POLÍTICOS Y PERIODISTAS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA MILITAR

El último número del periódico Edición 4 de la ciudad de Reconquista publica un amplio informe sobre el personal civil de inteligencia (PCI) que operó bajo el mando del coronel Domingo Manuel Marcellini, en el ámbito del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, durante la pasada dictadura militar. Entre los involucrados aparece el periodista Carlos Rafael Cenoz y el dirigente justicialista Enrique Horacio Vallejos. Ambos estarían incluidos en un listado de 50 soplones rentados enviado hace poco tiempo por el Ministerio de Defensa de la Nación al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Tanto Cenoz como Vallejos negaron veracidad de la versión aportada por diversas fuentes al periódico norteño. El primero consideró “una barbaridad” la información y añadió que las mentas “vienen de lejos, de esa época”. El segundo simplemente negó que fuera así. “Para nada”, dijo el abogado actualmente radicado en Ushuaia.

El rastro del personal civil de inteligencia (PCI) que operó en nuestra zona durante la pasada dictadura militar emergió de las sombras cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex dirigente sindical, Horacio Américo Barcos, por delitos de lesa humanidad, entre ellos tormentos y privación ilegítima de la libertad.

El caso se había iniciado con la denuncia de Amalia Ricotti, secuestrada junto a su esposo el 16 de mayo de 1978. Luego de dos años de espera el magistrado federal dispuso una rueda de reconocimiento donde Horacio Américo Barcos fue identificado por su víctima.

Según relató Ricotti, Barcos participó en su secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo - José Alberto Tur - durante 15 días. El torturador ahora procesado fue identificado en varias oportunidades por la mujer, quien le dijo al juez como se lo cruzaba en la peatonal, en la cola de un banco o saliendo del edificio de la actual subsecretaría de Seguridad Pública.

A partir de los datos aportados por la querella se pudo establecer que Barcos fue un activo militante gremial en la década del setenta, vinculando principalmente a la UOCRA de Santo Tomé, cuando la entidad era conducida por Rubén “el mono” Gaziano.

A lo largo de la investigación judicial se realizaron numerosas diligencias, entre las que estuvo, un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, para que aporte información sobre el personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. Luego de sortear las limitaciones establecidas por las leyes de seguridad de la Nación, el Juzgado Federal de Santa Fe recibió un listado de 50 ciudadanos que trabajaron como personal civil de inteligencia (PCI) que todavía aguarda tratamiento por parte del magistrado interviniente. Allí figuraría el nombre de Horacio Américo Barcos, del periodista del multimedios Sin Mordaza Carlos Rafael Cenoz y del ex legislador justicialista Enrique Horacio Vallejos.

Para el abogado querellante Jorge Pedraza, la información suministrada por el Ministerio de Defensa de la Nación tiene una enorme trascendencia “porque nos revela mejor aún cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, cómo se pactó la no revisión del pasado, cómo ciertos dirigentes políticos o gremiales trabajaron juntos en la represión ilegal y por eso luego fueron premiados con posicionamientos legislativos”. (http://www.notife.com/ – 03/11/07)

Bajar archivo para leer informe completo: DivShare File - Edición 4 271107.pdf

FUE ANULADA LA LICITACIÓN PARA REPOTENCIAR EL SISTEMA DE BOMBEO

La decisión fue tomada esta semana por la Municipalidad de Santa Fe. Se habían presentado dos empresas internacionales pero sus ofertas fueron desestimadas por errores de forma. La inversión prevista superaba los 15 millones de pesos. Con esta obra se triplicaba la capacidad de bombeo en la ciudad. Ahora los trabajos sufrirán una postergación.

La obra fue anunciada en un acto multitudinario realizado el pasado 11 de julio en el Palacio Municipal. Estaban presentes el intendente Martín Balbarrey, el ministro de Asuntos Hídricos Alberto Joaquín, el diputado provincial Mario Lacava, el senador Juan Carlos Mercier, todos los concejales del Partido Justicialista (incluido el tránsfuga Rafael López) y funcionarios del gabinete local. En aquella ocasión se firmaron dos convenios, por los cuales el gobierno provincial se comprometía a desembolsar aportará 25 millones de pesos para optimizar la capacidad de bombeo de los sectores oeste y este, readecuar los lagos reservorios, rellenar sectores bajos y trasladar viviendas en situación de riesgo.

A la hora de los discursos, Martín Balbarrey explicó: "Triplicaremos la capacidad de bombeo del Gran Santa Fe por el oeste y el este, incluyendo Recreo, Monte Vera y Rincón. Se van a comprar 30 bombas de más de 2.500.000 de litros horas, con otra cantidad de unidades portátiles móviles a combustible y grupos electrógenos".

