LA OTRA COMISIÓN INVESTIGADORA

Esta semana se cumplen 18 años de la renuncia de Carlos Aurelio Martínez a la intendencia de la ciudad acosado por denuncias de corrupción. Una comisión investigadora del Concejo Municipal puso en evidencia las maniobras que toda la ciudadanía comentaba. En aquella ocasión el justicialismo permitió que se conociera parte de la verdad. En 2007 otro intendente santafesino es investigado por el cuerpo legislativo local. Los ecos del ‘89 que retumban en nuestros días.

Hace 18 años la ciudad de Santa Fe estaba convulsionada. En mayo de 1989 el estallido de la hiperinflación había desencadenado una ola de saqueos que se extendió por Rosario, el Gran Buenos Aires y otros puntos del país. En nuestra ciudad, el índice de precios tuvo un incremento del 105,2%, según datos difundidos por el IPEC a comienzos de junio, lo que obligó a las autoridades provinciales a organizar un plan de emergencia para la distribución de alimentos. Según palabras del gobernador de entonces, Víctor Reviglio, “el causante del estallido es el hambre”. En aquellos días la forma más extendida de protesta no eran los “piquetes” sino las concurridas “ollas populares”, que periódicamente se instalaban frente a la Municipalidad, ya sea, para reclamar asistencia en algún barrio o exigir el pago de los sueldos atrasados a los trabajadores de la administración local.

Carlos Aurelio Martínez era el intendente de la ciudad. Aprovechando su paso por la vicegobernación, durante la gestión de José María Vernet, construyó un entramado de poder que lo catapultó al despacho principal del segundo piso de Salta 2950, en las elecciones de 1987. Su gestión arrancó con un fuerte respaldo político, sindical y barrial. Además supo ganarse la benevolencia de un sector de la prensa, parte del empresariado y las principales entidades intermedias de la ciudad. Pero el idilio duró poco. La feroz interna justicialista, las denuncias de corrupción lanzadas por la oposición y la crisis social que golpeaba duro a los sectores más humildes, comenzaron a resquebrajar el consenso que protegía al “lord mayor de la ciudad”.

Por aquellos días se hablaba de contrataciones directas con empresas manejadas por funcionarios o sus llegados; de pedidos de informes no contestados por el intendente; deudas acumuladas con organismos de la seguridad social; alquileres pactados a precios exorbitantes para el funcionamiento de oficinas municipales; personal contratado que entregaba parte de su sueldo a los funcionarios; y obras públicas adjudicadas mediante procedimientos dudosos. En una ciudad golpeada por la crisis social y sacudida por las convulsiones políticas del proceso electoral que llevaría a Carlos Menem a la presidencia de la Nación, los indicios de un estado de corrupción generalizado se hicieron insoportables para los vecinos y los dirigentes de la mayoría de los partidos.

La respuesta institucional que se encontró para enfrentar esta situación fue la creación de una comisión investigadora en el ámbito del Concejo Municipal. Se trata del mismo instrumento político creado en la actualidad para analizar el desempeño del intendente Ezequiel Martín Balbarrey durante las inundaciones por lluvia de marzo de 2007.

La propuesta de una comisión investigadora para la gestión de Carlos Aurelio Martínez fue lanzada por los concejales de la Unión Cívica Radical Santiago Mascheroni y Carlos Iparraguirre, y luego fue acompañada con proyectos similares, presentados por los ediles del Partido Justicialista y la Democracia Progresista. El proyecto fue votado por unanimidad el 24 de mayo de 1989, en una agitada sesión del Concejo Municipal, presidida por un ascendente dirigente local llamado Jorge Obeid.

El debate de aquella tarde a finales de mayo de 1989 encontró a todas las fuerzas políticas de la ciudad unidas en torno a un objetivo común: investigar la gestión de Carlos Aurelio Martínez. Pero a diferencia del actual intendente, el “Bataráz” manifestó públicamente por aquellos días que se sometía al escrutinio de los concejales e incluso a la justicia si era necesario.

Argumentos de ayer

En la sesión del 24 de mayo de 1989 se trataron tres proyectos de decreto que propiciaban la creación de una comisión investigadora en el marco del artículo 63 del reglamento interno del cuerpo. El primero fue ingresado por la Unión Cívica Radical con la firma de los concejales Santiago Mascheroni y Carlos Iparraguirre, con el objetivo que se informe “sobre el funcionamiento de la Administración Municipal, en especial de todo aquello que tenga que ver con pedidos de informes aún no contestados sobre contratos de personal, contrataciones directas con proveedores, previsiones presupuestarias y demás cuestiones que resulten de interés para los integrantes de la misma”.

