EL HUEVO DE LA SERPIENTE

La designación de Agustín Bassó como jefe de los fiscales santafesinos tuvo al momento de su entrevista con los legisladores algunas expresiones cuanto menos desafortunadas, que retrotraen la mirada hacia la historia reciente del Poder Judicial de la provincia.
Cuando se entrevistaba con los legisladores en septiembre último, el flamante Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tuvo al menos dos expresiones que dejaron boquiabiertos a muchos, excepto a los legisladores. Ni oficialistas ni opositores repreguntaron y parecieron no asombrarse. Pocos días antes, la diputada Alicia Gutiérrez había publicado una nota de opinión cuestionando justamente su pasado como juez de la última dictadura y posibles vínculos con la derecha peronista de los 70.

Cuando el diputado Aldo Strada lo interrogó sobre este tema, introduciendo la pregunta acerca de su amistad con Víctor Hermes Brusa, respondió: “No soy amigo del doctor Brusa”. Y agregó, brutalmente: “Aunque sea me gustaría que me den el Falcon verde para salir a secuestrar gente, porque con mi auto no voy a salir, porque ya han dicho que integraba los grupos de tareas. Yo creo que se están confundiendo de persona... (…) No soy yo. Se equivocan, por eso voy a reclamar el Falcon verde para salir en el grupo de tareas...”

La otra frase que increíblemente pasó desapercibida ante los asambleístas fue: “Todos juramos por lo que se nos pone adelante”, dijo Agustín Bassó. Aludía sin ponerse colorado a su asunción como juez de Primera Instancia del Crimen en Melincué, el 12 de abril de 1978. Bajo su mano no estaba la Constitución, sino el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional que regía las decisiones de la dictadura más sanguinaria de nuestro país.

La provincia de Santa Fe tiene una historia, poco difundida, acerca de la subordinación de los jueces a cualquier libro que se les ponga adelante, sea o no la Constitución. Algunos de los actores de lo que sucedió hace casi 40 años son los mismos que formaron parte este año del gobierno que propuso como jefe de los fiscales a un hombre que renegó de la Carta Magna.

Un paréntesis para la Constitución

En junio de 1968 todo el país estaba convulsionado. Santa Fe no era la excepción. A punto de cumplirse dos años de la “Revolución Argentina”, se acercaba otro aniversario que ponía en tensión al gobierno ejecutor de la “Noche de los Bastones Largos”. En Santa Fe y Rosario se preparaban actos conmemorativos al cincuentenario de la Reforma Universitaria.

La policía rosarina, a cargo del comandante mayor de Gendarmería (R) Abel Horacio Verdaguer emitió una prohibición para los actos, acatando órdenes de autoridades locales y nacionales. En la ciudad del sur, la Comisión de Homenaje decidió apelar la medida. Encontró un juez que sin necesidad de meditar demasiado recordó que no estaba vigente el estado de sitio, por lo que dio curso favorable al recurso de amparo y ofició a la Policía Provincial.

El juez en lo Civil y Comercial Raúl Gardella fue desoído; los integrantes de la Comisión, que contaba entre sus miembros a uno de los firmantes del Manifiesto Liminar, fueron increpados por la policía. El juez se dirigió al lugar para aclararle a la policía que el acto estaba autorizado. Como respuesta, se le dijo que había “órdenes superiores”. El Dr. Gardella insistió, y se produjeron incidentes con detenidos y heridos. Decidió labrar un acta, teniendo como testigos, además de sus funcionarios judiciales, a los doctores Oscar Borgonovo, Alberto Natale y Rafael Martínez Raymonda.

Otra comisión, también en Rosario, preparaba otro acto que, aunque había sido prohibido, igualmente estaba amparado por otro juez, en este caso el Dr. Armando Frávega.

El magistrado se allegó hasta el lugar con el fiscal y su secretaria: las mismas respuestas, pero con incidentes más graves. Un agente policial agredió al fiscal y fue detenido por orden del juez.

Frávega no habrá salido de su asombro. Caminó unos metros y se encontró con el joven vicepresidente del Colegio de Abogados de Rosario, el Dr. Roberto Rosúa, designado por la institución para velar por el cumplimiento del acto. Rosúa se comunicó telefónicamente con el Dr. Virgilio Sánchez Almeyra, integrante de la Corte Suprema de Justicia santafesina. El juez se dio por enterado.

El lunes 17 de junio la Corte emitió una acordada avalando lo resuelto por los magistrados Gardella y Frávega, ya que “aún para el supuesto extremo de que lo ordenado fuera contra derecho, los magistrados son responsables en otro ámbito de lo que deciden, sin que quepa discutirles ni el alcance de sus resoluciones ni la oportunidad de ellas, y menos su legalidad”.

Con este resguardo, los dos jueces impusieron arresto a varios funcionarios policiales por la “gravísima índole de la desobediencia en que incurrieron”. El comandante Verdaguer fue castigado con 15 días de arresto y el comisario Alfredo Bagli con 14.

