CAPITAL PROVINCIAL DEL ENGANCHADO

Santo Tomé es una de las ciudades santafesinas con mayor porcentaje de robo de energía eléctrica. En los últimos dos años se labraron 4.500 actas de infracción. En los barrios céntricos se detectaron los problemas más graves. Mientras tanto crece el reclamo para que se respeten los derechos del usuario.
Publicado en revista Santo Tomé Investiga - Octubre 2006
En el edificio central de la Empresa Provincial de Energía, en calle Primera Junta de la ciudad de Santa Fe, se encuentran guardados los artilugios más curiosos hallados en los procedimientos antifraude realizados a lo largo y ancho de la provincia. Esta pequeña colección ha ido creciendo en cantidad y calidad a medida que se extendieron los controles y “el ingenio popular” se acomodaba a los cambios en las políticas de control de la empresa provincial. La mayoría de estos elementos son medidores adulterados que han sido cuidadosamente catalogados y son utilizados con fines didácticos para descubrir las tácticas que van surgiendo desde el campo de ese enemigo multiforme y extendido que todos los años se lleva 80 millones de pesos por robo de energía eléctrica.
Seguramente, varios de esos medidores fueron descubiertos en Santo Tomé, donde los niveles de fraude, hurto y robo de energía eléctrica llegan a valores de escándalo. Esto pudo ser comprobado por las cuadrillas que recorrieron los barrios San Martín, Loyola y General Paz en enero de 2005. Los datos de ese operativo arrojaron que sobre 1.639 clientes inspeccionados, 1.205 presentaban algún tipo de irregularidad en la conexión de bajada, lo que representa el 73% de los casos. Estos resultados convirtieron a la ciudad en uno de los lugares con mayor porcentaje de perdidas en la provincia.
Desde ese momento los controles se ajustaron y se extendieron a otros barrios de la ciudad, llegando a labrarse hasta la fecha más de 4.500 actas de infracción; de las cuales, 1.200 dieron origen a una denuncia en la justicia penal, mientras que el resto se manejo por la vía administrativa con el objetivo de recuperar parte del valor de la energía robada.
Muchas de estas actuaciones originaron reclamos de los clientes denunciados por hurto o robo de electricidad, debido a la supuesta arbitrariedad de la EPE al momento de realizar las inspecciones o determinar la deuda reclamada. Pero más allá de las circunstancias de cada caso, lo cierto es que la masividad de los operativos, ha puesto en un primer plano la necesidad de establecer reglas claras entre los usuarios y la empresa.Según estimó el ingeniero Dante Adalia, Jefe del Area de Control de Perdidas de la EPE, las inspecciones realizadas en 2005 y 2006 permitieron incrementar la facturación de la sucursal Santo Tomé en 1 millón de pesos anuales; mientras que el recupero por energía no registrada alcanzó los 350 mil pesos para el mismo periodo.
Pero llegado este punto, conviene señalar algunos aspecto importantes para entender la dimensión del problema: los ingresos de la EPE se encuentran limitados por la imposibilidad política y social de aumentar las tarifas; las mayores compras de energía en el mercado mayorista para abastecer la demanda creciente de hogares, comercio e industria elevaron los costos internos de la empresa; el mayor consumo de energía requiere de importantes inversiones que alguien debe financiar; y como resultado de los condicionantes anteriores se ha previsto un deficit de 103 millones de pesos, que en parte será cubierto por el estado santafesino mediante un aporte de 75 millones en 2006. En este contexto, recuperar una parte de las perdidas por hurto de energía - que corresponden mayoritariamente a usuarios con capacidad de pago - es un camino inevitable que deben transitar las actuales autoridades de la distribuidora eléctrica provincial.
Perdidas millonarias
Todos los años la Empresa Provincial de Energía deja de facturar 80 millones de pesos por razones que se podrían evitar. Este número, tantas veces repetido, pierde su real dimensión sino se lo ubica en el contexto de una sociedad llena de carencias. Conviene recordar además, que el gobierno de la provincia auxiliará a la EPE con 75 millones de pesos durante 2006, por lo que vale preguntarse, cuántos son los proyectos que se podrían concretar si ese déficit no existiera.
