EL EFECTO “CARLITOS”

La detención Carlos Alfredo Vera Colombini complicó la estrategia electoral de su jefe político. Las excusas ensayadas por los laderos de Ezequiel Martín Balbarrey no alcanzan para tapar la estrecha relación entre el intendente y su chofer. En las elecciones de 2003 fue candidato de tres sublemas que tributaron votos para el triunfo del justicialismo en la ciudad de Santa Fe.
El intendente Ezequiel Martín Balbarrey todavía no explicó el verdadero vínculo que lo une con Carlos Alfredo Vera Colombini. Pese a los encomiables intentos de sus laderos por despegarlo de este empleado municipal - detenido el 2 de agosto a la madrugada, borracho, armado y en un vehículo oficial – la estrategia electoral del candidato justicialista ha sentido el impacto de este incidente. Muy pocos pasaron por alto el mensaje que Rafael Bielsa envió, a través de los micrófono de LT10, al contrincante principal del hombre que lo acompaña en la lista sábana del Frente para la Victoria. “Hay un contendiente peronista, que es el compañero Cachi Martínez, que es kirchnerista y que no tengo ningún motivo para dudar que en su boleta va a llevar como candidato a gobernador el candidato de Néstor Kirchner, que es Rafael Bielsa”, dijo el diputado porteño que aspira gobernar la provincia de Santa Fe.

Este reconocimiento para el candidato a vencer por el intendente de Santa Fe habilita, al menos, dos lecturas. Por un lado, está claro que Bielsa necesita asegurarse la mayor cantidad de votos en la capital provincial para descontar la previsible avalancha socialista que vendrá desde Rosario. Aunque resulta llamativo, que para resolver esta necesidad, el ex canciller conspire contra la estrategia electoral de Ezequiel Martín Balbarrey, que ha intentado instalarse por todos los medios, como una figura indispensable del Frente para la Victoria.

En este sentido el mensaje de Rafael Bielsa es claro: para que gane el justicialismo en la provincia no es necesario votar por Ezequiel Martín Balbarrey en la ciudad. Lo que indica claramente, que el capital político del intendente de Santa Fe, se encuentra en retroceso, incluso, en la visión de sus aliados.

Por ello, resulta interesante preguntarse, que tanto tuvo que ver en este tropiezo, la irrupción de Carlos Alfredo Vera Colombini, o simplemente “Carlitos”, como se conoce en el ámbito de la Intendencia a este empleado municipal, con funciones de chofer, rango de “pata de plomo” y servicios como candidato.

Cuando Vera fue detenido en la esquina de Avenida Gorriti y Aristóbulo del Valle, a bordo de una camioneta de la municipalidad, llevaba debajo del asiento un revolver Taurus, calibre 32, con todos los cartuchos en el tambor. Además, en la parte trasera del vehículo, se amontonaban en una caja, volantes con inscripciones agraviantes contra Oscar “Cachi” Martínez. Si hacía falta alguna evidencia sobre el origen de la campaña sucia que tanto preocupa a los dirigentes del justicialismo, esta fue encontrada aquella madrugada del 2 de agosto pasado.

Con estos datos disponibles para todos los santafesinos, resulta risible la desmentida de Pablo Abraham – Secretario de Gobierno y candidato – que calificó como “absurda y ridícula” la posibilidad de “vincular ese accionar con alguna acción del Intendente o la gestión Municipal”. Salvo para este “todoterreno” de la política local, está claro que “Carlitos” Vera actuaba por orden de Ezequiel Martín Balbarrey. Aunque es importante advertir que esta trapisonda no fue la misión más importante protagonizada por el incómodo chofer.

“Carlitos” candidato

En las elecciones generales de 2003, el Partido Justicialista de la ciudad de Santa Fe presentó 17 sublemas para la categoría de Intendente. Entre todos reunieron los 89.043 votos que instalaron a Ezequiel Martín Balbarrey en el despacho principal del Palacio Municipal. Parte de esa cosecha surgió de las tres listas que llevaron a Liana Moraguez como primera candidata a concejal.

En el esquema interno del peronismo santafesino los sublemas “Por Santa Fe”; “Todos por Santa Fe”; y “Unidos por Santa Fe”, eran propiedad de quien sería consagrado Intendente de la ciudad. En las listas de concejales aparecían candidatos con algo de historia, alguna presencia territorial, y de relleno varios impresentables, que en base a favores y mandados bien cumplidos se ganaron un lugar en la historia electoral del partido. En esta última categoría se inscribe Carlos Alfredo Vera, segundo suplente, detrás de Liana Moraguez, Carlos Cardozo, Alcides López, Eduardo Errante, Susana Cámpoli, Omar García y Gladiz Gonzáles Triunfini.

Para “Carlitos” Vera se trató de un paso importante, en lo que imaginaba, su incipiente carrera política. Si bien las posibilidades de sentarse en una banca del Concejo Municipal eran prácticamente nulas para este muchacho de Guadalupe Oeste, con su nombre impreso en tres boletas del Partido Justicialista (ver abajo y a la izquierda) se abría un horizonte prometedor, aunque ahora sus acciones se encuentren en baja.

Pero la historia juega a su favor y algún día llegará el reconocimiento. A diferencia de los volantes anónimos encontrados en su poder la noche del 2 agosto, las boletas impresas para las elecciones de 2003 tienen pie de imprenta y autor, y este se llama: Ezequiel Martín Balbarrey. Solo es cuestión de esperar el momento.

“ESTE GOBIERNO FACILITÓ UNA DEFORESTACIÓN SIN PRECEDENTES EN LA PROVINCIA”

Así lo manifestó el titular de Fundapaz, Ing. Martín Simón. Un estudio de la Universidad de Rosario indica que las deforestaciones en Santa Fe pasaron de 9 mil hectáreas anuales entre los años 1986-2000 a 30 mil anuales desde el año 2000 a la fecha. Por Marcelo Manzatto, desde Vera.

Un estudio elaborado por la Universidad de Rosario indica que entre el los años 2000 y el 2005 las deforestaciones en la Cuña Boscosa Santafesina han crecido, triplicando los valores de años anteriores.

