EL PASADO QUE VUELVE

El represor denunciado como empleado de la Defensoría del Pueblo se llama Juan Andrés Cabrera. Ingresó al organismo en 1991 promovido por el actual diputado provincial Norberto Nicotra. En el año 2000 Maria Angélica Gastaldi firmó su retiro voluntario otorgándole un beneficio de $34.000. Vive en Rosario pero tiene su domicilio electoral en la localidad cordobesa de Cosquín.

La semana pasada, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (ARI), presentó un pedido de informes referido a la actuación en el ámbito de la administración pública Provincial, de un represor conocido como Jorge o Andrés Cabrera, acusado judicialmente por su participación en varios casos de privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio cometidos en el centro clandestino “Quinta de Funes” y durante el denominado “Operativo México”.

La legisladora pedía precisiones sobre la fecha de ingreso al estado; funciones asignadas; responsables de las reparticiones en donde Cabrera hubiera prestado servicios; y en particular tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

Consultada por Fuera de Foco, Alicia Gutiérrez explicó: “Cabrera primero fue empleado del Poder Ejecutivo, tengo entendido que en algún momento ocupó lugares de importancia como habilitado de algún ministerio y luego pasó a la Defensoría del Pueblo.”

A partir de las declaraciones de otro represor - Eduardo “Tucu” Constanzo - y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de la inteligencia mexicana, se pudo establecer con un alto grado de certeza, que uno de los integrantes del grupo de tareas que participó el denominado “Operativo México” de enero de 1978, cuando se intentó secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la capital azteca, era Jorge o Andrés Cabrera.

“Esto no es nuevo para los querellantes de la Quinta de Funes, hace varios años, Eduardo Constanzo lo había dicho a los medios, pero no sabíamos quién era “el Barba”. Cuando después de 30 años se liberan los documentos de la Operación México y se conoce la información en poder del gobierno mexicano, ahí se comprobó que una de las personas que participo de ese operativo – además de Amelog - era un tal Jorge o Andrés Cabrera, apodado “el Barba”, que utilizaba documentos falsos y que fue detenido y expulsado del país por parte de las autoridades mexicanas”, agregó Alicia Gutiérrez.

La presentación de Alicia Gutiérrez sumó nuevos elementos a los ya aportados por el “Tucu” Constanzo, en una entrevista radial lograda por el periodista José Maggi en el programa Trascendental (LT8).

“Pero lo que yo quiero decirle es la gente de la patota que anda afuera. Por ejemplo Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en boulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda”, reveló el represor rosarino bajo arresto domiciliario, al tiempo que clamaba protección, porque según dijo, “están buscando cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten, y me pase lo mismo que le pasó a (Héctor) Febres, porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral”.

La reconstrucción de la trayectoria de Jorge o Andrés Cabrera continuó esta semana, cuando Rosario/12 publicó su foto y la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia. Maria Bressa, confirmó el paso de este personaje por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

-¿Lo conoció a Cabrera?

-Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio.

-¿Quien fue el primer Defensor del Pueblo?

-Norberto Nicotra.

-¿En que año ingresó Cabrera?

-La Defensoría empezó a funcionar en noviembre o diciembre de 1991. Yo no tuve contacto con el que era un empleado administrativo, que se retiró en el año 2000 con un retiro voluntario, con una jubilación anticipada que se ofrecía a los empleados públicos. Allí se retiró y nunca más lo vi.

Según relató Alicia Gutiérrez, “en la Defensoría estaba, nada más y nada menos, que en la atención de las víctimas de cualquier tipo de delito, justamente él que había sido victimario”.

Identidad cambiada

El paso del “Barba” Cabrera por la administración pública provincial encierra varios secretos y groseras paradojas. De acuerdo a los documentos obtenidos por Fuera de Foco, el verdadero nombre del personaje identificado por Eduardo “Tucu” Constanzo, Maria Bressa y los querellantes de la causa Quinta de Funes, es Juan Andrés Cabrera, nacido en Rosario el 9 de julio de 1950, con domicilio en Av. San Sebastián al 2300 de la localidad de Pérez.

La confusión sobre su identidad surgió con las primeras declaraciones de Constanzo - que lo llamó Jorge - y en una deliberada táctica de camuflaje dentro de los pliegues de la burocracia estatal que se prolonga hasta nuestros días. En la actualidad, Cabrera no figura en los padrones electorales de Santa Fe, pese a que vive con su familia en la ciudad de Rosario, donde ellos si tienen domicilio electoral. En la base de datos publicada por el diario La Nación, para consultas de los lugares de votación en las últimas elecciones presidenciales, aparece registrado en una mesa de la ciudad cordobesa de Cosquín.

Juan Andrés Cabrera ingresó a la Defensoría del Pueblo de la mano de Norberto Nicotra. El 11 de diciembre de 1991, el entonces defensor y actual diputado provincial del justicialismo, firmó la Resolución Nº 020 donde se lo designaba en la planta de personal temporario del organismo con una remuneración equivalente a la categoría 16. El nombramiento alcanzó a otras 13 personas, entre ellas, María Bressa, actual Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.

En diciembre de 1995, Cabrera logra que el Defensor del Pueblo Norberto Nicotra firme su pase a planta permanente. Pero como apenas había logrado terminar la escuela secundaria, siguió cobrando la categoría 16. Sin embargo, este cambio en su situación de revista le permitió poner a toda su familia (esposa y cinco hijos) bajo la cobertura del IAPOS. Luego, su carrera dentro del estado siguió sin sobresaltos hasta finales del año 2000.

Ese año se aprobó el régimen de retiro voluntario para el personal legislativo. Las razones declamadas por el entonces gobernador Carlos Reutemann eran las clásicas del credo neoliberal sobre la necesidad de “achicar el estado”. Para personajes como Cabrera esto significó una buena oportunidad de llevarse algo de dinero.

Según la Resolución Nº 2845, firmada por María Angélica Gastaldi el 6 de diciembre de 2000, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe acordó otorgarle a Juan Andrés Cabrera la suma de $ 33.495,92, en concepto de licencias no gozadas y retiro voluntario. En el artículo 2 de la Ley Nº 11.787, se estableció que “el agente que esté sometido a proceso penal” no podía acogerse a los beneficios del retiro voluntario. Si en la provincia de Santa Fe no hubiera reinado la impunidad durante tantos años, la actual integrante de la Corte Suprema de Justicia podría haber evitado el pago de un beneficio ilegitimo a un represor de la dictadura.

Como sostuvo la legisladora del ARI en su reciente proyecto, “la gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante la vigencia del terrorismo de estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales”.

Pero esta situación no nos debe sorprender. En los últimos 25 años la administración pública provincial fue un cómodo refugio para muchos de los responsables de los perores crímenes de la pasada dictadura. Personajes como Víctor Brusa, Rodolfo Riegé, Nicolás Correa, Mario Facino, Enrique Álvarez o Rodolfo Isach, ocuparon cargos de importancia en la estructura del estado con el respaldo de la dirigencia del partido justicialista. Ninguno fue repudiado y actualmente gozan de una escandalosa impunidad.