POLÍTICOS Y PERIODISTAS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA MILITAR

El último número del periódico Edición 4 de la ciudad de Reconquista publica un amplio informe sobre el personal civil de inteligencia (PCI) que operó bajo el mando del coronel Domingo Manuel Marcellini, en el ámbito del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, durante la pasada dictadura militar. Entre los involucrados aparece el periodista Carlos Rafael Cenoz y el dirigente justicialista Enrique Horacio Vallejos. Ambos estarían incluidos en un listado de 50 soplones rentados enviado hace poco tiempo por el Ministerio de Defensa de la Nación al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Tanto Cenoz como Vallejos negaron veracidad de la versión aportada por diversas fuentes al periódico norteño. El primero consideró “una barbaridad” la información y añadió que las mentas “vienen de lejos, de esa época”. El segundo simplemente negó que fuera así. “Para nada”, dijo el abogado actualmente radicado en Ushuaia.

El rastro del personal civil de inteligencia (PCI) que operó en nuestra zona durante la pasada dictadura militar emergió de las sombras cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex dirigente sindical, Horacio Américo Barcos, por delitos de lesa humanidad, entre ellos tormentos y privación ilegítima de la libertad.

El caso se había iniciado con la denuncia de Amalia Ricotti, secuestrada junto a su esposo el 16 de mayo de 1978. Luego de dos años de espera el magistrado federal dispuso una rueda de reconocimiento donde Horacio Américo Barcos fue identificado por su víctima.

Según relató Ricotti, Barcos participó en su secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo - José Alberto Tur - durante 15 días. El torturador ahora procesado fue identificado en varias oportunidades por la mujer, quien le dijo al juez como se lo cruzaba en la peatonal, en la cola de un banco o saliendo del edificio de la actual subsecretaría de Seguridad Pública.

A partir de los datos aportados por la querella se pudo establecer que Barcos fue un activo militante gremial en la década del setenta, vinculando principalmente a la UOCRA de Santo Tomé, cuando la entidad era conducida por Rubén “el mono” Gaziano.

A lo largo de la investigación judicial se realizaron numerosas diligencias, entre las que estuvo, un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, para que aporte información sobre el personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. Luego de sortear las limitaciones establecidas por las leyes de seguridad de la Nación, el Juzgado Federal de Santa Fe recibió un listado de 50 ciudadanos que trabajaron como personal civil de inteligencia (PCI) que todavía aguarda tratamiento por parte del magistrado interviniente. Allí figuraría el nombre de Horacio Américo Barcos, del periodista del multimedios Sin Mordaza Carlos Rafael Cenoz y del ex legislador justicialista Enrique Horacio Vallejos.

Para el abogado querellante Jorge Pedraza, la información suministrada por el Ministerio de Defensa de la Nación tiene una enorme trascendencia “porque nos revela mejor aún cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, cómo se pactó la no revisión del pasado, cómo ciertos dirigentes políticos o gremiales trabajaron juntos en la represión ilegal y por eso luego fueron premiados con posicionamientos legislativos”. (http://www.notife.com/ – 03/11/07)

Bajar archivo para leer informe completo: DivShare File - Edición 4 271107.pdf