La investigación realizada por Carnevale, Alzugaray y Di Leo determina, mediante teledetección espacial, que entre los años 1976 – 1986 la deforestación anual fue de 14.301 hectáreas. Entre los años 1986 – 2000 descendió a 9.072 hectáreas anuales, para elevarse a 30.212 hectáreas anuales entre los años 2000 – 2005. Estos datos serán publicados en la revista Quebracho que se editará en el mes de Diciembre.

Consultado al respecto por FM Activa el Ing. Martín Simón, titular de la ONG Fundapaz sostuvo “se puede ver claramente que el actual gobierno facilitó una deforestación sin precedentes en la provincia”. Desde el año 2000 a hoy la deforestación se triplicó en Santa Fe y esto significa que en la provincia hemos perdido, solo en ese lapso de tiempo, el 31 por ciento de nuestros bosques“.

La institución fue promotora, en los últimos años, de varias denuncias ante la secretaria de medio ambiente de la provincia por deforestaciones en distintos establecimientos, según Simón los datos son muy claros e indican una total inacción en este tema por parte de dicha repartición del Estado.

Durante el primer semestre del 2005, por ley de la legislatura provincial, se aplicó una moratoria de desmontes que pretendía dar inicio a un ordenamiento territorial de la provincia mediante una zonificación que permita ver donde están los bosques que quedan y cual es el riesgo de perderlos. “Nada de esto ocurrió, en este caso no hubo solo inacción sino también un claro incumplimiento de la ley” sostuvo Simón.

“La zonificación es solo una herramienta que nos dice donde hay y donde no hay bosques y donde no conviene que desaparezca el bosque. Después debe venir la decisión política de aplicar esa herramienta definiendo zonas donde no se puede deforestar. A este paso, cuando ese trabajo se termine, y suponiendo que se logre una decisión política al respecto; seguramente no tenemos mas bosques. Pero también otra ley provincial del 2004, que creó el Programa Bosques para Siempre cuyo objetivo es incentivar a los propietarios de bosques para su conservación y buen uso; ha sido incumplida por el gobierno, ya que nunca se dispuso para este programa de un presupuesto adecuado “ remarcó.

Martín Simón aportó otros datos de la Universidad de Rosario, según lo cual indican que “ en la provincia solo quedan aproximadamente 570 mil has de bosques pero se pierden anualmente 30 mil que cambian de uso, seguramente hacia agricultura. A esto hay que sumar la quema de leña en las calderas de las empresas del norte de Santa Fe: Alcoholeras, curtiembres, ingenios, papeleras, tableros, refinadoras, frigoríficos y por supuesto las aceiteras. Todas sin excepción funcionan quemando nuestros bosques a razón de 15 mil toneladas las más chicas y unas 50 mil toneladas anuales las más grandes. Esto da unas 300 mil toneladas anuales de madera que van a las calderas de dichas empresas –basta ver como desaparecen en pocas horas pilas enormes de las playas de acopio-; lo cual significa una pérdida diaria de 40 has de bosques[1] o sea aproximadamente otras 15 mil hectáreas anuales. Creemos que estas empresas deben comenzar a leer algo sobre Responsabilidad Social Empresaria “.

Además agregó “Todo esto sin contar la futura planta de biodiesel. Se calcula que solo esta planta consumirá otras 150 mil toneladas anuales de leña. ¿Se trata entonces de un combustible “limpio”?. Pero mejor dejemos esto fuera del cálculo; con la esperanza de que nuestros empresarios se modernicen y cambien de combustible “.

Según el responsable de la oficiana de Fundapaz en el ciudad de Vera “ se llega así a que la pérdida de bosques en nuestra provincia es de aproximadamente 45 mil hectáreas anuales. 570 dividido 45 da algo más de 12. Doce son los años de vida que le queda al bosque en la provincia de Santa Fe. Es decir, 3 gobiernos más que sigan mirando para otro lado, y nos quedamos sin bosques”.

Por último el Ing. Martín Simón advirtió que la falta de políticas del gobierno provincial en este sentido afecta a la sociedad de diversas formas. Una gran cantidad de familias viven del bosque, generan alternativas de vida en el campo, a partir del bosque. Toda esa gente va seguir engrosando los cordones de pobreza en las ciudades. El cambio climático ha venido para quedarse. En Santa Fe uno ya sabe que cada 4 o 5 años debe esperar una inundación. Y en el medio de dos inundaciones, como en este preciso momento, un par de sequías.

Marcelo Manzatto

LLEGÓ A LA CORTE LA CLAUSURA DEL DIARIO “EL OBSERVADOR”

Se cumplen 12 días de la clausura del diario “El Observador” de la ciudad de San Lorenzo. La arbitraria medida fue dispuesta por la intendenta Mónica de la Quintana (PJ). Ningún juez de la provincia aceptó el recurso de amparo presentado por el propietario de la publicación. La mayoría justicialista de la Cámara de Diputados bloqueo en dos oportunidades el tratamiento de un proyecto de repudio. El fin de semana intentaron secuestrar la maquinaria. Se presentó un escrito en la Corte Suprema de Justicia.

Hace 12 días que el diario “El Observador” se encuentra clausurado. La medida fue tomada por la Municipalidad de San Lorenzo, luego que el Concejo Municipal de la ciudad, reclamara una inspección en los talleres gráficos de la publicación. Esta decisión fue aprovechada por la intendenta Mónica de la Quintana para sacar de circulación a un periódico crítico de su gestión y del senador departamental Armando Traferri, esposo de la funcionaria.

Previo a la clausura, los concejales del Partido Justicialista de San Lorenzo acusaron a los periodistas del diario de participar de un “contubernio” para promover “la desestabilización institucional del sistema legal constitucional de gobierno de la Municipalidad de la ciudad de San Lorenzo”, advirtiendo, con notable sentido de anticipación, conocer el “lugar operativo de la publicación de los agravios, afrentas, ofensas, calumnias e injurias de todo nivel, actividades que son desarrolladas clandestinamente, sin habilitación y seguramente en violación de las leyes laborales y fiscales”.

