EL RASTRO DE LA BASURA

La justicia recibió pruebas documentales sobre posibles irregularidades en la licitación del relleno sanitario. Un colaborador del ex concejal Gerardo Crespi entregó al fiscal José Luis Paz copias de correos electrónicos enviados por una consultora que habría intermediado entre la única empresa oferente y el Concejo Municipal. Los mensajes refieren al pago de coimas para que los ediles voten favorablemente el pliego. El escándalo involucra al oficialismo y la oposición.

La licitación del relleno sanitario de Santa Fe suma un nuevo escándalo en su polémica historia. El pasado 17 de enero, un colaborador del ex concejal justicialista Gerardo Crespi presentó un escrito ante el Fiscal Nº 5 José Luis Paz, en donde pide la apertura de una investigación para determinar si en el transcurso del trámite legislativo que culminó con la aprobación del pliego de bases y condiciones para la contratación de un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos, hubo “conductas de funcionarios o de personas interpuestas, que podrían tipificar delitos contra la Administración Pública, en particular los que refieren al Cohecho y Tráfico de influencias, y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Como se recordará, el debate de este proyecto se produjo en los últimos meses de 2005, luego de las elecciones legislativas que marcaron el fin del mandato de varios concejales. El mensaje del Ejecutivo Municipal ingresó al Concejo el 20 de septiembre de ese año y se transformó en la Ordenanza Nº 11.237 el 12 de noviembre de 2005. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del relleno sanitario se venía dando desde mediados de 2003 cuando las instalaciones ubicadas en Peñaloza y callejón El Sable quedaron al borde de la saturación como consecuencia de la enorme cantidad de basura generada luego de la inundación del río Salado. Primero se discutió la renegociación del contrato con Milicic y luego se resolvió la prorroga de la concesión a cambio que la empresa obtuviera un nuevo terreno para continuar con la actividad. En todo ese periodo, el Concejo Municipal fue la caja de resonancia de numerosos debates que sembraron dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas.

La presentación judicial que reabre la polémica fue realizada por Carlos Alcides Maldonado, quien se desempeñó como colaborador del ex concejal justicialista y actual asesor presidencial, Gerardo Crespi, en la oficina del anexo del Concejo Municipal de calle 4 de Enero 2179, en la segunda mitad de 2005. Como principal elemento de prueba el denunciante aportó una serie de correos electrónicos intercambiados entre la oficina de Crespi y la Consultora FIDES de la ciudad de Paraná, referidos a la licitación del relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe.

En los mensajes entregados a la justicia por Maldonado, puede leerse, como el titular de la consultora, Carlos Ubaldo Piñeyro, se comunica con otro colaborador de Gerardo Crespi llamado José Dinotto, intercambiando información sobre el proceso en curso.

En un correo fechado el 6 de octubre de 2005, Carlos Piñeyro le informa a José Dinotto: “le conseguí dos empresas grandes, una de Bs. As. y otra de Brasil por el tema del reciclado de basura”. Más adelante agrega, “cuando reciba este mensaje si puede llamarme. Viajaría a la tardecita para ver Oscar (Yódice) el tema del pliego”.

Para esta fecha el intendente Martín Balbarrey había enviado al Concejo el mensaje con el pliego del llamado a licitación. Y en ese momento Oscar Yódice ocupaba la banca de concejal dejada por Gerardo Crespi, luego de su designación como asesor presidencial.

En otra comunicación electrónica, fechada el 12 de octubre de 2005, Carlos Piñeyro realiza una minuciosa descripción de las negociaciones entabladas entre los concejales y la empresa que luego sería la única oferente en el proceso de licitación. El titular de la consultora FIDES explica que, “la conformación del pliego fue realizada por una comisión del PE Municipal y del Consejo deliberante con las consultas continuas a la empresa Melicich (sic) SA”.

Piñeyro también hace referencia “a una reunión mantenida el día anterior con los representantes de los bloques mayoritarios” donde supuestamente se explicitaron “los honorarios que abonaría la empresa”. Estos ascenderían a un millón doscientos mil pesos. “De los cuales una parte: cien mil serían adelantados para que voten el proyecto de pliego a presentar. El pago del resto sería en principio en cuotas por el término de duración del contrato (12 años) con prórroga de dos años más”.

En otro párrafo del mensaje se anticipa que el “presupuesto máximo” que pagaría por tonelada de basura la municipalidad de Santa Fe “sería (confidencial) $ 62 por TN”, con una estimación mensual de 7.000 toneladas; advirtiendo que de “interesar este negocio tenemos que hacer que la sesión (…) pase para después del 23/10, atendiendo que la semana que viene no habría sesión”.