Por su parte, el ministro Alberto Joaquín que a partir de esta obra " la Municipalidad pueda contar con un sistema de bombeo adecuado para enfrentar esta nueva situación que implica el cambio climático. No son medidas improvisadas, sino que se basan en estudios profundos que hemos realizado", sostuvo.

Para acortar los plazos administrativos se optó por el llamado a un Concurso Público de Precios. La recepción de las ofertas debía concretarse el 25 de septiembre pero este acto fue postergado hasta el 1º de noviembre. Se presentaron las empresas KSB Compañía Sudamericana de Bombas SA e ITT Flygt Argentina SA. Ambas compañías cotizaron sus trabajos en dólares. La primera ofreció U$S 5.158.628, para los tres ítems de la convocatoria. En tanto, la segunda cotizó U$S 3.486.037 para solo dos ítems.

Ahora se sabe que todo el procedimiento fue anulado por errores en la forma de cotizar las ofertas. La información fue confirmada a Fuera de Foco por el actual secretario de Asuntos Hídricos de la municipalidad, Horacio Ruiz, y por el futuro secretario de Obras Públicas, Roberto Porta.

Según explicó Horacio Ruiz “las ofertas son inadmisibles porque contienen errores jurídicos y formales que no hubieran sido aceptados por el Tribunal de Cuentas y la Provincia”. Ambas empresas cotizaron sus trabajos en dólares y constituyeron las garantías en pesos. “La Ley de Contabilidad (sic) no permite eso”, dijo el actual funcionario municipal.

En tanto, Roberto Porta – futuro secretario de Obras Públicas de la gestión de Mario Barleta – aseguró: "Nos enteramos el lunes que la licitación se había caído. Ahora estamos tomando contacto con las empresas para ver si los plazos se pueden ajustar. Es casi seguro que nosotros tendremos que hacer el nuevo llamado”, sostuvo.

De acuerdo a lo informado por el actual secretario de Asuntos Hídricos, el acto administrativo para anular el concurso de precios aún no fue terminado. La resolución en cuestión ya tiene la firma de dos secretarios (Ruiz y Giusti) y aguarda la rúbrica de Martín Balbarrey. Luego debe ser protocolizada e informada a las empresas.

Simultáneamente, los funcionarios entrantes y salientes deben acordar los plazos para el nuevo llamado a licitación y eventuales modificaciones al pliego. En este sentido, Ruiz destacó la solvencia técnica y la trayectoria de las empresas que presentaron ofertas, estimando que el pliego “no se debe tocar”. Desde una perspectiva diferente, Porta difiere con algunos aspectos del proyecto actual y señala la necesidad de “ajustar las pautas técnicas”.

A modo de referencia, se puede señalar, que la empresa KSB - Compañía Sudamericana de Bombas S.A, fue fundada en 1941 con el objeto de proyectar y producir bombas centrífugas. En 1960 es absorbida por la firma alemana Klein, Schanzlin y Becker, uno de los fabricantes líderes mundiales de bombas y válvulas, con ventas anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, más de 3300 empleados y fábricas diseminadas a lo largo de todos los continentes. Por su parte, la empresa ITT Flygt Argentina es una subsidiaria local de la multinacional fundada en 1901, en Estocolmo, Suecia, que se presenta como "líder mundial en bombas sumergibles, mezcladores y sistemas de aireación"; con un amplio espectro de actividades que involucran a gobiernos, municipalidades y empresas privadas, que buscan "mejorar sus sistemas de aguas, manejo de efluentes cloacales y control de inundaciones".

Por ello, más allá de las primeras explicaciones conocidas, resultada extraño que dos empresas de semejante trayectoria y experiencia en Argentina hayan presentado sus ofertas con los errores formales que derivaron en la anulación del concurso de precios.

OTRO SÚPER ES POSIBLE

En Rosario, uno de los locales de Supermercados Tigre (empresa que estuvo entre las 500 de mayor facturación del país y terminó en vaciamiento) fue recuperado por los trabajadores y se creó un centro cultural, un comedor universitario y popular, y una boca de expendio de productos comunitarios, entre otras cosas. El poder judicial los declaró “ocupantes” (léase okupas), burla magnificada por seis años de realizaciones. La movilización frente a las amenazas, los debates entre obreros, y un manual de paradojas argentinas. Fuente: La Vaca.

En la calle Tucumán al 1300 de Rosario había un supermercado que se transformó en La Toma.
Donde sólo había góndolas, etiquetas y carritos, ahora hay emprendimientos comunitarios y cooperativos, artistas, un centro de economía solidaria, grupos de ayuda psicológica (5.500 consultas atendidas), talleres, cursos y un gran centro cultural.

