DEROGAR LA LEY DE LA DICTADURA
En un gesto francamente superador -destinado a tener un alto impacto político- que pretende instalar en la agenda de discusión pública uno de los temas más escamoteados por el poder, este 24 de marzo la Asociación Madres de Plaza de Mayo, además de reivindicar las consignas históricas en defensa de los derechos humanos y de cárcel a los genocidas, reclamó por una nueva Ley de Radiodifusión.
Por Juan Carlos Giuliani - Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA
Se trata de articular una política de masas que incluya a todos los actores sociales para derogar esa ley de la dictadura, tal como ocurrió recientemente con la Ley Federal de Educación, ese engendro concebido durante el menemismo.
No es casual en la Argentina que tanto el capital financiero como los grandes medios de prensa mantengan la protección blindada que le delegan sendas normas heredadas de la dictadura militar.
En efecto, las leyes de Radiodifusión y de Entidades Financieras sobreviven sin demasiados sobresaltos a más de dos décadas del retorno de la democracia. Desde diciembre de 1983 ningún gobierno se ha animado a ponerle el cascabel al gato y revisar los privilegios con que la tiranía militar pagó el silencio cómplice de la prensa y los fabulosos negociados de la banca.
Un modo de refrendar cuales son los límites que impone el Imperialismo a las democracias tuteladas. La señal más nítida para comprender qué temas habilita o ilegaliza el poder real en nuestro país. Y en rigor de verdad, de eso no se habla.
En la segunda década infame, Menem modificó el artículo de la ley que impedía a los propietarios de los medios gráficos ser permisionarios de licencias de canales de televisión y, con ello, le abrió las puertas a Clarín para quedarse con Canal 13.
Posteriormente, en mayo de 2005, sorpresivamente y sin que mediara ninguna discusión ni reclamo público, el presidente Néstor Kirchner sancionó el Decreto 527 que establece la suspensión del plazo de licencias de empresas de radiodifusión por 10 años. De esta manera los actuales propietarios de medios se vieron beneficiados por una medida que suspendió el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince años más diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término original.
Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional del Gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, un amplio arco de organizaciones sociales, políticas y culturales, entre las que se cuenta la CTA que lo ratificó en el Séptimo Congreso Nacional de Delegados en marzo de 2006, expresó un explícito y contundente rechazo.
El Decreto 527 benefició especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982.
Entre tanto, una coalición integrada por más de cien organizaciones que pueblan el campo popular, elaboró la Iniciativa Ciudadana Por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia. Una propuesta condensada en 21 puntos que, hasta el momento, no ha tenido eco alguno en los despachos oficiales.
Allí se sostiene que es indispensable una Ley de Radiodifusión que reemplace a la ley de la dictadura todavía vigente, porque si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La iniciativa considera a la comunicación un bien social, alienta el pluralismo informativo y cultural y define a la radiodifusión como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Las Madres de Plaza de Mayo creen que una nueva legislación en materia de radiodifusión es “indispensable y urgente” para alcanzar una sociedad de mujeres y hombres libres e informados en la que todos los sectores tengan voz.
La indiscutible autoridad moral de los pañuelos blancos de nuestras Madres, alienta alguna esperanza de que el poder deje de hacer oídos sordos y atienda, como corresponde, este reclamo de estricta justicia.
Concentración económica, concentración mediática
La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA) ha reclamado al Gobierno nacional la participación de las organizaciones gremiales y de todos los trabajadores de los medios y la cultura en el debate sobre qué tipo de comunicación queremos para el país. Es inaceptable que resoluciones directas o discusiones de leyes, que afectan a miles de trabajadores de prensa y a millones de habitantes de Argentina, la tomen algunos funcionarios y empresarios encerrados entre cuatro paredes.
Se trata de articular una política de masas que incluya a todos los actores sociales para derogar esa ley de la dictadura, tal como ocurrió recientemente con la Ley Federal de Educación, ese engendro concebido durante el menemismo.
No es casual en la Argentina que tanto el capital financiero como los grandes medios de prensa mantengan la protección blindada que le delegan sendas normas heredadas de la dictadura militar.
En efecto, las leyes de Radiodifusión y de Entidades Financieras sobreviven sin demasiados sobresaltos a más de dos décadas del retorno de la democracia. Desde diciembre de 1983 ningún gobierno se ha animado a ponerle el cascabel al gato y revisar los privilegios con que la tiranía militar pagó el silencio cómplice de la prensa y los fabulosos negociados de la banca.
