EL GRAN CONSTRUCTOR
La auditoria de la FCE-UNL detectó varias irregularidades en el plan de obras públicas ejecutadas en la municipalidad de Santo Tomé durante la gestión de Ángel Piaggio. Algunas decisiones tomadas en ese periodo condicionan los planes de Fabián Palo Oliver. Los principales proyectos fueron adjudicados a Lalla Construcciones. Los funcionarios santotomesinos admiten que existe una situación de dependencia con esta empresa.
A comienzos de marzo el intendente Fabián Palo Oliver presentó a la prensa los principales resultados del estudio realizado por la Cátedra de Auditoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral sobre el estado patrimonial, económico y financiero de la Municipalidad de Santo Tomé al momento en que asumieron la administración de la ciudad las nuevas autoridades.
En aquella oportunidad, Palo Oliver apuntó sus dardos a la precaria situación financiera heredada. “Podemos remarcar en primer lugar que la deuda municipal durante el año 2007 se incrementó en un 120 por ciento en relación a 2006", dijo el intendente, pasando de 5,9 a 12,9 millones de pesos. Situación que provoca un severo desfinanciamiento del Estado municipal, a partir de la cantidad de compromisos asumidos durante el segundo semestre del año 2007.
“Esto está relacionado con la presencia de la campaña electoral, porque estos gastos se dieron desde junio a septiembre y se siguieron pagando compromisos hasta el mes de diciembre", señaló Palo Oliver. Por ello no fue casual que el intendente eligiera como ejemplo de esta situación la Partida Nº 2.045, denominada “Difusión”.
Según explicó, en el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal se estableció que los gastos de difusión serían de $ 59.000 durante todo el año 2007, pero de acuerdo al informe de auditoria, al finalizar el ejercicio se habían pagado $ 210.133,52, notándose un fuerte incremento en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
En el resumen entregado a la prensa se observa que las contrataciones para difusión se concentraron en cuatro empresas: Américo Giménez ($ 9.744,68); Juan Nepote ($ 14.561,14) Product. Indep. Asoc. S.A. ($ 14.043,26); y Televisión Federal S.A. ($ 18.131,85).
El otro hallazgo de los auditores - que revela como pocos la naturaleza del “estilo de gestión Piaggio” – es la aplicación de los diferentes convenios de financiamiento para obras públicas y compras de equipos. "Vinieron fondos de distintos organismos por un monto $ 700.000; ese dinero debía haberse destinado al pago de distintos certificados de obras de empresas adjudicatarias que están construyendo en la ciudad”, pero lo sorprendente, fue que al momento de asumir la nueva gestión se encontró con el reclamo de las empresas sino y con el faltante de dichos fondos, que aparentemente (según sostiene la auditoria) se utilizaron para realizar otros pagos.
Pero los problemas detectados en el área de obras públicas no se limitaron a estos desvíos de fondos. Se detectaron solicitudes de ampliación de obras y aprovisionamiento de bienes acordados “de palabra”, se efectuaron pagos anticipados sin justificación y se aprobaron ajustes de precios sin el correspondiente respaldo financiero, lo cual compromete la continuidad del plan de trabajos públicos.
Compras directas
Según un difundido proverbio chino toda crisis se presenta como peligro u oportunidad. Y si quisiéramos aplicar este concepto para el caso de las inundaciones de marzo de 2007, encontraríamos que varios peligros acecharon a los vecinos y que las oportunidades fueron aprovechadas por algunas empresas de la ciudad.
En el origen de todo esto se encuentra el pedido que el ex intendente Ángel Piaggio le hizo al Concejo Municipal para lograr “la suspensión del régimen de compras y contrataciones vigente” con el objetivo de realizar la “adquisición y/o contratación directa de bienes y servicios necesarios para afrontar las consecuencias” derivadas de las inundaciones.
Analizando las contrataciones efectuadas durante el año 2007, la auditoria de la FCE-UNL encontró que la mayoría de los trámites se realizó bajo la modalidad del Concurso Privado de Precios, donde solo pueden participar las empresas que son especialmente invitadas por la administración municipal. Se puede decir que las circunstancias especiales que afectaban la ciudad justificaban esta vía de excepción, pero la reiteración de algunos nombres entre los adjudicatarios, llama poderosamente la atención.
