EL CONTROL A LA PERINOLA

El Tribunal de Cuentas estableció que las compras menores del estado solo se controlaran cuando salgan elegidas en un sorteo. Con este método solo un tercio de las adquisiones o contrataciones inferiores a $ 30.000 serán auditadas. Esta flexibilización se hace por aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, exigida por el Banco Mundial. Esta semana terminan las indagatorias en la investigación judicial sobre el sistema de compras irregulares montado desde la Secretaria Privada de la Gobernación durante la última gestión de Carlos Reutemann.

La figura del “estado bobo” frecuentemente se utiliza para señalar – entre otras cuestiones - que la administración pública no aprende de sus errores. Pero tal afirmación supone la existencia de una voluntad de superación y mejora, orientada supuestamente, para alcanzar el bien común. Sin embargo, la experiencia de los últimos años permite argumentar que algunos errores no son inocentes y que las dificultades de aprendizaje en realidad obedecen a una decisión política destinada a satisfacer los intereses particulares de un sector.
Un ejemplo de esto puede verse en el nuevo método de control implementado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. Mientras se incrementan las partidas presupuestarias destinadas a los más diversos fines, y crece la demanda de transparencia, los controles sobre las adquisiciones menores de $ 30.000 se flexibilizan al punto que se deciden por azar.
De acuerdo a la Resolución N° 007/06 del TCP, el “control de legalidad” de los actos administrativos que estén vinculados a la hacienda pública será realizado “selectivamente”. El criterio de esta selección se define mediante un sorteo semanal. Todos los lunes se eligen tres “digitos de control” y solo aquellos trámites cuyo número de terminación coincidan con la elección serán auditados por el Contador Fiscal Delegado de la repartición.
Siguiendo este curioso método, solo un tercio de las compras o contrataciones menores a $ 30.000 que realizan las distintas dependencias del estado provincial, estarán sometidas a un control medianamente riguroso, el resto de las operaciones quedan tácitamente aprobadas.
Las implicancias de esta decisión son enormes. Las compras o contraciones realizadas por “caja chica” involucran millones de pesos cada año. Si un funcionario quiere evitar las preguntas indiscretas sobre una operación presumiblemente ilegal, solo tiene que enterarse cual es el “dígito de control” de la semana y caratular el trámite con una numeración diferente.Según pudo saber Fuera de Foco, los “digitos de control” se comunican telefónicamente al Contador Fiscal Delegado asignado a cada repartición. Por su parte, la elección semanal de los números se realiza utilizando “papelitos” donde se escribe del 1 al 10. Alguién hace un “bollito” y el Contador Fiscal General elige tres. Ninguno de los pasos que conforman este procedimiento queda registrado en actas, por lo que, el margen de discrecionalidad es enorme.

No quieren aprender

Esta semana culminará la ronda de declaraciones indagatorias que el juez Carlos Ferrero lleva adelante para dilucidar como funcionaba el sistema de compras irregulares montado desde la Secretaria Privada de la Gobernación durante la última gestión de Carlos Reutemann. La investigación fue iniciada por una denuncia de la AFIP, presentada luego que la revista Tercer Mundo, publicara un informe donde se revelaba que numerosas adquisiciones realizadas desde la oficina que manejaba la sobrina del primer mandatario – Verónica Reutemann – estaban dirigidas a empresas vinculadas a varios de los empleados a su cargo.
El sistema denunciado operó durante varios años y fue corroborado por una auditoría interna del Ministerio Coordinador culminada en octubre de 2004. El trabajo señalaba en sus observaciones finales que: “Resulta llamativo que en la mayoría de las firmas proveedoras, los apellidos de los titulares sean coincidentes con los agentes de la Dirección General de Administración”, de la Secretaria General de la Gobernación. “De la evaluación de la documentación se observa que la mayoría de los proveedores unicamente operaban con el estado provincial y en particular con ciertas reparticiones dependientes de la Dirección General de Administración”. Agregando que, “en algunos casos se observan proveedores que facturaban asiduamente en un periodo determinado y abruptamente dejaban de facturar a los organismos antes mencionados, surgiendo nuevas firmas en su reemplazo, que a partir de ese momento iniciaban sus actividades”.
La base de esta metodología era realizar compras directas y sucesivas a un mismo proveedor, pero siempre por montos pequeños, con el objetivo de no superar los topes que fija el régimen de contrataciones del estado, y de esa manera, evitar el concurso de precios o la licitación.
Este sistema de compras desdobladas para favorecer a determinadas empresas no fue descubierto por el Tribunal de Cuentas, pese a la obligación existente en ese momento, de controlar “todos” los actos administrativos que comprometan fondos públicos, por más pequeña que fuera la cifra.Si “la oportunidad hace al ladrón” el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha incrementado exponencialmente las posibilidades.

Ley Mercier
La decisión de definir por sorteo el “análisis de legalidad” de los gastos menores del estado no es exclusiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La Resolución N° 007/06 que establece el sistema de los “digitos de control” es consecuencia de la aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, exigida por el Banco Mundial y redactada por el senador justicialista Juan Carlos Mercier.
Esta norma, aprobada en diciembre de 2005, establece en su artículo 205° que el Tribunal de Cuentas realizará la tarea de control “selectivamente” quedando facultado para definir cuales serán los criterios de selectividad.
Las implicancias del artículo 205° generó suspicacias entre los legisladores de la oposición durante su tratamiento en la Cámara de Diputados; aunque luego, socialistas y radicales aprobaron el proyecto del oficialismo. El tema fue abordado en particular cuando Nora Vallejos – presidenta del TCP – visitó la comisión de Hacienda, en noviembre de 2005, para defender la propuesta. En el encuentro, un colaborador de Antonio Riestra (ARI), le preguntó a la funcionaria si los controles disminuirían a partir del nuevo criterio de selectividad. “No está en la voluntad del Tribunal de Cuentas dejar de controlar como se viene haciendo ahora”, aseguró la ex diputada del obeidismo. Cuando le señalaron que la Ley N° 12.510 los autorizaba a controlar solo lo que consideraran pertinente, Nora Vallejos replicó: “No es nuestra intención”.
La Resolución N° 007/06 se publicó en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2006, con la firma de Nora Vallejos (presidenta); Angel Espósito (vocal); Horacio Alessandria (vocal); José Luis Betello (vocal subrogante); y Bernardo Salzman (vocal subrogante).