Un modo de refrendar cuales son los límites que impone el Imperialismo a las democracias tuteladas. La señal más nítida para comprender qué temas habilita o ilegaliza el poder real en nuestro país. Y en rigor de verdad, de eso no se habla.
En la segunda década infame, Menem modificó el artículo de la ley que impedía a los propietarios de los medios gráficos ser permisionarios de licencias de canales de televisión y, con ello, le abrió las puertas a Clarín para quedarse con Canal 13.
Posteriormente, en mayo de 2005, sorpresivamente y sin que mediara ninguna discusión ni reclamo público, el presidente Néstor Kirchner sancionó el Decreto 527 que establece la suspensión del plazo de licencias de empresas de radiodifusión por 10 años. De esta manera los actuales propietarios de medios se vieron beneficiados por una medida que suspendió el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince años más diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término original.
Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional del Gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, un amplio arco de organizaciones sociales, políticas y culturales, entre las que se cuenta la CTA que lo ratificó en el Séptimo Congreso Nacional de Delegados en marzo de 2006, expresó un explícito y contundente rechazo.
El Decreto 527 benefició especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982.
Entre tanto, una coalición integrada por más de cien organizaciones que pueblan el campo popular, elaboró la Iniciativa Ciudadana Por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia. Una propuesta condensada en 21 puntos que, hasta el momento, no ha tenido eco alguno en los despachos oficiales.
Allí se sostiene que es indispensable una Ley de Radiodifusión que reemplace a la ley de la dictadura todavía vigente, porque si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La iniciativa considera a la comunicación un bien social, alienta el pluralismo informativo y cultural y define a la radiodifusión como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Las Madres de Plaza de Mayo creen que una nueva legislación en materia de radiodifusión es “indispensable y urgente” para alcanzar una sociedad de mujeres y hombres libres e informados en la que todos los sectores tengan voz.
La indiscutible autoridad moral de los pañuelos blancos de nuestras Madres, alienta alguna esperanza de que el poder deje de hacer oídos sordos y atienda, como corresponde, este reclamo de estricta justicia.
Concentración económica, concentración mediática
La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA) ha reclamado al Gobierno nacional la participación de las organizaciones gremiales y de todos los trabajadores de los medios y la cultura en el debate sobre qué tipo de comunicación queremos para el país. Es inaceptable que resoluciones directas o discusiones de leyes, que afectan a miles de trabajadores de prensa y a millones de habitantes de Argentina, la tomen algunos funcionarios y empresarios encerrados entre cuatro paredes.
Se ha pronunciado, además, a favor del desarrollo, fortalecimiento y otorgamiento de licencias a más de 5.000 radios AM y FM de todo el país, en las que trabajan 50.000 profesionales de la comunicación. Los trabajadores de la cultura y la comunicación son los principales generadores y productores de contenidos de los medios y no tolerarán ser los invitados de piedra en el debate sobre qué comunicación queremos para el país.
La FETRACCOM aboga por medios públicos pluralistas y con participación activa de los trabajadores. Apoya el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social, y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios comunicacionales.
Que las Madres hayan decidido reivindicar la necesidad de una nueva Ley de Radiodifusión en el 31 aniversario de la instauración del Terrorismo de Estado, es una buena noticia.
Transcurren tiempos de compromisos, de tomar posiciones, de luchar contra aquello que no se quiere. No hay espacio para los neutrales. No existe la neutralidad. Un Mundo Mejor es Posible. Una Cultura Mejor es Posible. Una Comunicación Mejor es Posible.
La FETRACCOM aboga por medios públicos pluralistas y con participación activa de los trabajadores. Apoya el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social, y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios comunicacionales.
Que las Madres hayan decidido reivindicar la necesidad de una nueva Ley de Radiodifusión en el 31 aniversario de la instauración del Terrorismo de Estado, es una buena noticia.
Transcurren tiempos de compromisos, de tomar posiciones, de luchar contra aquello que no se quiere. No hay espacio para los neutrales. No existe la neutralidad. Un Mundo Mejor es Posible. Una Cultura Mejor es Posible. Una Comunicación Mejor es Posible.
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