Donde antes había patio de comidas rápidas (fast food) ahora hay comida más tranquila y mejor, con un enorme Comedor Universitario y Popular que cobra 4 pesos por menú a los becados universitarios y 6 pesos a los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Ha habido 60.000 becas alimentarias estudiantiles y 75.000 menúes económicos atendidos en el Comedor Popular.

La Toma, para colmo, ha hecho algo que los viejos propietarios jamás siquiera intentaron: pagar todos los servicios, y estar al día.

Tigre de papel

Los Supermercados Tigre eran una cadena de 14 establecimientos, que figuraba entre las 500 empresas que más facturaban en la Argentina en un tiempo incierto que los memoriosos llaman “menemismo”. Tenían 1.000 empleados, un establecimiento ganadero, un frigorífico, y la concesión de las sucursales de la cooperativa El Hogar Obrero. Su propietario Francisco Ragunaschi ha sido catalogado como un entusiasta impulsor de la represión durante los saqueos de mayo de 1989 (“alfonsinismo” dirán los memoriosos) y denunció a policías y militares por exceso de “mano blanda” frente a los pobres (hubo apenas unos 20 muertos en la provincia). Ragunaschi –un creativo- fue pionero en imponer el domingo como día de trabajo en los supermercados.

Carlos Ghioldi, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, explica a lavaca: ”La empresa fue vaciada, pero como acá no hay maquinaria que llevarse lo que hicieron fue endeudarse enormemente, no pagar, pasar a concurso de acreedores, y con la administración judicial endeudarse por un valor de 80 veces el valor de su patrimonio. Fue escandaloso y la justicia fue parte de ese vaciamiento ocurrido durante el concurso de acreedores”.

Tal vez se trate de una paradoja, tanto como llamar “justicia” a tales juzgados (como el civil y comercial número 14 de Rosario a cargo de la jueza apellidada Lotti, cuyo inquietante nombre de pila es María de los Milagros).

Los negritos

Los trabajadores tomaron el establecimiento en 2001 cuando además del endeudamiento empezaron a vaciar literalmente el supermercado, llevándose en camiones todo lo que había. Les debían seis meses de salarios. Propusieron realizar un emprendimiento productivo allí, posibilidad que –en plena crisis- fue apoyada por políticos, sindicalistas, representantes religiosos y organismos de derechos humanos, pero no por María de los Milagros, que en una oportunidad les informó a los trabajadores que no se seguiría reuniendo con “negritos” (¿se entiende a quiénes se refería?).

Los negritos tomaron nota del estado de los Milagros.

Ante tal panorama, 35 de los trabajadores decidieron formar una cooperativa (Trabajadores Solidarios en Lucha), hacerse cargo del lugar y convertir La Toma en algo más: una usina de producción solidaria, económica y cultural. En la Argentina, salvo excepciones (nunca tan honrosas como en este caso), los sindicatos han estado mayoritariamente en contra de los trabajadores cuando éstos quedaban desocupados y formaban cooperativas.

Ghioldi quedó instalado a ambos lados de esa paradoja: “Pero aquí las cosas fueron distintas. Yo era delegado en la época de El Hogar Obrero, luego encabecé la lucha, y ahora soy secretario gremial y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Comercio. Hubo muchos lugares con una dicotomía entre trabajadores y sindicato. Acá no. Acá somos lo mismo”.

Obreros versus obreros

Ghioldi considera que el rechazo de muchos sindicatos a sus propios ex trabajadores es por “un esquema de funcionamiento que no todos los sindicalistas están dispuestos a saltar. Es el que dice que un trabajador despedido, que no aporta, deja de pertenecer al sindicato”. Ghioldi reconoce que el problema no es sólo de burócratas: “Pasa también con las bases. A mucha gente del gremio no le cae simpático que el sindicato esté tan involucrado en La Toma. Te dicen: “¿Y por que no se van a buscar trabajo y se dejan de joder?”

Los dirigentes del sindicato, en casos así, no hacen seguidismo: “Les discutimos a los compañeros, les decimos que se equivocan, y que vamos a defender La Toma hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende? Hay que decirlo, si fuera distinto viviríamos en Rusia del año 17 o Cuba del 59. Pero no, estamos en la Argentina 2007 y estas son las contradicciones con las que hay que trabajar”. Carlos cree que esas discusiones han tenido un saldo positivo: “La corriente de simpatía hacia la defensa de La Toma ya es muy grande”.

Cuando los ideales van a la práctica

El criterio de La Toma (el nombre con el que lo conocen en todo Rosario) fue siempre el de seguir el ideario cooperativo y el concepto de economía social y solidaria. “No tomamos criterios empresarios, por eso no nos consideramos una empresa recuperada sino un establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores: no es una diferencia semántica” dice Ghioldi, que ya ha escrito un libro sobre el caso (Supermercado Tigre, Crónica de un conflicto en curso).

