COMO SE REPARTIERON LOS ATN EN SANTA FE
Durante el año 2007 se incrementó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional en la provincia. La mayoría de estos fondos fueron recibidos por comunas o municipios administrados por el justicialismo. Son recursos de libre disponibilidad y la rendición de cuentas casi no existe. Desde los tiempos de Carlos Menem vienen siendo utilizados con fines políticos.
Publicado en revista Entre Líneas - Octubre 2007
A lo largo de 2007 el gobernador de la provincia firmó una veintena de decretos aceptando “la contribución sin reintegro” de 6,5 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Esta cifra corta la mala racha de Santa Fe, que en los últimos años, quedó relegada en el reparto de estos fondos girados por el Ministerio del Interior. Tuvo que aparecer la amenaza socialista para que se abriera la billetera de Aníbal Fernández y estos polémicos fondos comenzaran a circular por municipios y comunas.
De acuerdo a un relevamiento realizado para este informe, la mayoría de los ATN repartidos favorecieron a localidades gobernadas por el justicialismo. Una porción menor fue recibida por administraciones radicales o del Frente Progresista y otra parte fue distribuida entre comunas del PDP o partidos vecinales. Sin embargo, si el análisis se hace con criterio territorial, el departamento San Cristóbal – representado en el Senado por el radical Felipe Michlig – aparece como el más favorecido de toda la provincia.
El reparto de los ATN comenzó en marzo con el Decreto 334 y continuó hasta el mes de agosto. En ese lapso llegaron a la provincia $ 6.495.000. La mayor parte fue destinada a atender “desequilibrios financieros” de 165 localidades; otra parte se utilizó para subsidiar a los pescadores afectados por la veda durante los meses del verano; y el resto para solventar los gastos del Comité Logístico de la Emergencia creado durante las inundaciones de marzo.
Siempre polémicos
Los ATN fueron creados en 1988 cuando se sancionó la Ley 23.548, que estableció el régimen de distribución de impuestos entre la nación y las provincias, de manera transitoria, mientras se discutía una nueva ley de coparticipación federal. En teoría estos fondos deben ser destinados a la atención de situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, pero en la práctica se han constituido en una fenomenal herramienta política del gobierno central, que siempre se activa en periodos electorales.
Desde su nacimiento la distribución de los ATN despertó sospechas y fueron los gobiernos de Carlos Menem los que generalizaron su uso político. El Ministerio del Interior es el encargado de su distribución y la única obligación que le impone la ley es informar trimestralmente a las provincias sobre el destino de los fondos. Esto significa que la cartera política nacional puede asignar los recursos sin consulta con el respectivo gobierno provincial y de manera absolutamente discrecional.
En forma paralela, gobernadores e intendentes saben que deben perfeccionar su capacidad de lobby si quieren conseguir recursos extras para su administración. Recientemente, el titular de la UCR, Gerardo Morales, denunció que Julio Cobos (gobernador de Mendoza y candidato a vicepresidente del kirchnerismo) ofreció Aportes del Tesoro Nacional a dos intendentes de Jujuy, a cambio de que se incorporaran a la concertación plural que impulsa la candidatura presidencial de Cristina Fernández.
"Hago gestiones para todos los radicales que me lo pidan, con la única condición de que sean cuestiones que beneficien a la comunidad", explicó el propio Cobos al diario La Nación. Pero al margen de las intenciones declaradas de los gestores de turno, existen fuertes indicios de discriminación política en la distribución de estos recursos, que se han ido incrementando en los últimos años acompañando la evolución favorable de la recaudación.
En 2002 se distribuyeron $ 52 millones de ATN en todo el país; con las elecciones de 2003 el monto trepó hasta $ 89 millones; en 2004 solo hubo $ 54 millones para repartir; con el turno electoral de 2005 los ATN llegaron hasta los $ 159 millones; cayeron a $ 64 millones en 2006; y hasta el mes de agosto de 2007, el calor de la campaña había desprendido $ 82 millones del presupuesto que maneja Aníbal Fernández desde el Ministerio del Interior.
