidad química del agua con relación al Anexo A de la Ley Nº 11220”, aclarando que “las concentraciones halladas no tienen incidencia en la salud cuando se los ingiere en el agua de bebida”.

De esta manera, la Resolución Nº 0740 calificó a los prestadores según la calidad físico química del agua que suministran y los dividió en cuatro grupos: I de calidad buena, II de calidad aceptable, III de calidad regular y IV de calidad inaceptable. En este último grupo se ubican 48 localidades de la provincia.

La existencia de esta resolución fue revelada por Fuera de Foco (AGUA POTABLE DE MALA CALIDAD – 8 de Enero de 2008). En aquella oportunidad, el vicepresidente del Enress Oscar Lanzamidad, señaló: “Hay distintas zonas geográficas de la provincia de Santa Fe donde la calidad del agua que se suministra no está ajustada a lo que exigen las normas aplicables, por eso lo que hizo el ente fue tipificar en cuatro grandes grupos a los prestadores que tienen problemas en la calidad del agua y se establecieron plazos para que la calidad del agua que proveen se vaya acercando a los parámetros establecidos”.

En función de esta calificación, se proponen distintos plazos para alcanzar los niveles de calidad exigidos; señalando que para “la extensión de los plazos se tuvo en cuenta la calidad del agua suministrada, en resguardo de la calidad de vida de los usuarios”.

Para los servicios comprendidos en el Grupo I el plazo de corrección será de 6 años; para el Grupo II de 5 años; para el Grupo III de 3 años, y para el Grupo IV de solo 2 años “con el objeto de mejorar lo antes posible la calidad de vida de los usuarios”.

Frente a la acumulación de información provocada por la nota de Clarín, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe, salió al cruce del problema explicando que invertirán 50 millones de pesos para mejorar los servicios de agua potable de los 48 servicios ubicados por el Enress en la categoría de “calidad inaceptable”.

“El estado del saneamiento en la provincia es muy preocupante. Y la situación que se vive es producto de una ausencia de políticas de saneamiento. No se planificó a lo largo del tiempo qué se iba a hacer con el consumo de agua de las poblaciones y hemos llegado a esta situación”, dijo el ingeniero Hugo Orsolini, Secretario de Aguas de la provincia, al diario El Litoral, el pasado 3 de septiembre de 2008.

“El Ejecutivo nos ha autorizado a tomar un préstamo del ex banco residual de Santa Fe de 50 millones de pesos que van a aplicarse en primer término a este primer grupo. Son acreencias de la provincia que van a tener ese destino: hay una ley (de 2007) de la provincia que estipula que esos fondos podrán solamente ser empleados por empresas y sociedades del Estado. No podemos tomarlos, por eso recurrimos a Assa que hará la gestión, y como Aguas Santafesinas está dentro del Ministerio nos organizamos en forma conjunta para intervenir en esas poblaciones”, precisó el funcionario.

Si bien Orsolini señaló que se trata de pueblos muy aislados, ubicados en el norte de la provincia, lo cierto es que según el Enress los servicio de agua potable calificados como de “calidad inaceptable” abastecen a importantes comunidades de nuestra región, tales como: Barrio Las Paltas (cooperativa San José Rincón), Cayastá, El Trébol, Humberto 1º, Costa de Monte Vera (comuna Monte Vera), Costa del Chaquito (comuna Monte Vera), Los Zapallos, Perez, Recreo, Saladero Cabal, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Genaro, San Jerónimo Norte, San Jorge, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines (cooperativa), Santo Tome (barrios Loyola y Villa Adelina), Sauce Viejo, Tostado y Villa Guillermina.

Napas contaminadas

En los primeros meses de 2007, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó una serie de análisis bacteriológicos y químicos en el agua de perforación que utilizan para higiene y consumo las familias 24 localidades de la provincia y 3 barrios de la ciudad de Santa Fe. Los estudios buscaban la presencia de contaminación microbiológica, Coliformes totales, Escherichia Coli, Nitratos y otros minerales. Las conclusiones de estos trabajos fueron publicadas recientemente y se encuentran disponibles para la consulta de público.

En líneas generales, una importante proporción de las muestras estudiadas contenía algún tipo de contaminación, lo cual indica, que el agua extraída de esas perforaciones no es apta para consumo humano. A modo de ejemplo vamos a describir los resultados obtenidos en barrio Los Troncos, Colastiné, Noroeste de nuestra ciudad, Monte Vera y San José del Rincón.

Barrio Los Troncos: Este sector de la ciudad carece de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectado por las inundaciones pluviales de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone el barrio para consumo.
Se tomaron 47 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 24 muestras no presentan contaminación microbiológica. Representan el 51 % del total muestreado; 23 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 48,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 6,4 % del total; 20 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 42,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220.

