LLOVIERON SUBSIDIOS

Durante el año 2007 se repartieron miles de subsidios en la ciudad de Santa Fe. Fueron entregados por la Provincia y la Municipalidad. Beneficiaron a personas, organizaciones barriales, entidades intermedias, clubes y empresas y comercios afectados por la inundación pluvial. El Tribunal de Cuentas de la Provincia reclama rendiciones y exige la devolución del dinero. La Comisión Investigadora municipal indaga sobre el destino de estos fondos.

En los últimos meses un curioso aviso comenzó a ser publicado en el Boletín Oficial de Santa Fe. Con la firma de los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia se notificaba a numerosos beneficiarios de subsidios entregados por la Gobernación “que dentro del término de 15 (quince) días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la presente” debían contestar “por escrito los reparos acompañando documentos y probanzas suficientes” sobre el destino del dinero entregado. En otros casos, el reclamo iba más allá, y directamente se intimaba a los responsables “para que dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a reintegrar el importe correspondiente (…) bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.

Un relevamiento efectuado en la versión impresa del Boletín Oficial nos permitió detectar alrededor de cincuenta reclamos de este tipo dirigidos a personas y organizaciones sociales que recibieron dinero de la Gobernación entre los años 2003 y 2006. Se trata de subsidios que fueron otorgados para solventar gastos médicos, viajes al exterior, organización de eventos, construcciones o emprendimientos productivos. En algunos casos el Tribunal de Cuentas ha reclamado la presentación de las respectivas rendiciones de cuentas, en otros, lisa y llanamente, la devolución del dinero. Si bien los montos en litigio son pequeños, llama mucho la atención que estos trámites se activen luego de transcurrido tanto tiempo.

Nada indica que estemos en presencia de un cambio en la política, por el contrario, estos avisos extemporáneos pueden ser considerados como una manifestación más del histórico relajamiento en el control de los fondos públicos. Una demora de cinco años para reclamar la presentación de un comprobante de un gasto de $3.000 no es la mejor demostración de compromiso y eficacia en el trabajo.

Pero al margen de la importancia de los montos en discusión resulta ilustrativo conocer para que fueron entregados estos subsidios. Si es cierto aquello de que “para muestra basta un botón”, conocer algunos detalles de los reclamos del Tribunal de Cuentas nos permitirá acercarnos a los criterios que se utilizaron para distribuir las denominadas “transferencias al sector privado”, que en el Presupuesto 2007, llegaron a los 16 millones de pesos en el área de la Gobernación.

Botón 1: El Centro Comunitario Reflexión de Vida de la ciudad de Rosario, recibió mediante el Decreto N° 0085/05 un subsidio de $3.000 para "la realización de refacciones de la entidad". El 7 de Noviembre de 2006 el TCP dicta una resolución emplazando a la responsable de la institución “para que dentro del término de 15 (quince) días hábiles”, conteste por escrito los reparos formulados “acompañando documentos y probanzas suficientes”. Recién el 26 de mayo de 2007 se publica el edicto.

Botón 2: La asociación civil Centro para la Convocatoria y la Inserción Social de la ciudad de Rosario recibió un subsidio de $5.000 a través del Decreto Nº 0086/05 con destino al "mejoramiento de infraestructura". También el 7 de Noviembre de 2006, el TCP resolvió emplazar a los responsables de la institución para que presenten la rendición de cuentas de los fondos recibidos. El edicto se publicó el 27 de mayo de 2007.

Botón 3: La Asociación Mutual RECOBA y Afines de la ciudad de Santa Fe, recibió un subsidio de $1.000 mediante el Decreto Nº 1225/04, destinado a "solventar los gastos necesarios para su normal funcionamiento". El pasado 7 de abril la Sala II del TCP resolvió intimar a la responsable de la entidad “para que dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a reintegrar el importe correspondiente”, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.

Botón 4: En el año 2004 la asociación civil "Todo por Alto Verde" de la ciudad de Santa Fe, recibió un subsidio de $10.000 para la "compra de un inmueble para el funcionamiento de la entidad". En noviembre de 2006 sus responsables fueron emplazados para que presenten el boleto de compra-venta original y justifiquen documentalmente en calidad de que título, quién es o qué derecho invoca la vendedora, acompañando la subsistencia de dominio del inmueble adquirido. El 18 de diciembre de 2007 se publicó el edicto.

Botón 5: El Centro Comunitario "Caritas Sucias" de la ciudad de Rosario, recibió a través del Decreto Nº 3353/03 la suma de $3.000 para "la realización de obras de ampliación de la entidad". Ahora sus responsables tienen un plazo de 30 días hábiles para “reintegrar el importe correspondiente”, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.

Botón 6: En el año 2006 la Fundación del Orden Social de la Libertad de la ciudad de Rosario recibió un subsidio de $20.000 para solventar los gastos de organización del “2º Congreso de Economía Provincial: Santa Fe 2015". El 14 de abril de 2008, la Sala II del TCP resolvió reclamar la devolución de $20.142,67, otorgando un plazo de 30 días hábiles a los responsables de institución, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.