“Lo primero que se hizo fue crear un centro cultural porque creemos al igual que los fundadores y pioneros del movimiento gremial argentino e internacional, que donde los trabajadores se organizan deben elevarse culturalmente para avanzar en su lucha por la liberación”. Luego se planteó el mercado comunitario para vender allí productos de origen artesanal, cooperativo, comunitario, y ya hoy el panorama incluye:

- 32 puestos de trabajo de los cooperativistas.

- 40 puestos de trabajo creados de manera indirecta.

- 20 trabajadores de la cultura.

- Dos cooperativas funcionando de manera integrada

- Un Centro de Economía Solidaria con 30 emprendedores ofreciendo sus productos.

- Un Centro Editorial que ya ha realizado diez publicacines propias.

- Una sala de eventos teatrales y culturales.

- Instalación de organizaciones sociales. Ejemplos, el centro de indumentaria deportiva del Movimiento Territorial de Liberación, o Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única (grupo que lucha e impide los desalojos).

- Funcionamiento de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados.

- Apertura de la sede de la Asociación Argentina de Actores,

- Permanentes actividades culturales y presencia en diversos eventos de personalidades como el Nobel de Literatura José Saramago, el poeta Ernesto Cardenal, el escritor Osvaldo Bayer o el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

- 5.500 consultas atendidas en el servicio de psicología, además del funcionamiento de El Puente, grupo de psicólogas de La Toma.

¿Cuál es la salida?

La cooperativa había conseguido una ley en 2004 para funcionar en La Toma durante dos años. El gobierno de Jorge Obeid no discutió en tiempo la renovación (la clase política, se sabe, siempre está dedicada a otra cosa) y el juzgado de María de los Milagros aprovechó ese vacío: “Dijo que somos ocupantes, y que los proyectos de los trabajadores son inviables económicamente”, narra Ghioldi. Que se diga esto de una empresa inviable y hundida por los empresarios, y salvada por los trabajadores es acaso memorable.

El mayor riesgo actual es que se dictamine el desalojo. Ghioldi realiza una ecuación: “Pero cuanta más movilización, solidaridad y acompañamiento, menos posibilidad de desalojo, creemos ciegamente en eso”.

La solución fue planteada ya en la cámara de Diputados: “El principal acreedor de la quiebra es el propio Estado, por lo cual tiene todas las posibilidades de expropiar a la empresa porque además es el principal damnificado por la estafa”.

-¿Y por qué no se hizo hasta ahora?

-Porque la campaña no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero seguimos, nunca vamos a bajar los brazos.

DELICIAS DEL LENGUAJE POLÍTICAMENTE (IN)CORRECTO

Con un nivel de escritura a todas luces diferente al de hoy, el periodismo santafesino fue en algún tiempo trinchera de múltiples batallas políticas. Claro, nada nuevo. Pero el uso del idioma y de la imaginación era infinitamente superior al de hoy.

A fines de 1877, se discutían en la provincia las candidaturas a gobernador. El postulante oficial era Simón de Iriondo, que quería repetir.

Estaba sostenida esta postulación por el diario El Santafesino. Se oponía El Orden, que opinaba que Iriondo incitaba a los odios.

El Santafesino le contesta a un artículo calificándolo como lleno de incoherencia, de “chicana absurda y pretenciosa”, “petulancia ridícula y pueril”.

Y trata al articulista de El Orden de “hormiga, gusano miserable que se arrastró entre el lodo; oruga microscópica pegada a las hojas de la historia!”

El diario opositor había dicho que era leal y que amaba al pueblo. Y El Santafesino le contestó que no tenía constancia del inmenso amor al pueblo que predicaba, decía que era “más desconocido o impenetrable que los misterios de Eleusis”.

Pero además, criticaba la manera de escribir del articulista, que había dicho que en el gobierno de Iriondo había “odios funestos”. Le contestó: “Vengamos a esto de los odios de que nos habla esta encantadora sirena, esta preciosísima ave fénix de la política que se nos presenta con su cortejo de ultra-catonianas virtudes a realizar la fábula antigua y desmentir el egoísmo materialista de estos prosaicos tiempos en que vivimos. No es posible tomar a lo serio aquello de que los odios son funestos y odiosos en pueblos que nacen a la vida luchando por la conquista de las instituciones libres. A nadie ha podido ocurrírsele que sus odios sean afables, simpáticos, cariñosos. Decir que los odios son odiosos, es como decir que la libertad es libre, que el patriotismo es patriótico, que la verdad es verdadera, que el desinterés es desinteresado, que la dureza es dura, y por fin, que la impertinencia es impertinente”.