Zona Noroeste de la ciudad de Santa Fe: Estos barrios carecen en gran parte de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. La zona estuvo afectada por las inundaciones de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea destinada a consumo.

Se tomaron 65 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 41 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 63,1 % del total analizado; 24 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 36,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 8 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 12,3 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 16 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), no siendo aptas para consumo humano.

De las 41 muestras aptas desde el punto de vista bacteriológico, se detectaron 15 que superan el límite obligatorio para Amonio y 1 que supera el límite obligatorio para Nitrato.

Colastiné: el sector se encuentra en la zona afectada por la inundación pluvial de 2007. No cuenta con red de distribución de agua potable y junto con La Guardia alcanza una población 4.500 habitantes. La Empresa Aguas Santafesinas (ASSA) provee de agua potable a la Escuela Nº 869 Julio A. Roca y pudo observarse una cisterna con acceso para el público, ubicada en las proximidades de la Toma de agua de la empresa. Algunos sectores de la población reciben, periódicamente, agua en bidones entregada por la Delegación Municipal La Guardia. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua utilizada para consumo humano que dispone la población.

Se tomaron catorce (14) muestras, incluyendo pozos domiciliarios y bajadas de tanque, en lugares distribuidos aleatoriamente en la localidad. Se dio prioridad a las Escuelas, Centro de Salud, Centro de Acción Familiar y a las zonas más carenciadas. Las muestras se extrajeron según técnicas estandarizadas, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 7 muestran presentan algún tipo de contaminación microbiológica, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 5 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coniformes totales); y 1 muestra presenta contaminación fecal (presencia de E. coli).

El informe aclara que en el caso de las dos Escuelas y del Centro de Acción Familiar, solamente pudieron obtenerse muestras de bajada de tanque, por no contar las instalaciones con un grifo directo de la perforación.

Además, sobre las 13 muestras para las que se realizó la determinación de Nitrato, cuatro (4) presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, y cuatro (4) muestras, superan el Límite Recomendado. Solo 5 muestras presentan valores de Nitrato por debajo de dichos límites.

La muestra obtenida de la cisterna provista por ASSA, ubicada en la escuela Nº 869 “Julio A Roca”, cumple para los parámetros analizados con lo reglamentado en la Ley 11220.

“De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”, advierte el informe de la SEMAyDS.

“Se debe tener en cuenta que las fuentes de agua subterránea pueden variar sus características fisicoquímicas y microbiológicas, temporal y espacialmente. Esto se debe a la propia dinámica de los acuíferos subterráneos, a los aportes contaminantes de diversos orígenes, incidiendo también las características constructivas y de explotación de las perforaciones. Esta variabilidad puede alterar sus características de potabilidad”.

Monte Vera: Esta localidad, de aproximadamente 3000 habitantes en su planta urbana, dispone de agua potable y de red de distribución solamente en una zona; el resto de la población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectada por las inundaciones de 2007, en la zona comprendida entre las vías del ferrocarril hacia el oeste. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone la población para consumo.

Se tomaron 51 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente en la ciudad, y dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 31 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 60,8 % del total; 20 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 39,2 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 13,7 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 12 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 23,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano.

Otras muestras aisladas presentan valores altos de Amoníaco, Nitrito, Hierro y Turbiedad, por lo que tampoco resultan aptas para consumo humano.

San José del Rincón: La localidad estuvo afectada por la inundación de 2007. Tiene aproximadamente 8.500 habitantes. Posee una planta de tratamiento de agua para consumo con red de distribución para un 90% de la población, y cuenta, además, con algunas canillas públicas. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua subterránea utilizada para consumo humano que dispone la población no abastecida, tal como la de La Rinconada, Los Espinillos y de la zona de Acería próxima a la Ruta.

Se tomaron 25 muestras de pozos domiciliarios en lugares distribuidos aleatoriamente en los lugares citados. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes descartables estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente:

Conclusiones: 10 muestras presentan algún tipo de contaminación microbiológica, el 40% del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 28% del total; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E. coli), un 12% del total, no siendo aptas para consumo humano.

Sobre las 25 muestras también se realizó la determinación de Nitrato: 4 muestras presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, representando un 16 % de las analizadas y tres (3) muestras, un 12 % del total, tienen valores que superan el Límite Recomendado. Además, 5 muestras presentan valor de Nitrito superior al Límite Obligatorio de la citada ley, un 20 % de las analizadas; 10 muestras, un 40% del total, presentan los parámetros analizados dentro de los límites establecidos en la Ley 11.220.