La comisión estaría integrada por concejales de todos los bloques y tendría un plazo de 15 días para presentar su dictamen.

En los fundamentos de su proyecto, los ediles radicales sostenían que, “paso a paso se fueron agotando desde este Cuerpo los caminos institucionales para corregir errores, rectificar políticas, reclamar actitudes (…) pero sobre la posición inflexible del Intendente Municipal de mantener en sus puestos a funcionarios inmersos en evidente irregularidad administrativa, se agrega la voluntad de esconder al Concejo información”.

Coincidiendo en la necesidad de una comisión investigadora, el Partido Justicialista presentó un proyecto alternativo que ampliaba los alcances de la pesquisa y otorgaba 30 días para la presentación de las conclusiones.

Con las firmas de José Maria Mazza, Carlos Alberto Chamorro, Carlos Castro, Oscar Alberto Belbey, Redente Furone, Hugo Héctor Ponce, Héctor Elvio Heredia, José Luís Benaglia, Carlos Sambrana y Jorge Alberto Obeid, el peronismo santafesino de entonces quería poner bajo la lupa otros temas no considerados por la oposición, como ser: cuentas bancarias a nombre de la municipalidad, secretarios o directores; licitación del transporte urbano de pasajeros; estado de la deuda global; contratos de alquiler para oficinas públicas; compras efectuadas para obra de la Fuente del Parque del Sur y el Paseo de los Novios; situación del personal contratado; y deuda con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, IAPOS, ASOEM y Caja de Jubilaciones.

Entre los fundamentos presentados por el oficialismo, se destaca que “desde hace unos meses, los medios de prensa locales, orales, escritos, televisivos y, el hombre de la calle, se hacen eco en forma habitual, de hechos y circunstancias no del todo claras, en los que se encontrarían incursos algunos funcionarios políticos que integran el gabinete municipal”.

“Si bien, las conductas aludidas, en casos puntuales podrían tener responsabilidades penales – sostiene el oficialismo – es necesario que el Cuerpo tome directamente intervención en lo atinente a presuntas irregularidades y/o errores administrativos, que pueden poner en grave peligro el buen funcionamiento de la administración municipal”.

Pero los ediles justicialistas advirtieron, que “la exageración, la fabulación y la caza de brujas que realiza la oposición política, en forma despiadada, no hacen más que confundir a la opinión pública con el fin espurio de manipularla electoralmente, sin advertir, que se coloca a todos los hombres públicos bajo estado de sospecha”. Dieciocho años después, el oficialismo de la ciudad ensayaría una línea argumental similar para intentar frenar la creación de una comisión investigadora de la gestión de Ezequiel Martín Balbarrey.

Sin embargo, lejos de obstaculizar el pedido de investigación, el oficialismo de 1989 consideró que “en esta ocasión no podemos cerrar los ojos ni permanecer en silencio, ante situaciones y cuestionamientos, que ponen en tela de juicio el accionar de funcionarios del gobierno justicialista”, concluyendo, “que, el pedido de una comisión investigadora, de ninguna manera significa ni constituye un prejuzgamiento a la tarea cumplida por el D.E.M, lo que se pretende, nada más, es procurar la verdad de los hechos que motivaron el presente proyecto”.

También la Democracia Progresista, representada por el concejal Jorge Alberto Favre, presentó un proyecto de Comisión Investigadora que sumaba nuevos temas para el análisis, como fueron: pavimento Barrio Los Hornos; red de gas natural: juicio de SMATA contra la Municipalidad; situación del Frigorífico Municipal; declaraciones juradas de los funcionarios; y habilitaciones del Cementerio Parque y el Motel “The Sun”.

Ingresados los proyectos de cada bloque, a pedido del justicialismo se pasó a un cuarto intermedio para intentar la unificación de las posturas. A las 22 horas del 24 de mayo de 1989 se retomó la discusión, y en pocos minutos el decreto que creaba la Comisión Investigadora de la gestión de Carlos Aurelio Martínez fue aprobado por unanimidad.

