LA OTRA CAMPAÑA SUCIA
El Código de Publicidad de la ciudad de Santa Fe regula la colocación de cualquier tipo de anuncios durante el periodo de las campañas electorales. Según esta norma los partidos políticos tienen 10 días después de las elecciones para retirar o limpiar los elementos de propaganda. Si no cumplen, la Municipalidad ejecuta los trabajos de limpieza, con cargo a las autoridades partidarias. En Rosario esta tarea fue presupuestado en $50.000. En nuestra ciudad, el plazo se cumple este 11 de julio y pocos se han preocupado por la situación. En cuanto a las características de los anuncios durante las campañas electorales se pueden instalar: placas de material rígido o semi-rígido sobre columnas o postes, con la condición que no causen daño, puedan ser removidas con facilidad y se obtenga la autorización del organismo responsable; afiches o pintadas en muros y cercos que encierren baldíos exclusivamente, siempre con la autorización de sus propietarios; y banderolas que no crucen las calles, ni limiten la visualización de señales de tránsito.
En todos los barrios de la ciudad se encuentran vestigios elocuentes de la intensidad que tuvo la última campaña electoral. Paredes, portones, columnas de alumbrado y el mobiliario urbano, han servido de soporte para las clásicas pintadas, las pancartas con el rostro de los candidatos y los eternos pasacalles. En cualquier época del año, la colocación de este tipo de anuncios se encuentra severamente restringida por las disposiciones del Código de Publicidad, pero cuando llegan las elecciones, empieza un periodo donde todo vale.
El Código de Publicidad fue probado por ordenanza municipal el 6 de diciembre de 2001. La aplicación de sus normas permitió resolver alguno de los problemas de contaminación visual que impactaban negativamente en las principales avenidas de la ciudad. Aunque también constituyó la base de un lucrativo negocio que se desarrolló con la explotación privada de las carteleras de obra, permitiendo además, una mejora en los ingresos municipales a partir de los derechos de publicidad y propaganda.
Sin embargo, en materia de campañas electorales, el control es prácticamente nulo y se impone una protección corporativa a los aparatos propagandísticos partidarios. Como consecuencia de este accionar permisivo a la Municipalidad, y desaprensivo de muchas fuerzas políticas, numerosos sectores urbanos se ven degradados por las pintadas y pegatinas que se repiten cada dos años con mayor intensidad.
Si los actores políticos de la ciudad aceptaran las reglas de juego vigentes se podrían disminuir notablemente las agresiones al espacio público.
Como regla general, el Código de Publicidad establece que se encuentra prohibido la fijación directa de afiches en las fachadas de los edificios, medianeras, tapiales, cercos o elementos del equipamiento urbano, con la excepción de la fijación sobre carteleras o pantallas de propiedad privada en las vallas provisorias de obras en construcción y de anuncios de venta y/o alquiler. (Art. 37) Tampoco se pueden colocar anuncios en monumentos, estatuas, puentes y viaductos, edificios de valor histórico o cultural o edificios públicos. Ni en plazas, parques, paseos públicos, aceras, calzadas o canteros de avenidas. Idéntica limitación rige para árboles, postes o columnas de alumbrado público y de otros servicios públicos. (Art. 41)
Si bien estas restricciones son de cumplimiento obligatorio para todos los vecinos, en cualquier época del año, durante el periodo de campañas electorales se relativizan. En un capítulo especial del Código de Publicidad se establece que la colocación de anuncios de propaganda política institucional quedará sujeta a una serie de condiciones particulares: se deberá pedir autorización para colocar anuncios que no estén de acuerdo a las normas del Código; el permiso otorgado no podrá exceder los 45 días corridos anteriores a la fecha de las elecciones programadas; y los partidos quedan exentos del pago de los derechos de publicidad, salvo que contraten espacios en las carteleras privadas. (Art. 51)
Como requisito final, se establece que los anuncios instalados durante la campaña electoral deberán ser retirados, por el partido o lista titular del permiso de publicidad, en un plazo máximo de 10 días posteriores a la fecha de la elección, caso contrario, la Municipalidad ejecutará el trabajo con su personal para luego cobrárselo al responsables de la instalación de los anuncios.
El plazo vence este 11 de julio, y por lo que se puede apreciar en la calle, nadie se ha preocupado por su cumplimiento. La mayoría de las fuerzas políticas dejó sus desechos de campáña, incluida la lista que encabezó el intendente de la ciudad, Ezequiel Martín Balbarrey, en busca de su reelección.
Según informó la Municipalidad de Rosario, la limpieza del mobiliario urbano luego de la última campaña electoral ya comenzó y la misma tendrá un costo aproximado de $50.000.
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