El informe de la SEMAyDS concluye que: “De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”.

DESMONTE ILEGAL EN LA ZONA DE ROMANG

La organización ambientalista Planeta Azul denunció ante las autoridades comunales y provinciales el la tala desmedida de un monte, ubicado a 6 kilómetros de la localidad, sobre el arroyo Malabrigo. Pese al reclamo formulado, ningún inspector de la Secretaria de Medio Ambiente se hizo presente en el lugar. A partir de la Ley Nacional de Bosques en la provincia no se pueden autorizar nuevos desmontes.

El sábado 30 de agosto, integrantes del grupo ecologista Planeta Azul constataron la tala de un monte ubicado a 6 kilómetros de Romang (departamento San Javier) sobre la costa del arroyo Malabrigo. Según explicó Roberto Lerf, la superficie arrasada hasta el momento, alcanza las 50 hectáreas y el trabajo de las máquinas prosigue sin ningún tipo de obstáculo.

La noticia original fue difundida por Radio Amanecer de la ciudad de Reconquista y tuvo una amplia repercusión en el norte provincial. A pesar de esto, la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, no ha tomado intervención directa en el caso.

Según la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte, hasta tanto no terminen de confeccionar un plan de ordenamiento territorial de sus zonas boscosas, aplicando diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo.

Si bien la provincia de Santa Fe concluyó la primera etapa de este trabajo de zonificación - que fue presentado en diciembre del año pasado - donde se corroboró la perdida de superficie boscosa entre 1994 y 2006; hasta tanto no concluya la segunda etapa del proceso, los permisos de desmonte se encuentran suspendidos.

De acuerdo al estudio titulado: “Zonificación del Bosque Nativo sobre la Parcela Rural de la Provincia de Santa Fe por medio de Imágenes Satelitales”, en el departamento San Javier (donde se encuentra ubicada la localidad de Romang) se perdieron 3.915 hectáreas de bosques entre 1994 y 2006, lo que equivale al 10% de la superficie boscosa de la jurisdicción.

Por ello, resulta preocupante la falta de respuesta oficial, frente la denuncia de desmontes no autorizados en la zona del arroyo Malabrigo.

RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE 70 MILLONES MAL COBRADOS POR LA EPE

La Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta en concepto de un canon por el uso del espacio aéreo. La entidad sostiene que el dinero recaudado con este fin alcanza los 70 millones de pesos y debe ser reintegrado a los usuarios. El caso recupero notoriedad a partir de la información publicada en nuestro blog. Vea el texto completo del reclamo.

Santa Fe, 13 de agosto de 2008
Sres. Directorio EPE
Presente

Domingo Rondina, abogado, en mi carácter de Presidente, y apoderado general y pleno de la Fundación Derecho Social (FDS), asociación registrada conforme a la ley mediante resolución 683/04 de la IGPJSF, me presento en los términos de los artículos 41 y 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, y en tal carácter solicito ser tenido.

Que hemos tomado noticia a través de los medios periodísticos (http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2008/08/un-olvido-que-vale-millones.html) de la problemática planteada con respecto al gravamen previsto en el artículo 1 de la ley 7797.

Allí se fijó un gravamen del 6% de la facturación bruta que debía pagar la vieja DPE a los Municipios y Comunas. Ese gravamen fue a partir de entonces trasladado a los usuarios.

Como seguramente es de vuestro cabal conocimiento, la ley 11727 por su artículo 129 derogó expresamente la ley provincial 7797. Sin embargo, la misma norma en su artículo 128 eximió a la nueva empresa de todo tributo comunal o municipal, salvo el 6%, que trasladaba a los usuarios.

La ley 11727 se derogó por ley 12700, que restableció la 10014, pero no la 7797, que nunca recuperó vigencia. Y la ley 12700 no impuso el gravamen del 6%. Con lo cual la EPE ya no tuvo la obligación de abonarle a Municipios y Comunas el gravamen. Y por ende perdió título para requerir a los usuarios el pago de aquello que ya no tenía causa legal. Es decir: ni quedó obligada a pagar ni quedó con autorización alguna para cobrar.

De esta breve reseña legal se extrae con claridad que la EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal.

Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente.

Esto ha quedado finalmente demostrado (como señala la investigación periodística) desde que la Honorable Cámara de Diputados aprobó este agosto de 2008 un proyecto para volver a establecer el tributo que preveía la ley 7797 y la 11727. Con lo cual se acepta que el tributo no existe actualmente.

Según el presupuesto para 2008, la EPE prevé recaudar la suma de $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos) en el año, para pagar este tributo que no está obligada a pagar. Esto implica más de 3 millones por mes que se le quitan sin causa a los usuarios.

