OFENSIVA CONTRA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Los propietarios de tres radios de la ciudad de Alta Gracia reclamaron la derogación de la ordenanza que regula la distribución de la publicidad oficial. Esta norma fue la primera en su tipo sancionada en el país. Los empresarios objetan que se exija el cumplimiento de las leyes laborales como condición para contratar con el estado municipal. El Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN) convocó a las organizaciones del sector a respaldar la vigencia de la ordenanza que se pretende derogar.
Los titulares de tres emisoras de frecuencia modulada que operan en Alta Gracia reclamaron al Concejo Deliberante de la ciudad la derogación de la ordenanza que regula la contratación de Publicidad Oficial en esta localidad cordobesa.
El pedido fue presentado por Luís Luque (103.3 FM), Florencio Ruggieri (104.9 FM) y Rubén Herrera (88.9 FM y 105.3 FM), y en el mismo se plantea que se "revea y se deje sin efecto el contenido de la Ordenanza 7674 por considerarla inconstitucional, discriminatoria y un ataque a la libertad de trabajo como así también a la libertad de prensa”.
La ordenanza que los empresarios pretenden derogar fue aprobada por unanimidad el 26 de diciembre del 2006. Allí se establece “que no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Municipio en concepto de Publicidad Oficial; pero cuando el Municipio asigna estos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión”. Para garantizar este objetivo el presupuesto municipal debe definir claramente el dinero público que se destinará a los medios de comunicación. Esa cifra deberá distribuirse regular y simultáneamente a cada medio registrado y se contratará el mismo espacio en el mismo tipo de medios. La norma sostiene que la información pública es un bien social que debe ser preservado de cualquier connotación propagandística o tendenciosa. Y advierte sobre la necesidad de canalizar esa información a través de una publicidad oficial para beneficio del interés general y no al servicio de quien la promueve. Además, se restringen las posibilidades de difusión de publicidad oficial en los períodos anteriores a las elecciones municipales. Para su implementación se crea el Registro Municipal de Medios de Comunicación de Alta Gracia.
Pero el punto que más resistencia genera entre los empresarios de medios de la ciudad del Tajamar es la exigencia del cumplimiento de la ley Nacional Nº 12.908 – Estatuto del Periodista Profesional – que en su Artículo 64 establece que, “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y todo la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
De este modo, ninguna empresa periodística que tenga personal en negro o incumpla con las leyes laborales o de la seguridad social puede ser contratista del municipio para difundir publicidad oficial.
En el caso de Alta Gracia, la administración del intendente Mario Bonfigli – sensible al lobby de algunos propietarios de medios- ha demorado la aplicación de esta ordenanza e impulsado su vetó, a pesar que el legislativo local ratificó por mayoría la vigencia de la regulación.
Pero frente a la nueva ofensiva empresaria algunos concejales del radicalismo estarían cambiando de opinión y la norma podría ser derogada.
Frente a este panorama, la Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN) realizará este lunes una presentación en respaldo de la Ordenanza 7674, acompañado de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y la Comisión Nacional de defensa de la Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Fetraccom.
El pronunciamiento sostiene que vigencia de la Ordenanza de Regulación de Distribución de la Publicidad Oficial de Alta Gracia, “situó a este Municipio en el destacado grupo de ciudades que en la Argentina y en América Latina han decidido avanzar en la defensa del Derecho de Libertad de Expresión, a través de uno de sus instrumentos insoslayables, como es la regulación legislativa de la distribución de fondos públicos destinados a la comunicación de las acciones de gobierno”.
Y agrega que “en un país que está realizando grandes esfuerzos por mejorar la calidad de sus instituciones, la elaboración y vigencia de instrumentos normativos de este tipo expresa un avance hacia la construcción de una sociedad mejor, regida por el respeto a los derechos de los trabajadores y la ciudadanía, y por la libre circulación de información de calidad, sin deformaciones ni manipulaciones que atentan contra las bases del sistema democrático”.