Santa Fe
La fórmula es siempre la misma: “Acéptase la contribución sin reintegro realizada por el Ministerio del Interior de la Nación con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Con este encabezado fueron redactados los diecinueve decretos que se utilizaron para incorporar al presupuesto de la provincia los $ 6.495.000 enviados entre marzo y septiembre de 2007. Como señalamos anteriormente, la mayor parte se distribuyó entre 165 comunas y municipios, de las cuales 76 son gobernadas por el Partido Justicialista, concentrando de este modo el 54% de los fondos destinados a cubrir supuestos “desequilibrios financieros”.
De acuerdo a un relevamiento realizado para este informe, la mayoría de los ATN repartidos favorecieron a localidades gobernadas por el justicialismo. Una porción menor fue recibida por administraciones radicales o del Frente Progresista y otra parte fue distribuida entre comunas del PDP o partidos vecinales. Sin embargo, si el análisis se hace con criterio territorial, el departamento San Cristóbal – representado en el Senado por el radical Felipe Michlig – aparece como el más favorecido de toda la provincia.
El reparto de los ATN comenzó en marzo con el Decreto 334 y continuó hasta el mes de agosto. En ese lapso llegaron a la provincia $ 6.495.000. La mayor parte fue destinada a atender “desequilibrios financieros” de 165 localidades; otra parte se utilizó para subsidiar a los pescadores afectados por la veda durante los meses del verano; y el resto para solventar los gastos del Comité Logístico de la Emergencia creado durante las inundaciones de marzo.
Siempre polémicos
Los ATN fueron creados en 1988 cuando se sancionó la Ley 23.548, que estableció el régimen de distribución de impuestos entre la nación y las provincias, de manera transitoria, mientras se discutía una nueva ley de coparticipación federal. En teoría estos fondos deben ser destinados a la atención de situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, pero en la práctica se han constituido en una fenomenal herramienta política del gobierno central, que siempre se activa en periodos electorales.
Desde su nacimiento la distribución de los ATN despertó sospechas y fueron los gobiernos de Carlos Menem los que generalizaron su uso político. El Ministerio del Interior es el encargado de su distribución y la única obligación que le impone la ley es informar trimestralmente a las provincias sobre el destino de los fondos. Esto significa que la cartera política nacional puede asignar los recursos sin consulta con el respectivo gobierno provincial y de manera absolutamente discrecional.
En forma paralela, gobernadores e intendentes saben que deben perfeccionar su capacidad de lobby si quieren conseguir recursos extras para su administración. Recientemente, el titular de la UCR, Gerardo Morales, denunció que Julio Cobos (gobernador de Mendoza y candidato a vicepresidente del kirchnerismo) ofreció Aportes del Tesoro Nacional a dos intendentes de Jujuy, a cambio de que se incorporaran a la concertación plural que impulsa la candidatura presidencial de Cristina Fernández.
"Hago gestiones para todos los radicales que me lo pidan, con la única condición de que sean cuestiones que beneficien a la comunidad", explicó el propio Cobos al diario La Nación. Pero al margen de las intenciones declaradas de los gestores de turno, existen fuertes indicios de discriminación política en la distribución de estos recursos, que se han ido incrementando en los últimos años acompañando la evolución favorable de la recaudación.
En 2002 se distribuyeron $ 52 millones de ATN en todo el país; con las elecciones de 2003 el monto trepó hasta $ 89 millones; en 2004 solo hubo $ 54 millones para repartir; con el turno electoral de 2005 los ATN llegaron hasta los $ 159 millones; cayeron a $ 64 millones en 2006; y hasta el mes de agosto de 2007, el calor de la campaña había desprendido $ 82 millones del presupuesto que maneja Aníbal Fernández desde el Ministerio del Interior.