LICENCIA PARA UNA RADIO COMUNITARIA SANTAFESINA

Desde hace un año y medio, en Desvío Arijón funciona la FM Comunitaria “Radio del Pueblo”. El último viernes se convirtió en la segunda radio comunitaria en recibir su licencia de manos del COMFER. Ahora van por más: por una ley de radiodifusión para la democracia.

A treinta kilómetros de la ciudad de Santa Fe, un pueblito se fue formando con la llegada de trabajadores golondrina del Chaco, Santiago del Estero y Corrientes. Y se fueron quedando, encontrando en Desvío Arijón, incluso con las dificultades, mejores condiciones de vida que en sus lugares de origen.

Desde hace un año y medio tienen su voz amplificada a través de la Radio del Pueblo, una FM Comunitaria que tendrá el orgullo este viernes de ser la segunda radio de esas características en el país que recibirá de manos del COMFER su licencia definitiva.

La programación comenzó siendo eminentemente musical, hasta lograr que los vecinos fueran perdiéndole el miedo al micrófono. Los programas están hechos por pescadores, peones rurales, albañiles, profesionales de la comunicación y cualquiera que se le anime a la luz roja. “De a poco en el proceso se va tratando de que la gente ordene lo que tiene para decir, que es mucho. Eso de ser ‘la voz de los que no tienen voz’ no es cierto; ya no se puede arrogar nadie la voz de otro, todo el mundo tiene mucho para decir y de la manera que sea”, afirma Danilo Martínez, responsable de la radio.

El viernes, en el acto oficial, estuvieron presentes autoridades del COMFER, amigos, trabajadores y también legisladores, porque, como afirma Danilo, “vamos por una pelea más grande que es la nueva ley de radiodifusión, la ley de la democracia, porque no podemos seguir estando bajo la ley de la dictadura”.

Las sensaciones, de todos modos, son contradictorias: “por un lado el festejo y por otro lado una suerte de decir: si la comunicación es un derecho humano ¿por qué tenemos que festejar que alguien nos permita hablar?”

UN RECLAMO PARA BARLETTA

Los empresarios del transporte de pasajeros solicitaron un aumento del 30% en el precio del boleto. Sostienen que los insumos necesarios para la prestación del servicio se incrementaron en igual proporción. Advierten que en diciembre vence el acuerdo salarial con la UTA y que los subsidios nacionales son insuficientes. Para el INDEC los precios del combustible, los repuestos y los neumáticos aumentaron entre el 5% y 16%. En octubre de 2007 la Secretaria de Transporte de la Nación distribuyó entre las empresas de la ciudad: 636.600 litros de gasoil subsidiado y $775.000 de aportes para compensación de tarifa.

Mediante una nota de 20 líneas, los gerentes de las empresas que brindan el servicio de transporte de urbano de pasajeros, solicitaron un incremento del 30% para la tarifa plana. El pedido se fundamenta en el impacto del proceso inflacionario que “ha producido un incremento en el costo de los insumos que, acumulados desde el último reajuste tarifario producido, supera el 30%.

Según señalan los responsables de Transporte San Jerónimo, Empresa Santa Fe Línea 18 y Empresa 7 de Marzo, esta situación es “fácilmente verificable”. Agregan que “al final del corriente mes, vence el acuerdo salarial celebrado con el sector de los trabajadores efectuado el año último pasado, y comienzan a reclamar una recomposición importante que cubra la inflación real”.

Por estas razones, los empresarios reclaman que se “provea a la brevedad lo necesario para adecuar la tarifa del servicio al monto suficiente para costear la explotación y la política salarial que nacionalmente se acuerde para el sector”, que de acuerdo a sus estimaciones debería ser de “un 30% de la tarifa plana”. De acceder a lo solicitado el precio del boleto en la ciudad da Santa Fe debería costar entre $1,60 y $1,70.

Para reforzar su pedido, los gerentes del transporte sostienen en su nota, que “una situación igual a la nuestra se produce en Rosario donde, con una carga de pasajeros transportados superior en dos a la nuestra y con subsidios sensiblemente mayores, el aumento es inminente conforme declaraciones del Intendente llevando la tarifa a $1,50”.

Pero más allá de las razones esgrimidas, la nota presentada al intendente saliente no aporta ningún elemento de análisis que permita corroborar que el incremento de los insumos, por ejemplo, es del orden del 30% como señala el sector empresario. Esta falta de información históricamente ha generado desconfianza entre los concejales de la oposición (en los próximos días oficialismo) y permite suponer que un eventual aumento no será decidido en lo inmediato.

Por lo pronto, la información pública disponible sobre el sector indica que en octubre de 2007 las empresas de transporte de pasajeros de la ciudad de Santa Fe recibieron de la Secretaria de Transporte de la Nación los siguientes montos de subsidios: Empresa 7 de Marzo SRL ($502.777); Transporte San Jerónimo SRL ($194.655); Empresa Santa Fe Línea 18 SRL ($75.115); y El Pacú SRL ($2.797).