Más adelante, aparece un dato revelador de los alcances que puede tomar este caso de prosperar la investigación judicial. “Nuestra consultora se encuentra trabajando actualmente en otros emprendimientos con el partido de uno de los bloques, de ahí nuestro conocimiento de los aquí planteado”. Cabe aclarar que la elaboración del pliego de licitación estuvo a cargo de una comisión integrada por tres miembros del Ejecutivo Municipal y los entonces concejales Darío Jiménez (PJ) y Darío Boscarol (UCR).

Finalmente, en otro correo fechado el 10 de noviembre de 2005 (dos días antes de la aprobación del llamado a licitación), José Dinotto, colaborador de Gerardo Crespi y Oscar Yódice, recibe un archivo adjunto en donde se detallan las “observaciones” al pliego. “Para alcanzarle a Gerardo de parte mía. Carlos”, dice el escueto mensaje enviado desde la consultora FIDES.

Todos estos elementos, ya fueron derivado al Juez de Instrucción de la 3ª Nominación, Julio Cesar Costa, y “ameritarían la investigación judicial, para deslindar responsabilidades sobre la probable consumación de delitos”, según señala el escrito presentado por Maldonado.

Las razones de la denuncia

Carlos Alcides Maldonado se presenta como un hombre decepcionado por el clientelismo político del partido Justicialista. Actualmente se encuentra desocupado y su quiebre se produjo cuando no cumplieron la promesa de conseguirle un trabajo. El sabe que esta circunstancia puede mellar su credibilidad, pero igual está dispuesto a dar la cara y seguir adelante con su denuncia.

Consultado por Fuera de Foco, en primer lugar explicó las tareas que realizaba para Gerardo Crespi hasta diciembre de 2005. “Dentro del bloque yo colaboraba llevando a las chicas de Mesas de Trabajo a cualquier lugar, si había que llevarle algo a Yódice (Oscar) yo también lo hacía”.

Señala que en un comienzo se lo designó “para que atendiera el local de barrio San Lorenzo que inauguró Mesas de Trabajo antes de las elecciones a concejal. Allí se abrió un centro asistencial que nunca funcionó. Hoy todavía se puede ver la inscripción. Yo anotaba los pacientes y siempre tenía que dar excusas porque nunca anduvo”.

Después de esa tarea se acercó a las oficinas del Concejo Municipal donde trabajó bajo las órdenes de José Dinotto. “Como éramos conocidos el me dijo que íbamos a empezar a recibir cosas de Paraná y quería que yo abriera los emails, porque el no entendía bien esas cosas. Después que empezamos a ver que algunos decían “confidencial” acordamos guardarlos y él estuvo de acuerdo que lo hiciéramos en mi cuenta, para que se conservaran”.

Respecto al rol de José Dinotto en el esquema del bloque, Maldonado explicó que “era el que estaba en acción social dentro de lo que era el trabajo de concejal de Gerardo Crespi y también colaboraba en Mesas de Trabajo Solidario” consiguiendo medicamentos y haciendo gestiones por temas de salud.

Conviene señalar que José Dinotto es un personaje conocido dentro de la militancia barrial del justicialismo. Durante muchos años trabajó en el dispensario de EMAUS en barrio Centenario como agente comunitario, hasta que una denuncia periodística puso al descubierto que negociaba leche maternizada y ofrecía viviendas y trabajo en el Hospital Orlando Alassia a cambio de dinero. El sumario abierto por el Ministerio de Salud culminó con su expulsión de la administración pública provincial.

Maldonado sostuvo que a partir de su relación con Dinotto pudo participar de algunas reuniones con la consultora FIDES. En uno de esos encuentros realizados en Paraná “estaba Carlos Piñeyro, al que yo conocí primero por emails y luego personalmente en una reunión donde estaba Oscar Yódice, Dinotto, y por razones de tiempo no llegó Gerardo (Crespi)”.

Maldonado también revela que la consultora FIDES manejaba otros proyectos con Mesas de Trabajo, como créditos para frigoríficos o empresas que estaban en crisis. “Tenían relación con Gerardo (Crespi) y con Oscar (Yódice) y a través de ellos me conocen a mí”.

Pero de todos estos contactos lo más importante estaba relacionado a la licitación del relleno sanitario. De la información que manejaban en la oficina de Crespi “hubo un diskette que me llamó poderosamente la atención por la cantidad de recomendaciones que me dieron. No hables con nadie, anda derecho a Tribunales y dale este diskette a Yódice (Oscar)”, recuerda Maldonado. Tanta reserva lo hizo sospechar, por lo que decidió “guardar una copia de esto no vaya a ser que esté cometiendo un ilícito”, aunque en ese momento no pudo dimensionar la información que estaba transportando. “Cuando llegué a mi casa lo abrí y no entendí nada, después me doy cuenta que eran los pliegos” enviados a la consultora.