Estas afirmaciones de los representantes del oficialismo – reproducidas en esta nota - forman parte de un escrito más extenso que intentó justificar la destitución del presidente del Concejo Municipal sanlorencino. La maniobra estaba dirigida contra el concejal Leonardo Raimundo, candidato a la intendencia del Frente Progresista Cívico y Social, que en las elecciones primarias obtuvo 10.189 votos, aventajando claramente a Mónica de la Quintana, que solo recibió 6.223 sufragios.

El desplazamiento de Raimundo no se pudo concretar pero a las pocas horas del fallido intento el taller gráfico del diario era clausurado por inspectores de la municipalidad.

Este hecho que afecta las bases de la convivencia democrática en Santa Fe ha sido prácticamente ignorado por los grandes medios de comunicación de la provincia. No hubo pronunciamientos desde el Poder Ejecutivo provincial y la mayoría justicialista en la Cámara de Diputados bloqueó en dos oportunidades el tratamiento de un proyecto de repudio. Tampoco hubo acciones concretas desde la justicia santafesina, donde dos juzgados se declararon incompetentes, frente a los recursos de amparo presentados por el propietario del diario.

Para dimensionar la gravedad de la situación, solo basta remitirse al artículo 11 de la Constitución Provincial, que consagra el derecho de todo individuo “a expresar y difundir libremente su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación”, con la garantía, que “la prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad”, agregando que, “no puede clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso”.

Para aquellas personas que se consideren afectadas por una publicación periodística, la Constitución de Santa Fe establece “el derecho de réplica gratuita, en el lugar y con la extensión máxima de aquélla”, con la posibilidad de presentar un recurso de trámite sumario ante la justicia ordinaria en caso de negativa.

Sin justicia

Andrés Sharreta es periodista y propietario del diario “El Observador”. En diálogo con Fuera de Foco manifestó su preocupación por la prolongada clausura que sufre el medio. “Nosotros lamentablemente continuamos clausurados, con el agravante de que la justicia de la ciudad de San Lorenzo se ha hecho a un costado y no a tomado la responsabilidad que le corresponde y no ha garantizado algo tan elemental como la posibilidad de trabajar y sostener el sistema democrático”.

El periodista sanlorencino explicó que “en el amparo presentado la jueza (Gladys) López se declaró incompetente y dio vista a la jueza de Faltas (Graciela) Bocardo que se declara incompetente y termina enviando el trámite para que sea tratado en el juzgado de faltas del municipio, cosa que es una aberración y una locura”.

“Nosotros presentamos una apelación. No olvidemos que el amparo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ahí esta lo grave de esto. Los jueces se declaran incompetentes en algo tan esencial”, lamentó Sharreta.

Frente a esta situación, la semana pasada presentaron una “denuncia formal” en la mesa de entradas de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “También hemos denunciado la situación en organismos internacionales y los medios de todos el país están dando cuenta de esta situación”, agregó el periodista.

Van por más

Pero mientras la justicia provincial se desentiende del caso y la dirigencia política mantiene silencio, los dirigentes justicialistas de San Lorenzo continua su ofensiva contra el diario “El Observador”.

Según explico Andrés Sharreta, cuando tuvieron acceso el expediente administrativo pudieron conocer, “que la municipalidad alude a que no hay ningún tipo de trámite de habilitación, lo que es totalmente falso, e incluso el Secretario de Gobierno está pidiendo la incautación de la imprenta”.

Como un anticipo de la intención oficial de desmantelar totalmente el diario, en la medianoche del último sábado, se realizó un operativo conjunto entre inspectores municipales y policías contra el taller gráfico de “El Observador”. Sin orden de allanamiento, los funcionarios pretendieron ingresar al galpón de calle 9 de Julio al 1100, con la finalidad inventariar la maquinaria y los equipos existentes. La decidida intervención del sereno impidió que se concretara esta irregular medida. Según confió Sharreta, en las próximas horas se presentará una denuncia penal por abuso de autoridad.

Para el director del diario clausurado “en San Lorenzo todavía existen actitudes fascistas” en algunos sectores políticos. “Quiero recordar que tanto el senador como la intendenta fueron fieles precursores de las distintas candidaturas de Carlos Menem. Incluso se utilizaron las estructuras del estado municipal para ir a manifestarle adhesión al ex presidente cuando estuvo preso”.

Finalmente, Andrés Sharreta se manifestó confiado en poder volver a la calle con “El Observador”. “La comunidad esta realmente molesta, demuestra su adhesión hacia el diario y su repudio a la intendenta y el senador Traferri. Ambos creen que pueden dirimir una diferencia política de cara a las elecciones cerrando un medio de comunicación”, concluyó.

COMO INVIRTIÓ EL GOBIERNO NACIONAL LA PUBLICIDAD OFICIAL

Un reciente documento analiza las campañas y avisos emprendidos con fondos públicos, y los organismos que más gastaron. El año pasado, el PEN invirtió 209.638.868 pesos, un 64,4% más que en 2005. Y en los primeros seis meses de este año, ya se gastó casi el 80% del total de 2006. La Asociación por los Derechos Civiles advierte sobre la ausencia de reglas en esta materia. En la provincia de Santa Fe este rubro supera los 17 millones de pesos, pero su destino específico no se puede conocer.

El Poder Ejecutivo Nacional invirtió 209.638.868 pesos en publicidad oficial en 2006, lo que representa un aumento del 64,4% respecto de 2005. En el primer semestre de 2007, el gasto alcanzó los 164.710.597,40 pesos. Esto implica que sólo en los primeros seis meses de este año ya se invirtió casi el 80 por ciento del total de 2006.

Los datos surgen de un informe que presentó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre la inversión publicitaria del PEN durante 2006 y el primer semestre de 2007. El documento –que se basa en información proporcionada por la Secretaría de Medios como consecuencia de pedidos de información pública- forma parte del monitoreo que viene realizando la ADC sobre el tema.