En el mismo período se distribuyó gasoil subsidiado de la siguiente manera: Empresa 7 de Marzo SRL (420.500 litros); Transporte San Jerónimo SRL (159.800 litros); Empresa Santa Fe Línea 18 SRL (53.800 litros); y El Pacú SRL (2.500 litros).

Por otra parte, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el INDEC, entre diciembre de 2006 y octubre de 2007, los productos refinados de petróleo sufrieron un aumento del 5,2%; las carrocerías y repuestos del 13,4%; y los productos de caucho y plástico (neumáticos) del 15,6%.

Fuentes del sector empresario consultadas por Fuera de Foco, admitieron que el tema recién podrá ser abordado cuando asuma su cargo Mario Barletta. Frente a esta situación el nuevo intendente deberá decidir como resuelve el reclamo. O deriva la discusión al Concejo Municipal o continúa con la doctrina Balbarrey y otorga el aumento por decreto. Mucho margen de maniobra no le quedará. Pese al verano que se avecina no se puede descartar la presencia contundente de los choferes frente al palacio municipal o la realización de algún sorpresivo “lock out” patronal, como ya se vivió en otras ocasiones.

MAMARRACHO ESTILO BALBARREY

El intendente de Santa Fe anuló 577 pasantías acordadas con la Fundación Banco Bica. Las había prorrogado hasta fin de año mediante dos decretos del 22 y 31 de octubre. Sorpresivamente apareció otra norma que deroga las anteriores firmada el mismo 31 de octubre. La decisión no fue comunicada oficialmente a los pasantes quienes continuaron trabajando sin ningún respaldo legal. Se discuten dos interpretaciones frente a lo sucedido: Martín Balbarrey mintió públicamente o se trata de un decreto con fecha adulterada.

Ayer por la mañana comenzó a circular por las oficinas municipales el Decreto 1317, firmado por el intendente Martín Balbarrey, el pasado 31 de octubre, mediante el cual se anulan 577 pasantías acordadas con los directivos de la Fundación Banco Bica.

La norma deja sin efecto los decretos 1275 y 1313 firmados por el intendente el 22 y 31 de octubre de 2007, respectivamente. Allí se establecía una prorroga de las pasantías hasta el 31 de diciembre de este año. Esta decisión fue reivindicada públicamente por Balbarrey y sus funcionarios durante las últimas semanas. Sin embargo, ahora se sabe que la extensión de los convenios no estaba vigente al momento de estas manifestaciones públicas.

En los fundamentos de su nueva decisión, el intendente de Santa Fe descarga la responsabilidad en los directivos de la Fundación Banco Bica que “ha notificado en forma fehaciente su voluntad de resolver el convenio”, para lo cual, “se hace necesario establecer el cese de los efectos de los actos administrativos dictados como consecuencia de la ejecución” del mismo.
Conviene recordar, que según el diario El Litoral, la notificación de la terminación del convenio de pasantías fue presentada por la Fundación Banco Bica el 23 de agosto pasado, con entrada en vigencia un mes después. De esta manera se puede concluir, que la decisión de prorrogar las prestaciones laborales (22 y 31de octubre) fue tomada desconociendo los antecedentes del caso y que el intento de corregir la situación, es al menos, poco transparente y desprolija.

Según pudo establecer Fuera de Foco, el Decreto 1317 ingresó a la oficina de Legislación Municipal el viernes 23 de noviembre, tres semanas después de haber sido supuestamente firmado. Si bien su numeración corresponde a los últimos días de octubre, el tiempo transcurrido hasta su aparición, permite suponer que se trata de una norma con la fecha adulterada. En efecto, es una práctica habitual en la administración pública, dejar en reserva números de decretos u otro tipo de normas, que luego podrán ser utilizados para corregir alguna decisión equivocada de los funcionarios. Se trata de una práctica ilegal muy difícil de comprobar.

La otra posibilidad es aún más inquietante. La fecha del Decreto 1317 es la verdadera y por razones políticas el intendente Balbarrey resolvió ocultar su contenido, al punto de mentir públicamente, defendiendo la prorroga de las pasantías que él había resuelto anular.

En cualquiera de los casos todavía quedan muchos puntos por aclarar alrededor de la oscura relación establecida entre el municipio santafesino y la Fundación Banco Bica.

SUSPENDIERON POR UN AÑO LAS EXPORTACIONES DE SÁBALO

La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación el pasado 2 de noviembre. Abarca a todas las provincias de la Cuenca del Río Paraná hasta su desembocadura. Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe recibieron un cupo adicional de exportación de 1.800 toneladas hasta el 31 de diciembre de 2007. La medida gubernamental generó numerosos equívocos políticos en la región. Se aguardan importantes repercusiones económicas y sociales.