Si contamos los veinte meses en que se está percibiendo dicho tributo desde su derogación, arribamos a la suma de $70.000.000 (setenta millones de pesos) que ha sido ilegalmente retenida a los usuarios, sin contar los intereses por los meses de privación de ese dinero.

Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso.

Sería conveniente que la EPE evite miles de juicios en su contra que (costas incluidas) terminarán pagando el sistema eléctrico y –nuevamente- los usuarios. Debería establecerse un mecanismo de reintegro en las próximas facturas, previa determinación del alcance de la injusta retención.

Por eso, y para darle una pronta solución a un tema tan grave, requerimos de ese Directorio que constituya una Comisión de la Empresa, junto con representantes de los usuarios, y con técnicos contables idóneos, para determinar puntualmente la suma exaccionada y el modo de reintegrarla proporcionalmente a los usuarios.

Ello obviamente no implica liberar a los funcionarios responsables de semejante desmanejo de las consecuencias patrimoniales y penales de su accionar.

En caso de falta de respuesta, negativa o evasiva, esta ONG, en uso de sus facultades, se presentará a la justicia para que se le imponga a la EPE la inmediata devolución de lo ilícitamente quitado a los ciudadanos. Dejamos formuladas las reservas de acciones y derechos para tal caso.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

UN OLVIDO QUE VALE MILLONES

Desde el año 1975 los municipios y comunas de Santa Fe reciben el 6% de la facturación bruta de la EPE por el uso del espacio aéreo. Este monto es pagado por los usuarios y aparece discriminado en la facturación. La ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006. Pese a carecer de respaldo legal la alícuota se siguió aplicando. El gobierno busca restituir la vigencia de este tributo que en 2008 recaudará 36 millones de pesos. ¿Podrán los usuarios exigir la devolución de este dinero cobrado sin autorización?

Si usted busca el comprobante del último pagó que le hizo a la Empresa Provincial de Energía, encontrará que en el recuadro correspondiente al “Detalle de Facturación” aparece discriminado un rubro que se denomina “Ley Nº 7797 (6,00 % del Básico)”, correspondiente al canon que los municipios y comunas de la provincia reciben de la distribuidora eléctrica por el uso del espacio aéreo.

Este componente de la tarifa de la EPE fue instaurado en 1975, a partir de la Ley Nº 7.797, que en su artículo primero establece que se “abonará a aquellas Municipalidades y Comunas donde preste servicios por concesión de los mismos, el 6% (seis por ciento) de lo que se recaude por entradas brutas por venta de energía eléctrica”, excluyendo del cálculo al alumbrado público y los consumos de los organismos del estado.

De acuerdo al Presupuesto 2008 de la EPE, por este concepto se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas durante el presente ejercicio, que para el caso de la ciudad de Santa Fe significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal. Visto desde la perspectiva de un usuario, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.

El detalle que ha pasado desapercibido, es que la ley que autoriza el cobro de este componente de la tarifa eléctrica fue derogada en diciembre de 2006. Desde esa fecha a la actualidad, los usuarios de la EPE siguen pagando un adicional del 6% sobre el consumo básico que carece de respaldo legal.

Esta situación se prolongó durante los últimos 20 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999. El 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la distribuidora eléctrica santafesina. La iniciativa fue impulsada por el diputado reutemista Danilo Kilibarda, que para desgracia de municipios, comunas y usuarios, se olvidó de incluir en el proyecto la restitución de la vigencia de la Ley Nº 7.797 aprobada en los tiempos de Carlos Silvestre Begnis.

Recién la semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de ley que intenta corregir esta desprolijidad que le costó millones de pesos a los usuarios santafesinos. Con la firma de los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, se aprobó la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada por descuido en diciembre de 2006. Ahora resta la aprobación de la Cámara de Senadores para restituir la legalidad del adicional del 6%. Mientras esto sucede conviene detenerse en otro sector de la factura de la EPE.

En el recuadro denominado “Información Complementaria” se puede leer: "Usted tiene

derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240”, más conocida como ley de Defensa del Consumidor. En la sesión del último jueves, ningún diputado precisó, si el cobro del 6% se debe seguir efectuando o si los montos abonados por los usuarios desde diciembre de 2006 a la fecha pueden ser reclamados.

TRAICIONADOS

El dirigente agropecuario y empresario periodístico Néstor Vittori lanzó una dura acusación contra el actual diputado nacional Jorge Obeid. El hombre fuerte de CARSFE sostiene que el ex mandatario provincial fue presionado con “fantasmas del pasado” al momento de votar a favor de las retenciones móviles. “Yo he escuchado muchas apreciaciones que lo califican de traidor, de que había delatado gente, de que culpa de él había muerto gente”, sostuvo Vittori en un programa de televisión.