Juego sucio

No es un hecho novedoso para Santa Fe que algunas disputas políticas intenten dirimirse con agresiones e intimidaciones. Lo vimos este año cuando se formó la Comisión Investigadora y algunas paredes de la ciudad fueron utilizadas para agraviar a periodistas y dirigentes vecinales. También hubo operaciones de prensa anunciando “escraches” a concejales de la oposición que criticaron duramente la tarea del intendente durante las últimas inundaciones. Lo mismo sucedió en 1989.

En la madrugada del 9 de junio de ese año se produjo un ataque incendiario contra la vivienda del entonces concejal Jorge Obeid, ubicada en Agustín Delgado al 3300. Desconocidos prendieron fuego al Ford Falcon que el Concejo Municipal le había asignado como presidente del cuerpo, provocando daños además, en las aberturas y mampostería de la casa. Inmediatamente la mayoría de las fuerzas políticas de la ciudad se solidarizaron con el dirigente y su familia. Al día siguiente Obeid le dijo a la prensa: “si esto fuera intencional, pienso que puede tener que ver con la tarea que estamos haciendo en la comisión investigadora”.

Este atentado precipitó algunas decisiones demoradas. El domingo 11 de junio, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, Raúl Carignano, dijo ante los micrófonos de LT10 que Carlos Aurelio Martínez debía renunciar debido a que “la administración municipal es incontrolable”. El diputado igualmente aclaró, que su “consideración no debía atribuirse a las denuncias de corrupción”. Como salida a la crisis política desatada en la ciudad, Carignano propiciaba la intervención de la Municipalidad. “El gobernador tiene caminos institucionales”, dijo en ese momento.

Más contundente fue la reacción del concejal José Maria Mazza, que en declaraciones publicadas por el diario El Litoral (12/06/89) sostuvo: “Ya hay elementos como para pedir la destitución del intendente” por la situación “escandalosa que vive la Municipalidad” (…) “los datos que nos llegan de la municipalidad son calamitosos, las normas administrativas no se han respetado y hay un desfasaje impresionante entre los ingresos y los egresos” (…) “aunque no está especialmente tipificado el pedido de destitución en la ley Orgánica de Municipalidades y Comunas hay varios artículos que se pueden relacionar para poder hacerlo”.

Mientras tanto, el mismo diario publicaba el 13 de junio una solicitada titulada: “No debemos callar”. El texto manifestaba el repudio de los principales dirigentes políticos, gremiales y sociales de la ciudad, al atentado perpetrado contra la vivienda de Jorge Obeid, a la vez que reclamaba “las más amplias garantías para el desempeño de sus funciones al frente del Honorable Concejo Municipal”.

En este contexto comenzaron a crecer las versiones sobre la posible renuncia de Carlos Aurelio Martínez. Las especulaciones se dispararon cuando el intendente y todo su gabinete dejaron de concurrir al Palacio Municipal. Pero el 16 de junio el “lord mayor” reaparece en conferencia de prensa para defenderse: “Soy un luchador y no pienso renunciar (…) he cumplido una gestión brillantísima en este año y medio (…) sería un acto de cobardía retirarme ante una gestión brillantísima. Yo encontré una ciudad desvastada. Hicimos plazas, actos culturales, deportivos, fuimos al amparo de los humildes, levantamos terraplenes y hasta estamos terminando 18 casas”.

Pero la suerte de Martínez ya estaba echaba. En la sesión del 22 de junio de 1989 la comisión investigadora presidida por Jorge Obeid presentó sus conclusiones. Se comprobaron irregularidades en el alquiler de varios inmuebles destinados a dependencias municipales; en numerosas contrataciones directas efectuadas con empresas vinculadas a funcionarios del gabinete; en la utilización irregular de maquinaria vial; y en la retención de una parte del sueldo a un grupo de empleados contratados, entre otras situaciones.

Al día siguiente, el gobernador de la provincia Víctor Reviglio anunciaba la renuncia del intendente de Santa Fe. A su lado se encontraba el presidente del Concejo Municipal, Jorge Obeid, quien asumiría el mando de la ciudad con el objetivo de reestructurar la intendencia, como paso previo al llamado a elecciones que consagraría la victoria del profesor Enrique Muttis.