Verdaguer resistió. Difundió un comunicado en el que se sentaba sobre su posición: se sometía, decía, al Estatuto Revolucionario, no a la Constitución, porque de ella “han surgido entes extraños, como extremismos, etcétera, que se ciernen amenazadoramente sobre la existencia del país; el Estatuto es el paréntesis necesario para contrarrestarlos”

En la capital provincial los incidentes se producían. Hubo detenidos, entre ellos Carlos Narvaja, secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, Carlos Contín y Marcelo Stubrin, tras varias asambleas en las facultades de Ciencias Jurídicas e Ingeniería Química y el Instituto del Profesorado Básico.

Mientras el gobierno a cargo del contralmirante Eladio Modesto Vázquez rumiaba las apelaciones a las decisiones de Frávega y Gardella, y designaba nuevo Ministro de Gobierno, a nivel nacional se tomaban medidas más drásticas, quizás el huevo de la serpiente del actual Poder Judicial Santafesino.

A través de una “ley”, la 17.782, el gobierno de la “Revolución Argentina” intervino al Poder Judicial de Santa Fe. Los fundamentos estuvieron a cargo del ministro del Interior Guillermo Borda y decían:

El pueblo de la República ha visto con estupor que dos jueces de la provincia de Santa Fe, después de hacer lugar a un recurso de amparo destinado a posibilitar la realización de un acto prohibido por el Poder Ejecutivo, se pusieron al frente de una manifestación inequívocamente política, no sólo por sus finalidades, sino también por las personas que la encabezaban (…). Si bien el respeto por la independencia del Poder Judicial es el basamento ineludible del estado de derecho, no es menos cierto que tal respeto sólo es debido en orden a las atribuciones propias de dicho poder. Si, por el contrario, este pretende inmiscuirse en lo que son atributos de los otros poderes del Estado, éstos tienen el deber constitucional de impedir tales excesos. Pues no hay que confundir independencia del Poder Judicial, con gobierno de los jueces (…). En ningún momento podría el Poder Ejecutivo declinar su esencial atributo de mantener el orden; mucho menos podría hacerlo en momentos como el presente, en que muchos países son sacudidos por una ola de violencia instrumentada por minorías extremistas, que persiguen la disolución y la anarquía (…). Si sólo se tratara de una actitud aislada de los aludidos magistrados, el problema debía haberse resuelto por la vía normal de su enjuiciamiento. Pero ha existido otro hecho más grave aún; la Suprema Corte provincial, lejos de condenar la reprobable conducta, la ha apoyado con una declaración pública realmente insólita, pues los tribunales de justicia no pueden hacer manifestaciones respecto del derecho que asiste a quienes se encuentran en conflicto, sino en el expediente en el cual la cuestión está planteada y en el momento de dictar sentencia. Pero el aludido tribunal, en lugar de esperar las actuaciones que debían llegarle por vía de apelación, ha hecho, fuera del expediente, una declaración que además de importar un juzgamiento, tiene un significado político evidente

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia renunciaron en masa. Los doctores Raúl Sala, José Pérez Martín, Virgilio Sánchez Almeyra y Roque Sanguinetti, junto al procurador Rodolfo Giavedoni presentaron su dimisión al gobernador. El Dr. Juan Carlos Mas, integrante del Tribunal Colegiado de Juicio Oral también lo hizo, indicando que no podía convalidar con su permanencia “el inaudito atropello de que ha sido objeto el Poder Judicial de mi provincia”. Algunos otros jueces decidieron también alejarse. No fueron muchos.

Los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario objetaron la medida y advirtieron a sus colegiados que no debían litigar ante los Tribunales “cuyos titulares hayan sido designados, aunque sea por ascenso, por el interventor del Poder Judicial”, el Dr. Darío Sarachaga. Otro grupo de abogados conminó a que ninguno de ellos aceptara designación en el nuevo esquema judicial, ya que incurrirían “en grave falta ética profesional”.

Las honrosas renuncias fueron rápidamente contrarrestadas con nuevas designaciones y las reubicaciones y ascensos de personajes como Carlos Giannone, José Larquía, Adolfo Alvarado Velloso, Eduardo Adad, Raúl Álvarez y Ricardo Ríos Ortiz. El 1º de agosto el nuevo presidente de la Corte, Julio Argentino Casas les tomó juramento, pero no por la Constitución Nacional, sino por ese “paréntesis” tan claramente definido por Verdaguer.

Olvidos

“Todos juramos por lo que se nos pone adelante”, dijo Bassó sin recordar que un par suyo, renunció cuando una dictadura, ayudada por su policía, subordinó al Poder Judicial y cuando de sus colegas, que habían transitado las mismas aulas que él transitaba en esos momentos, dejaron sus puestos avergonzados ante el avasallamiento.

Roberto Rosúa, olvidó también advertirle al gobernador Jorge Obeid, que propuso al nuevo procurador, la vehemencia con que actuó en aquellos días de 1968, cuando estaba seguro que no era obligación jurar por cualquier cosa que estuviera debajo de la mano.

Para ampliar datos acerca de la intervención al Poder Judicial de Santa Fe remitirse a “El Litoral, 30 años después. Sangre, dinero y dignidad”, de Carlos Del Frade (Rosario, 2006) y a la obra digital “Un debate histórico inconcluso en América Latina (1600-2000)"