LETRA MUERTA

Docentes, padres, estudiantes y autoridades educativas discuten alternativas para enfrentar los hechos de violencia en los establecimientos escolares. Todos reconocen que se trata de una problemática “compleja” que requiere un abordaje integral desde las distintas áreas del Estado. En las escuelas se ensayan respuestas parciales ante la ausencia de una política específica. Desde el año 2003 está vigente la Ley 12.178 que establece la creación del “Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en los Establecimientos Educativos”. Esta norma nunca se puso en práctica.

En las últimas semanas la mirada mediática se concentró en distintos hechos de violencia ocurridos en el interior y en los alrededores de los establecimientos escolares. Se fueron sumando las voces de docentes, padres, estudiantes y autoridades educativas proponiendo, cada uno desde su perspectiva e intereses, distintas alternativas para enfrentar estas situaciones.

En líneas generales, los distintos actores que intervinieron en el debate coincidieron en describir que se trata de una problemática “compleja”, advirtiendo, que no se pueden aislar los hechos de violencia en las escuelas del contexto social en que se producen. Pero superada la etapa del diagnóstico nada nuevo se escuchó.

Solo se destacaron los aportes de algunos docentes que relataron las experiencias ensayadas en distintos establecimiento escolares de la provincia. Pero de parte de las autoridades educativas la falta de respuesta fue evidente.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Educación Elida Rasino admitió que la violencia en las escuelas será una de las dificultades que tendrá que enfrentar su gestión. “En eso estamos trabajando”, agregando que se van elaborar “las estrategias que deben tener los docentes y los directivos para hacer un seguimiento y acompañamiento, cuando estas situaciones desgraciadas ocurren, de los agredidos, de los agresores y su entorno”.

En sus declaraciones la funcionaria admitió que poco y nada se ha hecho en los últimos años sobre esta problemática, al punto de señalar que “no hay una normativa específica que indique como se debe actuar, se trabaja de diferente manera de acuerdo a cada establecimiento”.

Sin embargo, más allá de los dichos de la ministra, la provincia cuenta con la Ley 12.178 de prevención de la violencia escolar, que entre otros objetivos se proponía: “actualizar las normas funcionales y disciplinarias vigentes en los establecimientos educativos”.

Esta ley fue sancionada el 30 de octubre de 2003 y establecía los lineamientos generales de un “Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en Establecimientos Educativos”. Sus objetivos eran realmente ambiciosos y de haberse llevado a la práctica hubieran significado un importante aporte a la convivencia social, repasemos: disminuir todas las formas de violencia y/o riesgo de violencia escolar, identificando las causas que la originan; estimular el valor del consenso y la actitud para realizar los esfuerzos necesarios para alcanzarlo; transmitir el valor de la tolerancia, respetando la diversidad de opiniones y favoreciendo su intercambio; promover el espíritu democrático, consolidando el Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas; y concienciar sobre el problema de la violencia, propiciando la modificación de las pautas culturales que la sustentan.

Este programa de prevención de la violencia escolar debía ejecutarse desde el Ministerio de Educación de la provincia, siguiendo varias líneas de acción. Primero se debían impulsar estudios e investigaciones sobre la violencia en el medio social y su incidencia en el ámbito escolar. En segundo término se trabajaría en la actualización de las normas funcionales y disciplinarias vigentes en los establecimientos educativos, incorporando los principios democráticos de gestión, garantizando el derecho de defensa de los sancionados y erradicando todas las disposiciones que no se sustenten en el irrestricto respeto de los derechos de las personas. También se debía capacitar a la comunidad educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir y controlar los hechos de violencia. Además, el programa tendría que interactuar con los centros de atención y prevención de las adicciones. Y por último, se postulaba la necesidad de articular con los medios de comunicación social, el desarrollo de campañas de información sobre el fenómeno de la violencia y su riesgo, alentando la inclusión en las programaciones, los contenidos que contribuyan a su prevención y/o disminución.

La puesta en práctica de este programa se asentaría en las Direcciones Regionales de Educación, para lo cual contaría con la asistencia de un Consejo Consultivo, integrado por representantes del: personal directivo; personal docente; personal no docente; asociaciones de padres; y alumnos.

También se deberían desarrollar actividades de formación de mediadores escolares entre los alumnos del segundo y tercer ciclo de la Escuela General Básica y del Polimodal; “con aptitudes para actuar ante la demanda espontánea y directa en aquellos conflictos que se puedan suscitar en el ámbito escolar”.

Como se puede observar, se trata de un programa que exige de parte del estado provincial, un compromiso político, presupuestario institucional importante. Lamentablemente nada de esto se hizo en los últimos años. Ahora las nuevas autoridades educativas deberían decidir si toman la posta abandonada por las anteriores gestiones justicialistas o proponen una política diferente a la esbozada en la Ley 12.178.