CAMPAÑA ILEGAL

Los tres precandidatos justicialistas a la gobernación de Santa Fe realizan su actividad proselistista ignorando las leyes electorales de la provincia. No respetan el plazo establecido para el inicio de las campañas y utilizan fondos que no serán rendidos en la justicia electoral. Un vacio legal provocado con la derogación de la Ley de Lemas permite esta irregular situación.

Agustín Rossi, Rafael Bielsa y Omar Perotti iniciaron sus respectivas campañas electorales ignorando las restricciones que establecen las leyes provinciales 12.080 y 12.367. No respetan el plazo para el inicio de la actividad proselitista y utilizan recursos que no deberán ser rendidos en la justicia electoral por un vacio legal provocado por la derogación de la Ley de Lemas.

Esta situación no es nueva. En diciembre de 2005 publicamos un informe (ver: Pacto de Caballeros) donde advertíamos que la denominada Ley de Campañas Electorales había caido en desuso por falta de actualización. Esta norma establecía que actividad proselitista no se podía iniciar antes de los treinta días del comicio; exigía a los sublemas designar un responsable económico-financiero encargado de rendir cuentas de los ingresos y gastos de campaña; también limitaba la difusión de encuestas y la publicidad del gobierno durante el proceso electoral; además, creaba un “Fondo Partidario Permanente” destinado a la capacitación de los dirigentes políticos.

Conviene recordar que esta ley fue votada a fines de 2002 cuando todavía resonaban los ecos de las cacerolas reclamando “que se vayan todos” y la distancia entre la sociedad y sus dirigentes había alcanzado la profundidad de un abismo. Inspirados en las recomendaciones de reconocidas organizaciones no gubernamentales del país como Poder Ciudadano, CELS y ADC, los legisladores santafesinos dieron un pequeño paso en dirección a transparentar las formas de financiamiento de los partidos políticos. El objetivo buscado era limitar el tiempo proselitista y los gastos de campaña, para disminuir la necesidad de recaudar aportes privados que luego se terminan pagando con favores políticos desde el cargo público.

Pero el impulso renovador duró muy poco. A partir de la derogación de la Ley de Lemas y su reemplazo por el sistema de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultaneas, la Ley N° 12.080 de Campañas Electorales se transformó en inaplicable por que su texto estaba organizado en torno a los lemas y sublemas, y en una oportuna interpretación, el Tribunal Electoral presidido por Rafael Gutierrez dispuso que los gastos de campaña del primer turno electoral no debían que ser rendidos ni justificados.

De esta manera, la inversión millonaría que las distintas fracciones partidarias hicieron durante las elecciones primarias de septiembre de 2005 quedarón eximidas de la obligación de ser informadas y justificadas ante la autoridad electoral santafesina.

Recién ahora, un proyecto de ley presentado por el diputado Antonio Riestra (ARI), interpreta que el sistema de rendición de cuentas para los gastos de campaña también debe ser aplicado en las elecciones primarias.

Sin embargo, aún admitiendo la falta de actualización de la Ley de Campañas Electorales, el artículo 22 de la Ley N° 12.367, que estableció el nuevo sistema electoral en la provincia, sostiene que: “Efectuada la convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias por el Poder Ejecutivo Provincial, la campaña electoral para la elección primaria abierta deberá iniciarse treinta (30) días antes y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la elección. La emisión, en medios televisivos, de espacios de publicidad destinados a captar el sufragio, se limitará a los diez (10) días previos a la fecha fijada para la elección”.

Pero como saben muchos santafesinos: hecha la ley, hecha la trampa; y en este caso el mecanismo es muy sencillo. Como la autoridad de aplicación de esta norma es el Tribunal Electoral de la Provincia, que no estará constituido hasta mediados de diciembre, ningún funcionario judicial o político puede hacer cumplir el plazo de campaña.

Mientras tanto, los tres precandidatos del justicialismo a la gobernación de Santa Fe, aprovechan este ventajoso olvido desparramando carteles y dinero por toda la provincia, con la tranquilidad de no tener que rendirle cuentas a nadie.