PREGUNTAS PARA RAFAEL BIELSA

Miles de argentinos reiteraron su reclamo de juicio y castigo a los responsables del genocidio desatado por la ultima dictadura militar. En el centro de las críticas estuvo la Cámara de Casación Penal que recientemente apartó al juez federal Reinaldo Rodríguez de la denominada causa Brusa. Mientras crece el temor por las consecuencias de esta decisión, algunos memoriosos reflotan una polémica que envolvió al diputado nacional Rafael Bielsa, en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner. Según el periodista Horacio Verbitsky, el ex canciller fue instrumento útil de una operación política orquestada para consagrar la impunidad de los militares represores.

El pasado 24 de marzo, el presidente Néstor Kirchner reclamó desde Córdoba que la Justicia agilice el trámite de las causas penales referidas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. “Basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren”, dijo el primer mandatario durante el discurso brindado en el ex centro clandestino de detención La Perla.

Este acto central por el Día Nacional de la Memoria, instaurado por el gobierno nacional en conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sirvió como plataforma de lanzamiento de una nueva ofensiva presidencial contra algunos estamentos de la justicia federal renuentes a permitir el avance de los juicios que en todo el país se siguen contra los represores de la dictadura. “¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados años juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?”, preguntó retóricamente Nestor Kirchner.

La arenga llega en un momento especial para los santafesinos que buscan justicia. Un reciente fallo de la cuestionada Cámara de Casación Penal separó al juez federal Reinaldo Rodríguez de la denominada causa Brusa, luego de cinco años de investigación, decenas de testimonios, y miles de hojas acumuladas en el voluminoso expediente 311. Con esta resolución puede quedar clausurada la posibilidad de llegar al primer juicio oral contra los criminales de la dictadura en nuestra provincia.

Por ello, es comprensible que la investigación sobre violaciones a los derechos humanos se instale como un tema central en la agenda política provincial, y que incluso, comience a repercutir en el escenario electoral. Una muestra de esta predisposición la tuvimos en el cruce Bielsa-Favario sobre los compromisos de ambos dirigentes en el último gobierno militar. El demoprogresista no puede ocultar su participación en la gestión de facto que encabezó Alberto Natale en la municipalidad de Rosario. Pero al ex canciller le aparecieron varias manchitas que lo ubican como asesor de Pinochet y colaborador en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), en el último tramo de la dictadura.

Pero hay quienes sostienen que esta no es la única ropa sucia que se guarda en el armario del diputado nacional porteño que aspira a la gobernación de Santa Fe. Según el abogado Jorge Pedraza, Rafael Bielsa debería aclarar qué grado de responsabilidad tuvo respecto a la maniobra que el periodista Horacio Verbitsky viene denunciando en las ediciones dominicales de Página/12. Cuando se resolvía la transición de Eduardo Duhalde hacia Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación, se produjo una ofensiva política para que la Corte Suprema de Justicia (todavía menemista) legitimara con un fallo las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cerrando definitivamente los juicios contra los militares comprometidos con el terrorismo de estado.

La maniobra habría sido urdida por el entonces Jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, el ex ministro de Defensa José Pampero, Julio Nazareno desde la Corte y el cardenal Bergoglio en la Catedral Metropolitana. La participación de Bielsa, según Verbitsky, fue transmitir el mensaje de los conspiradores al electo Néstor Kirchner, quien finalmente no compró el buzón que le ofrecía el hombre que aspiraba a ser ministro de Justicia de la Nación.

Pero antes de avanzar en interpretaciones apuradas conviene repasar lo publicado en los últimos años por el principal columnista del diario Página/12.

“La prueba”
Horacio Verbitsky – 25/05/03

Kirchner desechó el plan canje de Impunidades que habían negociado Brinzoni y Nazareno con el gobierno saliente. El ministro de Defensa Pampuro mencionó las leyes de punto final y obediencia debida como uno de los dos temas centrales de preocupación para las Fuerzas Armadas. Kirchner le indicó que la política de su gobierno se basaría en “Memoria y Justicia”. Con Brinzoni pasan a retiro dos de cada tres generales. Beliz y Acevedo impulsaron el juicio político a la Corte.

Las confusiones de Pampuro y Duhalde fueron inducidas por las salientes jefaturas de Estado Mayor del Ejército y la Armada. Las leyes de impunidad no constituyen una prioridad para las Fuerzas Armadas, donde el 99 por ciento de sus cuadros en actividad por razones generacionales no intervino en la guerra sucia. Sí interesa al general Brinzoni, quien llegó a convencer a Rafael Bielsa de que nada menos que 300 oficiales en actividad del Ejército serían detenidos de no confirmarse la validez de las leyes. Esa cifra se aproxima a la de los actuales coroneles y generales que iniciaron su carrera en los años de la dictadura militar, pero no guarda relación alguna con el número de quienes podrían recibir alguna acusación. Después de años de seguimiento minucioso del escalafón por parte de los organismos de derechos humanos es de alta improbabilidad que se denuncien nuevos hechos no conocidos hasta ahora. Bielsa repitió con ingenuidad el dato interesado de Brinzoni, en un programa de televisión y en declaraciones al diario La Nación, donde fue mencionado como “virtual ministro de justicia”. Su derivación hacia la Cancillería fue la mayor sorpresa del gabinete de Kirchner, quien no explicó las razones del cambio. Las denuncias a las que alude Duhalde fueron formuladas cuando ocurrieron los hechos y la desaparición de jueces y testigos es apenas una sugestiva expresión de deseos del mandatario saliente. Los únicos desaparecidos son las víctimas de la dictadura. Contra lo que parece creer Duhalde, no se juzga a las Fuerzas Armadas sino a quienes cometieron crímenes imperdonables y que hoy no forman parte de sus filas. Y los jueces hasta ahora han demostrado que saben muy bien qué hacer. A la metáfora médica de Duhalde puede responderse con otra: para que las heridas cierren y no se reabran, primero hay que curar la infección, que es lo que la justicia ha venido haciendo en los últimos años.