Los presupuestos aprobados también aumentaron. La Secretaría de Medios indicó a la ADC que el presupuesto aprobado para 2006 fue de 141.013.850 pesos. Para 2007, el presupuesto aprobado fue de 202.792.000 pesos, un 43,8 por ciento más que lo originalmente pautado para 2006.

Las campañas publicitarias

El reporte discrimina la inversión publicitaria según las campañas y avisos publicitarios contratados en 2006 e incluye una lista de las campañas y sus costos.

En 2006, la campaña más costosa fue la de “Servicio Doméstico” de la AFIP, con un total de 24.922.403 pesos. Le siguen “Hablemos” (15.263.872 pesos), de la Secretaría de Prevención del Narcotráfico y “Tabaquismo” (12.736.538 pesos), del Ministerio de Salud. En los primeros seis meses de 2007, los primeros tres lugares fueron para “Accidentes de Tránsito”, del Ministerio del Interior, con 15.726.553,94 pesos, “Alcoholemia” de la Secretaría de Prevención del Narcotráfico, con 15.046.327,29 pesos y “Antitabaco”, del Ministerio de Salud, con 12.329.105,86 pesos.

Llama la atención el costo de los avisos de visitas presidenciales, que figuran en sexto lugar dentro de la lista de mayores campañas/avisos realizados durante 2006 y en el quinto lugar en el primer semestre de 2007. Considerados en conjunto, estos avisos duplicaron en ambos períodos a campañas de políticas públicas como las de “Trabajo Registrado” o “Volver a la Escuela”.

La ADC considera que la publicidad oficial, si es correctamente utilizada, puede cumplir una función muy positiva. En cambio, no debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno. En un año electoral como el actual, será importante cotejar que la publicidad de los actos de gobierno no sea utilizada indirectamente como modo tendiente a captar el sufragio a favor de determinados candidatos.

Los organismos que más gastaron

El informe también evalúa los gastos de 2006 según el organismo que los ordenó. En 2006, la lista la encabezó Presidencia de la Nación, y en los primeros seis meses de 2007 la AFIP.

Varios organismos vieron incrementado su gasto. Es el caso del Ministerio de Salud, que en lo que va de 2007 gastó 24.694.265,99 pesos, superando su inversión de 2006, que fue de 24.163.003,17 pesos. Lo mismo sucedió –entre otros- con el Ministerio de Economía, que en 2006 gastó 13.648.747,87 pesos y en el primer semestre de 2007 lleva invertidos 16.228.520,87 pesos; el de Planificación, que gastó 4.480.471,04 en el primer semestre y 3.031.124,39 durante el año pasado, o el de Educación, que en los primeros seis meses del año invirtió 14.419.186,64 pesos, contra 14.909.503,81 pesos de todo 2006.

Finalmente, la ADC advierte sobre la ausencia de criterios y mecanismos claros y transparentes de adjudicación, una situación que favorece la discrecionalidad. Es necesario, entonces, que se dicte una adecuada legislación que regule la planificación, producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado.

Ver informe completo

BALBARREY Y LAS ARMAS

En diciembre de 2002 se aprobó la implementación de un Plan Municipal de Canje de Armas. La iniciativa tuvo amplio apoyo en el Concejo Municipal y fue votada – junto a otros ediles - por Ezequiel Martín Balbarrey. Al asumir la intendencia la puesta en marcha del proyecto quedó paralizada. La detención de uno de sus colaboradores portando un arma de fuego ilegal pone en tela de juicio sus verdaderas convicciones sobre la problemática del armamentismo.

La detención Carlos Alfredo Vera Colombini – empleado municipal y chofer del intendente de la cuidad – agregó un nuevo ingrediente a la campaña electoral. Nada permitía anticipar que en el centro del debate quedaría el personal armado que acompaña en sus recorridas a Ezequiel Martín Balbarrey, hasta que una patrulla de la Guardia de Infantería requisó la camioneta Ford Ranger - propiedad del municipio - encontrando en su interior un revolver marca Taurus calibre 32 y una caja con numerosos volantes sin pie de imprenta. Lo sorprendente del hallazgo fue que el arma incautada no tenía registro y los impresos contenían consignas difamatorias con el candidato Oscar “Cachi” Martínez.

Si hacía falta alguna evidencia sobre el origen de la campaña sucia que tanto preocupa a los dirigentes del justicialismo, esta fue encontrada, en manos de un colaborador muy cercano del intendente de Santa Fe. El otro dato preocupante, es la presencia del arma, que introduce un factor desestabilizante en la contienda electoral.

Todas las fuentes consultadas, en torno a este incidente, coinciden en señalar que Carlos Alfredo Vera Colombini integra el grupo más estrecho de colaboradores de Ezequiel Martín Balbarrey. Militante, chofer y chico de los mandados, tal es el perfil de este hombre de 38 años, que acompaña al intendente hace más de una década, cuando se conocieron en la Dirección de Hidráulica de la municipalidad.

Mas allá de las desmentidas de Pablo Abraham – Secretario de Gobierno y candidato – que calificó como “absurda y ridícula” la posibilidad de “vincular ese accionar con alguna acción del Intendente o la gestión Municipal”, en el terreno político es indudable que Ezequiel Martín Balbarrey se encuentra involucrado.

Sobre todo si se tiene en cuenta la conducta sinuosa del actual intendente respecto al armamentismo de la sociedad civil.

Canje de armas

El 12 de diciembre de 2002, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por amplia mayoría la Resolución Nº 9512 que impulsaba en nuestra ciudad el desarrollo de un Plan Canje de Armas. El proyecto había sido presentado por los concejales Leonardo Simoniello y Fernando Perticará, y luego de un amplio debate recibió el apoyo de varios ediles, entre los que se encontraba Ezequiel Martín Balbarrey.

La iniciativa contemplaba la entrega voluntaria de armas a cambio de bienes de consumo, ayuda social, empleos temporarios, pases de transporte, entradas a espectáculos, y cualquier otro elemento que sirva para mejorar “la calidad de vida” o “estimulen la integración, la cohesión social y el compromiso solidario” de los participantes.