Los argumentos de hoy

Lejos de aquel convulsionado 1989, cuando los concejales encabezados por Jorge Obeid sostuvieron que “no podemos cerrar los ojos ni permanecer en silencio, ante situaciones y cuestionamientos, que ponen en tela de juicio el accionar de funcionarios del gobierno justicialista” de Carlos Aurelio Martínez; el oficialismo del 2007 defiende a capa y espada la actuación de Ezequiel Martín Balbarrey durante las inundaciones de marzo, a pesar de los abundantes indicios que revelan algún grado de responsabilidad del intendente en la magnitud que adquirió la catástrofe.

Para la concejala Liana Moragues la creación de una comisión de investigación “no es constructiva ni esclarecedora sino claramente golpista”. Descartando de antemano cualquier tipo de responsabilidad de la actual gestión en los daños sufridos por miles de familias santafesinas, la edil oficialista denunció que la oposición “va por una eventual destitución” del intendente. “Hay que tener estatura política para remover a quien está donde está por el voto popular”, esgrimió.

Tiempo atrás, cuando solo se trataba del futuro político de Carlos Aurelio Martínez, “el pedido de una comisión investigadora, de ninguna manera significa ni constituye un prejuzgamiento a la tarea cumplida por el D.E.M, lo que se pretende, nada más, es procurar la verdad de los hechos”, según testimonian las versiones taquigráficas del 24 de mayo de 1989.

La impunidad

Para los santafesinos Carlos Aurelio Martínez se ha transformado en el paradigma del dirigente corrupto. Pero también en la cabal interpretación de la palabra impunidad. Cuando esta semana se cumple un nuevo aniversario de la aceptación de su renuncia, conviene recordar que la justicia provincial tardó 14 años en dictar sentencia para condenarlo a solo tres años de prisión por el delito de peculado. Según el juez de Sentencia N° 4 Mauricio Frois, ex-intendente de Santa Fe y ex-vicegobernador de la Provincia, fue el responsable haber sustraído una fotocopiadora SHARP Z-60 del Senado Provincial. Las causas abiertas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y fraude a la administración pública, prescribieron. Cuando dictó esta resolución el ex intendente estaba en su casa, y no tuvo que volver a la cárcel porque se le computó el tiempo que estuvo con prisión preventiva.

Por su desempeño al frente de esta investigación, el juez Mauricio Frois recibió una sanción simbólica por parte de la Corte Suprema. Previamente, el presidente de la Cámara Penal de Santa Fe, Julio De Olazábal, había dictaminado en relación a la actuación del magistrado, que "parece inevitable pensar que intencionalmente se evitó en ambas causas adoptar medidas para agilizarlas, y que fueron abandonadas a su suerte, al menos, dejadas para un último lugar en la atención".

Como consecuencia de esta mora judicial, la Municipalidad de Santa Fe no pudo avanzar en la demanda de resarcimiento contra Carlos Aurelio Martínez y sus colaboradores. Según el estudio elaborado por el entonces fiscal municipal, Alfredo Palacios, los funcionarios enjuiciados incurrieron “en una clara actividad que perjudicó patrimonialmente al Estado Municipal, cuyo patrimonio y administración tenían confiados a causa de sus respectivas funciones”. Para esto, dice el escrito, se valieron de tres modalidades: anticipo a proveedores, contrataciones irregulares y anticipo de fondos a funcionarios.

De acuerdo a los cálculos hechos por la Dirección de Finanzas del municipio, el daño patrimonial provocado por Carlos Aurelio Martínez y su grupo al erario público ascendía al 30 de septiembre de 1990 a la suma de 9.638 millones de Australes, cifra que actualizada al 30 de marzo de 1991 - cuando entró en vigencia la Ley de Convertibilidad - se transformó en 1 millón de pesos, sin contar los intereses y actualizaciones hasta nuestros días. Esta cifra jamás será recuperada por los santafesinos. Ninguno de los ex-funcionarios enjuiciados goza de una situación patrimonial holgada y la demanda resarcitoria del estado municipal naufragó en el pantano de la impunidad.

Pasaron dieciocho años de aquellos días convulsionados de 1989 y otro intendente de la ciudad espera las conclusiones de una Comisión Investigadora. Los argumentos cambiaron aunque algunos actores siguen siendo los mismos. Antes empobrecidos ahora inundados, pero lo cierto, es que miles de santafesinos, igual que ayer, todavía no tienen a quien cobrarle.