Audio Nestor Vittori contra Jorge Obeid - Programa Ciudadanos

En el fragor de la batalla legislativa por las retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol, los sectores más activos del empresariado rural lanzaron duras acusaciones y advertencias contra los diputados justicialistas santafesinos. Hubo escraches, volanteadas anónimas, cadenas de e-mail y manifestaciones de todo tipo, denunciando la “traición” de estos dirigentes que se atrevían a respaldar políticas que “atentaban contra los intereses de la provincia, siendo Jorge Obeid, el blanco predilecto de escalada.

Hubo de todo, y quizás el acto más simpático fue la decisión de la Sociedad Rural de Reconquista, de declarar “persona no grata” y expulsar de la nómina de “socios honorarios” al ex gobernador por su voto de respaldo a la Resolución 125. Pero la embestida empresaria no se quedaría solo en lo simbólico.

Mientras los ecos de la destitución como “socio honorario” de la SRR resonaban en el norte provincial, en la ciudad natal de Jorge Obeid, se lanzaba una grave acusación que en el tumulto pasó desapercibida.

Invitado por el programa Ciudadanos, que se emite por Cablevisión bajo la conducción de Rodrigo Villarreal, el dirigente agropecuario y empresario periodístico Néstor Vittori, denunció que Jorge Obeid había sido presionado con “los fantasmas del pasado” al momento de votar a favor de las retenciones móviles.

“Jorge Obeid, dos veces gobernador y dos veces diputado nacional, conoce absolutamente a fondo por donde pasan los intereses de la provincia y levantó la mano votando en contra de los intereses de la provincia. Este es un hecho muy lamentable, yo soy amigo de Jorge Obeid y lo he apoyado en muchas ocasiones, pero creo que acá hay una traición a la provincia de Santa Fe evidente”, arrancó Vittori.

Para el empresario, el voto del ex gobernador no estuvo motivado cuestiones políticas o de conveniencia personal. “Creo que tiene que ver con los fantasmas del pasado. Tiene que ver con su desempeño en la década del setenta, con las cosas que ocurrieron allí y que la gente que estaba vinculada a Montoneros las conoce, se las puede enrostrar y utilizar para presionarlo”, prosiguió el hombre fuerte de CARSFE.

Según Vittori, los votos rurales obtenidos por el justicialismo en octubre de 2007 obligaban a los diputados nacionales a votar en contra de las retenciones móviles. “Creo que es una deuda que el (Obeid) tiene con los santafesinos y particularmente con el campo. Hay que reconocer que el peronismo perdió en Rosario, perdió en Santa Fe, perdió en Reconquista y numerosas ciudades, pero ganó en los pueblos del interior. Los comitentes de Jorge Obeid han sido la gente de campo, y a esta gente la traicionó”.

Si se analiza la orientación de la política económica de los últimos gobiernos justicialistas en Santa Fe, donde se respaldó fuertemente el desarrollo del complejo sojero a través de múltiples estímulos e inversiones, el sentimiento de traición que expresan los empresarios del campo se encuentra de alguna manera justificado. Sin embargo, de cara al debate parlamentario sobre la Resolución 125, Jorge Obeid explicó con anticipación cual sería su posición.

"Es nuestro gobierno y hemos votado prácticamente todo lo que solicitó. Pero en este caso creemos que podemos mejorar el sistema, porque consideramos que mandar la ley al Congreso no es una forma de sacarse el problema de encima. Si vamos a tener la responsabilidad, vamos a actuar con responsabilidad". (El Litoral – 18 de junio de 2008)

"Lo que se votó en Diputados supera incluso en algunos casos lo que propusimos nosotros, incorporando otras mejoras al texto", destacó Jorge Obeid al diario La Capital. "Yo nunca hubiera votado una ley ni a libro cerrado, ni que perjudicara a los pequeños productores de mi provincia". (La Capital - 7 de julio de 2008)

Exhumando la política del prontuario, Néstor Vittori sale a la caza de los fantasmas ajenos, para interpretar la posición de Jorge Obeid. “Yo creo que el (Obeid) va a tener que dar una explicación, que se vincula con todo ese runrún que circula hace mucho tiempo sobre lo que fue su desempeño en los años setenta. Yo he escuchado muchas apreciaciones que lo califican de traidor, de que había delatado gente, de que culpa de él había muerto gente, y creo que esto es una cosa que hoy ha cobrado un particular impacto”, lanzó el dueño del vespertino que desde sus páginas apoyó el golpe militar de 1976.