Botón 7: A través del Decreto N° 1764/04 la Fundación Rotaria de Rosario, recibió un subsidio de $12.000 destinado a “solventar gastos de funcionamiento de esa institución". El 2 de agosto de 2006 el TCP efectuó la primera intimación. Ahora otorga un nuevo plazo de 15 días hábiles para que los responsables de la entidad contesten por escrito los reparos formulados acompañando documentos y probanzas suficientes sobre el destino del dinero.

Botón 8: La Sala II del TCP intimó a los responsables del Centro Comunitario Barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, para que en el plazo de 30 días hábiles, procedan a la devolución del subsidio de $1.000 otorgados por el Decreto Nº 0353/04 para "cubrir gastos de funcionamiento de esa institución". El edicto de publicó el pasado 20 de mayo.

Botón 9: Griselda Lourdes Fernández era en el año 2003 presidente de la Asociación Celiaca Argentina filial Santa Fe. Para cubrir los gastos de funcionamiento de la institución recibió un subsidio de $3.000. Ahora el Tribunal de Cuentas de la Provincia exige la devolución del dinero en un plazo de 30 días hábiles. El edicto fue publicado el 18 de diciembre de 2007.

Botón 10: Pedro Santiago Neme fue intendente de la ciudad de San Justo hasta el año 2003. En 2005 perdió las elecciones a concejal y quedó como primer suplente. En los comicios de 2007 integró la lista de diputados nacionales del Frente Emancipador que encabezó Luís Rubeo. En el año 2004 recibió un subsidio de $3.500 para "cubrir gastos que se originen con motivo del viaje que realizará hacia EEUU con su hijo". El 18 de febrero de 2008 la Sala II del TCP resolvió emplazar al ex funcionario para que proceda a la devolución del importe.

¿Cuánto se reparte?

El manejo de los subsidios de la Gobernación formó parte del fuego cruzado que los candidatos intercambiaron durante la campaña electoral 2007. En varias ocasiones, Hermes Binner, acusó Jorge Obeid de recorrer la Provincia entregando subsidios. “Esta no es la forma de gobernar. El presupuesto tiene que estar abocado a las distintas áreas", dijo el candidato antes de ocupar el principal sillón de la Casa Gris. La crítica del actual mandatario apuntó al corazón de una práctica muy arraigada en Santa Fe. Cada año el presupuesto de la provincia le asigna al gobernador de turno una cifra millonaria para ser distribuida con total discrecionalidad. Los fondos conocidos como “transferencias” se destinan a solventar necesidades de personas o financiar gastos de instituciones, comunas y municipios. Por este concepto, Jorge Obeid recibió autorización en 2007 para gastar: $7.150.000 en “Ayuda Social a Personas”; $3.500.000 en “Transferencias a Instituciones Culturales”; $2.100.000 destinados a comunas; $1.350.000 a municipios; $750.000 en subsidios para instituciones educativas; y $1.600.000 para instituciones varias. En total son $16.450.000 de libre disponibilidad, a los que se deben sumar los $30.000.000 del Fondo del Conourbano – Ley 24.433 – que también se distribuyen desde la Gobernación. Salvo el año pasado, donde se reorientaron partidas para mitigar los efectos de las inundaciones por lluvia, en todos lo presupuestos provinciales existió este nivel erogaciones discrecionales en manos del primer mandatario.La racha se cortó en 2008, cuando Hermes Binner anunció que los $10.500.000 que tenía asignados para otorgar subsidios, fueron destinados a las obras de recuperación del Hospital Iturraspe de nuestra ciudad.

¿Cómo se controla?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció que los gastos menores del estado solo se controlarán cuando salgan elegidos en un sorteo. De acuerdo a la Resolución N° 007/06, el “control de legalidad” de los actos administrativos que estén vinculados a la hacienda pública será realizado “selectivamente”. Y el criterio de esta selección se define mediante una tómbola semanal. Todos los lunes se eligen tres “dígitos de control” y solo aquellos trámites cuyo número de terminación coincidan con esta elección serán auditados por el Contador Fiscal Delegado de la repartición.

Las implicancias de esta decisión son enormes. Las compras, contrataciones o subsidios una erogación inferior a los $30.000 solo serán controladas si el número final del expediente coincide con el “dígito de control” de la semana. Siguiendo este curioso método, solo un tercio de estas operaciones estarán sometidas a un control medianamente riguroso, el resto quedan tácitamente aprobadas.

La decisión de definir por sorteo el “análisis de legalidad” de los gastos menores del estado no es exclusiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La Resolución N° 007/06 que establece el sistema de los “dígitos de control” es consecuencia de la aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y control del Estado, exigida por el Banco Mundial y redactada por el actual senador justicialista Juan Carlos Mercier.

Esta norma, aprobada en diciembre de 2005, establece en su artículo 205° que el Tribunal de Cuentas realizará la tarea de control “selectivamente” quedando facultado para definir cuales serán los criterios de selectividad.