Cuando las marchas convocadas por Juan Carlos Blumberg le dieron rango legislativo a las propuestas de “mano dura”, en nuestra ciudad el Concejo Municipal, sancionó una nueva Resolución instando al intendente a poner en práctica el Plan de Canje de Armas. Ahora ocupaba el segundo piso del Palacio Municipal, Ezequiel Martín Balbarrey, quien como concejal había apoyado esta propuesta.

“Otorgase un nuevo plazo de noventa días (90) a fin que el Departamento Ejecutivo Municipal con la participación de los distintos Consejos y Equipos del Programa Municipal de Seguridad Urbana, estudie e impulse el desarrollo en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, de un Plan Canje de Armas con el objetivo de disminuir la tenencia de estos elementos por parte de la población, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9512/02”, decía la norma aprobada en abril de 2004.

La insistencia de los concejales para la puesta en práctica de esta propuesta, señalaba que “el problema no es solo el de una oferta y un fácil acceso de armas de procedencia ilícita, sino la existencia de circunstancias sociales y políticas (fragmentación social, exclusión de la juventud, polarización social y política, marginación, etc.), que genera una demanda de instrumentos de violencia y confrontación. Detectar, reconocer y actuar sobre estas raíces que generan violencia y facilitan el recurso a las armas será, por tanto, la forma más eficaz de cambiar esta dinámica”. De todos modos, estos argumentos no lograron conmover al intendente y el Plan de Canje de Armas no se puso en práctica.

El tiempo seguía transcurriendo y la Resolución Nº 9512 no era llevada a la práctica. Mientras tanto la violencia delictiva iba en aumento. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, durante el año 2004 en la ciudad de Santa Fe, se produjeron 94 homicidios y se denunciaban 67 delitos por día.

El escenario pareció cambiar en septiembre de ese año. Luego de una reunión con el concejal Jorge Henn - integrante del Consejo Ejecutivo de Seguridad Urbana - el intendente Ezequiel Martín Balbarrey aceptó convocar a distintas entidades para evaluar la implementación del Plan Canje de Armas.

Este renovado impulsó derivó en la firma de un convenio marco entre la Municipalidad de Santa Fe y la "Asociación Civil Espacios para el Progreso Social" de la ciudad de Mendoza, con el objetivo de encarar acciones coordinadas de colaboración, cooperación y prevención, para “abordar la problemática que representa la proliferación de armas de fuego en la población y las consecuencias nefastas en la seguridad pública”.

A partir de entonces, la posesión de armas de fuego por parte de la población civil dejó de ser un motivo de preocupación para la gestión de Ezequiel Martín Balbarrey, hasta que apareció el revolver Taurus calibre 32, sin registro, en poder de uno de los chóferes del intendente.

UN ESTILO CON HISTORIA

Desde hace más de una semana, un periódico de la provincia está clausurado. En la historia de Santa Fe, muchos intentos por amordazar a la prensa tuvieron éxito, otros no tanto. Pero ¡qué ganas había antes, al igual que hoy!

Ya hemos comentado que Santa Fe tuvo dos leyes de imprenta con un claro fin represivo hacia la liberta de expresión. Una, fue sancionada en 1876 y rigió por casi 60 años; otra, en 1937 duró unos pocos años, ante el clamor del país por sus claros artículos contrarios a la constitución nacional.

Pero mientras aún regía la vieja ley, en 1913, un diputado presentó un proyecto de ley que atrajo el repudio de los medios de comunicación.

Lo curioso del caso, es quién presentó el proyecto, a la vista de lo que sucedió hace unos pocos años con el diario Castellanos, cuando se confiscó una imprenta por un juicio.

Aquel proyecto fue presentado por un diputado del departamento Castellanos, el diputado Fougere.

“La rara unanimidad que ha existido para condenarlo”, dice el diario Santa Fe, "nos exime de tener que analizarlo".

“Basta hacer presente que según ese proyecto, por un delito cometido en un diario se hace pasible de pena hasta el dueño de la imprenta donde se edite la hoja de publicidad. Con un poco más de elasticidad, se castigaría hasta los tipos, ya que el propietario de imprenta es sólo un industrial, que nada tiene en común con los hombres de pluma”.

En Rosario, el gremio periodístico convocó entonces a una asamblea para repudiar el proyecto y solicitar la adhesión de los medios porteños.

“Los periodistas redactarán un memorial dirigido a la cámara pidiendo que no sea tomado en consideración semejante proyecto de amordazamiento de la prensa y atentatorio a la libertad de emisión del pensamiento que consagran las constituciones de la nación y la provincia, especialmente el confeccionado por el señor Fougere, que constituye en materia de prohibiciones, la monstruosidad mayor que ni en Rusia, donde impera un autócrata, prosperaría”.

“Tras la protesta colectiva de los colegas de profesión”, anunciaba el Santa Fe, “se iniciará una campaña unánime para denostar lo absurdo y fuera de toda lógica que encierra semejante atentado a la libertad de prensa y de emitir las ideas por la prensa, la más grandiosa conquista de la humanidad en defensa de sus más legítimos intereses”.

Foto: Banco de Imágenes Florián Paucke

LA MENTIRA AL DESCUBIERTO

La Subsecretaría de Seguridad Pública de la Provincia sostiene que la Escuela Nº 1234 “Profesor Luís Ravera” de la ciudad de Santa Fe cuenta con custodia policial durante todo el día. Sin embargo, cuando una maestra fue agredida dentro del establecimiento por familiares de un alumno, el personal de seguridad no estaba presente. El dato quedó en evidencia en la respuesta a un pedido de informes de la Cámara de Diputados.

Esta semana ingresó a la Cámara de Diputados la respuesta a un pedido de informes presentado por Antonio Riestra (ARI), donde se pedía conocer “las medidas preventivas y de seguridad adoptadas en resguardo de la integridad personal y de los bienes de los alumnos, maestros y demás trabajadores” de la Escuela Nº 1234 Luís Ravera, de la ciudad de Santa Fe. El proyecto surgió a raíz de los reiterados hechos de violencia que afectaron a integrantes de dicha comunidad educativa a comienzos de mayo.