Santa Fe
La fórmula es siempre la misma: “Acéptase la contribución sin reintegro realizada por el Ministerio del Interior de la Nación con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Con este encabezado fueron redactados los diecinueve decretos que se utilizaron para incorporar al presupuesto de la provincia los $ 6.495.000 enviados entre marzo y septiembre de 2007. Como señalamos anteriormente, la mayor parte se distribuyó entre 165 comunas y municipios, de las cuales 76 son gobernadas por el Partido Justicialista, concentrando de este modo el 54% de los fondos destinados a cubrir supuestos “desequilibrios financieros”.
Dentro de este reparto se destacan algunas situaciones. La ciudad de Santa Fe recibió el mayor ATN del periodo con $ 200.000 según el Decreto 1754 del 16/08/07; Pavón, Soldini, Arocena, Centeno, Chabas, Villada, Helvecia, Logroño, Montefiore, Aguará Grande, Arrufó, Colonia Ana, Colonia Rosa, Dos Rosas y la Legua, Hersilia, Huanqueros, La Cabral, La Rubia, Moisés Ville, Ñanducita, San Cristóbal, Santurce, Suardi, Villa Saralegui, Villa Trinidad, Carmen y Monje, recibieron dos veces un Aporte del Tesoro Nacional; Carmen, con 2306 habitantes en el departamento General López, recibió tres ATN por valor de $ 125.000; y algunos pueblos de 200 habitantes recibieron la misma cantidad de dinero que otros que superan los 2000.Si se analiza la distribución territorial de los ATN, surge con claridad que el departamento más favorecido de toda la provincia fue San Cristóbal, representado en el Senado por el radical Felipe Michlig. Incluso la comuna que este legislador gobernó durante seis periodos consecutivos – Ambrosetti – recibió el triple de aportes en comparación a otras localidades de tamaño similar. En el otro extremo se encuentra el departamento San Javier, representado en el Senado por el justicialista José Baucero, que en 2007 no recibió un solo peso en concepto de ATN.
Después de San Cristóbal, los departamentos más favorecidos fueron General López, San Jerónimo, General Obligado y La Capital. Si se elabora un ranking de ciudades se ubica primero Santa Fe con $ 200.000; segunda Coronda con $ 150.000; seguida por Avellaneda y Funes con $ 100.000.Otro dato interesante surge de las elecciones provinciales del 2 de septiembre. Analizando los resultados de las localidades receptoras de los ATN se puede verificar que en la gran mayoría no hubo cambio de signo político. Solo en 16 casos el Partido Justicialista desplazó a la UCR, el Frente Progresista, el PDP o algún partido vecinal. Por su parte, 9 administraciones justicialistas receptoras de fondos nacionales pasaron a manos de otro partido.
Una lectura ligera podría concluir que la asignación de los ATN es inocua en términos políticos ya que no sirvió para modificar el escenario electoral de la mayoría de los distritos a donde llegaron. Pero si se observa el listado de la asignación por departamentos pueden encontrarse algunas de las motivaciones para su distribución. No es casualidad que el territorio representado por el radical Felipe Michlig haya el que más dinero recibió del poder central. La disputa interna que derivó en la ruptura institucional del Frente Progresista fue el obstáculo más importante que debió superar Hermes Binner en su camino hacia la gobernación de Santa Fe. Y como siempre se ha dicho, los favores políticos se pagan.
Lo mismo se puede decir del reparto por ciudades. La capital provincial y Coronda – dos distritos convulsionados por el impacto de las inundaciones – fueron los más favorecidos con el dinero nacional, aunque obtuvieron un resultado desparejo en las urnas.
Ahora bien, el efecto político de los ATN no debe ser buscado en el comportamiento electoral de las comunidades gobernadas por los funcionarios que los reciben. En primer lugar porque, salvo en los pueblos pequeños, se trata de fondos exiguos comprados con los presupuestos de cada administración. Además, sino están justificados por situaciones excepcionales o de emergencia la recepción de un ATN siempre genera sospechas.