Las implicancias del artículo 205° generaron suspicacias entre los legisladores de la oposición durante su tratamiento en la Cámara de Diputados; aunque luego, socialistas y radicales aprobaron el proyecto del oficialismo. El tema fue abordado en particular cuando Nora Vallejos – presidenta por entonces del TCP – visitó la comisión de Hacienda, en noviembre de 2005, para defender la propuesta de reglamentación. En el encuentro, un colaborador de Antonio Riestra (ARI), le preguntó a la funcionaria si los controles disminuirían a partir del nuevo criterio de selectividad. “No está en la voluntad del Tribunal de Cuentas dejar de controlar como se viene haciendo ahora”, aseguró la ex diputada del obeidismo. Cuando le señalaron que la Ley N° 12.510 los autorizaba a controlar solo lo que consideraran pertinente, Nora Vallejos replicó: “No es nuestra intención”.

Más allá de las promesas, la Resolución N° 007/06 se publicó en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2006, con la firma de Nora Vallejos (presidenta); Ángel Espósito (vocal); Horacio Alessandria (vocal); José Luis Betello (vocal subrogante); y Bernardo Salzman (vocal subrogante).

En la ciudad también

Cuando se presentó el informe elaborado por Sindicatura Municipal se advirtió que la administración de los planes sociales no se ajustaba a la normativa vigente, y que existían subsidios nacionales y provinciales ejecutados parcialmente y/o pendientes de rendición. Los auditores de Mario Barletta observaron atrasos muy significativos en las rendiciones de cuentas de los fondos entregados durante 2007 a industrias y comercios afectados por la inundación pluvial, y entregaron la documentación recabada a la Comisión Investigadora de la gestión de Martín Balbarrey.

Al respecto, los datos reunidos por los concejales que integran esta comisión comprenden dos situaciones bien diferentes. Por un lado están los subsidios que la municipalidad distribuyó en virtud de la Ley Provincial 12.079, tendentes a “reinstalar o reconvertir la actividad productiva de los diversos de los diversos sectores afectados” por la inundación. Por el otro, aparecen los subsidios distribuidos desde la Intendencia sin otra justificación que la voluntad del funcionario.

En el caso de los subsidios por la inundación, los mismos fueron distribuidos entre industrias, comercios y empresas de servicios, elegidas de común acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de la Producción a partir de un convenio celebrado entre ambas partes. En la selección de los beneficiarios, fue determinante la capacidad de lobby de los interesados y la intervención de algunos intermediarios con llegada directa al ex intendente Martín Balbarrey.

Como se puede observar en el Cuadro 1, el sector más beneficiado fue el de comercio y servicio que recibió un monto promedio de ayuda de $6.870. Para la industria el subsidio promedio fue de $22.270, mientras que los comercios del sector informal recibieron una ayuda única de $700.

El mayor monto otorgado fue de $50.500 y según la planilla anexa al Decreto Municipal Nº 0635/07 beneficio a dieciocho empresas de la ciudad, a saber: Chacinados Tacural SRL; Cidal SA; Plastilit SA; Sotic SA; Taboga Hnos. SACI; Taborda Nelida, Taborda Alejandro y Nidia Bar SH; Vidalac; Cesa SA; Pascual D’Amelio; Silvana Enrici; Hidroplast SA; Maxiconsumo SA; Miguel Ángel Gigliotti y Cia. SRL; Recomovil SA; Rizzi Hogar SA; Alco SA; Transporte El Porvenir Santafesino SRL; y Transporte Pedrito SH.

Según se pudo sabe, lo que preocupa a los miembros de la Comisión Investigadora del Concejo Municipal, son los criterios aplicados para la distribución de los subsidios de $700 entre los comercios denominados informales. Se trata de más de 1.000 casos en donde se debe verificar la verdadera naturaleza de la actividad económica de los beneficiarios.

Distinta es la situación de los subsidios otorgados desde la Intendencia. Aquí no aparece a priori ningún criterio objetivo de distribución. De acuerdo a un relevamiento de la Dirección de Control y Fortalecimiento de Gestión de la Municipalidad de Santa Fe, el monto de estos aportes no reintegrables ha crecido de manera constante durante el mandato de Martín Balbarrey: $62.246 en 2003; $84.520 en 2004; $130.906 en 2005; $249.522 en 2006; y finalmente $873.100 en 2007, año del intento de reelección.
Como se observa en el Cuadro 2, el criterio de distribución se aleja del concepto clásico de clientelismo y apunta hacia un conjunto de instituciones y actividades de la ciudad, portadoras de cierto prestigio. Es así como el sector más beneficiado por la chequera del ex intendente fue el de las entidades empresarias y deportivas, donde se destacan: APYME con $60.000 destinados a la adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, microondas, heladera y cocina; la Bolsa de Comercio con $30.000 para la 2º Fiesta del Alfajor Santafesino; la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Aristóbulo del Valle con $154.000 para la III y IV Fiesta de la Cerveza; el Club del Orden con $15.000 para la refacción de su sede social; y el Club Newell´s Old Boys con $192.000 para la construcción de una pileta de natación.

Muchos de estos subsidios todavía se encuentran sin rendir, y tanto la Sindicatura Municipal como la Comisión Investigadora, los tienen en la mira para verificar como fueron tramitados y que se hizo con el dinero.