Solo a modo de ejemplo, se puede decir que las perdidas de la EPE equivalen: al consumo eléctrico anual de 111 mil hogares de clase media; al valor de 53 mil equipos de computación; a 67 millones de raciones de comedor escolar; al costo de construcción de 1.300 viviendas básicas; al sueldo promedio de 66 mil maestros de grado; o al gasto anual que demandarían 22 mil planes sociales de 300 pesos cada uno.
Por ello, tampoco debe perderse de vista que gran parte de las perdidas por robo de energía se originan en sectores acomodados que tienen capacidad de pago. Así lo explica el ingeniero Dante Adalia, Jefe del Area de Control de Perdidas de la EPE: “La empresa tiene una energía operada de 8.000 gigavatios/hora, esta es la energía que entra al sistema. De esa cantidad anual se factura el 78%, lo que quiere decir que tenemos perdidas totales del 22%, de las cuales, el 10% corresponde a perdidas técnicas que no pueden ser evitadas por ninguna empresa de energía del mundo. Entonces, las perdidas no técnicas, que corresponden a fraude o hurto son el otro 12%. Este porcentaje significa una perdida aproximada de 80 millones de pesos al año. De este monto, solo 35 millones de pesos corresponden a los barrios carenciados de toda la provincia”.
Sobre este punto, el funcionario remarca que los restantes 45 millones que se pierden al año, “corresponden a usuarios con capacidad de pago” que viven en zonas no carecientes. “Están en zonas muy buenas de las ciudades y nosotros tenemos un especial seguimiento de esta gente, porque tenemos en el sistema informático los antecedentes de consumo y ahora hemos desarrollado – y estamos en etapa de prueba – un sistema inteligente que detecta con altisimo grado de acertividad al usuario que tiene irregularidades en su consumo”, dijo Adalia.
Respecto a los resultados de los operativos de control, Adalia explicó que, “en el último tiempo hemos logrado disminuir las perdidas en un 1,5% - lo cual es inédito en empresas del estado - que significó un recupero de 25 millones de pesos y de 90 millones de kilovatios/hora en el último año”.En cuanto a las denuncias presentadas por hurto de energía, precisó que, “a nivel provincial tenemos unas 23.000 al año. En Rosario son 12.000 y en Santa Fe serán 1.400 denuncias al año”.
Adalia destacó que en Santo Tomé las irregularidades detectadas fueron muy importantes. “En la ciudad tenemos unos 25.000 clientes y encontramos un nivel altísimo de perdidas no técnicas por fraude. Entre el 40 y 50 por ciento de la población tenía problemas en este sentido. Se han hecho denuncias a partir que se encontraban las anormalidades y logramos disminuir mucho estas perdidas. Hay problemas en el setor carenciado, pero la principal incidencia en Santo Tomé es en sectores con capacidad de pago. Comercio, industria y residencial”. Si bien en la empresa conocen el poder disuasivo de la denuncia penal, también son conscientes de las demoras y dificultades con que se mueve la justicia santafesina. “Está sobrepasada con otros tipos de delitos, así que con el fraude eléctrico incrementamos más ese desborde. Por ello, según el tipo de fraude que se detecte hacemos la denuncia policial y judicial o buscamos otra vía de arreglo”.
Para el futuro, el ingeniero Adalia confía en que “no habrá un solo fraude que no pueda ser detectado”, adelantando que la empresa se está preparando para inspeccionar 170.000 clientes en Rosario y 100.000 en Sante Fe, abarcando también San Lorenzo y el interior de la provincia. “Vamos a incrementar el personal y los vehículos, y a través de la búsqueda del sistema inteligente que desarrollamos, tenemos una precisión del 80% para encontrar un caso de fraude. Cada vez va a ser más dificil robar energía”, prometió.