“Jorge Obeid tiene el deber de explicarle a la sociedad porque dio vuelta su voto. Y el voto no lo dio vuelta por razones políticas o económicas, lo dio vuelta porque lo presionaron con sus miedos y sus fantasmas del pasado”, sentenció Vittori.

OBJETAN LA TRAZA SUR PARA EL NUEVO PUENTE SANTA FE-SANTO TOMÉ

Los técnicos de Vialidad Nacional encontraron varias deficiencias en el diseño del nuevo puente Santo Tome-Santa Fe. Advierten sobre el impacto ambiental, urbanístico y social de la traza sur que cruzaría el río Salado por la zona de los cuarteles. Vuelven a tomar fuerza las alternativas ubicadas al norte del Puente Carretero. Desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia esperan que la licitación este en marcha antes de fin de año.

El proyecto elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad para el nuevo puente que unirá las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe recibió serias observaciones de los técnicos de Vialidad Nacional. Los detalles de estos problemas se conocerán en los próximos días cuando se difunda el contenido del informe elaborado por la Gerencia de Estudios y Proyectos del organismo nacional, y no se debe descartar, que vuelvan a tomar fuerza las alternativas de cruce ubicadas al norte del Puente Carretero.

Se debe recordar que durante la gestión de Jorge Obeid la provincia eligió la denominada Alternativa 7 o traza sur para la ubicación del nuevo puente sobre el río Salado. En agosto de 2006 se presentaron los resultados de los estudios y Ángel Piaggio fue el encargado de efectuar el anuncio: "Nosotros vemos que el ingreso por Riccheri vincula con el aeropuerto en forma casi inmediata y que, además, el lado Santa Fe tiene cabecera en una zona que va a acceder a un emprendimiento turístico, como van a ser los terrenos de lo que es hoy el puerto. Entonces esto empieza a tener una razonabilidad distinta que si lo vemos analizando sólo el sitio por donde cruzamos el Salado. Además, Santa Fe, Santo Tomé y las instituciones representativas de la industria y el comercio de la región tienen opinión formada respecto de que ésta es la mejor ubicación", sostuvo el ex intendente de la ciudad.


Tiempo después, en octubre de 2007, el ingeniero Osvaldo Contursi – Director de Estudios y Proyectos de Vialidad Provincial - explicó las características que tendría el nuevo puente. “Va a tener cuatro vías, dos por cada sentido”, describió el funcionario, la penetración en Santo Tomé “será por calle Hernandarias, luego va hacia el lado de los cuartales saliendo por calle Richieri hasta Ruta 11, sigue hasta la zona de la fábrica Purina y se conecta con la Ruta Provincial 5 hasta la Ruta 19”, prosiguió. Algunos de estos cruces serán a nivel y otros elevados. “El paso por la Ruta 19 será con un intercambiador y en el caso de unirse la 11 con la 5 tenemos proyectada una rotonda”, agregó.

Para el ingreso por Santa Fe el nuevo puente enlazaría con la avenida Mar Argentino y tiene como calles de penetración a Francia y Urquiza. Contursi señaló en aquel momento, que luego de una larga discusión con los funcionarios de Martín Balbarrey, “acordamos con la municipalidad hacer un cambio en el sentido de circulación de estas dos calles. Urquiza sería hacia el norte y Francia hacia el sur”.

Ahora, esta elección y el anteproyecto elaborado por lo técnicos de la provincia, la UNL y la UTN, se encuentra bajo análisis de la Dirección Nacional de Vialidad. Según adelantó el ingeniero Rafael Pretto, Jefe Distrito VII del organismo, “esta obra tiene un impacto urbano, social y ambiental muy fuerte en Santo Tomé”.

El funcionario nacional sostuvo que la reunión del pasado 11 de julio fue solicitada para despejar algunas dudas de carácter técnico surgidas con el anteproyecto presentado el año pasado por el gobierno de la provincia. “Como eran evaluaciones muy generales y las planimetrías que se presentaron tenían dimensiones que no respetan las normas de diseño para una ruta nacional, se creyó oportuno tener una reunión técnica acá en Santa Fe con los municipios y la DPV para consensuar y evaluar las opiniones de cada unos de los actores”, aclaró Pretto.

“Vialidad Nacional lo que evalúa más fuertemente son los diseños viales, pero como esta obra tiene un impacto urbano, social y ambiental muy fuerte en Santo Tomé, necesitamos tener el consenso del municipio”.