Ahora bien, si se consideran los montos de estas operaciones, Lalla Construcciones se destaca claramente entre todas las empresas. En el último año de la gestión Piaggio firmó contratos por $ 10.881.817, lo que equivale al 56% del monto total gastado por la municipalidad para la adquisición de bienes, alquiler de equipos o realización de trabajos públicos. Si se amplia el espectro de análisis se encuentra que solo 5 empresas concentran el 76% de las contrataciones.
Si bien de esta situación, en principio, no surge ninguna irregularidad, para las nuevas autoridades constituye un motivo de preocupación. “Evidentemente hay una empresa santotomesina que en más contrataciones ha sido adjudicataria. Es un dato objetivo que no tiene que ver con las modalidades de contratación”, dijo el Secretario de Hacienda de la municipalidad, Adrián Masino. “A mi me gustaría que esto hubiera estado más diversificado”, agregó.
“Esto se dio en el marco de la autorización que el Concejo Municipal dio para poder concursar por la emergencia hídrica del 2007. En este momento no contamos con esa posibilidad. El contexto de la emergencia encaminó todo para que la empresa sea beneficiaría de muchas obras”.
Para este funcionario la relación con Lalla Construcciones es muy compleja y llevará tiempo encauzarla. “En este caso hay una dependencia de la municipalidad con esta empresa, que hace las obras más trascendentes para la ciudad, y por otro lado hay una dependencia de la empresa con la municipalidad en cuanto a su subsistencia financiera. Entiendo que no tiene muchas obras en otras localidades de la provincia o el país. En principio no habría diversificado su actividad en otras jurisdicciones”.
De cara al futuro, Masino admite que “si gana siempre esta empresa va a ser difícil decirle que no, en tanto demuestre capacidad para ejecutar varia obras a la vez. Por eso los controles de cumplimiento de contrato van a ser estrictos”, sentenció.
Favores recibidos
La posición de privilegio que Lalla Construcciones alcanzó durante la gestión Piaggio también queda en evidencia por el trato preferencial que la empresa recibió en la administración de sus contratos. En el informe de la auditoria se encontraron solicitudes de ampliación de obra acordadas “de palabra”, donde no se respetaron los pasos administrativos correspondientes para este tipo de trámites.
En la Licitación Pública Nº 02/07, convocada para la Construcción de Mejorado en Calles Urbanas, la empresa presentó un reclamo por $ 116.321,37, invocando un acuerdo de palabra con la anterior gestión. Cuando se le requirió la presentación de los documentos emitidos por la inspección, que acrediten que los trabajos que pretendía cobrar efectivamente fueron realizados, solo pudo exhibir dos certificados de obra: uno por $ 53.247,66 y otro por $ 17.676,45.
“Al día siguiente que asumimos Lalla trajo un detalle con el millón cien mil pesos que la municipalidad le debía”, recuerda el Secretario de Hacienda. “Con la auditoria detectamos 116.000 pesos para el mejoramiento de calles que fueron acordados de palabra, nosotros solo pudimos verificar 70.000 pesos, y a partir de esa verificación hicimos el decreto con el contrato que ya lo cancelamos”.
Como resultado de estos controles, la empresa no pudo cobrar casi 46.000 pesos, pese a los cual, al momento de retirar los cheques no presentaron objeciones. “No se si iniciaran alguna acción por la diferencia, por lo general cuando suceden estas cosas en el momento de recibir el pago se deja constancia de la disconformidad, pero esto no pasó”, según dijo Masino.
El otro caso fue protagonizado por Arenera Román, de Silvana Román, que presentó una solicitud de ampliación de compra en el marco del Concurso Privado 10/07, convocado para la provisión de material pétreo. El reclamo fue por un adicional de 414,40 toneladas, por la suma de $ 27.200, exhibiendo como único comprobante un remito entregado Obrador Municipal Nº 2.
En ambas ocasiones y ante hechos consumados, el municipio emitió dos decretos correctivos, con el objetivo de regularizar la situación y no afectar obras ni proveedores involucrados. No obstante, las autoridades informaron que se encuentran analizando se analizan posibles medidas legales.
Otra situación irregular fue detectada en la obra de la Cloaca Máxima – Sector Sudoeste. Este proyecto se financia a través de un préstamo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de $ 6.463.277. Los trabajos fueron adjudicados mediante Licitación Pública 02/2006 a la empresa Lalla Construcciones por un valor de $ 6.647.796. El plazo de obra comenzó a partir de septiembre de 2006. El Municipio se obligó a reintegrarlo en un plazo de 10 años con un interés del 10% anual sobre saldo, en cuotas de $ 71.755,30 con garantía de la coparticipación provincial. Al inicio se recibió un anticipo financiero del 15% y el resto se viene entregando contra certificados mensuales de avance de obra.