Enganchados
Las técnicas utilizadas para el robo de energía son variadas y su nivel de sofisticación depende de la posición socioeconómica del “enganchado”. El objetivo básico es consumir energía sin que esta quede registrada en el medidor y evitar que la maniobra sea detectada por los procedimientos de control. En los barrios periféricos el método es sencillo: conexión directa a los cables de distribución sin pasar por el medidor, ya que muchas veces, este no existe. Es facil de descubrir pero también es sencillo volverse a “enganchar”.
Un paso más adelante se encuentra la técnica de “puentear” el medidor. Para ello se realiza una conexión entre los cables de bajada y los cables que salen del medidor e ingresan al domicilio. Si el trabajo es precario y se hace “por afuera” es facilmente detectado por el empleado que realiza la lectura del medidor. Igualmente se requiere de cierta pericia porque se deben manipular conductores conectados a la red. En cambio, si fue ejecutado por un electricista, el puente seguramente fue camuflado mediante conexiones internas embutidas en la pared que no pueden ser descubiertas a simple vista. De todos modos, cuando se instaló el sistema preemsanblado se instalaron nuevos cables de bajada de tipo “concéntrico” muy difíciles de cortar para realizar un empalme. Fue así como se descubrieron miles de “puentes” que luego no pudieron ser reinstalados.
Pero como se sabe “el ingenio popular no descansa”, y luego del preemsanblado, comenzarón a extenderse nuevos métodos de fraude acordes a la capacidad de pago del cliente. En estas maniobras fue determinante el papel jugado por los empleados infieles de la empresa que conocián los secretos y debilidades de los medidores.
Hubo un tiempo donde el truco consistía en invertir los cables conectados al medidor. Como el disco de lectura gira por el efecto magnético de una bobina, intercambiando los polos, el contador marcaba para atrás. La respuesta de la EPE fue introducir medidores con un sistema antiretroceso primero, y luego, instalar equipos que efectuan la lectura en ambos sentidos. Pero la clave del exito de estas maniobras era conseguir los precintos de seguridad, para evitar que la manipulación de la caja sea detectada. Este elemento solo se conseguía dentro de la EPE.
Y como cualquiera se puede imaginar, el mayor grado de sofisticación para concretar el fraude vino desde adentro de la empresa. El artilugio consitía en abrir el medidor y agregar algún elemento que frenara el movimiento del disco de lectura para que se registrara menos energía de la realmente consumida. El problema a resolver fue el siguiente: ¿Cómo alterar el sistema interno de un medidor sin ser descubierto? La solución fue práctica y audaz. Se sacaba el medidor de la caja, se lo reemplazaba por uno “muleto”, se abría el equipo en las instalaciones de la EPE o en algún taller particular, se alteraban sus parámetros de medición, y luego se lo volvía a instalar. Este sistema fraudulento fue descubierto recientemente por las TOE en Rosario y San Lorenzo, y derivó en la detención y procesamiento penal de varios empleados de la empresa y comerciantes involucrados.
Al margen de estos casos, las cuadrillas de control detectaron maniobras desopilantes para intentar engañar al medidor. Algunos ejemplos: tirarle tierra o aceite, colocarle nidos de pajaros, o introducir roedores muertos.
Derechos y garantías
La intensificación de los controles en Santo Tomé provocó la reacción de muchos usuarios que denunciaron un supuesto accionar arbitrario de la EPE en la inspección de las instalaciones y en la determinación de las deudas. Advierten que se violan garantías constitucinales y los derechos del consumidor; ya que, no se les permite presenciar los procedimientos, constatar las irregularidades detectadas, y ejercer su derecho de defensa.
La controversia no es nueva y pone en evidencia el atraso que existe en Santa Fe para reconocerle a los usuarios de energía eléctrica los mismos derechos que tienen en relación a otros servicios públicos regulados por el estado.La solución de este problema fue reclamada por la filial local de ADELCO. La entidad presentó el 2 de febrero pasado “Una propuesta de trabajo para la transformación de la EPE”. En ella se contemplan una serie de modificaciones internas tendientes a garantizar una relación más equilibrada entre usuarios y empresa, que pueden servir de referencia para el debate que agita a un sector de la ciudad.