Todas estas dudas deberían quedar despejadas con el estudio de impacto ambiental. “Nosotros pedimos que debe ser aprobado por los organismos específicos provinciales. Aquí sería la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Aguas, por todo lo relativo a la solución hídrica del sistema. No obstante se esta evaluando todo lo que es el diseño geométrico y estructural de la propuesta vial”.

Sobre este último punto, Pretto precisó que “las normas de diseño vial en rutas nacionales establecen distintos parámetros, como anchos de calzada mínimo, espesores para tránsito determinado, composición de la carpeta, evaluación de las cargas, impacto del clima en los materiales, situación hídrica de la zona. Todos estos elementos sirven para definir la solución más apropiada para el paquete estructural y los materiales”.

A partir de estos parámetros, en la propuesta de la traza sur para el ingreso a nuestra ciudad, los técnicos de Vialidad se encontraron con un diseño al que calificaron de “acotado”.

“Estamos entrando con fórceps a las calles de Santo Tomé. Se pretende hacer una avenida urbana con tránsito nacional e internacional de camiones, colectivos y otros vehículos pesados, y el diseño tiene que estar acorde a este tipo de transito pasante”, dijo Rafael Pretto.

“La traza debería tener las dimensiones apropiadas para absorber un tránsito de estas características, como es 27 de Febrero y Alem en Santa Fe. Pero como el sector de Santo Tomé es más comprimido la solución propuesta recurre a las barandas de hormigón tipo New Jersey (como tiene la Ruta 168) y eso en una avenida urbana tiene un impacto muy fuerte. Es como una barrera que corta que no permite el paso de peatones. Estaríamos poniendo en la ciudad una barrera importante, provocando un corte respecto al crecimiento urbano hacia el sur, que es hacia donde se expande Santo Tome”, continuó.

“Allí tenemos una calle existente con un ancho determinado y dentro de ese ancho tenemos que meter una avenida urbana. Y si hay que expropiar estaríamos frente a un problema mayor, no solo por el costo, sino por el impacto social, habría que desalojar gente, buscarle otro destino. Entonces, el hecho de incorporar una ruta nacional dentro de una ciudad tiene un impacto social, urbanístico y ambiental”.

Este problema es conocido por las actuales autoridades de la ciudad. Luego de la reunión del 11 de julio en la sede del Distrito VII de Vialidad Nacional, el intendente Fabián Palo Oliver le dijo a la prensa que es necesario “evaluar adecuadamente las afectaciones urbanas de la traza sur”, destacando “el costo social que esta alternativa traería especialmente para los santotomesinos que no están contemplados en el proyecto y tenemos que evaluar”.

Esta postura sobre el impacto de la traza es la misma que el actual intendente sostuvo en varias ocasiones cuando fue concejal de la ciudad. “Insistimos en que una obra tan necesaria como un nuevo puente entre nuestra ciudad y la capital provincial debe ser proyectada de común acuerdo en cuanto a evaluaciones técnicas urbanísticas, ambientales, económicas y regionales, mientras que la resolución de la ubicación debería incluir también la evaluación y el análisis de la mayoría de la comunidad santotomesina", reclamó Palo Oliver, según puede leerse en un comunicado de prensa difundido en marzo de 2007.

Por eso no debe sorprender que las prevenciones de los técnicos de Vialidad Nacional sean bien recibidas por las actuales autoridades de la ciudad de Santo Tomé. Las dudas quedarán despejadas cuando el organismo de a conocer su evaluación del anteproyecto presentado por la provincia.

“Hoy estamos estudiando la Alternativa 7 que es la que nos presentó Vialidad Provincial, se van a analizar las ventajas y las desventajas, y se responderá a la provincia. Esto no impide que se proponga el análisis de otras alternativas que la provincia pueda presentar o que Vialidad Nacional pueda evaluar”, sostuvo Rafael Pretto, abriendo la puerta a un cambio sustancial en el diseño del nuevo puente.

Todo este análisis tiene que concluir en un pliego de licitación donde se pueda licitar proyecto ejecutivo y ejecución de obra. Por lo tanto el pliego tiene que ser lo más preciso posible en la parámetros de diseño que se le den al oferente para que pueda cotizar su proyecto”, agregó el funcionario, al tiempo que remarcó que “Vialidad Nacional ya tiene dentro de su presupuesto 2008 una cantidad importante de fondos asignados para esta obra”.

La postura provincial

Para el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, arquitecto Hugo Storero, la ubicación del nuevo puente entre Santo Tomé y la capital provincial todavía se encuentra en discusión y no ha siso definida. “Se evaluaron los trazas y los técnicos de Vialidad Nacional recorrieron los lugares alternativos y se fueron con varios interrogantes sobre si lo más conveniente es la traza sur o la traza norte”, dijo el funcionario ante una consulta.