El ministro de Economía de la Nación, Miguel Peirano, firmó el pasado 1º de noviembre la Resolución 347 que restablece la suspensión de las exportaciones de sábalo desde las provincias de la Cuenca del Río Paraná por un lapso de doce meses. La decisión gubernamental entró en vigencia esta semana, y contempla de manera excepcional, un cupo de adicional de exportación de 1.800 toneladas para ser distribuidas entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

En los fundamentos de la norma se sostiene, que la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación, viene realizando una evaluación periódica de la situación de los recursos pesqueros con la finalidad de analizar la posible liberación de las exportaciones y el potencial establecimiento de cupos de exportación de las especies involucradas, en base a los resultados de los estudios científico-técnicos encomendados.

Agrega, que según los registros del SENASA, durante el año 2007 se exportaron las 8.000 toneladas de sábalo autorizadas oportunamente. Debido a que los expertos contratados por la Nación recomendaron una captura máxima de 15.000 toneladas de sábalo para este año, se concluye que el recurso pesquero se encuentra en proceso de recuperación de su capacidad, razón por la cual, es factible autorizar un cupo de exportación extra distribuido de la siguiente manera: 800 toneladas para Entre Ríos, 800 toneladas para Santa Fe y 200 toneladas para Buenos Aires, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007.

Para los funcionarios nacionales, esta “cifra es estimada como prudente para satisfacer la necesidad de sustentabilidad del recurso y el sostenimiento adecuado de la actividad pesquera hasta finalizar el presente año”.

Según el biólogo Daniel del Barco, Director General de Manejo Sustentable del Recurso Pesquero de la provincia, las 800 toneladas asignadas a Santa Fe ya fueron capturadas y forman parte del stock existente en los frigoríficos de pescado.

Lo llamativo de la situación es que mientras la Resolución 347 aparecía publicada en el Boletín Oficial de la Nación, en Entre Ríos y Santa Fe circulaban todo tipo de interpretaciones políticas sobre la misma, y curiosamente, ninguna reparaba en el dato central: las exportaciones de sábalo fueron suspendidas por un año.

OTRO ALSOGARAY

Álvaro Alsogaray ha tenido múltiples facetas. El abuelo del “capitán invierno” también. Fue periodista en Santa Fe, denunció atentados y casi fue muerto por Sinforiano Bergara, alias “Café”. En nuestra ciudad, por poco, no se cambia la historia del país.

Corría 1876 y la provincia toda se debatía en terribles internas políticas. A veces, se dirimían en los diarios. Otras veces, a punta de bayoneta, o a través de otros métodos.

En julio de ese año, aparece en Santa Fe una hoja, un boletín extraordinario del diario El Pueblo.

Su título era más que sugestivo: “¡Conato de asesinato! Los miserables cobardes comprando la mano de los asesinos! Para satisfacer sus ruines venganzas!”

El editor del periódico lo hacía imprimir en Paraná; había ido a retirarlo, y cuando bajaba del vapor “Karry” con el paquete “me siento de improviso arrojar al agua, impelido por Sinforiano Bergara (a) Café a quien hasta entonces no había notado me persiguiese; caí en la profundidad de más de cuatro cuartas de agua, me levanté con esfuerzo para no soltar el paquete y llegaba a la orilla cuando se me pasó por delante el asesino Sinforiano Bergara (a) Café empuñando una daga (con puño de plata) e intimándome que dejase el paquete”.

Era todo obra, según el periodista, de los enemigos de El Pueblo, es decir, del gobernador Servando Bayo y sus secuaces. A pesar de todo, el hombre logró salvar los ejemplares y los pudo repartir.

Pero estaba envalentonado: “Advierto que en vano será hacerme desistir de mi propósito por tales medios. ¡Alerta el pueblo con los asesinos, y la Justicia!”, decía el periodista que tenía un nombre que ya había hecho y seguiría haciendo historia.

Créase o no, el periodista perseguido por el poder, se llamaba Álvaro Alsogaray y fue el abuelo de quien nos aconsejó pasar el invierno.

Detrás de las declamaciones

Pero detrás de las declamaciones, había otras cosas. No podía ser de otro modo, tratándose de Álvaro Alsogaray.

En El Pueblo, el periodista le dirige una carta abierta al gobernador Servando Bayo. Le reclamaba que no hubiera cumplido con una de sus principales promesas: “gobernaré con los hombres honrados de la provincia”, había dicho.

