TIRÓN DE OREJAS DE LA CORTE POR LA SITUACIÓN MENORES DETENIDOS

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia recomendó al Poder Ejecutivo dar solución a los problemas de alojamiento de los menores de edad en conflicto con la ley penal. Simultáneamente, un Juez de Menores de Rosario resolvió desalojar los niños detenidos en la Comisaría 1° de dicha ciudad. El máximo tribunal santafesino solicitó la reparación del edificio del IRAR y la contratación de personal especializado. El presupuesto para el área del menor transgresor representa el 1,58% del gasto total en seguridad de la provincia.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en su última reunión solicitarle al Ejecutivo Provincial que disponga la reparación del edificio donde funciona el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, disponiendo, además, el alojamiento de los menores en un lugar adecuado. La decisión fue tomada luego de recibir el informe de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario sobre las inspecciones realizadas al IRAR y a la Seccional Primera de Policía de esa ciudad.

Simultáneamente, el Juez de Menores de la 3° Nominación de Rosario, Jorge Cartelle, resolvió ordenar el traslado de los menores de edad alojados en la Seccional Primera de Policía en un plazo de 24 horas. El magistrado tomó esta determinación al hacer lugar al hábeas corpus correctivo presentado la semana pasada por el Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez.

La resolución de Cartelle incluye otras dos decisiones: no permitir el ingreso de otros menores a la dependencia policial mencionada y otorgar al Ministro de Gobierno un plazo de 30 días para la habilitación de un centro de admisión cautelar que cuente con las condiciones edilicias y de salubridad necesarias para permitir el alojamiento transitorio de menores, atendido por personal idóneo.

El informe elaborado por el Presidente de la Cámara Penal de Rosario, Antonio Paolicelli, expresa la preocupación del cuerpo “respecto del deficiente grado de satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal en general, y específicamente, de los que se encuentran alojados en las dependencias aquí inspeccionadas”.

En lo atinente a la situación del I.R.A.R., “la inspección detectó una acelerada tarea tendiente a lograr una higienización adecuada del establecimiento en su parte habilitada, las que, a pesar de ello, no resultarían suficientes para corregir los problemas edilicios constados, dado que cualquier lluvia, viento, frío o fenómeno atmosférico adverso puede provocar nuevamente el estado de situación comprobado por los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Defensoría del Pueblo y Subsecretaría de Derechos Humanos.”

Respecto a la salud física de los menores alojados en dicho instituto, el Presidente de la Cámara Penal de Rosario sostuvo que, “salvo casos aislados que presentaban autolesiones de escasa consideración y tratables en la enfermería del lugar, ninguno de ellos necesitaba de un traslado o internación en un centro de salud”. Sin embargo, el magistrado aclaró que en lo atinente a la salud mental de los detenidos, “todos padecen de alteraciones psíquicas y/o psiquiátricas de distinto grado, que ameritan que sean atendidas por profesionales en la materia”

Idéntica situación fue comprobada en la inspección realizada a la Seccional Primera de Rosario. El informe presentado a la cámara penal rosarina por el Juez de Menores Jorge Cartelle, sostiene: “Es indudable que las condiciones dadas en la Seccional 1º de la ciudad de Rosario, dependiente de la U.R. II de Policía, no resiste el menor análisis en cuanto a la factibilidad de albergar a personas menores de 18 años de edad. Al acceder al lugar, a simple vista se puede percibir el estado deplorable de la construcción de los penales, la humedad imperante, la falta de ventilación adecuada, el estado lamentable de los sanitarios, las pésimas condiciones de los lugares donde presuntamente descansan los jóvenes y la denominada “cuadra” que resulta ser un pequeño patio muy mal iluminado sin que prácticamente pueda desarrollarse en el sitio algún tipo de actividad o recreación”.

Estas apreciaciones objetivamente sustentadas conducen a la conclusión “que el edificio no cuenta con las comodidades mínimas que requiere una persona en estado de detención, sea menor o mayor de edad...”.

Tirón de orejas

A partir de la comprobación de estas situaciones, la Corte provincial sostiene que “la problemática en análisis exige sin lugar a dudas la adopción de políticas de fondo integrales, las que requerirán del concurso responsable, coordinado y comprometido de todos los poderes estatales”. En esta línea, se advierte que “las deficientes condiciones en que se encuentran los establecimientos de alojamiento de menores pueden suscitar, en su caso, la promoción de acciones judiciales correctivas”, las que serán procedentes en caso de comprobarse la violación a los derechos consagrados por la legislación y por la jurisprudencia vigente en la materia (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Verbitsky”, del 3 de mayo de 2005).

De todos modos, el máximo tribunal provincial reconoce que una sentencia judicial dictada en tal sentido, “está muy lejos de suponer una solución definitiva al problema genérico de la minoridad en conflicto con la ley penal”, ya que al estar dirigida a un poder administrador que no ha tomado suficientes prevenciones presupuestarias al respecto, el problema, no solo tiende a mantenerse, sino por el contrario, puede amplificarse.

Por ello, la Corte reclama “que la lectura de esta resolución, de parte de sus destinatarios, debe estar presidida por un elemental sentido de responsabilidad institucional -el que, naturalmente, se descuenta-; y por la conciencia de que existe una verdadera urgencia en la adopción de las medidas que este Tribunal sólo puede indicar a modo de convencida y firme exhortación”.

Presupuesto escaso

En el año 2006 la provincia de Santa Fe destinó $ 8.565.748 para la atención de las necesidades de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal dependiente del Ministerio de Gobierno. Para este año el presupuesto se eleva a $ 9.685.099, lo que representa el 1,58% del gasto anual en seguridad.

De acuerdo a los datos contenidos en el Presupuesto Analítico 2007, esta dirección provincial destinará: $ 1.329.902 para gastos de funcionamiento; $ 710.099 para obras y mantenimiento de edificios; $ 96.352 para compra de equipamiento; y $ 272.000 para becas, pasantías y subsidios. El resto del presupuesto se destina a gastos de personal.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia gastará en propaganda oficial 14 millones de pesos.