“Sobre lo que estaba definido vuelven a generarse interrogantes desde el organismo nacional. Estamos en este proceso. Lo que pude deducir del administrador nacional es que estarían en condiciones de lanzar la licitación con el anteproyecto indicativo a los efectos que se evalué proyecto ejecutivo y precio de la obra. Esta es una manera muy corta de resolver una licitación pública porque te ahorra el tiempo de elaboración del proyecto”, sostuvo Storero.

Respecto al impacto urbano de la obra en nuestra ciudad, el ministro aseguró: ”donde pongas el puente se va transformar en una barrera. Quizás con una buena semaforización se puede lograr algún tipo de mejora. Hay que ver cuanto del flujo e vehículos que pasa por el puente Carretero se iría por la nueva traza”.

“Si miramos el proyecto desde la perspectiva de Santa Fe es muy buena la entrada sur. La entrada norte se mete en la ciudad por Mendoza, en un sector que se ha poblado mucho. Si entramos por General López (en la capital provincial) esta el problema de la traza ferroviaria y los terrenos del ONABE que no son sencillos de negociar, es muy compleja la transacción. De todos modos, está la alternativa de derivar el transito por la avenida Circunvalación hasta el intercambiador de CILSA para que el tránsito no entre a la ciudad”, explicó el ministro en su despacho.

Para Storero es imprescindible la opinión de los responsables de las dos ciudades. “Barletta (Mario) ya ha planteado que la traza no puede entrar por calle Francia. Es una opción terrible que supone la inversión del sentido de avenida Urquiza. Yo creo que si se elige la traza sur hay que dejarla en la avenida Mar Argentino y no meterse en la ciudad. Yo también me opondría a eso y dejaría las bajadas habituales”.

Respecto a los tiempos del proyecto, el ministro reclamó que la Nación cumpla con sus compromisos y avance con la licitación cuanto antes. “Cuando sale la decisión de hacer la Ruta 19 con aportes de la provincia mediante un crédito del Banco Mundial, la Nación se obliga en un convenio posterior a resarcir a la provincia pagando la obra del puente Santa Fe – Santo Tome. Por eso quiero dejar en claro que la provincia cumplió con lo suyo y la Nación todavía esta en situación de análisis. Yo soy muy confiado en la palabra de la gente, pero gestiono y demando que la obra se haga”.

En este sentido, el ministro destacó que el proceso de licitación debería efectuarse de manera abreviada convocando a las empresas interesadas a la presentación de ofertas que contengan la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra. “De esta de manera la comisión de adjudicación realiza una doble evaluación, monto de la obra y proyecto ejecutivo, que debe ser formulado de acuerdo a sus fines y cubrir todos los detalles, esto acorta mucho los tiempos. Por eso a mi no me preocupa que se defina una traza u otra, siempre que se acorte el camino de la licitación con el anteproyecto indicativo”.

Si bien Storero admite que los funcionarios de Vialidad Nacional manifestaron buena predisposición para concretar el proyecto, el panorama general no deja de ser preocupante. “Veo que la Nación está retaceando niveles de inversión. Por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas II todavía no arrancó. El Plan de 1000 escuelas fue anunciado pero todavía no aparecieron. No se han concluido los trabajos del Plan 700 escuelas. Le fue muy mal a la provincia durante la gestión anterior, mal en serio, porque de las 700 escuelas para todo el país ¿Cuántas recibió Santa Fe? Si partimos de la coparticipación, Santa Fe recibe el 10 por ciento de los recursos, esto es 70 escuelas. Si partimos de los recursos que aporta la provincia, que son el 20 por ciento, esto da 140 esuelas. Bueno, nos tocaron nueve y trece están en marcha”.

“Me parece que es falta de dinero a nivel nacional. En vivienda se nota el retaceo en todo el país, en la obra pública vial se notan demoras, en la obra de escuelas se nota retaceo. ¿Qué me imagino yo? Que hay cuentas comprometidas, tal vez no sea el nivel de expansión que tuvo el país en los últimos años, tal vez la crisis del campo”, continuó el ministro.

Pero a pesar de estas prevenciones, el arquitecto Storero cree que el proyecto de nuevo puente podrá concretarse sin mayores dificultades. “Esta obra para la Nación es muy chica, pensemos que son 120 millones de dólares y yo note muy dispuesto al administrador nacional de vialidad y están los técnicos trabajando. Hay partida presupuestaria para este año, lo cual es un buen signo y hay intención de resolver sobre cual traza se hace el proyecto para avanzar en un trámite corto con la licitación”, finalizó.