El periodista le preguntaba, desde las páginas de su diario:

¿puede verse más inmoral desconocimiento del respeto que se debe al pueblo soberano en el sólo hecho de haberle engañado tan vilmente? ¿Cuáles son los merecimientos de los hombres con que Ud. gobierna? ¿Cuáles son los bienes procurados al pueblo por algunos cuantos individuos acostumbrados a vivir de los presupuestos? ¿Dónde está esa popularidad que le mienten por amor al sueldo o protección de que gozan? Busque, señor, busque donde quiera, en el pueblo, exhausto de recursos, en el comercio desacreditado y sin acción; busque la benéfica influencia de su gobierno con los hombres que le rodean; ¿existe acaso la seguridad individual y del domicilio privado? ¿existe la legalidad en la administración de Justicia?

La serie de reclamos del periodista al gobernador es extensa y hasta valiente, si tenemos en cuenta que pocos días antes había sufrido un atentado.

Pero lo que más le reprocha a Bayo fue su manera de proceder con el Banco de Londres y Río de La Plata. Era el único banco que operaba en la provincia y estaba autorizado a emitir moneda. Hasta que creó el Banco Provincial y en una historia que en otra oportunidad comentaremos, Bayo quitó la personería al Banco de Londres en Rosario, ordenó que se cerraran sus puertas y hasta encarceló a su representante.

Y el periodista, como gran parte de la prensa porteña, estaba realmente indignado con la situación. Esto, decía, había provocado en los santafesinos en desprecio y desafecto hacia el gobernador Bayo.

Una opinión más, sólo que el nombre del periodista, puede hacer comprender más cabalmente su preocupación y su fervorosa defensa del Banco de Londres.

RATIFICAN DENUNCIA CONTRA LA LICITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO

Carlos Alcides Maldonado ratificó ante el juez de Instrucción Julio Cesar Costa la denuncia presentada en enero de este año sobre posibles irregularidades en la licitación del relleno sanitario de Santa Fe. El ex colaborador de Gerardo Crespi entregó copias de correos electrónicos intercambiados entre la oficina del ex concejal justicialista y una consultora que habría intermediado entre la única empresa oferente y el Concejo Municipal. Los mensajes refieren al pago de coimas para que los ediles voten favorablemente el pliego.

El 17 de enero de 2007, Carlos Alcides Maldonado, colaborador de Gerardo Crespi cuando este fue concejal de la ciudad, presentó un escrito ante el Fiscal Nº 5 José Luís Paz, pidiendo la apertura de una investigación para determinar si en el trámite legislativo que culminó con la aprobación del pliego de bases y condiciones para la contratación de un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos, hubo “conductas de funcionarios o de personas interpuestas, que podrían tipificar delitos contra la Administración Pública, en particular los que refieren al cohecho y tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

La causa judicial fue derivada al juez de Instrucción de la 3ra Nominación, Julio Cesar Costa, y no tuvo movimientos significativos hasta la semana pasada. Recién el miércoles 30 de octubre el magistrado citó a Maldonado para que ratifique su presentación.

En diálogo con Fuera de Foco, el denunciante explicó que concurrió al juzgado sin demasiadas expectativas en virtud del tiempo transcurrido desde su primera presentación. “Las preguntas que me hicieron fueron muy concretas y no me dieron muchas opciones en las respuestas. Querían saber si yo consideraba que había delito o no. Yo les dije que no me corresponde a mí establecerlo”, señaló Maldonado.

“Lo que yo hice en su momento fue un aporte de pruebas que generaban muchas dudas. Entregué algunos mails donde figuraban precios supuestamente confidenciales, donde se hablaba de pagos y otras cuestiones que ameritaban, a mi suponer, una investigación”, continuó el ex colaborador de Gerardo Crespi.

Para Maldonado resultó sorprendente que el juez manifestara que los correos electrónicos “no eran elementos de prueba”, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de dar a conocer “cosas privadas”.

“Parecía que me hacían culpable de algo”, señaló el denunciante. “Yo esperaba encontrar un apoyo o por lo menos un atisbo de investigación. De última que me dijeran: esta totalmente transparente, te equivocaste. Esa respuesta me hubiera gustado. Que después de investigar dijeran que no pasó nada porque los hechos demuestran lo contrario. Pero me dio la sensación que esto se va a quedar ahí nomás”, concluyó.

Según los dichos de Maldonado la actividad del juzgado de Julio Cesar Costa en esta cauda ha sido prácticamente nula. Solo fue recibida una presentación espontánea del actual subsecretario de Gobierno de la Municipalidad y ex concejal, Darío Jiménez, explicando su actuación durante el trámite legislativo.

En la actualidad, el proceso de licitación del nuevo relleno sanitario se encuentra paralizado a la espera de los informes finales de la Secretaria de Medio Ambiente sobre el posible impacto ambiental de la localización propuesta por la empresa Milicic (única oferente y adjudicataria) en la zona exterior de las defensas contra el río Salado a la altura del barrio Las Lomas.