Finalmente, las mayores dudas surgieron con los correos electrónicos “donde se habla de honorarios de un millón doscientos, de 62 pesos la tonelada con un estimado de 7 mil toneladas mensuales, y ahí supimos que habían tenido una reunión con los bloques mayoritarios”.

- En algún momento pidió explicaciones por el contenido de esos mensajes.

- Cuando quise pedir explicaciones fue que discutimos. Me dijeron que me alejara del bloque porque el trabajo se iba a demorar. No me dejaron leer más lo emails. Esta discusión fue con Dinotto y me dijo que era orden de Gerardo.

- ¿Y porque demoró tanto en denunciarlo?

- Siempre tuve la intención de llevarlo a la justicia, pero no es fácil para un ciudadano común. Vos te preguntas si le van a dar importancia.

- Pero pueden decir que quiere sacar provecho personal.

- Si yo quisiera algo voy con estas pruebas y se las ofrezco a los que están implicados. No soy un Robin Hood, pero cualquiera que escuche las cosas que digo le duele que la gente siga impune. Cuando yo le pregunté a Gerardo que pasaba si se conocía esto me dijo: ¿Y que queres que me hagan, yo soy Gerardo Crespi y vos quien sos?

El pliego modificado

Esta denuncia gira en torno a la posibilidad de que algunos concejales santafesinos hayan negociado con la empresa Milicic aspectos esenciales del pliego de bases y condiciones antes del llamado a licitación. Según uno de los correos electrónicos ofrecidos por Maldonado como prueba esta transacción se hizo a cambio de un millón doscientos mil pesos en concepto de supuestos “honorarios”. En otro de los archivos presentados a la justicia aparecen las modificaciones solicitadas por la consultora FIDES, supuestamente en nombre de Milicic.

Estas “observaciones” al pliego comprenden una veintena de artículos del proyecto de ordenanza elaborado por los funcionarios del intendente Balbarrey junto a los entonces concejales Gimenez y Boscarol. Las mismas abarcan las condiciones de los oferentes; una restricción a las empresas vinculadas al barrido y limpieza de la ciudad; las cláusulas de rescisión unilateral del contrato; la antigüedad del parque móvil; el esquema de amortización; y la fórmula para la redeterminación del precio en caso de inflación, entre otras cuestiones.

Todas las modificaciones solicitadas tienen un fuerte impacto económico en beneficio de la empresa adjudicataria. Pero del análisis de la Ordenanza Nº 11.237 surge que ninguno de estos pedidos fue atendido por los concejales. Excepto el método para la redeterminación de precios.

El cambio fue introducido por un nuevo proyecto de ordenanza presentada por el entonces concejal, y actual subsecretario de Gobierno de Municipalidad, Darío Gimenez. La iniciativa ingreso al Concejo Municipal a los pocos días de aprobado el pliego de bases y condiciones y su texto se ajusta a lo solicitado por la consultora FIDES, según surge de las pruebas aportadas a la justicia por Carlos Maldonado.

De acuerdo al Artículo 56 de la Ordenanza Nº 11.237, “el precio se modificará cuando el valor de alguno de los componentes del costo del precio unitario del servicio (Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos), sufriera una variación mensual superior o inferior al 5%”.

A partir de la modificación impulsada por Darío Gimenez “el precio será redeterminado mensualmente, a solicitud de la contratista o la Municipalidad, si el costo del servicio variara en más o en menos de 5% del valor del último precio vigente”.

El cambio es sustancial. En la versión original del pliego la variación del 5% en los costos para habilitar un ajuste de precios debía producirse en un lapso de 30 días. Con la versión modificada el ajuste del precio se produce cuando se acumule un 5% de mayores costos sin importar el tiempo transcurrido. Con este cambio al contratista le resulta más sencillo lograr un aumento de los montos mensuales facturados a la Municipalidad.

En los fundamentos de su iniciativa, el ex concejal Gimenez sostuvo que: “Una vez promulgada la Ordenanza Nº 11.237 pasará a ser la pétrea letra de un Pliego General a través del cual se llamará a licitación pública, con lo cual de promulgarse con simples errores, los mismos quedarán en forma definitiva y sin posibilidad de ser modificadas por una aclaración sin consulta”.

Giménez reconoce que consultó después de levantar la mano, y aclara que “con esta modificación lo que se pretende es nada más y nada menos que otorgar claridad en la aplicación de este pliego que no será otra cosa más que otorgar claridad y transparencia en el proceso licitatorio encarado”.

Objetivos que a luz de las crecientes sospechas aparecen como lejanos, para una licitación, que ahora será investigada por la justicia.