Por ello, los mayores beneficios de un ATN son para el “aparato político” de quien los recibe, sobre todo en época electoral. Como se trata de un subsidio de libre disponibilidad el destino de estos fondos no necesita justificación. Para su rendición de cuentas el único requisito exigido por la provincia a los municipios o comunas, es que presenten los “papeles” a los 60 días de recibidos los fondos en su cuenta bancaria oficial, con la posibilidad de un estiramiento del plazo por un periodo similar, tiempo más que suficiente para conseguir los “papeles” que resulten admisibles al laxo control ejercicio por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Quizás no se vean actos oficiales anunciando la recepción de un ATN, pero los funcionarios que se lanzan a la campaña electoral, saben lo útil que resultan estos recursos para mover la maquinaria del partido.
Otros usos
Durante el 2007 una parte de los ATN recibidos por Santa Fe se destino a financiar las acciones del Comité Logístico de Emergencia creado durante las inundaciones de otoño. Según el Decreto 549/07, el Ministerio del Interior de la Nación aportó $ 800.000 “para ser destinados a la atención de situaciones de emergencia”.
El dinero pasó de la Cuenta Bancaria Nº 17.972/04 (Gobierno de la Provincia de Santa Fe – Fondos Nacionales Afectados) a la Cuenta Bancaria Nº 9001/04 (Rentas Generales) con el supuesto propósito de “atender las erogaciones que sean autorizadas por el Comité logístico de la Emergencia.
Por otra parte, el 12 de abril de este año, la provincia recibió $ 1.500.000 destinados al Fondo de Reconversión Pesquera y asistencia a Pescadores”. A diferencia del ATN anterior el dinero no fue depositado en la cuenta de Rentas Generales sino que pasó a la cuenta especial de la Ley 12.703. Esta norma fue promulgada el 4 enero de 2007 y estableció la prohibición de “la captura de toda especie de peces de río durante los meses de noviembre, diciembre y enero de cada año”, con el compromiso de asistir económicamente a los pescadores afectados por la veda.
Esta ayuda para los “trabajadores del río” fue de $ 400 y comenzó a ser distribuida a comienzo de año. En aquella oportunidad, Jorge Obeid sostuvo que “con fondos propios de la provincia se comenzará a partir del 15 de enero a hacer efectivo los subsidios correspondientes”, pero advirtió: “vamos a dialogar para tener una ayuda económica nacional para los meses que dure la veda a las exportaciones, en este sentido hemos hecho un acuerdo para que nos provea de una parte de los recursos para hacer frente a las ayudas económicas que se tengan que hacer y el resto saldrá de los recursos de la provincia”. En este punto, Aníbal Fernández cumplió.
Pierden las provinciasSegún la Ley 23.548, que estableció el régimen de coparticipación transitoria, los Aportes del Tesoro Nacional pertenecen a las provincias, ya que se conforman con el 1% de la masa de impuestos coparticipables que el gobierno nacional se reserva para distribuir de manera directa y discrecional.
A las denuncias por el uso político de los ATN ahora se suman reclamos por el desvió de una parte sustancial de estos fondos. En los últimos años, a partir del incremento en la recaudación, el dinero disponible para repartir se cuadruplicó, hasta alcanzar a más de $ 4200 millones, según los números elaborados por el diputado nacional Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.
El problema es que el gobierno nacional no distribuye la totalidad de estos recursos hacia las provincias y utiliza una parte sustancial de los mismos para financiarse a bajo costo. Si se considera que en 2006 se repartieron $ 64 millones y en lo que va de 2007 otros $ 82 millones, la cuenta arroja un saldo millonario a favor de la administración de Néstor Kirchner.
Frente a este panorama, algunos legisladores nacionales han propuesto la transformación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, en un sistema más controlado y transparente destinado a equilibrar asimetrías sociales y educativas entre las provincias.
Mientras tanto, la caja de los ATN seguirá funcionando en la Casa Rosada y todos los años gobernadores e intendentes deberán peregrinar hasta el despacho principal del Ministerio del Interior, para conseguir ese dinero que en la ficción política se destina a resolver “situaciones de emergencia o desequilibrios financieros”.
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