ADELCO sostiene que el fracaso de la utopía neoliberal respecto a la eficiencia intrínseca de la empresa privada “no justifica que las Empresas Publicas que han quedado en manos de los distintos gobiernos provinciales sigan dando las paupérrimas prestaciones que en muchos casos brindan violentando de manera sistemática los derechos de los usuarios”. La propuesta sostiene que “es posible llevar adelante un modelo de gestión que integre los mejores aspectos del ámbito público y el privado” que sea ejemplo en el ámbito nacional “con una empresa fortalecida, con usuarios satisfechos y que además contribuya como herramienta estratégica para el desarrollo de la región”.
Para ello se proponen tres objetivos básicos:
1) Proteger los derechos de los usuarios y conciliarlos con la acción, derechos y atribuciones de las autoridades regulatorias y del prestador.
2) Mejorar la gestión empresaria, garantizando el mantenimiento, la rehabilitación, mejora y desarrollo del servicio, asegurando los fondos necesarios para tal fin..
3) Garantizar una adecuada calidad técnica, estableciendo las normas que permitan asegurar niveles de excelencia y eficiencia acordes con la naturaleza del servicio.
Siguiendo esta línea, la entidad advierte que la EPE, “posee un reglamento de suministro que no reúne las mínimas condiciones en cuanto las modernas concepciones respecto a la tutela de los derechos de estos, puesto que este enuncia solamente las obligaciones y responsabilidades de los usuarios para con la firma, pero nada indica sobre los deberes y compromisos de la firma para con los usuarios”. En particular reclama, el establecimiento de normas administrativas que regulen la resolución de conflictos, los resarcimientos económicos, las normas técnicas en cuanto a la calidad de las prestaciones y muy especialmente las regulaciones para los procedimientos antifraudes.
Finalmente, la propuesta de ADELCO apunta a modificar el sistema de relación entre los usuarios y la empresa. Señala que las gerencias comerciales o similares tienen como objetivo principal maximizar los ingresos de la empresa y que se relacionan con los clientes mediante técnicas de marketing. Pero como la EPE es un servicio monopólico con usuarios cautivos, resulta fundamental “la tutela de los derechos de los consumidores y la resolución de conflictos”. Por ello se propone “la creación de un área especifica, que se dedique a recibir y tramitar las quejas de los usuarios que reporte directamente a las máximas autoridades y que cumpla una doble misión, por un lado brindar a los usuarios un trato equitativo y digno, hacerles sentir que son clientes de la firma y por otra parte detectar las falencias de prestaciones, generando un sistema de control interno en cuanto a la calidad y eficiencia del servicio”.
Números al rojo
El déficit proyectado de la Empresa Provincial de la Energía ascendería a los 103 millones de pesos en 2006. El dato fue aportado por el diputado socialista Antonio Bonfatti, a partir de una circular interna, que no fue desmentida por las autoridades de la empresa.
Por otra parte, el balance que la EPE presentó en la Legislatura para el ejercicio 2005, indica que la “perdida neta final” fue de 12 millones de pesos. Si se descuentan los ingresos extraordinarios y los generados por actividades distintas a la distribución de energía, el “resultado operativo” arroja un quebranto de 55 millones de pesos. Según las autoridades del organismo, el resultado negativo del último ejercicio se produce por “la incidencia en el mismo del incremento en el gasto en personal, en las cargas impositivas y en el resultado financiero generado por los pasivos bancarios”.
Para enfrentar esta situación el gobierno provincial resolvió efectuar un aporte extraordinario de 40 millones de pesos para financiar un plan de obras de emergencia que permita superar el próximo verano sin inconvenientes en el servicio. La decisión quedó plasmada en el Decreto N° 1336/05 y se fundamentó en la “imposibilidad de contar con recursos propios que permitan dar respuesta a dichos requerimientos”. Además, el interventor del organismo, Luis El Halli Obeid, solicitó a la Camara de Diputados la inclusión de una partida adicional de 35 millones pesos en el Presupuesto 2007 destinada a financiar las perdidas por los consumos no facturados al sector carenciado de la población.
Autores: Pablo Bosch y Cintia Mignone.