1.200 MILLONES PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Según Rafael Bielsa la campaña electoral del justicialismo debe apoyarse en la millonaria inversión en obra pública que se ejecuta en la provincia. El uso partidario de los fondos públicos fue sugerido por el presidente Néstor Kirchner. Ningún dirigente de la oposición cuestionó tales propósitos.

Igual que el alcohol y algunas drogas, el calor del verano muchas veces impacta sobre los sentidos y los frenos inhibitorios de las personas. Y cuando el afectado es un dirigente político las consecuencias suelen ser mucho más evidentes.

Un ejemplo de esta sintomatología lo podemos encontrar con Rafael Bielsa en las recientes declaraciones luego de su promocionada reunión con el presidente Néstor Kirchner. Cuando el periodista de La Capital, Mauricio Maronna, le preguntó qué consejo le dio el presidente para la campaña electoral, el precandidato a gobernador del justicialismo explicó con brutal honestidad: “Seguir con el ritmo de incursiones al territorio, armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales con una explicación por mi parte de qué significado tiene cada inversión en cada lugar, traducir las ideas centrales en un lenguaje accesible, ser tan generoso y contenedor como realista y memorioso”. (1)

La revelación es sorprendente en boca de un dirigente oficialista, pese a que todos los actores políticos admiten en privado el uso clientelar de los fondos del presupuesto. No es común que un candidato reconozca con tanta claridad que la obra pública será utilizada para mejorar sus chances electorales. Por el contrario, son los referentes de la oposición los que vienen denunciando el uso electoralista de los fondos públicos.

Por ello es sorprendente la escasa reacción de los dirigentes radicales y socialistas frente a semejante revelación, más allá del entretenimiento que significa la definición del compañero de fórmula Hermes Binner y los posibles efectos adormecedores del calor.

Si el oficialismo logra “armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales con una explicación” por parte de su candidato, dispondrá de una formidable masa de recursos para hacer campaña electoral, que podría ser determinante para el resultado de septiembre.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto enviado a la Legislatura por el gobernador Jorge Obeid, la inversión en obras públicas en la provincia de Santa Fe ascenderá a 1.184 millones de pesos durante 2007. Como se desprende del cuadro de inversiones – y tomando por cierta la revelación de Bielsa - el peso de la campaña electoral recaerá, además del candidato, en los ministerios de Finanzas (126,1 millones) y Obras Públicas (119 millones); en las direcciones provinciales de Vialidad (345,6 millones) y Vivienda (359,5 millones); y en las conducciones de la EPE (61,3 millones) y ASSA (83,4 millones). A estos fondos hay que sumarles los 38 millones de pesos en subsidios que la Gobernación tiene para distribuir en subsidios entre instituciones, comunas y personas necesitadas.

Un adelanto de cómo puede instrumentarse electoralmente la inversión pública comenzó a ensayarse desde la Empresa Provincial de Energía. Los mensajes publicitarios pautados en radio y televisión terminan con la siguiente frase: “Santa Fe está creciendo, que nada la detenga”. Tratándose de crecimiento, la advertencia de parálisis solo podría venir de la mano de un descalabro macroeconómico, o quizás, ¿de un triunfo electoral de la oposición? El mensaje por ahora deja abierta la respuesta.

Otra lectura interesante para analizar el posible impacto electoral del esquema conversado entre Bielsa y Kirchner surge de la distribución territorial de las obras. Tomando como ejemplo el presupuesto de Aguas Santafesina SA, tenemos que de los 83 millones programados para invertir durante 2007, 41 millones corresponden a Rosario, 29 millones a la ciudad de Santa Fe, y el resto a las otras 13 ciudades atendidas por la nueva empresa estatal de saneamiento. Los datos revelan una relación directamente proporcional entre inversión, usuarios, votantes y dificultades electorales.

Aceite para la maquinaria
El otro elemento importante en la estrategia electoral del justicialismo es publicidad oficial. De nada sirven las obras si los votantes no se enteran de su concreción. Hasta ahora estos fondos fueron utilizados para condicionar a los medios de comunicación e inducir alineamientos editoriales. La novedad introducida por Bielsa es que también pueden servir como portadores del discurso electoral del partido de gobierno. Un ejemplo ya lo tenemos con la EPE, donde los fondos públicos sirven para pedir “que nada nos detenga”.

Esta forma de utilizar los fondos de la publicidad oficial ya es una práctica común en la política argentina y ha generado ruidosos debates entre algunas empresas periodísticas, el gobierno nacional y la oposición. Incluso en algunas provincias se discute en ámbitos judiciales. También desde el mundo académico y algunas organizaciones de la sociedad civil se ha debatido la situación para producir recomendaciones con el objetivo de evitar los abusos y las presiones.

El año pasado, por ejemplo, un conjunto de entidades convocadas por la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) produjo un documento titulado: “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”. (2)

Entre sus principales recomendaciones se pueden destacar:

- “La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”.

- “La publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión”.

El trabajo también se detiene en las regulaciones establecidas en diferentes países para evitar que la publicidad estatal sea utilizada como propaganda encubierta. En la provincia de Ontario, Canadá, la ley establece que los avisos del gobierno no deben tener como propósito crear una imagen positiva del partido gobernante o generar una impresión negativa de una persona o entidad crítica del gobierno. En España, la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe específicamente contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que “la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”. (2)

En Santa Fe, mientras tanto, la Ley 12.080 de Campañas Electorales, establece en su Artículo 6º que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”, quedando prohibido durante 15 días anteriores a la fecha del comicio, “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos”.

Difícilmente un aviso publicitario oficial promueva la “captación directa del sufragio” a favor de algún candidato justicialista, pero sobran los ejemplos de campañas montadas para promover una imagen positiva de la gestión del partido de gobierno o para generar una imagen negativa de cualquier sector crítico al oficialismo, como fue el caso de los docentes provinciales durante la huelga de 2005.

Pero tal como sucede con los límites temporales a las campañas o la obligación de rendir cuentas de los gastos electorales, ninguna autoridad política o judicial se muestra interesada en hacer cumplir esta ley.

Para el oficialismo la tentación es muy grande. Los fondos destinados a publicidad oficial superan holgadamente los gastos de campaña de todos los partidos de la oposición. En 2006 se presupuestaron 14 millones de pesos sumando todas las jurisdicciones. Si bien no se conoce la ejecución presupuestaria del año que terminó, se estima que dicho monto fue superado. Para el 2007 el presupuesto total de propaganda supera los 19 millones de pesos, aunque también es lógico esperar que dicha cifra sea superada.

Como puede verse en el cuadro la mayor parte del presupuesto publicitario está concentrado en la Subsecretaría de Información Pública (11,4 millones) que depende del Ministerio Coordinador. Otro auspiciante estatal de importancia es Lotería de Santa Fe (2,9 millones), destacándose la asignación de recursos para Aguas Provinciales SA (3,4 millones), lo que convierte a la nueva empresa estatal de saneamiento en un jugador de importancia dentro de la estrategia electoral oficial.

(1) http://www.lacapital.com.ar/2007/01/14/politica/noticia_357997.shtml

(2) http://www.adc.org.ar/recursos/661/Principios%20Basicos%20Publicidad%20Oficial.p