La auditoria detectó una deficiente administración financiera del proyecto expresada en la confusión de las cuentas de Obras y las Rentas Generales. En enero de 2006 el municipio recibió el anticipo del 15% ($ 969.491,55) que fueron depositados en la cuenta 2804/06 del Banco Santa Fe Sucursal Santo Tomé. Lo grave es que esta cuenta ya venía siendo utilizada para la obra de Pavimento Calle Alberdi a cargo de Obring S.A.
Del análisis de los movimientos de fondos entre enero y noviembre de 2006 destinados a la obra Pavimento Calle Alberdi, surge que fueron más los pagos (extracciones) que los fondos recibidos (depósitos). Esto significa que una parte de la obra de pavimentación se financió con el anticipo de la obra de la Cloaca Sudoeste que fue depositado en la misma cuenta.
A su vez, al momento de asumir la nueva gestión, la obra de cloacas tenía pendiente un reintegro desde Rentas Generales de $ 195.202,10, que habían sido extraídos para fines distintos a los acordados con la Provincia.
En total se detectaron desvíos de fondos afectados para obras públicas por más de 700.000 pesos. “Se usaron para otros fines, no se usaron para los fines con que arribaron a la tesorería municipal y cuando asumimos nosotros no estaba el dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Se gastó, por ejemplo, en la contratación de camiones para que junten la basura o para publicidad, pero ahora ese dinero no está más”, lamentó el Secretario de Hacienda.
Pero además, en medio este confuso manejo financiero la gestión Piaggio acordó con Lalla Construcciones pagos anticipados al margen de los vencimientos estipulados en el pliego de Bases y Condiciones de la licitación. La auditoria detectó que en la fecha en que se debía pagar el Certificado 14, la municipalidad ya lo había abonado y además había anticipado el 70% del Certificado 15.
El mismo esquema de anticipo de pagos a favor de Lalla Construcciones fue detectado en obra del colector cloacal Balcarce.
Esta política de adelantamiento de pagos significó un beneficio financiero concreto para la empresa contratista. Por estos favores el municipio no recibió ningún tipo de descuento ni tampoco consideración al momento de confeccionar los reclamos por redeterminaciones de precios abonadas en el 2007 al proveedor, en reconocimiento a inflación de costos.
Por este rubro se pagaron adicionales muy importantes. Hay que tener presente que para la actualización de precios se toma el periodo que va desde el inicio de los trabajos hasta la fecha del pago del certificado de obra. En el caso de la obra de cloacas sudoeste, Lalla Construcciones cobró por redeterminación de precios $ 326.669,95 hasta el Certificado Nº 9. “La inflación mayorista o el índice de la construcción es un poco más alta que los precios al consumidor y terminamos hablando de un 26 o 27 por ciento de ajuste anual”, explica Masino.
Pero como este problema no fue previsto por la anterior gestión, el pago de los adicionales por redeterminación de precio esta consumiendo parte de los préstamos otorgados, comprometiendo el futuro de las obras. “La necesidad de financiamiento para continuar con las obras es alta. Vamos a necesitar el monto de la obra multiplicado por los índices de actualización de precios. Por ahora lo estamos financiando con recursos propios mientras hacemos las gestiones para que estos fondos adicionales entre en los préstamos. Pero esto debería haber hecho desde el inicio, con una presentación para que la redeterminación de precios también este financiada”.
Los problemas pueden surgir cuando se acerque el final de la obra. Si continua este ritmo de ajuste de precios, se van a terminar pagando adicionales por un importe similar al abonado hasta ahora.
Igualmente, Masino asegura que las obras que ya están en marcha se van a sostener. “Pero tenemos dificultades para encarar obras nuevas, porque las obras pesadas solo se pueden hacer con financiamiento externa y la situación financiera en la que estamos nosotros no nos da capacidad de endeudamiento, entonces todo el plan de obras que teníamos pensado esta a la espera de una mejor situación financiera”.
Retomando las palabras del Secretario de Hacienda, la situación de dependencia mutua entre el municipio y Lalla Construcciones, condiciona severamente el programa de obras públicas de la ciudad. Antes de pensar en nuevos proyectos, desde la gestión de Palo Oliver aseguran que se debe resolver la manera de afrontar los contratos ya existentes y el impacto de los adicionales por redeterminación de precios que crecen al ritmo de la inflación.