En la respuesta ingresada en la última sesión, la Subsecretaría de Seguridad Pública, informa que ante “la necesidad de incrementar la actividad preventiva disuasiva” en esta escuela para “brindar seguridad a integrantes de la comunidad educativa”, la Jefatura de la Unidad Regional I dispuso un dispositivo especial a través de la Orden Operacional Nº 1142/07.

El objetivo de este dispositivo era “brindar seguridad interna y externa perimetral; impedir incursión de intrusos; prevenir despojos, sustracciones y daños a las instalaciones; prevenir ilícitos en perjuicio de alumnos, docentes, no docentes y demás integrantes de la comunidad educativa”, durante las 24 horas del día, a partir del pasado 8 de mayo.

Como responsable de este servicio fue designado el jefe la Seccional 7ma de Policía, para lo cual se le ordenó disponer de personal afectado a la Alcaldía y de la Agrupación Cuerpos. La vigilancia debía ser efectuada por un agente por turno (07:00 a 21:00 y 21:00 a 07:00) con la presencia de un móvil policial entre las 07:30 y las 19:00 horas.

Sin embargo, cuando el martes pasado a la tarde, Pamela Vega, maestra del 3er año de EGB, fue agredida por familiares de un alumno, la guardia policial no estaba presente para auxiliarla.

"La tía del nene se me vino encima, me pegó patadas, me quería golpear la cara además de insultarme. Intenté defenderme como pude. Fue terrible: todo sucedió delante de los chicos", relató la docente al diario El Litoral.

"Me puse muy mal, muy nerviosa, entré en una crisis nerviosa. En ese estado logré salir del aula para buscar al policía que debía estar en la puerta de la escuela, pero no estaba. La mujer me siguió con una bufanda con la intención de ahorcarme. Justo salió un portero que logró ayudarme", agregó la maestra, quien fue amenazada por las mujeres de que "algo le iba a pasar si seguía yendo a la escuela".

Frente a este notable contraste entre el discurso oficial y la realidad, Antonio Riestra manifestó en la última sesión de la Cámara de Diputados que “el gobierno nos sigue mintiendo, no a mí como legislador, sino a toda la Cámara que aprobó este proyecto”, agregando, que si bien la respuesta para los problemas del establecimiento no es la policía, “resulta irritante comprobar estas contradicciones y la liviandad con que se dirigen a los diputados”.

Otro elemento que genera dudas sobre la efectividad de estos dispositivos de seguridad, también surge de la respuesta que el gobierno provincial envió al diputado del ARI. En ningún tramo del documento oficial se hace referencia a la Brigada de Seguridad para Establecimientos Escolares creada para enfrentar estos problemas. Esta iniciativa fue promocionada en el mes de mayo, luego de una sucesión de robos perpetrados contra docentes y alumnos de la Escuela Luís Ravera.

Incluso se conocieron declaraciones de un jefe de esta brigada. “Se están logrando resultados, pese a que hace poco tiempo que empezamos a trabajar”, aseguró el subcomisario Pedro Mendoza, a la emisora LT10.

Que sigan los exitos.

LA CRIMINALIZACIÓN DEL PERIODISMO

El diario La Voz del Interior de Córdoba - propiedad de Clarín (85%) y La Nación (15%) - impidió las negociaciones salariales con los trabajadores de prensa y logró que un fiscal procese a cuatro de ellos penalmente por reclamar. Exigió además que se quite la tutela sindical a integrantes del gremio para poder despedirlos. Las garantías constitucionales avasalladas, en medio del obvio silencio de los medios, las intimidaciones y ataques a la libertad sindical y de expresión: la lógica monopólica frente a la que el gobierno no actúa mientras se habla “pacto social”.

“Reclamar no es una acción delictiva” se ve obligado a aclarar Javier De Pascuale a lavaca, cuando explica la situación por la que está pasando el Círculo del Sindicato de Prensa de Córdoba (Cispren). “Es nuevo que a los periodistas nos imputen por piqueteros, pero tenemos a cuatro compañeros procesados por el artículo 194 del Código Penal por reclamar en el espacio público por nuestros derechos, frente al boicot de La Voz del Interior a todo intento de negociación salarial, y además piden que les quiten sus garantías gremiales para poder despedirlos del diario”.

El artículo 194 es el que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien ”sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

El fiscal Javier Praddaude, desmintiendo que la justicia sea lenta (cuando de estos monopolios se trata) imputó a Guido Dreizik (secretario general del Cispren), Esteban Liendo (prosecretario gremial), Walter Moyano (delegado de La Voz del Interior) y Daniel Klorcker (editor de Prensared, la agencia de noticias del Cispren) por el artículo 194. Luego el diario pidió a la justicia que excluya a tres de ellos (Dreizik, Liendo y Moyano, que trabajan en La Voz del Interior) la tutela sindical que impide que sean despedidos.

El fondo del problema, según lo plantea el Cispren, es “un nuevo e ilegítimo intento e judicializar el reclamo salarial y las medidas de acción que el sindicato formula en ejercicio de la libertad sindical y en abierta violación a las garantías constitucionales en la materia”. El sindicato, además, precisó que todo esto en el fondo “es un modo de desviar el eje de discusión de la ostensible realidad de que estas empresas mientras perciben ganancias extraordinarias, pagan salarios de hambre”.

¿De quién es el espacio público?

“En marzo habíamos comenzado las negociaciones con la cámara de empresas periodísticas que es un grupo siempre liderado por el diario La Voz del Interior, que es la empresa más grande” explica De Pascuale. “De siete empresas, cinco querían cerrar un acuerdo con el Cispren, pero el diario empezó a operar para frenar ese acuerdo hace tres meses”.

“Operar” significa que el tamaño mismo de la empresa en Córdoba hace que las demás la sigan en sus decisiones. No se trata de “desacuerdos” en este caso, sino que La Voz del Interior no aceptó negociación salarial alguna, e impidió que las otras empresas acordaran.