“La palabra justa”
Horacio Verbitsky – 04/12/05

Bielsa fue designado (canciller) por Kirchner quien valoraba una serie de rasgos que atribuía a su personalidad pero que no se manifestaron durante su desempeño.

Just friends

El primer desentendimiento se produjo muy rápido, cuando Bielsa hizo trascender que era “amigo” del canciller estadounidense Colin Powell. “Si hubiera querido eso, elegía otro canciller”, le advirtió Kirchner, quien sorteó a Bielsa para enviar un mensaje a Washington: “No cubanicemos la relación. Hay temas más importantes entre la Argentina y Estados Unidos”. El punto de no retorno se alcanzó en diciembre de 2004, cuando Bielsa contradijo esa política y en una audiencia con Powell planteó el tema de los disidentes cubanos, según consta en la minuta oficial tomada por el embajador Bordón. Al día siguiente la ex dirigente comunista Hilda Molina se refugió en la embajada Argentina en La Habana, que la esperaba con la puerta abierta por orden que Bielsa transmitió desde Washington. Por arbitraria que sea la decisión del gobierno cubano de impedir el éxodo de la notoria disidente, ningún presidente puede admitir que su canciller desarrolle un juego personal más próximo al gobierno de Bush que al propio. La candidatura fue una forma de terminar sin escándalo esa relación agotada. Pero durante la campaña el candidato no tuvo mejor idea que elogiar a Duhalde luego de la mención de CFK a Francis Ford Coppola. A eso llama pensamiento independiente la nostálgica derecha Argentina.

“La conjura”
Horacio Verbitsky – 25/06/06

La referencia que Kirchner hizo en España a las presiones que sufrió antes de asumir para que se cerraran los juicios por violaciones a los derechos humanos no es casual. Aunque no dio nombres, entre quienes le plantearon la cuestión estuvieron el ex senador Eduardo Duhalde y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Duhalde acababa de indultar a Mohamed Seineldín, Enrique Gorriarán y dos decenas de civiles y militares que junto a ellos se alzaron en armas durante gobiernos constitucionales. En un diálogo con el diario de Daniel Hadad, el encargado provisional de la Defensa y las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina agregó: “Los jueces no saben qué hacer, con detenciones que muchas veces son injustas, con unas Fuerzas Armadas que han tenido un comportamiento ejemplar en los últimos años. Permanentemente no se puede estar sobre ellas. No imagino un país que no cierre las heridas”. El jefe de Estado Mayor del Ejército y su secretario político, generales Ricardo Brinzoni y Daniel Reimundes, habían negociado un acuerdo con el cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. La Nación publicó en esos días que emisarios de Brinzoni, “le hicieron saber a Kirchner que la Corte está dispuesta a convalidar las leyes de punto final y de obediencia debida si, por su parte, el candidato les promete que no arremeterá contra el tribunal”. El diario que entonces dirigía Claudio Escribano agregó con una metáfora marinera que Kirchner estaría dispuesto a no “agitar las aguas si la Corte convalida el punto final”. ¿Cuál era su fuente? Luego de citar a Rafael Bielsa, a quien llamó “eventual ministro de Justicia de Kirchner”, el diario dijo que deberían declarar ante la justicia 300 militares en actividad y concluyó que “Kirchner no quiere ese escenario. Y calcula que si la Corte clausura los juicios contra los militares, no será él sino el tribunal el que asuma el costo frente a la opinión pública”. Bielsa confirmó que Brinzoni le había suministrado el alarmista número de 300 oficiales en actividad citados a declarar. La mayor sorpresa en la conformación del gabinete fue su aparición en otro ministerio. Kirchner mantuvo en secreto sus decisiones hasta pocas horas antes de asumir. José Pampuro difundía desde el gobierno las condiciones del plan canje y también se inclinaba por la confirmación en sus cargos de los cuatro jefes de Estado Mayor. En un reportaje Pampuro sostuvo que los dos temas principales para las Fuerzas Armadas eran el escaso presupuesto, que dificultaba el funcionamiento, y la validez de las leyes de punto final y de obediencia debida. En otras declaraciones agregó que “hay que mirar hacia el futuro, porque se está iniciando un nuevo camino” y “reabrir situaciones que en la historia Argentina ya fueron analizadas y vistas no se condice con la orientación general del gobierno”. Kirchner contrarió cada una de esas posiciones, descabezó la cúpula castrense que había celebrado el pacto, impulsó el juicio político de los jueces de la Corte Suprema y propugnó la nulidad de las leyes y decretos impulsados por Alfonsín y Menem para garantizar la impunidad. Una vez que comenzó a hablar, no debería descartarse que Kirchner brindara más detalles de esa combinación que desbarató.

“El último intento”
Horacio Verbitsky – 25/03/07

El último intento de reimplantar la impunidad fue realizado en los días previos a la asunción de Kirchner, en una combinación de la que participaron el senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde, el futuro ministro de Kirchner Rafael Bielsa, el entonces jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y varios miembros del cardumen menemista en la Corte Suprema. Como explicó el 1 de marzo de este año ante la Asamblea Legislativa, Kirchner consiguió impedirlo. Al asumir removió a la cúpula castrense que había impulsado la decisión, desplazó a Bielsa desde el ministerio de Justicia hacia la Cancillería y promovió el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema, cuyos nuevos integrantes confirmaron la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida en 2005. Dos años después, el diseño de los juicios sigue pendiente y las instituciones recién parecen advertir que las cosas no ocurrirán en forma espontánea.