Los trabajadores decidieron llevar a cabo algunas medidas como asambleas y paros parciales (de dos horas), y finalmente el viernes 29 de junio se hizo una protesta reclamando aumento salarial frente a la sede del diario. “Lo hicimos muy premeditadamente, de 1 a 3 de la mañana. Cortamos la calle totalmente durante media hora a lo sumo, y apenas llegó la policía el corte se hizo parcial y siguió habiendo flujo de tránsito. Pero la propia protesta atrasó la edición nochera del diario y atrasó la salida de las camionetas a otras provincias y puntos del interior de Córdoba. Lo impedimos, y boicoteamos la posibilidad de que llegara a horario”.

¿Por qué? “Porque consideramos injusto que una empresa estuviera boicoteando y esterilizando todas las discusiones. Evaluamos la medida y pensamos que es parte de la protesta social y gremial. El espacio público es el único con el que cuentan los trabajadores para protestar”.

Ese mismo día el grupo Clarín consiguió que el ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, y que el fiscal Praddaude imputara penalmente a los trabajadores. La Voz del Interior, debe recordarse, ya no tiene al socio español y ha quedado en manos de Clarín en un 85% y La Nación, 15%.

Para la libertad

Los trabajadores reclamaban 2.200 pesos como básico, pero había un preacuerdo con las otras empresas de 2.000. “De siete empresas, cinco querían el acuerdo. Las dos que se negaron son las monopólicas” explica de Pascuale. “La que lidera es obviamente La Voz del Interior, que tiene el 70% del mercado (pude agregarse que otro de los diarios, Día a Día, también pertenece a Clarín). Y Cadena 3 es la radio que reúne al 70% de audiencia, un fenómeno inédito en cualquier gran ciudad. Entre ambos tienen todo el poder para que las empresas más pequeñas no saquen los pies del plato”.

Una de las estrategias del grupo empresario fue desconocer la “nueva” formación del Cispren, fusión del Sindicato de Prensa, el Círculo de Prensa y la Asociación de periodistas de Río Cuarto efectivizada hace 27 años.

El contexto, según De Pascuale, es el siguiente: “Nosotros venimos hace dos años reconstruyendo la fuerza gremial, que había sido destruida en los 90. Lo hacemos con un estilo nuevo. A las paritarias no van los dirigentes del gremio, sino todos los compañeros. Discutimos con los empresarios en grupos de 30 o 35 trabajadores. Hacemos asambleas de todo el gremio prácticamente cada 15 días. Vamos al paso del más lento, para ir todos juntos”.

Una de las decisiones tomadas de ese modo fue reconocer la caída salarial y reconocer también que hay un esquema nacional donde el virtual ministro de Trabajo Hugo Moyano “pone un techo del 19 % a las negociaciones”. En Córdoba decidieron ignorar ese corset, y el reclamo era por el 40% con opción a cerrar por el 24% (los 2.000 pesos de básico). “Somos un gremio de tradición combativa, pero también tenemos tradición de seriedad y cuando pactamos las cosas las respetamos. Es nuevo que nos consideren piqueteros a los periodistas, pero a este estado de cosas nos empuja la intransigencia de estos empresarios” dice De Pascuale.

El ejemplo de la arbitrariedad de las imputaciones es el mismo Javier, secretario de cultura del Cispren, que trabaja en el diario Comercio y Justicia y fue orador en el acto criminalizado, con fotos y demás. Sin embargo a él no lo imputaron, cosa que sí hicieron con trabajadores de La Voz del Interior que, en algún caso, ni siquiera participaban de la medida.

Las patronales ahora están impidiendo la realización de asambleas, amenazan con descuentos salariales y consideran que cualquier reunión de los trabajadores constituye en sí misma una medida de fuerza. De Pascuale: “No somos un gremio loco ni trosco, tenemos una acción bien democrática, queremos que se garantice la libertad sindical y de expresión porque además este conflicto ha sido absolutamente silenciado por los medios. Vamos de a poco. Nuestro objetivo sigue siendo recuperar el salario que baja día a día, y estamos discutiendo qué medidas tomar. Van a ser las que decidamos entre todos”.

Publicado en: http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1582.shtml

LLEGÓ PAPÁ EZEQUIEL

La municipalidad de Santa Fe maneja un depósito de mercadería ubicado en el puerto local. Desde allí parten camiones con bolsones hacia distintos puntos de la ciudad. El diputado Antonio Riestra (ARI) presentó un pedido de informes para que el gobierno provincial explique cual es su responsabilidad. Existen dudas sobre el origen y destino de estos bienes en medio de la campaña electoral.

Entrando al puerto de Santa Fe por el acceso de calle Tucumán y avenida 27 de Febrero, se llega a un enorme galpón donde antes funcionó el supermercado Merko y ahora se anuncia la apertura de una sucursal de Coto. Desde perímetro exterior no se pueden ver las tareas que allí se realizan, pero transitando por el empedrado interior, se alcanza a distinguir claramente la gran cantidad de mercadería guardada en cajas identificadas con el logo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Desde hace varios días, personal de la municipalidad de Santa Fe desarma los envoltorios y vuelve a guardar la mercadería acopiada, en bolsas sin identificación, que luego son llevadas por camiones hacia otro destino.

La constatación fue hecha por el diputado Antonio Riestra, que esta semana presentó un pedido de informes, para que el gobierno de la Provincia explique que intervención tiene en el manejo de este depósito o si existe algún convenio con la Municipalidad de Santa Fe, para recibir, fraccionar y distribuir esta mercadería. El proyecto también indaga sobre el sistema de registro implementado con las familias que reciben esta ayuda social.

Conviene recordar, que a partir de las últimas inundaciones, el gobierno de Santa Fe fue autorizado a realizar contrataciones de emergencia para asistir con distinto tipo de bienes a la población damnificada. También se activaron procedimientos especiales para la recepción de donaciones o aportes de otras jurisdicciones. Las mismas excepciones fueron otorgadas a los municipios y comunas.

Pero a cuatro meses de las inundaciones, y en medio de un proceso electoral, existen sobrados motivos para desconfiar del uso que Ezequiel Martín Balbarrey puede darle a la mercadería guardada en este galpón del puerto. Desde el inicio de la campaña, dirigentes de la oposición y referentes barriales han denunciado el uso de recursos del estado para sostener el proyecto reeleccionista del intendente de la ciudad.

No sería la primera vez que los bienes que originalmente estaban destinados a las familias inundadas, terminen depositados en la casa de algún puntero del oficialismo para ser utilizados en la campaña electoral.

OESTE

La ciudad se inunda desde siempre. Desde siempre se prometen obras, desde siempre se denuncia su carencia. Desde siempre el oeste sufre. Ser pobre e inundado, una constante de la historia santafesina.

“Una vez más, la lluvia nos demostró ayer la urgente necesidad de una obra de desagüe”, inicia su crónica el diario El Orden, el 5 de mayo de 1932.

Si cualquiera elige por azar uno de los miles de diarios que se acumulan en el Archivo General de la Provincia, encontrará que cada año se repiten para esa época, las crónicas de la inundación.

El Orden hace 75 años no buscaba responsables. En 1905, en cambio, un diario opositor al gobierno de Rodolfo Freyre, había encontrado tres culpables: los que habían decidido el traslado de la ciudad eligiendo “este casi bañado para plantar los cimientos de una ciudad”, “los indios que obligaron a ello” y, finalmente, “la imprevisión de nuestras autoridades”.

Pero en 1932, inundarse y ser pobre eran dos condiciones que iban de la mano.

Así describía esos días el diario El Orden:

La lluvia caída durante todo el día provocó inundaciones en los barrios de la ciudad.

Desde las horas de la mañana llovió en esta capital, lluvia que a medida que pasaban las horas se hizo más intensa, dando la impresión de que estábamos ante uno de esos temporales que de cuando en cuando nos sorprende. El cielo permaneció plomizo. Nubes negras decían que la lluvia continuaría durante todo el día, como así sucedió. Mucha gente fue sorprendida en las calles y a los pocos segundos ya quedaron empapados. Primero fue una lluvia lenta, pero poco después de mediodía llovía en forma tal que recordaba las épocas lluviosas en que todo el día caía agua.

Los barrios inundados

No decimos ninguna novedad al decir que los barrios quedaron cubiertos por las aguas. En el Oeste vimos calles que era imposible pasar. En Avenida Freyre y Catamarca, por ejemplo, la calle tenía más de medio metro de agua; en calle Avenida Freyre y Salta, en el centro, el agua impedía el paso de los vehículos como lo constatamos. En la mayoría de la Avenida citada daba la calle la impresión de una laguna. Más de una protesta oímos por esto. En calle Buenos Aires al oeste ocurría otro tanto y así en la mayoría de los barrios.

Medio metro de agua

No exageramos si decimos que hubo lugares donde el agua alcanzaba a más de medio metro. En calle Urquiza y Moreno los tranvías dejaron de pasar porque allí el agua alcanzó tal nivel que hacía poco menos que imposible pasar ni en automóvil. Así otros lugares. Si nos dedicamos a dar a conocer calle por calle necesitaríamos muchas columnas que no disponemos.

Cuatro días después, era el momento de ocuparse de los pobres. Lentamente el avance de las aguas va cercando la vida de los pobres. Una visión del suburbio castigado por el río El oeste soporta el ataque. Es la zona de la ciudad sobre la cual se hacen sentir primero los efectos de la creciente, es el título que el 9 de mayo engloba a una extensa crónica de la inundación.

La creciente del río sigue constituyendo una constante amenaza para los que viven en las zonas bajas. Lo hemos constatado enana gira que realizamos en el día de ayer, aprovechando el feriado. Recorrimos los principales barrios, aquellos que están expuestos a sufrir las consecuencias, como ocurre todos los años, cuando como ahora estamos ante una creciente de importancia. Ha sido siempre un verdadero problema la ayuda a los que tienen que desalojar sus viviendas ante el avance de las aguas.

Gobernaba Santa Fe el demócrata progresista Luciano Molinas, quien días antes había puesto en vigencia la Constitución de 1921. El periódico adhería fervorosamente al gobierno de Molinas. Y eso quedaba claro, cuando se refería a los afectados:

Menos mal que bajo el actual gobierno los inundados pueden estar seguros que no quedarán desamparados. Se les ayuda desde ya, se le prestan auxilios y se les da alojamiento en la mejor forma posible. Y es bueno agregar que bajo otros gobiernos no se hacía en la forma que se hace ahora.

Siempre el oeste

Dice El Orden:

Siempre ha sido el barrio oeste, jurisdicción de la comisaría 4ª, el que ha sufrido antes que otros las consecuencias de la creciente. Ello tiene su explicación teniendo presente que el Salado crece de inmediato apenas repunta el Paraná. Eso por una parte y por la otra influyen las lluvias para que las aguas avancen hacia las zonas bajas, como ocurrió en el presente. Es así que el barrio oeste es en los momentos donde más se ve la creciente a que nos referimos. Vive allí no poca gente humilde, de trabajo, hemos visto ranchos, casillas, completamente bajo el agua y otras rodeadas por las mismas. Es natural que la mayoría de los vecinos tomen sus medidas para defenderse. Por eso hay varios que han construido una especie de escaleras que les evita andar en el agua. No faltan las casillas que se han construido teniendo presente que existe siempre la amenaza de las inundaciones.

En calle General López

Las aguas del Salado llegan ya a la calle General López, al oeste. Lo hemos visto. Poco a poco las aguas van avanzando, las viviendas de los que viven por allí –que son muchos- se ven ordenadas sin que falten las que ya están inundadas. Todo ello no deja de causar inquietud a los que saben bien que si sigue el río creciendo están expuestos a tener que abandonar sus viviendas con la amenaza de perderlo todo. Nos decían los vecinos que ellos creen que la creciente no seguirá más adelante, pero como todo puede suceder han tomado sus medidas. La calle a que nos referimos ofrece la impresión de un río en el extremo oeste, tanto como si se estuviera ante un río. Muchas viviendas están invadidas por las aguas. Sus moradores no las han abandonado todavía en la confianza de que el río no seguirá adelante. Pero si ocurre lo contrario, deberán hacerlo.